Arnulfo Flores González

Expediente 1215/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1215/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Arnulfo Flores González

Actuaciones

  1. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1215/2023-VII, promovido por ********, por derecho propio, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este periodo, con fundamento en el artículo 119 de la legislación de amparo, se tiene como tal la que la quejosa anexó a su escrito de demanda. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la citada probanza. Sin más pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no los formularon. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1215/2023-VII; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado en el buzón judicial, turnado a este órgano jurisdiccional, **********, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad. II. Por determinación del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda y la registró con el número 1215/2023-VII y admitió a trámite la demanda, solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables, dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado es de carácter omisivo, aunado a que se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La omisión de dar contestación a la solicitud de actualización de pensión, presentada treinta de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. TERCERO. El representante legal del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y de dicho Instituto, al rendir su informe justificado, vierte manifestaciones de certeza del acto reclamado por el quejoso, al referir que existe la solicitud de pensión presentada por el peticionario de amparo y que no se ha emitido la contestación correspondiente; por lo que se tiene cierto el acto reclamado. CUARTO. Las causas de improcedencia en el juicio de amparo constituyen una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo de la litis constitucional, sea que lo aleguen las partes o lo advierta de oficio el juzgador de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuya disposición deviene armónica con la tesis jurisprudencial identificada bajo el número de registro 222780, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el particular, el representante del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su informe justificado hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 63 fracción IV, en relación con los numerales 108 y 5o. fracción II, todos de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; lo cual se estima infundada. Lo anterior se así, ya que dicha causal de improcedencia no se actualiza en el presente juicio de amparo, en virtud de que si bien es cierto la autoridad responsable constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios; también es cierto, que el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares. Por tanto, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición. Lo anterior tiene sustento en la parte conducente, en la jurisprudencia 2ª./J.66/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro indica: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR". También adujo que el presente juicio es improcedente al suscitarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX en relación con el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa estaba en aptitud de promover juicio contencioso administrativo, previó a acudir al juicio de amparo; lo cual se estima infundado. En primer término, debe señalarse que la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevén que el principio de definitividad en materia de amparo consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley por virtud de los cuales los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el citado ordenamiento legal. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole a dicho juicio el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico, el tribunal de segunda instancia o uno de carácter contencioso. Por tanto, el precepto mencionado prevé la improcedencia del juicio de amparo como una variante del principio de definitividad, en el supuesto de que contra el acto reclamado de tipo administrativo proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En ese contexto, conviene indicar que el principio de definitividad que rige al juicio constitucional encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa significa que el quejoso previo a su promoción deben acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia, modificación, revocación del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responder en su carácter de ente asegurador; por consiguiente, se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el gobernado no está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios cuando se impugnen omisiones por parte de las responsables. La razón de esta excepción se establece en función de que, en términos del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto resulta procedente contra una norma que, por su sola entrada en vigor o, con motivo de su primer acto de aplicación, causen perjuicio a la parte quejosa. Empero, dada la norma combatida por la parte quejosa, ello hace evidente la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar medio de defensa alguno, toda vez que en la especie se plantea su inconstitucionalidad, tema respecto del cual un tribunal contencioso carece de competencia para resolver, por lo que resulta infundada la causa de improcedencia alegada Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualiza otra causa de improcedencia en el asunto de mérito, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. QUINTO.- Resulta innecesario transcribir los argumentos de inconformidad formulados por la quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 164618, correspondiente a la Novena Época, de título, subtitulo y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte quejosa expone que se violaron en su perjuicio los artículos 1, 4, 8 ,17 y 123 apartado B), fracción XI, inciso a), constitucionales, toda vez que las autoridades responsables han omitido dar respuesta a su solicitud de pensión presentada el veinte de octubre del dos mil veintidós, no obstante que el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece que deberá resolverse respecto del otorgamiento de una pensión en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha que sea recibida la solicitud correspondiente, por lo que en el caso ha transcurrido en exceso dicho término para resolver su petición. En ese tenor, son esencialmente fundados y suficientes para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, el único concepto de violación expuesto por el promovente del amparo, en atención a las consideraciones siguientes: En principio resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expedites debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Ahora bien, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, las autoridades responsables han omitido dar respuesta a la solicitud de actualización de pensión presentada el treinta de marzo del dos mil veintidós, no obstante que, conforme al procedimiento previsto en la legislación aplicable al caso, debe resolverse respecto del otorgamiento de una pensión en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud correspondiente, tal como lo se establece en el numeral 73, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en relación con los diversos 1°, 68 y 75, segundo párrafo, del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que prevén lo siguiente: Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (.)" Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. "Artículo 1. El presente ordenamiento legal tiene por objeto regular las disposiciones relacionadas con el otorgamiento de las prestaciones señaladas en el Título Tercero, Capítulos II, III, IV, y V de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, relativas a riesgos de trabajo; sistema mixto de pensiones; seguro por fallecimiento; créditos a corto, mediano y largo plazo, y su recuperación." "Artículo 68. El trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, se iniciará a petición de parte, por escrito, mediante los formatos establecidos por el Instituto, debiendo cumplir además con los siguientes requisitos documentales (.)" "Artículo 75. (.) El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que interesa, que esa normatividad tiene como propósito regular las disposiciones relacionadas con el procedimiento de otorgamiento de diversas prestaciones contempladas en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, entre las que destaca, la relativa al sistema de pensiones, esto es, lo referente al otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, la cual se iniciará por escrito a petición de parte mediante los formatos establecidos por el propio Instituto de Seguridad Social de mérito, quien señalará una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles, la que se pondrá a disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite. Tal ordenamiento es aplicable al caso, en virtud de que establece el plazo para resolver o dar contestación a la petición que formuló la parte quejosa el treinta de marzo del dos mil veintidós, el cual es de treinta días posteriores a la presentación de tal solicitud y la obligación de poner a disposición del peticionario el sentido de ésta, en la unidad administrativa en la que inició el trámite (Oficina de Atención al Derechohabiente de Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios); lo que en el caso, conforme a las constancias que obran en el presente sumario constitucional no ha acontecido, por lo que, resulta evidente que a la fecha en que este juzgado federal emite la presente sentencia el aludido plazo ha transcurrido en exceso (un año siete meses). En ese contexto, se está en presencia de una abstención total de parte de las autoridades responsables, pues como se advirtió, han omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, como se adelantó, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En virtud de lo expuesto, ante la falta de respuesta a la solicitud de actualización de pensión, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Arnulfo Flores González, para el efecto de que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, dentro del término de tres días posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Emita de manera escrita la resolución que en derecho proceda respecto de la solicitud de actualización de pensión presentada por Arnulfo Flores González, el treinta de marzo del dos mil veintidós. b) La haga del conocimiento de la parte quejosa a través de la (Oficina de Atención al Derechohabiente de Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios) (al haber sido esta última la autoridad ante quien se presentó la solicitud). Es importante destacar que el sentido de la respuesta o su fundamentación no son motivo de la concesión del amparo, por lo que bastará que las autoridades responsables emitan la resolución que conforme a derecho corresponda y la hagan del conocimiento de la parte quejosa, para que la sentencia se tenga por cumplida. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a**********, por derecho propio, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 900/2023-VII, promovido por *************, en representación del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, en representación del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México,, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Integrantes de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. II. Por auto del diecisiete de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 900/2023-VII; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el tribunal administrativo que emitió la determinación reclamada tiene su residencia en la demarcación territorial de este Juzgado de Distrito, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La emisión del acuerdo de catorce de junio del año en curso, dentro del expediente SAT/311/2008, en el que ordenó una multa de treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional). TERCERO. La Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó el acto que de ella se reclama. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. CUARTO. Las causas de improcedencia en el juicio de amparo constituyen una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo de la litis constitucional, sea que lo aleguen las partes o lo advierta de oficio el juzgador de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuya disposición deviene armónica con la tesis jurisprudencial identificada bajo el número de registro 222780, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el particular, la autoridad responsable Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México al rendir su informe justificado hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que no existe violación alguna por parte de esa autoridad y no le causan perjuicio alguno de manera directa. Sin embargo, dicha causal de improcedencia no se actualiza en el presente juicio de amparo, al tratarse de una posible afectación directa, que pudiera ser de imposible reparación. QUINTO. Al no existir diversa causal de improcedencia alegada por las partes o que se advierta de oficio, se procede el análisis de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, mismos que aparecen en la demanda de amparo y que se dan por reproducidos en este apartado en obvio de innecesarias repeticiones y en atención a que ningún precepto de la Ley de Amparo obliga a su transcripción. Ello de conformidad con la ejecutoria consultable en la página 23, Tomo 81, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, Séptima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 254280, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO ES OBLIGATORIO TRANSCRIBIRLOS EN LA SENTENCIA". Es fundado el argumento de la parte quejosa en cuanto alega que el acuerdo reclamado resulta incongruente e inexacto, ya que la medida de apremio determinada por la autoridad responsable carece de fundamentación y motivación, pues resulta contradictorio ya que ordena imponer una multa al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, sin que señale específicamente que autoridad debería dar cumplimiento a dicha multa, por el supuesto incumplimiento del laudo dictado en el expediente SAT/311/2008. A fin de obtener una mayor comprensión del asunto sometido a juicio, se considera necesario plasmar las actuaciones más significativas que dieron origen al acto reclamado. 1. La actora en el expediente SAT 311/2008, radicado en la Sala Auxiliar, demando al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, diversas prestaciones. 2.- Una vez tramitado el juicio en todas sus etapas, mediante laudo del trece de julio de dos mil doce, la demandada, fue condenada al pago de diversas prestaciones. Acuerdo de diecisiete de mayo del dos mil veintitrés, que dice: "VISTO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1217/2017-II por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, así como el escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, atento a su contenido, SE PROVEE: 1.- Con los escritos de cuenta, se tiene por presentado por la LIC. REBECA GONZALEZ SÁNCHEZ, en su carácter de apoderada legal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez y por el LIC. CHRISTIAN MICHEL TAPIA ACOSTA, en su carácter de apoderado legal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante los cuales informan la cantidad que deben cubrir por concepto de cuotas y aportaciones, actualizaciones y recargos, para que la C. ERIKA YAZMIN NOGUEZ BARAJAS sea inscrita con efectos retroactivos ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios por el periodo del 01 de julio de 2002 al 26 de abril de 2008, que haciende a la cantidad de $1,009.792.85 (un millon nueve mil setecientos noventa y dos pesos 85/100 m.n.). asimismo, manifiesta que se encuentra realizando las gestiones necesarias para obtener el subsidio correspondiente y realizar el pago ante el ISSEMYM y que finalmente se encuentra en espera a que la actora exhiba diversa documentación y cubra la cantidad que le corresponde por concepto de cuotas ante dicho instituto, por lo anterior, se requiere a los titulares del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUAREZ. ESTADO DE MÉXICO y del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO, realicen el pago de la cantidad de $1,009,792.85 (un millón nueve mil setecientos noventa y dos pesos 85/100 m.n.), y exhiban la documentación con la que acrediten que la actora ERIKA YAZMIN NOGUÉZ BARAJAS fue inscrita con efectos retroactivos ante el ISSEMYM, con el apercibimiento a la C. PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO Y a la C. PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO que para el caso de no desahogar el requerimiento en los términos precisados se le aplicara una multa de treinta veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente, de conformidad con la fracción I del artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en razón que mediante decreto 325 en su artículo primero se reformo el artículo 253, en relación con lo dispuesto por el artículo 26 inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los criterios establecidos por los Juzgados de Distrito en el Estado de México que indican que se debe de aplicar la ley vigente, asimismo esta autoridad realizara las gestiones correspondientes para garantizar que el crédito adeudado sea entregado al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, la medida de apremio se establece en virtud de que se le han requerido en diversas ocasiones el cumplimiento de laudo, que es de orden público y se encuentran obligados a su cumplimiento como lo establece el artículo 98 fracción VI de la Ley Burocrática Estatal, y se han negado a su cumplimiento a pesar de ser sabedores de la condena desde la fecha que tomaron posesión del cargo, asimismo han sido omisos en realizar las gestiones correspondientes para dar cumplimiento de forma voluntaria como lo es la asignación del presupuesto, solicitando se abstengan de realizar acciones dilatorias o informar las gestiones con oficios internos. Por lo que refiere a que está en espera a que sea cubierta la cantidad que le corresponde a la parte actora por concepto de cuotas ante el ISSEMYM. no ha lugar a acordad de conformidad, toda vez que el laudo de trece de julio de 2012 se condenó al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Naucalpan de Juárez, Estado de México y Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México realizar la inscripción retroactiva de la actora ante el ISSEMYM, a consecuencia de la omisión de inscribirla ante dicho instituto al momento de su contratación, laudo que se encuentra debidamente ejecutoriado y se debe de cumplir en sus términos, en virtud que el Sistema Municipal DIF de Naucalpan de Juárez no controvirtió dicha condena mediante el juicio de amparo directo, por tanto los demandados deben de realizar el pago total de la cantidad que informo el Instituto de Seguridad social del Estado de México y Municipios. lo anterior con fundamento en los artículos 19, 98 fracción VI, 205, 250, 253 fracción I y 256 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios vigente. II.- Como se advierte de autos, la actora ERIKA YAZMIN NOGUEZ BARAJAS ha sido omiso en desahogar el requerimiento realizado mediante auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, a pesar de encontrarse debidamente notificada, por lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria, se requiere de nueva cuenta a la actora para que proporcione su CURP, RFC, ACTA DE NACIMIENTO, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y SUELDO BASE, debiendo exhibir la documentación idónea de la que se advierta la información, concediendo un término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo por medio de publicación en el boletín laboral, con el apercibimiento que para el caso de ser omiso, estará a lo establecido en el artículo 180 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios." 4.- Proveído de catorce de junio del dos mil veintitrés (que constituye el acto reclamado), que en lo que interesa dice: "TLANEPANTIA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS VISTO: El estado procesal que guardan los autos y al escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala en fecha veintitrés de mayo del año dos mi veintitrés y ocho de junio del año dos mil veintitrés atento a su contenido, se PROVEE: 1.- Con el primer escrito de cuenta se tiene por presente al Lic. Christian Michel Tapia Acosta, en su carácter de apoderado legal de la demandada Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Naucalpan de Juárez; se le tiene informando que toda vez que el instituto de Seguridad social del Estado y Municipios remitió la actualización del mes de marzo del cálculo de las cuotas aportaciones, le fue requerido a la parte demandada H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez del subsidio por la cantidad de $1,009,792.85 (un millón nueve mil setecientos noventa y dos pesos 85/100M.N) a través del oficio DIF/DG/321/2023 de fecha 30 de marzo del año 2023 efecto de dar cumplimiento al laudo de fecha trece de julio del año dos mil doce, sin embargo manifiesta bajo protesta de decir verdad que no ha recibido respuesta a dicha solicitud, adjuntando a dicho escrito copia simple del oficio citado el cual se agrega a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. II.- Con el segundo escrito de cuenta se tiene por presentado al licenciado ALEJANDRO GARCIA ORDOÑEZ, por hechas las manifestaciones que hace valer, quien se encuentra manifestando que el laudo deberá cumplir se en todas y cada una de sus partes en forma imperativa, asimismo menciona que su representada no fue condenada a pagar la cantidad que el ISSEMYM determina, en razón de lo anterior no ha lugar a acordar de conformidad dichas manifestaciones toda vez que como lo menciona el Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios el artículo 5 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de México señala que CUOTA es el monto que le corresponde cubrir al servidor público, por lo que la servidora pública debe de cubrir el importe correspondiente por la cantidad de $112, 017.20, por lo que deberá de estarse a lo acordado en el presente acuerdo, lo anterior de conformidad con los artículos 19, 205 y 250 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. III. - Atento al estado procesal que guardan los autos y toda vez que la parte demandada H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez no desahoga el requerimiento realizado por esta autoridad mediante acuerdo de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, ni menciona la realización de gestiones a efecto de cumplir con lo solicitado, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, es decir se le hace efectiva una multa de 30 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente de conformidad con la fracción I del artículo 253 de la Ley del Trabajo de los servidores Públicos del Estado y Municipios en razón que mediante decreto 325 en su artículo primero se reformo el artículo 253, en relación con lo dispuesto por el artículo 26 inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los criterios establecidos por los Juzgados de Distrito en el Estado de México que indican que se debe de aplicar la ley vigente, asimismo esta autoridad realizara las gestiones correspondientes para garantizar que el crédito adeudado sea entregado al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, la medida de apremio se establece en virtud de que se le han requerido en diversas ocasiones el cumplimiento de laudo, que es de orden público y se encuentran obligados a su cumplimiento como lo establece el artículo 98 fracción VI de la Ley Burocrática Estatal, y se han negado a su cumplimiento a pesar de ser sabedores de la condena desde la fecha que tomaron posesión del cargo, asimismo han sido omisos en realizar las gestiones correspondientes para dar cumplimiento de forma voluntaria como lo es la asignación del presupuesto, solicitando se abstengan de realizar acciones dilatorias o informar las gestiones con oficios internos, lo anterior con fundamento en los artículos 19, 98 fracción VI, 205, 250, 253 fracción I y 256 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios vigente. IV. En razón de lo anterior se requiere a los titulares del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ y del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO, realicen el pago de la cantidad de $1,009,792.85 (un millón nueve mil setecientos noventa y dos pesos 85/100M.N) y exhiban la documentación con la que acrediten que la actora ERIKA YAZMIN NOGUÉZ BARAJAS fue inscrita con efectos retroactivos ante el ISSEMYM, con el apercibimiento a la C. PRESIDENTEA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO Y A LA C. PRESEIDNETA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO que para el caso de no desahogar el requerimiento o informar las gestiones tendientes a lograr dicho cumplimiento en los términos precisados se le aplicara una multa de treinta veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente, de conformidad con la fracción I del Artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.." Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de legalidad que debe imperar en todo acto de molestia, dentro del cual queda comprendida la obligación consistente en que todo acto de autoridad esté debida y suficientemente fundado y motivado. Asimismo, los principios de fundamentación y motivación guardan estrecha vinculación con el principio de completitud del que a su vez derivan los de certeza, congruencia y exhaustividad, pues la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad descansa en el análisis congruente y exhaustivo de las cuestiones que se hayan sometido a su potestad, apoyándose en los preceptos jurídicos que genere su emisión, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En ese sentido, el numeral 17, párrafo segundo, de la Carta Magna, constituye la base constitucional del dictado de las resoluciones jurisdiccionales, al establecer, entre otras hipótesis, que tienen que dictarse de forma completa o integral, derivando de este principio los de congruencia y exhaustividad que deben observarse en toda resolución. El principio de congruencia establece que las resoluciones deben ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el proceso no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí; y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la resolución no distorsione o altere lo pedido o lo alegado por las partes, sino que se ocupe de sus pretensiones, sin introducir cuestiones que no se hubieren debatido. Mientras que la exhaustividad está relacionada con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos que se le proponen; sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda, como en aquéllos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Resulta aplicable la tesis II.1o.141 C, visible en la página 346 del Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Abril de 1994, Octava Época, con registro 212832, que dice: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario." Por tanto, cuando la autoridad omite resolver o pronunciarse de manera congruente sobre lo planteado por las partes oportunamente en alguna etapa del proceso, esa actuación resulta contraria a los principios de congruencia y exhaustividad, lo que se traduce en una resolución violatoria del derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Pues bien, en el caso en concreto, una vez analizado el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, donde la responsable realizo el apercibimiento y el acuerdo del catorce de junio de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado, se advierte tal y como lo aduce la parte quejosa en su concepto de violación que no se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que carece de congruencia. En efecto, la Sala responsable en el acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso, requirió a los titulares del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUAREZ. ESTADO DE MÉXICO y del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO, realicen el pago de la cantidad de $1,009,792.85 (un millón nueve mil setecientos noventa y dos pesos 85/100 m.n.), y exhiban la documentación con la que acrediten que la actora ERIKA YAZMIN NOGUÉZ BARAJAS fue inscrita con efectos retroactivos ante el ISSEMYM, con el apercibimiento a la C. PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO Y a la C. PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO que para el caso de no desahogar el requerimiento en los términos precisados se le aplicara una multa de treinta veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente, de conformidad con la fracción I del artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; sin embargo, hizo efectivo el apercibimiento antes precisado al ayuntamiento quejoso, al aducir que la parte demandada H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez no desahoga el requerimiento realizado por esta autoridad mediante acuerdo de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, ni menciona la realización de gestiones a efecto de cumplir con lo solicitado, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, es decir se le hace efectiva una multa de 30 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente de conformidad con la fracción I del artículo 253 de la Ley del Trabajo de los servidores Públicos del Estado y Municipios, lo cual es totalmente incongruente. En consecuencia, se observa que la responsable violó en contra de la parte quejosa los principios de congruencia y exhaustividad, dado que al emitir el acto reclamado hizo efectivo un apercibimiento no decretado a la parte quejosa, ya que el mismo había sido en contra de la PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO y a la PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO; por tanto, es claro que el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, emitido por Sala responsable, carece de congruencia y exhaustividad. Lo expuesto pone de manifiesto que el acto reclamado viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tuteladas en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa, lo conducente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintitrés, en el expediente SAT/311/2008, en lo referente a la multa impuesta a la parte quejosa. Con libertar de jurisdicción, se pronuncie en el mismo sentido o en diverso, de manera exhaustiva y congruente, además de manera fundada y motivada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en representación del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, contra los actos y autoridad precisados en el considerando segundo; por los motivos precisados en el último considerando de esta determinación. Notifíquese; por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien da fe, hasta hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del representante legal del Instituto, así como del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en acuerdo del veintidós de septiembre pasado, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos para el caso de incumplimiento. De conformidad con los numerales 9o. y 28 de la ley de la materia, se tienen como delegadas a las personas que señala y como domicilio el que indica. Asimismo, este Juzgado Federal toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que refiere la autoridad oficiante, sólo para el caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. Finalmente, se tienen por proporcionados los datos de su usuario, el cual cuenta con el registro correspondiente, por lo que realícense las notificaciones vía electrónica, únicamente para aquellas notificaciones que ameriten ser personales, por lo que se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional a fin de que lleve a cabo la autorización correspondiente. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y otra autoridad, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1215/2023-VII. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado, en los términos y plazos previstos en el precepto 117 de la ley de la materia, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que las comunicaciones correspondientes pueden ser enviadas al correo institucional de este Juzgado, siendo el siguiente: 3jdo2cto@correo.cjf.gob.mx. Infórmeseles también que en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la citada legislación, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista y los restantes por oficio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2002576, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Se señalan las diez horas del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, requiérase al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que en el plazo de veinticuatro horas, legalmente computado, informe si ya ha dado respuesta a la solicitud del quejoso presentada el treinta de marzo de dos mil veintidós y registrada con el folio **********, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia. Háganse las notificaciones por lista electrónica a la parte quejosa, en razón de que fue omisa en señalar domicilio procesal. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Se autoriza el acceso al expediente electrónico, en virtud de que la parte promovente proporcionó los datos de su usuario y cuenta con el registro correspondiente, por lo que se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional a fin de que lleve a cabo las gestiones correspondientes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, la instrumental de actuaciones, así como las documentales que adjunta a su escrito inicial de demanda. Respecto de la probanza marcada con el número 2, resérvese a proveer lo conducente, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado. De conformidad en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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