Arnulfo Hernández Alvarez

Expediente 235/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
235/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
13/12/2016

Partes del expediente

  • Arnulfo Hernández Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de la parte quejosa, en el que solicita copia certificada, por lo que, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídasele a su costa las copias certificadas que solicita, debiendo firmar, por su recibo para debida constancia y autorizando para recibirlas a la persona que refiere en su escrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, en cuanto al original del incidente de suspensión por haberse negado la medida cautelar solicitada es susceptible de destrucción. Transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de junio de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 235/2016-I, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado el mismo día, *************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y los actos reclamados que se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES.- En su carácter de ordenadoras son: Juez Primero, Segundo Tercero, Cuarto y Quinto de lo Familiar de este Distrito Bravos. AUTORIDADES RESPONSABLES.- En su carácter de ejecutoras son: El Titular de la Oficina de Ministros Ejecutores y Actuarios adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto todos en materia familiar. ACTO RECLAMADO. a) de las ordenadoras.- reclamo la falta de emplazamiento a un juicio sumario de alimentos presentado en mi contra por la señora *************** madre de mis menores hijos ***************, *************** y *************** todos de apellidos ***************, juicio del que desconozco el número de expedientes y cuantía. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se consideran violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se mando previno al quejoso a fin de que se estableciera con precisión el distrito judicial a que pertenecen las autoridades responsables y una vez cumplida dicha prevención, por proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo adicionan y reforman, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de garantías así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la impetrante reclama los actos: a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, la falta de emplazamiento a un juicio sumario de alimentos; y al Titular de la Central de Actuarios Notificadores y Ministros Ejecutores y Actuarios adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos la falta de emplazamiento al citado juicio sumario de alimentos. Por ende, se tienen tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional pues para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Familiar, Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos, al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados que les fueron atribuidos, sin que la parte quejosa hubiese aportado probanza alguna que desvirtúe tal negativa. Además, debe decirse que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas; de ahí que, cuando las autoridades responsables niegan el acto que se les endilga, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza de los actos de que se trata. En esta tesitura, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías respecto de las autoridades antes señaladas, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; por ello, con fundamento en el numeral 117 de la ley de la materia, se tiene por cierto el mismo. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y una, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación al dos mil, tomo VI, cuyos rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Entonces, como se dijo, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las copias certificadas de las constancias del juicio de controversia del orden familiar ***************, cuya constitucionalidad se impugna; mismas que obran el sumario que se resuelve y que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los dispositivos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, según su cardinal 2°. Por otro lado, los oficiales notificadores y ministros ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos negaron el emplazamiento ilegal a la parte quejosa dentro del procedimiento de orden familiar ***************; no obstante dicha negativa se desvirtúa con las constancias de notificación que obran agregadas a foja 97 del sumario en el que se actúa, misma en la que se consigna el procedimiento efectuado para llamar a juicio a Arnulfo Hernández Álvarez. Esto es así, con independencia de que el referido titular afirme que no se desprende diligencia de emplazamiento dentro del expediente del que deriva este amparo, pues de las constancias se desprende que sí existe diligencia para emplazar al aquí quejoso. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Se estima que respecto del acto reclamado consistente en las diligencias de emplazamiento de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se actualiza de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el impetrante de garantías no haya agotado, previo a acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio ordinario, sui generis, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, es menester destacar que los numerales 88, 90 y 91 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, preceptúan: 88. La nulidad de una actuación o notificación, deberá reclamarse en la actuación o promoción subsecuentes en que intervenga el interesado en solicitar la nulidad. Si ésta no se hiciere valer en tiempo, la actuación o notificación conceptuada nula quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento cuando el juicio se haya seguido en rebeldía. 90. La nulidad declarada por defecto en el emplazamiento, implica la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mismo. La nulidad por defecto en la citación para absolver posiciones o reconocer documentos, involucra la de las diligencias y declaraciones judiciales relativas a esos medios de prueba. La nulidad por defecto en el requerimiento para que una persona lleve a cabo un acto determinado de ejecución inmediata, sólo implicará la nulidad de la diligencia de requerimiento y la de las correcciones disciplinarias o medios de apremio que se hayan decretado para hacer cumplir la orden judicial respectiva. Las demás nulidades de las actuaciones o notificaciones, por regla general, sólo implicarán la nulidad de la propia actuación o notificación defectuosa. 91.- En todos los casos de nulidad de actuaciones o notificaciones de previo y especial pronunciamiento, sólo se repetirán las declaradas nulas cuando así lo solicitare la parte interesada, salvo que se trate de alguna diligencia decretada de oficio pues en este caso, el Tribunal obrará discrecionalmente. Si al pronunciarse la sentencia definitiva hubiere de declararse la nulidad de alguna actuación o notificación de influencia notoria para la correcta resolución del juicio, el Tribunal que conozca de éste se abstendrá de declarar sobre la acción o excepción deducidas, y ordenará la reposición del procedimiento hasta antes de correrse traslado a las partes para que alegaren de su derecho a fin de que, con arreglo a lo dispuesto en la parte final del párrafo anterior de este artículo, se repitan las actuaciones o notificaciones declaradas nulas, concediéndose para ello un término prudente a juicio del Tribunal. Concluido este término, seguirá su curso el juicio. Cuando en la sentencia definitiva se declaren válidas las actuaciones o notificaciones impugnadas de nulidad, el interesado podrá reclamarlo como agravio en la segunda instancia. De los numerales en cita se desprende que contra las notificaciones practicadas en forma distinta a la señalada en la ley, procede el incidente de nulidad, medio de defensa que tiene por efecto anular la notificación que lesiona los intereses del supuesto notificado -y con ello todo lo actuado dentro del proceso en cuestión-, con efectos similares a la revocación, y que puede ser interpuesto por cualquiera de las partes a quienes afecte dicha notificación. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 47/2011, en materia Común emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, febrero de dos mil doce, tomo 2, número de registró 2000293, que a la letra dice: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Asimismo, sustenta lo dicho, por las razones que invoca, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 210752, publicada en la página 484, tomo IV, Materia Civil, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación al 2000, que establece: EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AMPARO IMPROCEDENTE (SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- Si el acto reclamado se hizo consistir en la falta de emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil y la peticionaria de garantías aduce que tuvo conocimiento de la existencia del juicio natural antes de que se dictara sentencia definitiva en el mismo, teniendo el carácter de parte en éste, es inconcuso que se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el artículo 61, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos del diverso 1051, pues el juicio de garantías como medio extraordinario de defensa, sólo es procedente en contra de actos definitivos, debiendo entenderse por tales, aquéllos respecto de los que no existe ningún medio ordinario de defensa o recurso que hecho valer pudiera producir la modificación, revocación o anulación del acto. En la especie, el acto reclamado es la diligencia de emplazamiento de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, efectuada a ***************, en el juicio de controversia familiar ***************, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del distrito judicial de Bravos, promovido por ***************, en contra del citado en primer lugar. Aquí conviene destacar que de las copias certificadas del juicio de controversia familiar *************** que el juez responsable adjuntó como justificación a su informe se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no se había dictado sentencia. Dichas documentales, cuentan con plena eficacia demostrativa, atento a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2. De ahí que, si en el caso el promovente del amparo, demandado en el juicio de origen, tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata antes de dictarse la resolución, debió promover el incidente de nulidad de referencia antes de acudir al juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 885 sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 608, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1995, cuyo texto y rubro establecen: NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, por ello es obvio que en esta última expresión, medio de defensa, queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, a través del cual puede lograrse la nulificación del acto reclamado; esto es, obtener el objetivo de cualquier medio de defensa. Por ende si el juicio en que se reclama la falta o indebido emplazamiento no se encuentra concluido por sentencia, eso vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo. En ese contexto, se colige que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva, atento a que la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo, establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sirve de apoyo a la citada determinación, por identidad en su idea jurídica la tesis 135 L, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 325, Tomo XVI, Septiembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 210491 cuyo título y contenidos dicen: EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. CUANDO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO. El artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo prevé la existencia del incidente de nulidad por lo que éste constituye un medio de defensa que las partes tienen para solicitar la nulidad de determinada actuación en juicio; luego, si el quejoso impugna como ilegal el emplazamiento que se le efectuó añadiendo que por tal motivo no fue llamado a juicio, reclamando también las irregulares notificaciones de otros subsecuentes acuerdos dictados en la tramitación del juicio laboral seguido en su contra, es evidente que antes de acudir al juicio constitucional debió agotar el incidente de nulidad previsto en la Ley Federal del Trabajo, por ser un medio de defensa tendiente a modificar, revocar o nulificar los actos combatidos, atendiendo además que en el procedimiento respectivo no se ha emitido el laudo respectivo. En suma, si contra el ilegal emplazamiento efectuado a la parte quejosa, procedía el incidente de nulidad y pese a ello, el promovente de la acción constitucional no agotó dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo, es incuestionable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, sin que se advierta, que en el caso, se esté en presencia de algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de l a vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. En mérito de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, lo que imposibilita al que suscribe a entrar al estudio y análisis del fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la Jurisprudencia número VI. 1o. J/23, visible a fojas 252, Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Tomo VI, Octava Época, con número de registro 226555, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, 63, 73, 74, 77 y 78, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 235/2016-I promovido por ***************, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta determinación. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yasmin Jiménez Vega el día de hoy diez de junio de dos mil dieciséis en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que el informe rendido por el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, no salda los extremos del arábigo 117 de la Ley de Amparo, conforme al cual, dicho informe debió ser rendido por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 54/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. En consecuencia, con fundamento en el numeral antes citado, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

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