Arnulfo Vázquez Julián
Expediente 820/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arnulfo Vázquez Julián
- Agente del Ministerio Público adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Acto continuo, el secretario da cuenta con el estado de los autos, informa de las constancias que integran el presente expediente y certifica que transcurriendo ocho días de la recepción del último informe justificado rendido por las autoridades responsables. El Juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con el desahogo de la presente audiencia. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta con las documentales que en copia certificada remitió la autoridad responsable 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz (fojas 35-48). Se acuerda: Se admiten y desahogan dichas documentales, dada su propia y especial naturaleza, acorde con los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio que se valoren al resolver el presente asunto; luego, al no existir diversas probanzas que relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, el secretario certifica que las partes no hicieron manifestaciones en esta vía. Se acuerda: Como las partes no formularon alegatos, se cierra este periodo de la audiencia. Enseguida, se dicta SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 820/2023 promovido por Arnulfo Vázquez Julián. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el veintidós de agosto siguiente, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-5). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de agosto siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito (fojas 6-10). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 16, 19 y, 23-24) y se tuvieron por inexistentes y suspendió toda comunicación oficial con las autoridades que el quejoso denominó: 3. Coordinador o Delegado de la Policía Ministerial de la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz y 5. Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, en Ciudad Tuxtepec, Oaxaca (fojas 54 y 56). Integrado el expediente, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 58) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, tercer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclama una orden de aprehensión, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de la libertad personal de la parte quejosa, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Así, al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La orden de aprehensión librada contra el quejoso y su ejecución. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado atribuido al 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Lo anterior, en razón que si bien dicha autoridad al rendir su informe justificado negó haber librado orden de aprehensión contra el quejoso, lo cierto es que en otra parte de su informe reconoció que el diez de agosto de dos mil veintitrés, libró orden de comparecencia en su contra en el proceso penal 294/2023, que le sigue por el delito de amenazas (foja 34). Lo que se corrobora, en razón que dicha autoridad remitió copia certificada de la aludida determinación (foja 44) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. De allí que, con independencia que el quejoso haya señalado como acto reclamado una orden de aprehensión, pero del informe justificado se desprenda la existencia de una orden de comparecencia, ello no es obstáculo para examinar la constitucionalidad de esta última, en la medida que también restringe la libertad personal de las personas, aunque sea en menor grado. En ese sentido, debe tenerse por desvirtuada la negativa del juez responsable sobre la existencia del acto reclamado. Sirve de respaldo a dicha conclusión, la jurisprudencia 1a./J. 6/96 que se lee: "ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIGNE ERRONEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSION. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado como acto reclamado una orden de aprehensión y del informe justificado se desprenda la existencia de una orden de comparecencia, no es obstáculo para examinar la constitucionalidad de esta última bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso, ello en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la de comparecencia técnicamente tienen sus diferencias, de hecho son actos de idéntico contenido sustancial si se tiene en cuenta que: a).- Ambas son solicitadas por el Ministerio Público, b).- Las dos son libradas por un Juez, c).- Para su emisión es necesario que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, d).- Tienen como objetivo hacer comparecer al acusado ante la autoridad judicial a fin de que le sea tomada su declaración preparatoria; y si bien en la orden de aprehensión existe una total privación de la libertad y en la de comparecencia tan sólo cierta limitación, no menos cierto es que en menor o mayor grado, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado. Por ello, el juzgador, debe analizar todos los datos que se desprendan del juicio de amparo y que sirvan para obtener una completa interpretación de la voluntad del quejoso y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior en modo alguno significa suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intente el gobernado; sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada." Por otra parte, las autoridades 2. Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa y 4. Policía Ministerial acreditable Encargado de la Jefatura de Detectives de Ciudad Isla, Veracruz, al rendir su informe justificado negaron la existencia de la orden de aprehensión reclamada (fojas 19 y 16). No obstante, dichas negativas se desvirtúan en la medida que, como se vio, se demostró en autos la existencia de un mandato que tiene como finalidad restringir la libertad personal del quejoso; de ahí, que se tengan por ciertos los actos atribuidos a esas autoridades, máxime que se trata de un acto de inminente ejecución. CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que se concreta el motivo improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que cesaron los efectos de la orden de comparecencia reclamada por el quejoso, como a continuación se verá. Marco legal El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí las anteriores premisas. Antecedentes Para una mejor compresión del asunto, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1). Mediante resolución de diez de agosto de dos mil veintitrés, el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, libró orden de comparecencia contra el quejoso Arnulfo Vázquez Julián en los autos del proceso penal 294/2023 que le sigue por el delito de amenazas. En dicha determinación el juez de control especificó que esa orden tenía que ejecutarse el día miércoles veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial (foja 44) -Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo-. 2). Llegado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, el juez de control abrió la audiencia inicial, en la que el fiscal parte le hizo referencia que giró oficio a la policía ministerial para que ejecutara la orden de comparecencia, no obstante le hicieron de su conocimiento que no fue posible cumplir con el mandamiento, dado que el investigado no fue localizado. Ante esa circunstancia, el juzgador acordó dejar a cargo de la fiscalía otro medio de conducción para audiencia inicial en el aludido procedimiento penal (foja 47). Hasta aquí los antecedentes del asunto. Subsunción Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la primera, referente a cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. Lo que se sostiene, en la medida que del análisis de los antecedentes del acto reclamado anteriormente reseñados, se advierte que la orden de comparecencia librada contra el quejoso, tenía como única y exclusiva finalidad que éste fuera puesto a disposición del juez de control, por conducto de la policía ministerial, el día miércoles veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial. No obstante, llegado ese día, la fiscalía le informó al juez de control que no fue posible cumplir con ese mandamiento, puesto que el investigado no fue localizado; acordando en consecuencia el juzgador dejar a cargo de la fiscalía otro medio de conducción para la audiencia inicial en el aludido procedimiento penal. Del anterior panorama se evidencia que desaparecieron los efectos de la orden de comparecencia librada contra el quejoso, la cual tenía como única y exclusiva finalidad lograr su presentación ante el juez de control el veintitrés de agosto del año en curso, por lo que sí ya transcurrió ese día, a pesar de que no se logró ejecutar, es claro que la orden de que se trata perdió todos sus efectos; máxime que el propio juzgador responsable, ante esa circunstancia, dejó a cargo de la fiscalía otro medio de conducción del investigado para poder llevar a cabo la audiencia inicial. De allí, que se estime que el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica, al haber cesado en sus efectos la orden de comparecencia reclamada, lo cuales se constreñían únicamente al veintitrés de agosto del año en curso. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que, si bien dicha jurisprudencia y las demás que se han citado en la presente sentencia que se hayan originado con anterioridad a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, en tanto no se opongan a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. Conclusión En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se concreta el motivo improcedencia aquí analizado; por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Sin que obste a lo aquí concluido, que dentro del presente juicio se haya omitido ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, dado que a nada práctico conllevaría ordenarlo, en virtud del sentido de la presente resolución, esto es, que se concretó un motivo de improcedencia del juicio y, por ende, el quejoso no obtuvo una concesión del amparo, sino que se sobreseyó en el asunto. Sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no hicieron manifestación alguna en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Arnulfo Vázquez Julián, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de Ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano que contiene el oficio 26514, dirigido al 5. Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en la Ciudad Tuxtepec, Oaxaca, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, se estima innecesario glosar el aludido oficio, en virtud de que en autos ya obra la minuta relativa al contenido de dicho acuerdo, por lo que únicamente se agrega al presente expediente la pieza postal para los efectos legales procedentes. Lo anterior, sin mayor trámite, toda vez que mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente la citada autoridad, y se ordenó suspender toda comunicación procesal con la misma. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que mediante Circulares 28/2023 y 29/2023 de diecinueve y veinticinco del actual, signados electrónicamente por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días diecinueve al veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; cabe destacar que adicionalmente en la primera circular, de manera retroactiva, declaró inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de este mes, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez, y, que la audiencia constitucional fijada en el presente asunto, tendría verificativo para las once horas con cuarenta minutos del pasado veinticinco de octubre del año que transcurre; sin embargo, como se advierte, fue declarado inhábil, razón por la cual no se pronunció acuerdo relativo a la referida audiencia; por ende, se señala como nueva fecha para la celebración de la misma, las DOCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del presente asunto, del que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, respecto a la inexistencia de la autoridad 5. Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en la Ciudad Tuxtepec, Oaxaca; en razón de que el término de tres días concedido en el proveído en comento feneció el cinco de octubre del año en curso; por tal motivo, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y, se tiene por inexistente la citada autoridad, por lo que se suspende toda comunicación procesal con la misma. Notifíquese en términos de ley.
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