Arnulfo Amores González
Expediente 85/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Arnulfo Amores González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA EL AUTO QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veintitrés de febrero de esta anualidad, mediante el cual se le requirió a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto del nuevo acto, consistente en la contestación emitidas por la autoridad responsable en el oficio SSP/3832/2020, de treinta de noviembre del año próximo pasado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en el referido proveído, y se tiene por no ampliada la demanda de amparo; en esa medida, el presente asunto se resolverá únicamente respecto de la omisión señalada primigeniamente. Ahora bien, advirtiéndose que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de contestar el escrito que le fuera recibido el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, por la autoridad responsable. De las constancias de autos, se advierte que en proveído de veintitrés de febrero de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable Secretario de Servicios Público del Ayuntamiento Municipal, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado y allegando las constancias respectivas. En la especie, se advierte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado. Dicho precepto y fracción disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En principio, es menester precisar que para que se actualice la hipótesis de improcedencia por cesación de efectos de un acto reclamado en juicio constitucional de amparo, no basta que la autoridad responsable derogue, modifique o revoque dicho acto, sino que también es necesario que destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto nunca hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o que habiéndola infringido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia comentada no es la paralización o aniquilación del acto de autoridad, sino la ociosidad de revisar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro o marca en la esfera individual del gobernado que requiera ser borrada con la protección de la Justicia Federal. Lo anterior con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2ª./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo IX, Junio de 1999, con registro digital 193758 página 38, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Como ya se adelantó, la parte quejosa reclamó la omisión y falta de contestación al escrito fechado en veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Ahora bien, de la constancia remitida por la responsable en su informe justificado, se advierte que el treinta de noviembre de dos mil veinte, se dio contestación al escrito de mérito (foja 19). Documental que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia. En ese tenor, por lo que se refiere a la omisión reclamada en el presente juicio, fue subsanada por la autoridad responsable, puesto que, como ya se vio, fue contestada la petición que el impetrante de amparo le elevó; cesando así la conducta omisiva reclamada, tal como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto reclamado no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no dejó ninguna huella. De lo antepuesto, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto combatido no hubiera invadido la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí que han cesado los efectos de los actos reclamados en este juicio constitucional. Sin que sea obstáculo que no se allegara la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa, toda vez que la misma tuvo conocimiento de dicha determinación con la vista que le fuera efectuada por este órgano de control constitucional, corriéndosele traslado con la documental relativa, incluso se le previno a fin de que ampliara su demanda de amparo respecto de la respuesta otorgada, sin que hiciera manifestación al respecto, como ya quedó asentado en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la mencionada Segunda Sala, registro digital 194060, Novena Época, Materia Administrativa, tesis: 2a./J. 36/99, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, página 469, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". En esas condiciones, es inconcuso que en presente asunto se actualiza la causal de improcedencia precisada por la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto de los actos aquí reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2ª./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo IX, Junio de 1999, con registro digital 193758 página 38, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por otra parte, si bien es cierto que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de garantías, aún no tiene verificativo la audiencia constitucional señalada para las once horas del siete de abril de dos mil veintidós, ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, toda vez que no es privada del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de causas notorias, manifiestas e indudables, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse la causa de improcedencia de que se viene hablando; de ahí que resulte innecesario y, en todo caso, contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a resolver el presente juicio constitucional, hasta el momento en que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En apoyo a las consideraciones expuestas, se cita la jurisprudencia por Contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, publicada en la Página trescientos ochenta y seis, del Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por los razonamientos antes anotados, de conformidad con los artículos 61 fracción XXI, en relación al diverso 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías. En consecuencia, se deja de celebrar la audiencia constitucional. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
-CITATORIO-. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: RAZÓN DE CITATORIO Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del seis de abril de dos mil veintidós, Carlos Eduardo Bermúdez Nolasco, actuario judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, hago constar que con la finalidad de notificar a la parte quejosa Arnulfo Amores González, el proveído de cinco de abril del año en curso, emitido en el juicio de amparo 85/2022, me constituí en el local pasillo 36, nave mayor del mercado soconusco, ubicado en catorce calle oriente, entre avenida central sur y primera avenida sur, en esta ciudad. Cerciorándome que es el domicilio correcto, por su ubicación, localización, los señalamientos de la calle, y porque así me lo hace saber Fausto Eugenio Hernández Guzmán, quien se encontraba en el interior de dicho local, argumentando ser empleado de la parte quejosa, quien se identifica con credencial de elector con número de clave 2007059296420, por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedí a dejarle el original del citatorio para que dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda ante el órgano jurisdiccional de mi adscripción, sito en Predio Huerto Santa Isabel, Carretera a Cantón Murillo No. Km. 0+450, en esta ciudad, en el horario de labores comprendido de las 09:15 horas a las 15:15 horas, para efecto de que se le notifique la citada determinación; lo anterior, previa cita que genere a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la obtención del código QR que le permitirá el acceso a este recinto jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de observancia obligatoria, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicha notificación se hará por lista; a lo que la persona que me atiende manifestó que se da por enterado, recibe el original del citatorio y anexo, y refirió que se lo hará llegar a la persona buscada, de lo que se deja constancia en autos para que obre como corresponda. Doy fe. Carlos Eduardo Bermúdez Nolasco Actuario Judicial NOTIFICACIÓN POR LISTA En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las nueve horas del once de abril de dos mil veintidós, el suscrito Carlos Eduardo Bermúdez Nolasco, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, hago constar que con fundamento los artículos 27, fracción I, inciso b), y 29, ambos de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de cinco de abril del año en curso, dictado en el juicio de amparo 85/2022, en virtud de no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional a notificarse de la citada determinación, dentro del término de dos días hábiles otorgado mediante citatorio de seis de abril de la presente anualidad. Doy fe. Carlos Eduardo Bermúdez Nolasco Actuario Judicial
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de que se lleve a cabo la misma, toda vez que se encuentra transcurriendo el termino otorgado a la parte quejosa en proveído de veintitrés de febrero del año que transcurre, para efecto de que manifieste, si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del nuevo acto reclamado consistente en el oficio SSP/3832/2020, de treinta de noviembre del año próximo pasado. Para dar margen a lo anterior, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, se DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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