Aroldo Hernández Ronzón
Expediente 182/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Aroldo Hernández Ronzón
Actuaciones
- Principal
... Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo...se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. ... Notifíquese, y háganse las anotaciones correspondientes....
- Principal
Vista la demanda de cuenta, promovida por Aroldo Hernández Ronzón, por propio derecho; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el juicio de amparo 182/2021-II. DESECHAMIENTO Con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. De la lectura de la demanda se advierte que el quejoso reclama del Juez y Secretario adscritos al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno mediante el cual se niega al quejoso que se turne a resolver la solicitud de divorcio sin expresión de causa en el juicio ordinario civil 1287/2018, del índice del Juzgado señalado como responsable. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso "b", de la Constitución Federal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de protección de derechos fundamentales. En efecto, los citados preceptos, establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Ley de Amparo "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la lectura de los preceptos transcritos, se desprende que por regla general es procedente el amparo directo respecto a las violaciones que se cometan durante, el procedimiento, siempre que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Conforme lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación, debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en los que el Estado sea parte. Dicho de otro modo, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, son aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales; como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueda resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 24/92 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Agosto de 1992, Página 11, registro digital 205651, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir, los actos procesales no tienen efectos sobre las cosas o las personas en sus derechos sustantivos, sino adjetivos. Para ello, conviene diferenciar uno de otro; por los primeros se entiende aquellos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en razón a que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juico o en la resolución del procedimiento correspondiente; y por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por lo tanto, no basta que determinado acto y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la resolución que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario, además, que tal cuestión afecte inmediata y directamente derechos fundamentales, para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto. Se cita como apoyo, el criterio I.13o.A.3 K sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, página 1742, Novena Época, registro digital 190188, que establece: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido, conviene destacar que, de la lectura integral de la demanda de amparo, el promovente en lo medular señala como acto reclamado el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno mediante el cual se niega al quejoso que se turne a resolver la solicitud de divorcio sin expresión de causa en el juicio ordinario civil 1287/2018, del índice del Juzgado señalado como responsable; sin embargo, los efectos jurídicos que produce el acto reclamado, son la continuación del juicio de divorcio en todas sus etapas procesales hasta el dictado de la sentencia de fondo, en la que se resolverán todas las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial; por tanto, al relacionarse únicamente con las etapas del juicio, afecta derechos procesales, y no sustantivos del quejoso, pues no se está vedando su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, dado que, la disolución del vínculo matrimonial no se está condicionando a la acreditación de causal alguna, que es precisamente lo que ha sido tutelado mediante el criterio jurisprudencial 28/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Julio de 2015, Tomo I, página 570, Décima Época, registro digital: 2009591, que dice: "DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante." Ello, en virtud que lo único que limita la referida jurisprudencia es que para otorgar el divorcio no se tenga que demostrar una causal, más ello no implica que la disolución del vínculo matrimonial deba decretarse en la etapa procesal que estime el promovente del juicio de divorcio; en tanto que una resolución de esa naturaleza no solo debe proveerse el tema del divorcio, sino las cuestiones que son inherentes a él y que son estrechamente vinculadas, como lo son los alimentos, la patria potestad y la guardia y custodia de los hijos, etcétera. En suma, se reitera, los efectos del auto combatido son de naturaleza intraprocesal, lo cual, en su caso, podrá combatir como violación procesal una vez dictada la sentencia definitiva, si ésta fuere adversa a sus intereses y haya trascendido al resultado del fallo; de ello lo infundado de su agravio. En consecuencia, tal acto queda excluido de la procedencia del juicio de amparo indirecto, de acuerdo con el contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual establece las hipótesis de procedencia del juicio de amparo biinstancial, señalando al efecto, que tratándose de actos de índole intraprocesal, es decir, aquéllos emitidos dentro del juicio, el amparo en esta vía sólo procede cuando los efectos de la actuación reclamada sean de imposible reparación, en el entendido de que ello ocurre, si éstos son tendientes a afectar de manera cierta, inmediata y directa, alguno de los derechos sustantivos del hombre, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el sólo hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de los derechos fundamentales; lo cual no acontece en el caso. En términos similares se pronunciaron el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver la queja 55/2020, en sesión de veintiuno de agosto del año dos mil veinte; y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 45/2020, en sesión de trece de agosto de dos mil veinte. Por lo anteriormente considerado y fundado, resulta improcedente la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso "b", de la Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta; por autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionales que menciona. Asimismo, téngasele por señalado los números de teléfono que indica como medio de contacto; en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicho medio se utilizará tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL ADSCRITO AL JUZGADO: Se autoriza a los Secretarios del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para librar oficios derivados de este asunto. Se habilita a cualquiera de los actuarios adscritos para que practiquen en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal que surjan del presente juicio. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN A CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO: Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese personalmente al promovente y háganse las anotaciones correspondientes.
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