Aron Chávez Mendoza

Expediente 526/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
526/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
30/07/2018

Partes del expediente

  • Aron Chávez Mendoza
  • Noe Mendoza Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 526/2017, la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste.Morelia, Michoacán, treinta de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto doce del mes y año en curso, por la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente asunto. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.JMG/ERR

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Auxiliar en Funciones de Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que remite la autoridad responsable en cita, por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Sin que pase desapercibido por este juzgado la manifestación de la autoridad responsable que al momento de rendir su informe de ley informó que el acto reclamado por el quejoso es la resolución de cinco de julio de dos mil diecisiete y no la señalada por este juzgado de once de mayo de dos mil diecisiete. Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en ampliación de demanda, reclama lo siguiente: La resolución interlocutoria de once de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, dentro del juicio laboral 1B-1429/2012, por la cual se declaró improcedente el recurso de revisión hecho valer contra actos de ejecución del laudo por los aquí quejosos; sin embargo, la propia autoridad responsable aclaró en su informe que la resolución reclamada fue emitida el cinco de julio de dos mil diecisiete y no el once de mayo referido. Por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Apoya a lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada bajo el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Atento lo anterior, de oficio advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones X y XI de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Ahora bien, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 217 de la Ley de Amparo, constituye hecho notorio para este juzgado que la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo registrado con el número 745/2017 del índice de este juzgado, contra la misma autoridad responsable y el mismo acto reclamado que en su demanda de cuenta, lo cual se corrobora con el propio juicio de amparo, así como de la captura correspondiente que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) del Poder Judicial de la Federación, con apoyo además en la jurisprudencia XXI.3o. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 183053, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." De igual forma, la jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 168124, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En el diverso juicio de amparo referido, la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: La resolución interlocutoria de cinco de julio del presente año, dictada por la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, dentro del juicio laboral 1B-1429/2012, por la cual se declaró improcedente el recurso de revisión hecho valer contra actos de ejecución de laudo. Al dictarse la sentencia relativa, se negó el amparo de la Justicia Federal en el juicio de amparo 745/2017, respecto del acto reclamado referido, la cual se declaró ejecutoriada por auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, en el juicio de amparo en que se el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de cinco de julio del presente año, dictada por la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, dentro del juicio laboral 1B-1429/2012, por la cual se declaró improcedente el recurso de revisión hecho valer contra actos de ejecución de laudo. Lo expuesto permite advertir que en el presente juicio de amparo el quejoso reclama el mismo acto que fue materia de una ejecutoria de otro juicio de amparo (745/2017 del índice de este juzgado); en cuya sentencia se negó la protección de la Justicia Federal y se declaró ejecutoriada tal determinación, por lo que ahora no puede resolverse en el fondo la nueva demanda de amparo en la que se reclama el mismo acto. Apoya a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 40/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de dos de abril de dos ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, página 286, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL." Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Tercera Parte, registro 237445, cuyo rubro y texto narran: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Son aplicables los criterios transcritos en virtud de que no se contraponen con la actual Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 6° transitorio. Lo anterior es así, en virtud de que la sentencia que negó el amparo de la justicia federal relacionada con los actos reclamados referidos anteriormente, actualiza excepcionalmente la causal de improcedencia relativa a la cosa juzgada contenida implícitamente en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción X del mismo precepto, pues además de que la sentencia del diverso juicio de amparo no fue recurrida por la parte quejosa. Orienta lo expuesto el criterio 1a CCLXXVIII/2012 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002272, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción X del mismo precepto, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado ya referido. Lo anterior, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que de acuerdo con el artículo 217 del mismo ordenamiento, el Juez de Distrito no se encuentra obligado a dar vista a la parte quejosa con las causas de improcedencia advertidas de oficio. Sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia VI. 1. T.J/I, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2007628, Materia común, pagina 2421, octubre 2014 de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO." En consecuencia se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio de la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad mediante el cual remite el juicio de amparo en que se actúa, un tomo de pruebas relativo al mismo y copia certificada de la resolución pronunciada dentro del amparo en revisión laboral 478/2017, por la que dicho tribunal revocó el auto de veintisiete de septiembre del dos mil diecisiete, dictado por este juzgado y ordenó reponer el procedimiento. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese recibo. Sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes relativo a este juicio, pues se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado en cita, por lo que ahora ya se cuenta con los autos originales, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que se ordena glosar al presente juicio únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Atento lo anterior, en acatamiento a la resolución pronunciada por el tribunal de alzada, requiérase a la parte quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, dentro del término de quince días contado a partir de que surta efectos la notificación que se le realice del presente auto, realice lo siguiente: 1. Precise si desea señalar como acto reclamado la resolución de once de mayo de dos mil diecisiete, en la cual declaró improcedente la revisión de actos de ejecución; 2. En el entendido de que el escrito referido deberá cumplir con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo; y 3. Exhibir las copias suficientes para cada una de las partes. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se continuará el trámite del presente juicio únicamente respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsable en el escrito de demanda inicial. Para margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo se fijan las once horas con treinta minutos del diecisiete de julio de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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