Arnulfo Castillo Montiel
Expediente 386/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Arnulfo Castillo Montiel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de junio de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención a que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Concede Suspensión Provisional. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional se determinó concederla. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 386/2020, promovido por Arnulfo Castillo Montiel, contra actos de las siguientes autoridades: Fiscalía Especializada en Robos de la Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Fiscal General del Estado de Morelos. Director General de Procesos Penales de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Agente del Ministerio Público adscrito en Turno Sector Central titular de la carpeta de investigación SC01/5001/2020. Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos. Fiscalía Foránea de Santa María Ahuacatitlán de la Fiscalía Regional Metropolitana R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veinte, recibido por el Secretario de guardia de este Juzgado Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Arnulfo Castillo Montiel, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades anteriormente citadas y por los actos reclamados siguientes: "La suscripción de la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o citación y/o presentación y/o investigación, o cualquier otra que atente contra mi libertad personal." "El acceso a la carpeta de investigación SC01/5001/2020". SEGUNDO. El veintiuno de mayo de dos mil veinte, esta autoridad dio trámite a la demanda de amparo, asimismo se registró el presente juicio de amparo bajo el número de expediente 386/2020, y se requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede, lo anterior previa ratificación que del escrito aclaratorio hizo la justiciable; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado." Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión, comparecencia, citación, presentación o investigación dictada en su contra. Sin que en el caso sea dable tener como acto reclamado destacado, el "acceso a la carpeta de investigación", puesto que en todo caso, dicha cuestión sería una pretensión que buscare obtener el quejoso con una eventual concesión de amparo, situación que pudiera ser materia de análisis. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Así, se tiene que las autoridades responsables negaron los actos que el quejoso reclama en su contra (con excepción del Agente del Ministerio Público Encargada del Segundo Turno de la Unidad de Atención Temprana, Sector Juárez-Juicios Orales, de la Fiscalía Regional Metropolitana). En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que las autoridades responsables negaron los actos que se les reclaman, por lo que, contrario a lo expresado por el impetrante de amparo, se aprecia que no se emitió acto que le depare perjuicio alguno. En consecuencia, ante la negativa de las responsables respecto a la emisión del acto que se le atribuyó, correspondía a la quejosa la carga procesal de desvirtuar esa negativa; no obstante, aún y cuando se dio vista con los informes de las autoridades para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, fue omiso en hacer uso de ese derecho. Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo promovido por Arnulfo Castillo Montiel. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". CUARTO. Acto reclamado existente. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público Encargada del Segundo Turno de la Unidad de Atención Temprana, Sector Juárez-Juicios Orales, de la Fiscalía Regional Metropolitana, en razón de que aceptó la existencia de la orden de investigación en contra del aquí quejoso, derivada de la carpeta de investigación SC01/5001/2020, por la probable comisión del delito de robo, amenazas y lo que resulte, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó a su informe justificado rendido en el diverso juicio de amparo 383/2020, con las cuales se conformó un cuaderno de sigilo y que se tienen a la vista como hecho notorio; documentales que por ser de carácter público gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Ahora bien, el hecho de que este Tribunal de Amparo tome en consideración información relacionada con el juicio de amparo 383/2020, del índice de este mismo Juzgado de Distrito, encuentra su apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, invocándose como hecho notorio, a pesar de no haber sido alegado ni probado por las partes; lo anterior encuentra apoyo además en la jurisprudencia cuyos datos de localización y texto, enseguida se trascribe: Décima época Registro: 2017123 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, junio de 2018, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 16/2018 Página: 10 "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." QUINTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia y en consecuencia el sobreseimiento a que se refieren las fracciones XXI, del artículo 61, y 63, fracción V de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De la trascripción se colige que el juicio biinstancial es improcedente cuando los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos y legítimos de las partes; asimismo, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante su tramitación sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando el acto que reclama el impetrante en esta sede no le cause perjuicio alguno. En el presente caso se estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que a criterio de este juzgador la orden de investigación girada por la Agente del Ministerio Público Encargada del Segundo Turno de la Unidad de Atención Temprana, Sector Juárez-Juicios Orales, de la Fiscalía Regional Metropolitana, dentro de la carpeta de investigación SC01/5001/2020, no afecta directamente la esfera jurídica del quejoso. En efecto, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el quejoso tiene ese carácter cuando aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que la norma, acto u omisión reclamada afecte de manera real y actual su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, en el presente caso, para acreditar el interés jurídico del quejoso respecto de la orden de investigación que reclama, se requiere la existencia del perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular, de forma que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto que se reclama. Es este principio el que inspira la noción de "interés jurídico", el cual constituye el requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que está conformado en primer lugar por la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a tal derecho. Así pues, hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad una conducta determinada, sea de acción u omisión, es decir, que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, o lo que es lo mismo, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Más aún, debe decirse que, para que la acción constitucional proceda no basta que exista el acto reclamado, sino que se requiere que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la orden de investigación emitida por la Agente del Ministerio Público Encargada del Segundo Turno de la Unidad de Atención Temprana, Sector Juárez-Juicios Orales, de la Fiscalía Regional Metropolitana, dentro de la carpeta de investigación SC01/5001/2020, por la probable comisión del delito de robo, amenazas y lo que resulte. Sin embargo, lo anterior no irroga perjuicio al quejoso dado que la autoridad responsable, al efectuar actos de investigación en la referida carpeta, actúa en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 constitucional en su texto vigente a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho y en los numerales 127, 212, y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial (.)". CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." Del texto constitucional se desprende que el Ministerio Público conducirá la investigación de los delitos y coordinará a la Policía. Por su parte, del código procesal transcrito se desprende que la investigación penal estará orientada a explorar las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; por su parte, tendrá como objeto que la autoridad investigadora reúna los indicios y demás datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal. En ese contexto normativo, es dable afirmar que las actuaciones encaminadas a la integración de la carpeta de investigación no causan daño al gobernado, por ser de orden público, ya que se está en presencia de derecho social, pues como se advirtió en líneas precedentes, al Ministerio Público le asiste el deber de investigar cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito; investigación que estará orientada para el esclarecimiento de los hechos que la ley contemple como delito, y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, para así sustentar la procedencia de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Por tanto el perjuicio personal y directo para el quejoso solo se materializaría en caso de que el ministerio público, atento al sistema penal acusatorio que rige el acto reclamado, formulara acusación en su contra ante el juez de control y ese juzgador se pronuncie en el sentido de vincular a proceso al imputado. Máxime que el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, está exenta de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, debido a que los actos realizados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, ya que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Considerar lo contrario respecto de que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, obstaculizaría injustificadamente la potestad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En consecuencia, los actos de investigación efectuados por la Agente del Ministerio Público Encargada del Segundo Turno de la Unidad de Atención Temprana, Sector Juárez-Juicios Orales, de la Fiscalía Regional Metropolitana, dentro de la carpeta de investigación SC01/5001/2020, es un deber constitucional que tiene la autoridad responsable, dado que ello, si es que procede, resulta necesario para el ejercicio de la acción penal, la formulación de la imputación, y en su momento, la vinculación a un proceso, lo que hace indispensable que primero se recaben elementos suficientes para justificar, racionalmente, la presentación del imputado ante el Juez de control. Siendo destacable que tales actos no causan un perjuicio personal y directo en contra del quejoso. Tiene aplicación por analogía, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Por tanto, respecto de la orden de investigación reclamada a la Agente del Ministerio Público Encargada del Segundo Turno de la Unidad de Atención Temprana, Sector Juárez-Juicios Orales, de la Fiscalía Regional Metropolitana, dentro de la carpeta de investigación SC01/5001/2020, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Jaime Cesar Pereyra Román. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Titular de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos (denominación correcta a la señalada por la parte quejosa), mediante el cual informa que mediante oficio FGE/CGJ/DGLyC/4298/2020-05, rindió su informe justificado; al respecto, se tiene por hecha la comunicación para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el Director General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Armando Villegas Pizar998/2015
- Armass Wendy Diana García Cano Sánchez1264/2023
- Arminda Miranda Lozano1464/2016
- Arnaldo Sánchez Sandoval446/2023
- Arnav Etamanel Roy Moreno1034/2016
- Arnulfo Acevedo Plascencia1186/2018
- Arnulfo Cazadero Ortiz2114/2017
- Arnulfo Daniel Luna David795/2019
- Arnulfo Gutierrez Puebla530/2019
- Arnulfo Hernandez Posadas2640/2014
- Arnulfo Jaramillo Amaro69/2014
- Arnulfo Maldonado Hernandez1029/2016