Arnulfo Guerrero Santana
Expediente 168/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/07/2021
Partes del expediente
- Arnulfo Guerrero Santana
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de julio de dos mil veintiuno. Vistos: I.- De la certificación que antecede se advierte que en auto de siete de abril de dos mil veintiuno se reservó acordar lo conducente respecto de la solicitud hecha por la parte quejosa respecto de que se le informara la autoridad competente que conocerá de la demanda de amparo y el número de expediente asignado; lo anterior, hasta en tanto el Juzgado correspondiente acusara recibo de la remisión de la citada demanda, lo cual hoy acontece. II.- El oficio de cuenta, recibido vía interconexión, enviado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en Tapachula de Córdova y Ordoñez, por medio del cual, en atención a lo solicitado en auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, acusa recibo por la remisión del juicio de amparo 168/2021, de nuestro índice, el cual se le remitió mediante misiva 5069/2021. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese el oficio de cuenta para que obre como corresponda y téngase acusando recibo de dicho oficio. Respecto del punto I, se levanta la reserva y en razón a que con esta data el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, acusó recibo de la remisión del juicio de amparo 168/2021, de nuestro índice, el cual radicó bajo el diverso juicio 121/2021-3-A, de su estadística; en atención a lo solicitado por la parte quejosa, hágasele de su conocimiento lo anterior. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este cuadernillo; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, pues se ubica en la hipótesis establecida en su artículo 21, inciso j), por ser una incompetencia legal; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21 antes mencionado, del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente expediente; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos o tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRONICA AL QUEJOSO.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto; el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún no se cuenta con el acuse de recibo de la demanda de amparo 168/2021-IX, del índice de este juzgado federal, la cual fue remitida mediante oficio número 5069, de doce de marzo de dos mil veintiuno a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez; y al solicitarle a la citada Oficina informara a qué órgano jurisdiccional le fue turnada de la citada demanda, informó le fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. Al efecto se acuerda: En tal virtud, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), comedidamente solicítese por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, en Tapachula de Córdova y Ordoñez, tenga a bien acusar de recibida la demanda de mérito, para efecto de, en su caso, ordenar el archivo del presente asunto. CÚMPLASE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de abril de dos mil veintiuno. Visto; el escrito de ********** autorizado de la parte quejosa, con evidencia criptográfica, mediante el cual solicita se informe al quejoso la denominación de la autoridad competente que conoce del caso especial sobre el que versa la demanda de amparo y el número de expediente de amparo, toda vez que a la presente fecha no ha recibido notificación alguna a través de los medios de comunicación proporcionados. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta; dígasele al promovente que, por el momento, no es posible proporcionarle la información solicitada, toda vez que aún no se recibe oficio del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez que, por razón de turno, haya conocido del presente asunto y por ende se desconoce si aceptó o no la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. En consecuencia; una vez se reciba la comunicación oficial condigna, se acordará lo conducente y se notificará el acuerdo correspondiente. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y VÍA ELECTRÓNICA AL QUEJOSO.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de marzo de dos mil veintiuno. REGISTRO. Vista; la demanda de amparo promovida por ++++++++++++++++++, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 168/2021-IX y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. ANÁLISIS DE COMPETENCIA Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33, de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este juzgado federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden de ideas, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48, de la Ley de Amparo, este órgano carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo, promovida por Arnulfo Guerrero Santana por su propio derecho, contra el acto y la autoridad siguientes: ACTOS RECLAMADOS 1. El aseguramiento del vehículo automotor marca NISSAN Platina Sedan, cuatro puertas, modelo 2003, con número de serie 3N1JH01S13L056312, con placas de circulación DLN 251B, decretado en el registro de atención número 184-97-0701-2021; y 2. La negativa para devolverlo al quejoso. AUTORIDAD RESPONSABLE Fiscal del Ministerio Público, de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa del Municipio de Tonalá, Chiapas. Lo anterior, de conformidad con las siguientes razones: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, relativa a su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino solo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A manera de ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, sólo tienen competencia para actuar en una determinada circunscripción territorial, delimitada mediante Acuerdos Generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37, de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, los numerales 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, corroboran las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, será competente el juez de distrito ante quien se presente la demanda, esto es, el que haya determinado los primeros trámites de urgencia en el asunto; 3. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y se sigue ejecutándose en otro, de igual manera, será competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda; y 4. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Apoya esta consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Establecida la premisa normativa, procede analizar la cuestión fáctica. Así, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: El aseguramiento de un vehículo que refiere es de su propiedad y su negativa a devolver el mismo por parte de la autoridad ministerial con sede en Tonalá, Chiapas. Ahora, a fin de determinar la competencia para conocer y resolver del presente juicio debe tomarse en consideración, en primer orden, que el dictado de las sentencias de amparo se rige por los principios de concentración e indivisibilidad, los cuales en esencia se refieren al análisis y resolución de los actos reclamados de manera indisoluble, es decir, en un solo acto jurídico, siempre que las cuestiones debatidas estén vinculadas. Además, por el principio de continencia de la causa surgido de la necesidad procesal de resolver de manera concentrada las acciones y pretensiones, siempre que las mismas se encuentren vinculadas por la misma causa o que tengan el mismo origen; esto es, deriven del mismo hecho generador del derecho, por la conveniencia de evitar sentencias contradictorias y atender a la litis constitucional de manera completa. Bajo ese orden de ideas, se estima que el acto reclamado es de carácter negativo, el cual debe ser analizado de manera concentrada, si se toma en consideración que dicho acto está relacionado y vinculado de manera estrecha. Precisado lo anterior, se advierte que el acto reclamado consiste en el aseguramiento de un vehículo y la negativa a su devolución, por una autoridad ministerial con residencia en Tonalá, Chiapas. Ante tales condiciones, se reitera, que en relación con el acto reclamado ya precisado, se pretende que se respete en su integridad el Acuerdo General citado con antelación, y ante ello, se reitera dichos actos se atribuyen a una autoridad que tiene su residencia en el municipio de Tonalá, Chiapas, cuya jurisdicción corresponde al Distrito Judicial de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Con mayor razón, si como lo manifiesta en el capítulo de antecedentes, se aprecia los actos reclamados consistentes en el aseguramiento de un vehículo y la negativa a su devolución se restringe al municipio de Tonalá, Chiapas; de modo que la competencia para conocer de este asunto no se puede fincar a partir del supuesto de que tales actos reclamados pueda tener ejecución, hayan empezado a ejecutarse, traten de ejecutarse, se estén ejecutando o se hayan ejecutado en la residencia de este órgano jurisdiccional; de ahí, que este resolutor federal carezca de legal competencia para resolver la demanda de amparo planteada. Esto, porque acorde con las hipótesis de competencia planteadas en el artículo 37, de la Ley de Amparo, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener su emisión y ejecución. Por lo que, en este caso resulta competente para conocer de dichos actos el Juez de Distrito quien ejerce jurisdicción en el lugar dónde se ubica el proceso de origen, el cual como se precisó con anterioridad, tiene lugar en el municipio de Tonalá, Chiapas, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con fundamento con lo dispuesto en los artículos 144 y 145, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se considera legalmente competente en razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el quejoso haya señalado como domicilio el ubicado en la avenida Fresnos número 295/a Altos Fraccionamiento El Vergel, Tuxtla Gutiérrez; ya que, como se precisó, de conformidad con el artículo 37, de la ley de la materia, debe atenderse al lugar donde se esté ejecutando el acto reclamado. Por tales consideraciones, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver del presente juicio, al considerar que tal competencia se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, con apoyo en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, debiéndose remitir los autos del presente expediente con anexos, mediante atento oficio y sin demora, para los efectos del artículo 48, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, envíense los autos del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, para que conforme al turno los remita al órgano correspondiente, solicitándole al juzgador se sirva proceder de acuerdo con el artículo 48, de la Ley de Amparo, es decir, resuelva dentro de las cuarenta y ocho horas si acepta la competencia planteada. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. AUTORIZADOS. Respecto a la solicitud de que se le tenga como apoderado al licenciado Luis Arturo García Castañón, dígasele al quejoso que en atención a que la Ley de Amparo, no lo contempla en el capítulo correspondiente de los autorizados, no ha lugar a tenerlo como apoderado legal; por tanto, atendiendo al sentido y finalidad de la facultad conferida a dicho profesionista; se le tiene como su autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Fresnos número 295/a Altos Fraccionamiento El Vergel, Tuxtla Gutiérrez; y como autorizados para esos efectos, es decir en términos de la parte in fine del artículo 12, con relación al numeral 24, del ordenamiento legal en cita a Luis Demetrio Espinoza Aguirre y María Elizabeth Ocaña Llaven, por así haberlo solicitado. Asimismo, conforme al artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, se ordena a la Analista Jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio, con el nombre y usuario "CONSULTORIACHIAPAS", para consultarlo de manera electrónica. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de amparo, se autoriza realizar las notificaciones vía electrónica al usuario señalado como "CONSULTORIACHIAPAS". Asimismo, se ordena al personal encargado de la digitalización de constancias, realice el escaneo únicamente de las constancias que integran el presente juicio de amparo; y a los actuarios de la adscripción realicen la digitalización de las notificaciones, a partir del presente proveído, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. VI. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a la parte promovente el uso de los medios electrónicos para los fines solicitados, respecto al presente juicio, con la salvedad que, de efectuar alguna modificación o alteración en la documentación que se le proporcione, se le podría fincar responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la tesis, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." VII. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Conforme con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VIII. MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA AL QUEJOSO; Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
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