Aroldo Raúl Felipe Santos
Expediente 1135/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1135/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Aroldo Raúl Felipe Santos
- Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración Adscrito A la Oficina de Representación En Chihuahua
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda en este juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales conducentes. Luego, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, aplicado por analogía, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años a que alude el numeral 9 del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. En la inteligencia de que el presente asunto no obran documentos originales que hubieran exhibido alguna de las partes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene a la Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, con residencia en esta ciudad, rindiendo informe sobre la suspensión de plano decretada a favor del quejoso ******************** Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como con la constancia de notificación personal realizada por el Actuario Judicial adscrito, de la cual se advierte que parte quejosa no ratificó la demanda de amparo presentada a su favor, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente expediente, dejando sin efectos las providencias dictadas en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, en representación de ********************, contra actos Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, y al Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, con residencia en esta ciudad, de quienes reclama: IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: A las precitadas autoridades señaladas como responsables les reclamo, en representación del directamente agraviado: ? La inconstitucional privación de la libertad del quejoso, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita. ? La ilegal e inconstitucional condición en que tienen al quejoso, esto es, incomunicado, lo que se traduce en una evidente privación de su libertad personal, en franca violación a la libertad de tránsito por territorio nacional mexicano. ? El acta de rechazo1 emitida por autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante la cual decretan la inadmisibilidad del quejoso al territorio nacional mexicano. ? La violación a las Leyes de Migración y Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al negarle al quejoso su petición de que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dado que a pesar de que dicha persona busca regularizar su estancia en territorio mexicano, las responsables le impiden iniciar el trámite legal que le permitiría ser considerado como refugiado dentro de territorio mexicano, no obstante que huyó de su país de origen porque miembros del crimen organizado lo amenazaron de muerte al negarse a integrarse a grupos delictivos. ? El estado de hacinamiento insalubre en que tienen al quejoso, dado que en la estación migratoria en que se encuentra ilegalmente detenido y alojado no existen las condiciones mínimas que le permitan sobrevivir dignamente, razón por la cual se encuentra en riesgo su salud física y emocional, habida cuenta que aún no ha sido erradicado el virus conocido como COVID-19 que actualmente azota a toda la humanidad y que, por eso, ha sido calificado como pandémico por la Organización Mundial de la Salud, por lo es muy riesgoso que el quejoso y otro gran número de migrantes detenidos convivan en los mismos espacios físicos, ya que en esas circunstancias insalubres siempre está latente la posibilidad de que eventualmente se contagie en caso de que alguna de las restantes personas con las que convive porte tal virus, pues las condiciones de hacinamiento en que todos se encuentran no permiten atender puntualmente las disposiciones oficiales expedidas con el propósito de fomentar el distanciamiento social con el fin de evitar la propagación del virus citado. De manera que las dimensiones reducidas del lugar donde se encuentran alojados el quejoso y diversos migrantes, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la escasa higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en los que se les suministran alimentos, se traducen en actos de tortura que menoscababan su integridad personal, ya que le provocan degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana. ? El impedir al quejoso tener comunicación, a través de cualquier medio, con un representante legal y la negativa de reconocer a la suscrita como su representante legal, lo que me impide actuar en su representación en el expediente administrativo que se inició con su ilegal detención y alojamiento en una estación migratoria, por lo que el quejoso desconoce la situación legal en que se encuentra en nuestro país, de manera que en su agravio se viola el contenido de los artículos 70, 107, fracción VIII y 102 de la Ley de Migración, pues se le impide nombrar un representante legal y eventualmente recobrar su libertad colmando las condiciones que establece el último precepto invocado. ? La orden de deportación del quejoso, emitida en forma verbal o escrita, así como su ejecución, pues al estar incomunicado y privado de su libertad personal, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido injustificadamente y en contra de su voluntad, es inminente su expulsión del país, pues de otra manera no se explica que se le niegue concederle visa humanitaria, se le impida registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se le niegue su petición de ser liberado pese a que no ha cometido delito2 alguno y se prepare su inmediato traslado a una estación migratoria ubicada en la frontera sur de nuestro país. Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 1135/2022-VII. Se reserva la admisión de la demanda hasta que sea ratificada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Así, atendiendo a lo manifestado por la promovente, se reitera, que el quejoso ********************, es de nacionalidad Hondureña, que al parecer se encuentra detenido en la Estación Migratoria o Estancia Provisional de esta ciudad, restringiéndole su libertad de tránsito por el país y por consecuencia sujeta a la expulsión o deportación del país, por parte de las autoridades señaladas como responsables, actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reitera, pues existe el riesgo latente a que sea deportado a su país de origen, por lo que, se estima procedente decretar la suspensión de plano en relación a los actos reclamados, atendiendo a que la promoción del presente juicio amparo deriva precisamente de la privación de la libertad personal del quejoso, cualquiera que sea la forma de su denominación, por lo que, este tribunal estima que resulta aplicable la regla prevista en el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado consista en la detención de la parte quejosa efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público y no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que el quejoso sea puesto en libertad, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." Así, atendiendo al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, previsto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del uno de junio del mismo año, así como en los artículos 5, fracción V, y 7º de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, antes transcritos que disponen que los Estados contratantes no aplicarán a los refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y las cuales se aplicarán únicamente hasta que se hubiese regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país; y que no se impondrá sanción alguna por motivo de ingreso irregular al país. En ese orden, también importa destacar que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece en su numeral 11 que todo extranjero que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Además, el numeral 18 del mismo ordenamiento dispone que el extranjero que solicite ser reconocido como refugiado deberá presentar por escrito su solicitud ante la Secretaría de Gobernación dentro del término de treinta días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que haya ingresado al país o, en su caso, a aquél en que le haya sido materialmente posible presentarla. Destacando que el artículo 21 del aludido ordenamiento legal dispone que cuando un extranjero se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiada, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento. Por su parte, los numerales 24 y 25 del mismo ordenamiento disponen que la Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, plazo que podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en casos excepcionales; que la resolución deberá ser notificada por escrito a la solicitante; en los casos de reconocimiento de la condición de refugiada, la Secretaría deberá expedir el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país, pero si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los quince días hábiles contados a partir de la notificación respectiva. Por consiguiente, de acuerdo con las normas antes citadas en relación con los tratados internacionales de la materia, y atendiendo a la información con que se cuenta hasta este momento así como que debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal del quejoso, con fundamento en el artículo 164, último párrafo, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración sólo lo expuesto en la demanda de amparo por la promovente del juicio de amparo, quien afirmó que el directo quejoso se encuentra privado de su libertad por autoridades migratorias, éstas le están negando tramitar visa humanitaria y su regularización migratoria de conformidad con el artículo 102 de la Ley de Migración, que dichas autoridades se han limitado a mantenerlos privados de su libertad, razón por la cual, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que, las autoridades responsables se abstengan de obligar al quejoso a realizar su salida definitiva del país y que se le permita mantener comunicación con sus representantes y/o familiares. Asimismo, se decrete la inmediata libertad del quejoso bajo las siguientes condiciones: Las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración: -Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que el impetrante del amparo no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 19, que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. -Le requiera al quejoso para que proporcione tanto a esa autoridad administrativa como a este órgano jurisdiccional, un domicilio en donde pueda ser localizado, el cual deberá encontrarse en esta ciudad, así mismo el quejoso deberá informar los cambios que de dicho domicilio pudiera acontecer, los cuales también deberán ubicarse en esta Ciudad. - El quejoso deberá presentarse a firmar ante este órgano jurisdiccional, para lo cual se levantará comparecencia en los autos del presente juicio de amparo, los días quince y treinta de cada mes, para lo cual sus autorizados deberán generar la cita correspondiente. Bajo el entendido de que el quejoso no deberá abandonar la demarcación geográfica de Ciudad Juárez, Chihuahua, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. Asimismo, se requiere al quejoso para que presente solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Asimismo, se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si el quejoso incumple con alguna de las condiciones antes precisadas, así como si en el caso existe una diversa determinación en la que se hubiese decidido sobre la libertad del quejoso y se contraponga con lo aquí ordenado. De igual forma, las autoridades responsables deberán de abstenerse de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos mantener hacinada a la parte quejosa, pues dada la contingencia de salud vigente, ello pone en riesgo la salud y vida de éste. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano, para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten, debiendo acreditar que no existe hacinamiento, incomunicación, ni riesgo para la salud del quejoso en virtud del internamiento del que es objeto, así como que se le permita su comunicación directa con sus representantes legales, esto es, con el que el quejoso decidan atribuir tal carácter. Bajo el apercibimiento, que de no cumplir con la suspensión de plano decretada, serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, es sustento a lo expuesto con antelación por analogía jurídica, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), Materias(s): Común, Administrativa, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018 Tomo IV, Página 3551, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Con la aclaración para las autoridades señaladas como responsables, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclama cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles para la rendición de sus informes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. Por otra parte, atendiendo a que la promovente del presente juicio de amparo manifiesta que el quejoso se encuentra privado de su libertad en la Estación Migratoria o Estancia Provisional de Juárez del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, en tal virtud, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, el suscrito se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la parte agraviada, por tanto, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a fin de que se constituya en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Estación Migratoria o Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, localice a ********************, y en el caso, deberá realizar lo siguiente: a) Vocear o llamar al directo quejoso en los separos de la Estancia Provisional Juárez de esta ciudad. b) Notificarle el presente proveído y requerirle para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. c) Dar fe del estado físico en el que se encuentra; d) Analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresó la persona buscada al lugar donde se le ubicó; y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, el motivo o fundamento del ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentra a disposición en cuanto a su libertad personal; e) Apercibir al quejoso, que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas. f) Requerir al quejoso para que manifieste si es su voluntad designar como sus autorizados a los licenciados que se mencionan en el proemio de demanda o, en su caso, a la persona que sea su voluntad designar. g) Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3º, 7º, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3º, 8º, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, de la Información Reservada (110-112), Capítulo III, de la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (96.22) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por último, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en sesión extraordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 y regularizó las actividades en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas a través de un nuevo esquema que incorpora los medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, que se puede consultar en el siguiente vinculo: https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2022 /pdf/AcuerdoGeneral221014.pdf. Por lo que a partir del siete de noviembre del presente año, el público en general podrá acudir de manera presencial a los órganos jurisdiccionales, previa cita que deberá tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a consultar el expediente electrónico, que al efecto se genere en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dentro del horario de atención al público que será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Finalmente, se advierte que la promovente ********************, solicitó que las notificaciones se le realizaran de manera electrónica a través del usuario "********************"; en tal virtud, y a efecto de que el antes mencionado, se le notifique el presente auto y los subsecuentes que se emitan en el juicio de amparo, se autoriza notificar al citado promovente a través del usuario "********************", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del ¨Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo¨, por ende, se ordena al Actuario Judicial adscrito realice al promovente en mención, las notificaciones de manera electrónica, a través del usuario en cita, y a fin de que llevar a cabo lo anterior, se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Expediente realice el alta respectiva en dicho sistema. Notifíquese personalmente al quejoso ******************** en el lugar donde aduce la promovente se encuentra recluido. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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