Arnulfo Santiago Martínez

Expediente 696/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
696/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Arnulfo Santiago Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    VII.- Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. SE RECIBE OFICIO Agréguese el oficio signado por la secretaria adscrita al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, mediante el cual remite auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo 724/2020-XI, donde, en lo que interesa, se avoca al conocimiento de la incompetencia decretada por este juzgado. Por tanto, archívese como concluido el presente sumario, previa las anotaciones respectivas. Finalmente, con fundamento en el artículo vigésimo fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran seis meses de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se decretó la incompetencia del juicio, carece de relevancia documental y se considera un cuaderno auxiliar. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el correo electrónico remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informan que la incompetencia planteada por este juzgado será del conocimiento del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con esa sede. En consecuencia, instrúyase al actuario de la adscripción a efecto de que remita vía interconexión los autos del presente asunto, sin menoscabo de que físicamente los envía por mensajería acelerada "Estafeta". Solicitando al homólogo acuse de recibo y, en su oportunidad informe a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veinte. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Arnulfo Santiago Martínez, por propio derecho, regístrese bajo el número 696/2020-VII. INCOMPETENCIA Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Lo anterior, conforme lo dispone el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte toral siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: II. SEGUNDO CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y los juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acambay, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Atizapán, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Coatepec Harinas, Chapultepec, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Luvianos, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Ocoyoacac, Ocuilán, Otzoloapan, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tianguistenco, Tlataya, Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec y Zumpahuacán. Los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: Aculco, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chapa de Mota, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Polotitlán, Tonanitla, Soyaniquilpan de Juárez, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón y Zumpango. [.]" (Énfasis añadido) Lo anterior es así, ya que el acto reclamado tiene ejecución en el municipio de Jilotepec, Estado de México, conforme a los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa en la demanda que se acuerda; de ahí que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se ejecute el acto reclamado. Tal determinación, no obstante que el quejoso reclama la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en autos del toca penal 236/2020, emitida por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México - que se encuentra dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito -. Sin embargo, esa determinación ordena la reposición parcial dentro del proceso penal derivado de la carpeta administrativa 106/2020 de la estadística de la Jueza de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, ordenando a esa potestad jurisdiccional para que deje insubsistente la audiencia de cuatro de junio de dos mil veinte a partir del momento en que resolvió la situación jurídica del imputado, esto es, con posterioridad al receso decretado para emitir su fallo; asimismo, para que dentro del plazo constitucional, resuelva la situación jurídica del aquí quejoso, incluso de manera oral, con independencia de que deberá hacer constar su fallo por escrito. En consecuencia es evidente que, a pesar de que la resolución que el quejoso reclama como acto reclamado fue emitido por una autoridad que se encuentra dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, la ejecución derivada de lo ahí ordenado se deberá realizar en la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, debido a que, será la Jueza de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, quien ejecute la resuelto por la autoridad a quien se le reclama la supuesta violación de derechos humanos. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, dado que el acto que combate el quejoso, tendrá ejecución en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, requiérase mediante oficio la boleta de turno a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, a efecto de que este órgano jurisdiccional este en aptitud de remitir el presente expediente al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan que corresponda. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Conforme lo establecido por los artículos 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para que el quejoso oiga y reciba notificaciones, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados Miguel Ángel Guerrero Velázquez, Cecilia López Martínez, Luis Antonio Mora Fabila, Alejandro Reyes Ambriz, Lucia López Martínez, se advierte que cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se les tiene por autorizados en términos amplios. Y, por lo que respecta a Ravel Edain Castillo Rojo e Israel Javier Rodríguez, con fundamento en el numeral antes invocado, párrafo segundo, se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que los acrediten como licenciados en derecho en el indicado sistema y lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. SE EXHORTA A LAS PARTES Finalmente, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, para mejorar la comunicación con las partes, mientras no atiendan la sugerencia, se les invita a que: a) de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, b) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez.

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