Arnulfo Mariano González Sánchez

Expediente 227/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
227/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • Arnulfo Mariano González Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiséis de febrero dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente es susceptible en su oportunidad de ser destruible (vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    (se lista aviso parte quejosa)VI. Toluca, Estado de México; veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo, promovida por Arnulfo Mariano González Sánchez por derecho propio, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Noveno de Distrito, con residencia en Toluca, Estado de México. Atento a lo anterior; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 227/2019-VI. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, previo a la admisión de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el quejoso reclama: - El auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1546/TUA9/2018, donde el Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito con residencia en Toluca, Estado de México, niega proveer respecto de la suspensión temporal del acto de inscripción del acta de asamblea de seis de diciembre de dos mil dieciocho de la asamblea general de comuneros de los poblados de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues en torno al acto que por esta vía se combate, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". De la transcripción que precede, se obtiene que las condiciones que dan lugar a la actualización de la causa de improcedencia citada, consisten en que se pretenda controvertir un acto que sea materia de estudio en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, contra la misma autoridad responsable y por el propio acto reclamado, aun cuando sean diversas las violaciones constitucionales alegadas. La improcedencia aludida se refiere a la existencia de la figura procesal de "litispendencia", que presupone dos litigios sobre el mismo acto reclamado, entre las mismas partes, independientemente de las violaciones constitucionales que en ellos se hagan valer, cuya razón de ser es evitar la tramitación excesiva de juicios de amparo, en los cuales intervengan las mismas partes y el acto reclamado sea igual, así como el dictado de resoluciones contradictorias. Para verificar que en la especie sobreviene la causa de improcedencia invocada, conviene hacer mención que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se invoca como hecho notorio que la parte quejosa Arnulfo Mariano González Sánchez, el veintinueve de enero pasado, promovió juicio de amparo en contra el auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1546/2018, donde el Tribunal Unitario Agrario del noveno Distrito con residencia en Toluca, Estado de México, en el cual se niega conceder la suspensión para la de la inscripción y registro de la convocatoria de los pueblos de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Asimismo, por auto de siete de los actuales se admitió la demanda de amparo la cual se registró con el número 120/2019-IV, del índice de este órgano jurisdiccional; por ende, se pone en evidencia que en este juicio de amparo, así como en el que se actúa, a saber, 227/2019-VI, existe litispendencia, toda vez que fueron promovidos por el mismo quejoso, a saber, Arnulfo Mariano González Sánchez, contra la propia autoridad responsable. Por ello, es evidente que en el presente asunto 227/2019-VI, se actualiza la causa de improcedencia examinada, pues como quedó precisado, el quejoso se duele de la negativa por parte de la autoridad responsable de concederle la suspensión de la inscripción y/o registro del acta de asamblea de seis de diciembre de dos mil dieciocho, de la asamblea general de comuneros de los poblados de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, acto que es materia del juicio de amparo 120/2019-IV, por ende resulta innecesario en entrar las estudio de los conceptos de violación. Sin que pase inadvertido que en el juicio de amparo 120/2019-IV, el quejoso reclame la resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve, y en el presente la diversa de veintidós del mes y año que transcurre, sin embargo, en las dos resoluciones la materia de la Litis es la misma, es decir, existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, que lo es, la negativa de suspender la inscripción y/o registro del acta de asamblea citada, tan es así, que de la copia agregada del acto reclamado se dijo que respecto a la solicitud de suspensión deberá estarse a lo acordado en lo proveído el veintidós de enero dos mil diecinueve, donde ya le habían dicho que no era procedente concederle la suspensión porque precisamente era el tema de fondo del asunto y de concedérsela se dejaría sin materia el juicio; por lo tanto, esa cuestión será analizada en el juicio de amparo 120/2019-IV, y lo que ahí se determine, en caso de concedérsele el amparo, tendría repercusión en los demás actos posteriores relacionados con el mismo tema. Y sin que tampoco haga procedente el amparo el hecho de que se hagan diversos conceptos de violación, pues la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable, por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a página 41 del Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, XCIX, Sexta Época, Materia Común, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". También sirve de apoyo la tesis ejecutoria sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, número VII.P. 83 K, visible en la página 260, que al efecto señala: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." (Lo resaltado en el texto no es de origen). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, esto es, la contemplada en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113, de la Ley citada, procede desechar de plano la demanda. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Domicilio. Con apoyo en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de cuenta. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Autorizado. En atención al contenido de la certificación de cuenta y por no encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gustavo Olivares Nateras. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo, promovida por Arnulfo Mariano González Sánchez por derecho propio, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Noveno de Distrito, con residencia en Toluca, Estado de México. Atento a lo anterior; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 227/2019-VI. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, previo a la admisión de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el quejoso reclama: - El auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1546/TUA9/2018, donde el Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito con residencia en Toluca, Estado de México, niega proveer respecto de la suspensión temporal del acto de inscripción del acta de asamblea de seis de diciembre de dos mil dieciocho de la asamblea general de comuneros de los poblados de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues en torno al acto que por esta vía se combate, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". De la transcripción que precede, se obtiene que las condiciones que dan lugar a la actualización de la causa de improcedencia citada, consisten en que se pretenda controvertir un acto que sea materia de estudio en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, contra la misma autoridad responsable y por el propio acto reclamado, aun cuando sean diversas las violaciones constitucionales alegadas. La improcedencia aludida se refiere a la existencia de la figura procesal de "litispendencia", que presupone dos litigios sobre el mismo acto reclamado, entre las mismas partes, independientemente de las violaciones constitucionales que en ellos se hagan valer, cuya razón de ser es evitar la tramitación excesiva de juicios de amparo, en los cuales intervengan las mismas partes y el acto reclamado sea igual, así como el dictado de resoluciones contradictorias. Para verificar que en la especie sobreviene la causa de improcedencia invocada, conviene hacer mención que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se invoca como hecho notorio que la parte quejosa Arnulfo Mariano González Sánchez, el veintinueve de enero pasado, promovió juicio de amparo en contra el auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1546/2018, donde el Tribunal Unitario Agrario del noveno Distrito con residencia en Toluca, Estado de México, en el cual se niega conceder la suspensión para la de la inscripción y registro de la convocatoria de los pueblos de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Asimismo, por auto de siete de los actuales se admitió la demanda de amparo la cual se registró con el número 120/2019-IV, del índice de este órgano jurisdiccional; por ende, se pone en evidencia que en este juicio de amparo, así como en el que se actúa, a saber, 227/2019-VI, existe litispendencia, toda vez que fueron promovidos por el mismo quejoso, a saber, Arnulfo Mariano González Sánchez, contra la propia autoridad responsable. Por ello, es evidente que en el presente asunto 227/2019-VI, se actualiza la causa de improcedencia examinada, pues como quedó precisado, el quejoso se duele de la negativa por parte de la autoridad responsable de concederle la suspensión de la inscripción y/o registro del acta de asamblea de seis de diciembre de dos mil dieciocho, de la asamblea general de comuneros de los poblados de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, acto que es materia del juicio de amparo 120/2019-IV, por ende resulta innecesario en entrar las estudio de los conceptos de violación. Sin que pase inadvertido que en el juicio de amparo 120/2019-IV, el quejoso reclame la resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve, y en el presente la diversa de veintidós del mes y año que transcurre, sin embargo, en las dos resoluciones la materia de la Litis es la misma, es decir, existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, que lo es, la negativa de suspender la inscripción y/o registro del acta de asamblea citada, tan es así, que de la copia agregada del acto reclamado se dijo que respecto a la solicitud de suspensión deberá estarse a lo acordado en lo proveído el veintidós de enero dos mil diecinueve, donde ya le habían dicho que no era procedente concederle la suspensión porque precisamente era el tema de fondo del asunto y de concedérsela se dejaría sin materia el juicio; por lo tanto, esa cuestión será analizada en el juicio de amparo 120/2019-IV, y lo que ahí se determine, en caso de concedérsele el amparo, tendría repercusión en los demás actos posteriores relacionados con el mismo tema. Y sin que tampoco haga procedente el amparo el hecho de que se hagan diversos conceptos de violación, pues la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable, por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a página 41 del Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, XCIX, Sexta Época, Materia Común, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". También sirve de apoyo la tesis ejecutoria sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, número VII.P. 83 K, visible en la página 260, que al efecto señala: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." (Lo resaltado en el texto no es de origen). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, esto es, la contemplada en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113, de la Ley citada, procede desechar de plano la demanda. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Domicilio. Con apoyo en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de cuenta. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Autorizado. En atención al contenido de la certificación de cuenta y por no encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gustavo Olivares Nateras. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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