Arnulfo Carrera Ramírez
Expediente 705/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Arnulfo Carrera Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada, que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal establecido por el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiuno de junio del presente año, por el que se desechó la solicitud de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad envíese al archivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Arnulfo Carrera Ramírez, por su propio derecho, en contra del acto atribuido al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero y otra autoridad. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en el transitorio tercero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese el expediente impreso y electrónico; háganse anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 705/2021-I. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte de los juzgadores de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el numeral 61 de dicho ordenamiento legal, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen la Jurisprudencia P. /J. 128/2001, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, registro 188643, cuyo rubro expresamente impone: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. " Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Arnulfo Carrera Ramírez, esencialmente se duele del auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 40/2011, relativo al juicio de división de la cosa común, promovido por Graciela Gatica Ávila y otros, en el cual se emitió la orden de lanzamiento del inmueble que aduce es de su propiedad, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero, el cual, según se aprecia del escrito de demanda, se encuentra en ejecución de sentencia. Al respecto, debe decirse que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal antes mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, se surte la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61... El diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107." De los preceptos, transcritos se desprende que entre otros supuestos, el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a los quejosos; en la inteligencia que, por última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, se entiende aquella en que se apruebe o reconozca de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia o laudo -o en su caso se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento-, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio de amparo y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquellas intermedias que considere le dejaron sin defensa. Lo que es así, porque en el juicio de amparo se deben establecer dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia o laudo, y por tanto sean autónomos y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural (como son el arresto dictado como medida de apremio hacia alguna de las partes), es decir, que se emitan de manera destacada y con independencia del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como la regla específica, cuya ratio legis es el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, lo que es así, porque el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados en ejecución de tal fallo, siempre que se impugne la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que en tratándose de los procedimientos de ejecución la Sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia o laudo que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice el cumplimiento de una resolución final. Al caso es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia número P./J. 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que aparece publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Acorde a la jurisprudencia transcrita existen diversas resoluciones consideradas intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia o laudo, que pueden llegar a ser combatibles a través del juicio de amparo, toda vez que por su naturaleza no implican la ejecución parcial de lo condenado, tienen autonomía destacada de lo que implica la cosa juzgada; crean o modifican un derecho en ese procedimiento de ejecución, y pueden ocasionar un perjuicio inmediato (como lo sería por ejemplo una medida de apremio), supuestos que según se pone de manifiesto a continuación, no se actualizan en la especie. Para evidenciar que se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causa de improcedencia, es preciso señalar que del escrito de demanda se advierte que el quejoso tiene la calidad de demandado en el juicio natural, es decir, es parte procesal en el mismo y que el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, fue dictado en el expediente número 40/2011, relativo al juicio de división de la cosa común, promovido por Graciela Gatica Ávila y otros, el cual se encuentra en ejecución de sentencia, toda vez que la orden de lanzamiento del inmueble que aduce es de su propiedad, contenida en dicho proveído, fue emitida en acatamiento a la sentencia dictada en el mismo y dada la rebeldía en que éste incurrió para acatarla de manera voluntaria, de ahí que, dicho acuerdo evidentemente no implica un acto destacado, autónomo e independiente, ya que se encuentra vinculado de manera directa a la etapa de ejecución del juicio de origen correspondiente, y en vista de lo anterior deberá desecharse la demanda que se provee, al no tratarse ni de actos destacados ni autónomos verificados en la etapa de ejecución de la sentencia, y tampoco se trata de la última resolución en la misma; por lo que, es evidente que a dicho acto aún le siguen otros mediante los cuales se logre hacer efectivo el fallo respectivo, es decir, la autoridad responsable aún no emite el fallo decisivo en la que tenga por cumplida la sentencia o en su caso, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto señalan: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, tiene aplicación por identidad de razón legal, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil trescientos cuarenta y cinco, del Tomo XXX, Octubre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." Por tanto, al no estar aún ante la resolución en que se apruebe o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, tampoco en el caso en que se ordene otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es inconcuso que en el caso se actualiza de manera plena, indudable y manifiesta la causa de improcedencia invocada prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, último precepto aplicado en sentido contrario; por lo que, se desecha de plano la demanda de garantías planteada. Al respecto, conviene citar, por analogía y en lo conducente, el criterio jurisprudencial I.13o.A. J/6, aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que prevé: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Sin que sea óbice a lo anterior, el criterio contenido en la Jurisprudencia J 54/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2001071, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, página 929, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", pues lo aquí determinado no contraviene su sentido, virtud a que en él la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, hizo referencia de manera específica a aquéllos casos en que el acto reclamado en el amparo se hace consistir en el "acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas"; supuesto que evidentemente es diverso del que aquí se analiza; además, dicha jurisprudencia tiene como supuesto que el motivo de improcedencia, no sea claro y fehaciente, sino que se requiera un análisis profundo para determinar la improcedencia del amparo; lo que no acontece en la especie, pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad y los correspondientes conceptos de violación bien pueden advertirse las circunstancias descritas líneas atrás para justificar la causal de improcedencia invocada. Además, de la diversa jurisprudencia PC.III.L. J/5 L, del Pleno de Circuito en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]", se advierte como excepción para la aplicación de aquél criterio está la relativa a que exista jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se haya definido que una autoridad señalada como responsable no tenga ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, o bien, que del contenido de la demanda de garantías y sus anexos pueda advertirse la actualización de la causa de improcedencia de manera fehaciente y de un estudio previo que no implique consideraciones debatibles, dudosas u opinables, lo que acontece en el caso, pues es evidente que, como se dijo, las conductas reclamadas de las autoridades responsables no pueden ser consideradas como acto de autoridad puesto que deriva de un vínculo jurídico de índole laboral, lo que no requiere un estudio profundo pues tal consideración no resulta ni debatible ni dudosa. Aunado a lo anterior, el motivo de improcedencia es manifiesto, dado que se advierte en forma patente y absolutamente clara con lo que ha sido narrado; asimismo, es indudable, pues se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata se actualiza en el caso concreto, y en modo alguno va a variar su resultado; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera y se substanciara el procedimiento respectivo, independientemente de los elementos que de modo eventual pudieran allegarse, la conclusión seguiría siendo la misma. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa los estrados de este Juzgado Federal, y como autorizado en términos de la primera parte, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado en derecho Modesto Cerros Serrano, cuya cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos del artículo 17 constitucional, para salvaguardar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los fedatarios públicos adscritos a este órgano jurisdiccional, para que las notificaciones que deban practicarse a las partes de manera personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, para el adecuado despacho de los asuntos. Por otra parte, tomando en consideración que ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del covid-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las partes y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos, por ello, en el acuerdo 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus Covid-19. Por tanto, se exhorta a la parte promovente para que realicen lo siguiente: 1. Deberán proporcionar los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea. 2. Deberán obtener su firma electrónica FIREL. 3. Asimismo, registrarse como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. 4. Solicitar a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica. 5. En la medida de lo posible realizar todas sus promociones por esa vía. 6. Dado que el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido, su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizar QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ", en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación), al teléfono 744 435 1900, extensión 1151. Notifíquese personalmente. En cumplimiento a lo ordenado, notifico al promovente, Arnulfo Carrera Ramírez mediante lista que se fija y publica en el área habilitada por la Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal en Acapulco como Estrados, así como en las listas electrónicas consultables en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación visible en la página www.cjf.gob.mx.consultas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de amparo y el diverso Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (dada la contingencia decretada por la pandemia del virus COVID-19).
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