Arnulfo Hernandez Bazquez
Expediente 1009/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Arnulfo Hernandez Bazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1009/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la razón actuarial de treinta y uno de octubre de este año, suscrita por la Actuaria de la adscripción, a través de la cual hace constar que en esa data se tiene por hecha la notificación a la parte quejosa de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo 1009/2019-III, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1009/2019-III, promovido por ********************, y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada al día hábil siguiente a este Juzgado de Distrito, ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretario de la Defensa Nacional, Secretario de Marina y Secretario de la Función Pública (fojas 2 a 4). SEGUNDO. Por auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, quedó registrada bajo el número de expediente 1009/2019-III, se solicitó a las responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida, dio inicio al tenor del acta que antecede (fojas 13 a 16). CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107 y 108 de la actual Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde el quejoso eligió presentar la demanda dado que el acto combatido carece de ejecución material. SEGUNDO.- PRECISIÓN DEL ACTO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que reclama la parte quejosa de las autoridades responsables es: El Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil diecinueve. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado que se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la emisión del "Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 37 a 39) De igual forma, se tiene por cierto el acto reclamado a las diversas autoridades Secretario de Marina, Defensa Nacional, Función Pública y de Seguridad y Protección Ciudadana, no obstante que lo hayan negado al rendir su respectivo informe justificado (fojas 25 y 26; 32 a 34; 44 a 46 y 62 a 64). Lo anterior es así puesto que la existencia del Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional, publicado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación y la intervención de dichas autoridades en su refrendo no se encuentra sujeta a prueba, ya que es suficiente su publicación en el Diario Oficial, como lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, visible en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Agosto de dos mil, correspondiente a la Novena Época, registro 191452, del rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se procede al análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, de conformidad con el artículo 62 de ese mismo ordenamiento. a) El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por conducto de quien los representa, proponen la actualización de la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, al referir que el acuerdo reclamado se trata de un acto consumado al ya haberse emitido y publicado en el Diario Oficial de la Federación. El citado precepto dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable.". La anterior causa establece que el juicio de amparo es improcedente contra todos aquéllos actos que se consumaron de manera irreparable. Así, para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, esto es, que la ejecución o consumación del acto pueda ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable -a los que se refiere la causa de improcedencia invocada- son aquéllos que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, razón por la cual es improcedente el juicio de garantías. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados; lo que significa que -para efectos del juicio de amparo- la naturaleza de los actos consumados debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, esto es, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución ya que el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En el caso, la publicación del Acuerdo no puede considerarse un acto consumado de forma irreparable, ya que en el hipotético caso de que este órgano jurisdiccional considere que dicho acuerdo es inconstitucional, el efecto del amparo sería desincorporarlo de la esfera jurídica del quejoso y, por ende, que sus efectos pudieran repararse a pesar de haber sido publicado en el medio de difusión oficial, de ahí que la causa de improcedencia propuesta es infundada. b) Las mismas autoridades precisadas en el inciso a) así como el Secretario de Marina propusieron la actualización de la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, al referir que el acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, las dos primeras además aducen que ello obedece a que la ejecución del acuerdo combatido constituye un acto futuro de realización incierta. Ahora bien, el precepto y fracción citados, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Por su parte, el artículo 5º fracción I, de la ley de la materia, establece: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De la lectura de dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio a quien promueve, sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que genere la afectación. En principio resulta conveniente precisar que el acto reclamado lo constituye un acuerdo emitido por el Titular del Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 89, fracciones I y VII de la Constitución General de la República, esto es, se trata de un acuerdo por medio del cual se establece quienes van a integrar la Guardia Nacional, por lo que no se trata de una ley. Con relación a lo anterior, es necesario considerar que los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general en atención a su propia naturaleza o como en el caso, acuerdos emitidos por el Presidente de la República en ejercicio de su facultad reglamentaria, que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Es importante destacar que la Ley de Amparo establece como parámetros de procedencia del juicio de amparo, tanto el interés jurídico como el interés legítimo, lo cual no significa que haya dejado de ser aplicable la distinción entre normas (lato sensu) autoaplicativas y heteroaplicativas, ya que esta distinción constituye un criterio formal y clasificador que resulta adaptable en función de diversas concepciones de agravio. Al respecto, es aplicable la tesis 1a.CCLXXXI/2014 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 148 de la Gaceta Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Julio de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época registro 2006963, del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO." Sentado lo anterior, resulta infundada la causa de improcedencia propuesta, en atención a que en el presente caso, el quejoso reclama el referido Acuerdo, con motivo de su entrada en vigor y, por lo tanto, de analizar si efectivamente dicho acuerdo genera perjuicio en la esfera jurídica del promovente implicaría analizar el concepto de violación y establecer si efectivamente afecta sus intereses, lo que conlleva realizar un estudio del fondo del asunto, por lo tanto, se debe desestimar la causa de improcedencia en análisis. Tiene sustento lo anterior, por el criterio que informa, en la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, correspondiente a la Novena Época, del siguiente rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.". c) Por su parte, el Secretario de la Función Pública aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] VIII. Los conceptos de violación." Es fundada la causa de improcedencia invocada, ya que de la lectura integral del escrito de demanda no se advierte que el quejoso haya formulado concepto de violación contra el refrendo realizado por las preindicadas Secretarias de Estado respecto del acuerdo reclamado puesto que no realizó argumento alguno encaminado a establecer la lesión o agravio que estima le causa el refrendo del mismo ni los motivos que originaron ese agravio, ya que es a la parte quejosa a quien corresponde la carga probatoria para demostrar la inconstitucionalidad del refrendo o rúbrica del Acuerdo General que impugna. En el caso, a pesar de que el acto reclamado es un acuerdo emitido por el Titular del Ejecutivo y no se trata de un cuerpo normativo emanado del Congreso de la Unión, en términos del artículo 92 de la Constitución General de la República, los Acuerdos del Presidente deben estar firmados por el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, requisito sin el cual no serán obedecidos. Por ello, la sola publicación del Acuerdo reclamado que contiene además las rúbricas de los Secretarios de Marina, Defensa Nacional, Función Pública, y Seguridad y Protección Ciudadana, no exime a la parte quejosa de la obligación de formular la mínima causa de pedir con relación a la transgresión de derechos que imputa a dichas responsables, dado que, de conformidad con la interpretación que sobre tal aspecto hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el gobernado señale que el acto reclamado le causa agravio, sino que debe de externar el razonamiento de la acción u omisión en que incurren las autoridades y que conlleva un atropello al derecho jurídicamente tutelado. Se afirma lo anterior ya que del capítulo relativo a "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN", el quejoso se limitó a realizar diversas manifestaciones contra el Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional, no así respecto de los vicios propios que contenga el refrendo o rúbrica de dicho acuerdo que atribuye a las mencionadas Secretarías de Estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 108, fracción III, y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto que se atribuye a los Secretarios de Marina, Defensa Nacional, Función Pública, y Seguridad y Protección Ciudadana. En lo conducente se invoca como aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2248 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, correspondiente a la Décima Época, registro 2010097 del siguiente rubro : "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS". Al no existir diversas causas de improcedencia propuestas por las partes ni alguna que este Juzgado advierta que deba estudiarse de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO. El concepto de violación es inoperante, razón por la cual debe negarse en amparo, como se expondrá a continuación. Debe decirse que en el particular no se actualiza supuesto alguno del artículo 79 de la Ley de Amparo que permita la suplencia de la queja, atento al carácter de elemento de un cuerpo de seguridad federal con que se ostenta el quejoso (Policía Federal) y no tratarse de un acto relativo a un procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia; sino en el supuesto de combatir un acuerdo reglamentario de una reforma constitucional en Materia de Seguridad Pública por el Presidente de la República. Para sustentar lo anterior se invoca a contrario sensu la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017; Tomo I; correspondiente a la 10a. Época, registro: 2014203 del rubro "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA.". A decir del quejoso el acuerdo reclamado trasgrede el principio de igualdad, ya que no existe razón fundada ni motivada que permita excluirlo del derecho a conservar las prerrogativas ya adquiridas, como rango, grado, antigüedad, prestaciones económicas y demás que sí se garantizan al personal castrense en la fracción I del acuerdo reclamado. Que no se garantiza mediante documento emitido por autoridad competente la continuidad de sus servicios médicos, seguro de vida y demás prestaciones respecto de las cuales -afirma el quejoso- actualmente tiene derecho. En este sentido, a efecto de dar contestación al argumento sintetizado, se estima oportuno transcribir -en lo que interesa- el contenido de los artículos 21 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. "Artículo 21. [.]. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: [.] Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas." "Transitorios [.] Segundo. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República. En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan. De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina.". De los preceptos constitucionales transcritos, se advierte que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, asimismo se prevé que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El segundo de los preceptos transcritos prevé que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. En el artículo segundo transitorio referido se dispone que la Guardia Nacional será constituida con los elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval que determine el Presidente de la República mediante acuerdo de carácter general y en el particular, fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, que se trascribe a continuación. "ACUERDO por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento de los transitorios Segundo y Tercero del Decreto de reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, y con fundamento en los artículos 29; 30; 30 bis, y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en el transitorio Décimo Tercero del Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, publicado el 27 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, y CONSIDERANDO Que el 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional; Que el artículo 21 constitucional establece que la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional la cual tendrá el carácter civil, disciplinado y profesional; Que los transitorios segundo y tercero del Decreto referido en el primer párrafo estableció que la Guardia Nacional se constituirá con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República; Que el 27 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, misma que es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Que el citado Decreto en su transitorio Décimo Tercero y Décimo Cuarto establece que el Presidente de la República, determinará mediante acuerdos de carácter general los elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval que serán asignados a la Guardia Nacional, y Que en virtud de las consideraciones antes mencionadas, he tenido a bien expedir el siguiente ACUERDO PRIMERO. Se asignan a la Guardia Nacional los elementos que se mencionan a continuación: De la Policía Federal, los elementos que conforman las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería; De la Policía Militar, los elementos que conforme al último párrafo de este artículo determine el Secretario de la Defensa Nacional, y De la Policía Naval, los elementos que conforme al último párrafo de este artículo determine el Secretario de Marina. La relación detallada de los elementos de las policías Militar, Naval y Federal que serán asignados a la Guardia Nacional será determinada por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, y de Seguridad y Protección Ciudadana. SEGUNDO. Los integrantes de la Policía Militar y de la Policía Naval que sean asignados a la Guardia Nacional, emplearán el armamento, municiones y equipo de cargo con los que estén dotados, debiendo realizarse la correspondiente transferencia en los inventarios. Se instruye a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional, y de Marina, para que realicen los trámites correspondientes. TERCERO. Los elementos que sean asignados a la Guardia Nacional, quedarán sujetos a lo siguiente: I. Los elementos de la Policía Militar y de la Policía Naval: a) Portar las insignias de la Guardia Nacional equivalentes al grado que ostenten en su institución armada de origen; b) Conservar su grado, rango y todas sus prestaciones; c)Cuando sean reasignados a su cuerpo de origen, se respetarán los derechos con que contaban al momento de ser asignados a la Guardia Nacional, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en esta última para efectos de su antigüedad y de los ascensos a que pueda aspirar; d) Los estudios técnicos y profesionales que realicen durante su periodo de servicio en la Guardia Nacional, serán tomados en cuenta para efectos de promoción en su institución armada de origen; e) Los ascensos y condecoraciones obtenidas durante su permanencia en la Guardia Nacional, serán reconocidos en su institución armada de origen, y f) Estarán funcionalmente separados de su institución armada de origen y adscritos a la Guardia Nacional, y II. Los elementos de las policías Militar, Naval y Federal: a) Se someterán a la disciplina, fuero civil, cadena de mando y demás normas contenidas en la Ley de la Guardia Nacional, y b) Utilizar, en los uniformes, las condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos, medallas o gafetes otorgados por instituciones nacionales o extranjeras, incluido el Consejo Federal de Desarrollo Policial. CUARTO. Se instruye a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de la Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Función Pública, a que instrumenten las acciones necesarias para el debido cumplimiento del presente Acuerdo, incluidas, entre otras, las referentes a las adecuaciones presupuestarias necesarias de recursos, remuneraciones, convenios de colaboración, modificación de las características de identificación de bienes que así lo requieran, adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como las referentes a la ejecución de obra pública.". De la lectura de dicho Acuerdo se advierte que dispone que se asignarán a la Guardia Nacional, entre otros elementos, a aquellos que conforman las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería, dependientes de la actual Policía Federal y que la relación detallada de los elementos, entre otros, de la policía Federal que serán asignados a la Guardia Nacional será determinada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aunado a lo anterior se establece en cuanto a los elementos de la policía Federal, que se someterán a la disciplina, fuero civil, cadena de mando y demás normas contenidas en la Ley de la Guardia Nacional y utilizar, en los uniformes, las condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos, medallas o gafetes otorgados por instituciones nacionales o extranjeras, incluido el Consejo Federal de Desarrollo Policial. Finalmente, se instruye a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de la Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Función Pública, a que instrumenten las acciones necesarias para el debido cumplimiento de dicho Acuerdo, incluidas, entre otras, las referentes a las adecuaciones presupuestarias necesarias de recursos, remuneraciones, convenios de colaboración, modificación de las características de identificación de bienes que así lo requieran, adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como las referentes a la ejecución de obra pública. Precisado lo anterior, se observa que el concepto de violación único que se planteó, plantea la existencia de un trato diferenciado respecto de salarios y prestaciones de los miembros de la Policía Federal, con relación a aquellos miembros de la Policía Militar y Naval que sean incorporados a la Guardia Nacional. Como se advierte, el quejoso refiere que el acuerdo reclamado trasgrede en su perjuicio al principio de igualdad y no discriminación, sin embargo, como se adelantó, el concepto de violación deviene inoperante. En efecto, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la igualdad y no discriminación son principios básicos y generales que deben interpretarse y relacionarse sistemáticamente con el contenido de otros preceptos. Así para determinar si una norma -o como en el caso, un acuerdo emitido por el Titular del Poder Ejecutivo en uso de las facultades previstas en el artículo 89 Constitucional- vulnera el principio de igualdad y no discriminación, es insuficiente alegar que el acto reclamado contraviene lo prescrito por el artículo 1º Constitucional. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. CXXXVIII/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: "IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO.". De igual forma, en las tesis de jurisprudencia y aislada 1a./J. 44/2018 (10a.) y 1a. CXLIX/2012, de los rubros: "DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO" e "IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.", con base en las cuales la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los argumentos por los cuales se hace valer la violación al derecho de igualdad deben partir de la proposición de un término de comparación para tal efecto; ya que de lo contrario, deviene inoperante el concepto de violación relativo por no existir las condiciones mínimas para emprender el estudio respectivo. Así, en el caso, del escrito de demanda no se advierten motivos para desplegar un estudio de constitucionalidad ya que el acuerdo reclamado no introduce una clasificación diferenciada en torno a las categorías mencionadas en el artículo 1º de la Constitución como motivos prohibidos de discriminación, como lo sería a manera enunciativa cuestiones de género, edad, origen étnico, preferencia sexual, escolaridad, entre muchos otros; en la medida que la distinción planteada por el quejoso parte de categorías diferentes, a saber, Policía Federal, Militar y Naval a que se contrae el Acuerdo combatido, lo cual, por ese solo hecho, es decir, su simple previsión diferenciada impide efectuar el estudio pretendido, al no constituirse constitucionalmente en una misma condición. Además, el argumento del quejoso se limita a manifestar que no existe razón fundada ni motivada para excluirlo del derecho a conservar derechos adquiridos como elemento de la Policía Federal que justifiquen una diferencia con respecto a otras prestaciones o derechos de los que disfruten los elementos de la Policía Militar o Naval. El acuerdo por el que se establece que los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval integrarán la Guardia Nacional, como se explicó, prevé los elementos de la Guardia Nacional que serán asignados para integrarla por mandato constitucional de las tres corporaciones aludidas (Policía Federal, Militar y Naval). Asimismo, precisa que será necesaria la emisión de diverso acuerdo por parte de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana para determinar la relación detallada de los elementos de las policías respectivas que pasarán a integrar dicho cuerpo de seguridad nacional; sin que dicha precisión diferenciada en cuanto a su origen permita efectuar una confrontación entre dichos grupos, por su propio origen diferente que impida un contraste entre ellos, al no estar frente a sujetos que cuentan con un mismo origen o procedencia y por ello, que estén en situaciones dispares. En el caso, el quejoso refiere que la fracción II del numeral Tercero del acuerdo reclamado a diferencia de la fracción I, no contempla a los elementos de la Policía Federal como aquellos quienes puedan -a diferencia de los elementos de las Policías Militar y Naval- portar las insignias de la Guardia Nacional equivalentes al grado que ostenten en su institución armada de origen; conservar su grado, rango y todas sus prestaciones; que cuando sean reasignados a su cuerpo de origen, se respetarán los derechos con que contaban al momento de ser asignados a la Guardia Nacional, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en esta última para efectos de su antigüedad y de los ascensos a que pueda aspirar; que los estudios técnicos y profesionales que realicen durante su periodo de servicio en la Guardia Nacional, serán tomados en cuenta para efectos de promoción en su institución armada de origen; que los ascensos y condecoraciones obtenidas durante su permanencia en la Guardia Nacional, serán reconocidos en su institución armada de origen, y estarán funcionalmente separados de su institución armada de origen y adscritos a la Guardia Nacional. Lo cual, aduce el quejoso, ante la omisión de incluir a la Policía Federal a la que pertenece, no se le garantiza. Sin embargo, se concluye que al no haber aportado el quejoso los elementos con los que se pudiera verificar si en su caso existe algún tipo de trato diferenciado sobre la base que la distinción que reclama se aprecia que deriva de la reglamentación efectuada por el Presidente del texto fundamental a favor de un grupo de individuos (militares y navales) que no se encuentran en una misma categoría en cuanto a su origen o procedencia para ser integrados a la Guardia Nacional, pues mientras unos -el quejoso entre ellos- procedan de una corporación civil, los diversos no, soslayando exponer el impetrante el por qué debe ser considerado jurídicamente en igualdad de condiciones en dicho Acuerdo normativo; lo que de suyo genera que el concepto de violación planteado sea inoperante por insuficiente y por tal motivo, deba negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 47/2016 (10a.). sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, consultable en la página 439 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, correspondiente a la Décima Época, registro 2012603, del rubro: "IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.". Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por ********************, respecto al refrendo y publicación del Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que integran la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, realizado por los Secretarios de Marina, Defensa Nacional, Función Pública, y de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto del Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional, publicado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, por los razonamientos contenidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado lo permitieron, ante Paulo Yair García Meza, Secretario que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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