Arnulfa Medina Benitez
Expediente 288/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Arnulfa Medina Benitez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. ...Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal el treinta de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ...Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintidós, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, treinta de marzo de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo: El citado artículo impone la obligación de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia con número de registro 180663, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado consiste en las omisiones de las autoridades señaladas como responsables de actuar para integrar y judicializar la carpeta de investigación número SC01/8955/2021, dentro de los plazos y términos legales, por lo que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional, así como con el diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por los motivos que a continuación se exponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados." En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que preceptúa: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con el diverso artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Así, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos precisados, se advierte que la víctima y ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa que prevé el citado artículo 258, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Asimismo, toda vez que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora y la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. Ahora, de la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado esencialmente la dilación de la autoridad responsable en integrar y judicializar la carpeta de investigación número SC01/8955/2021, la cual se inició por la denuncia que presentó la aquí amparista ante el fiscal responsable; y, por ende, la omisión de dar seguimiento al desahogo de las pruebas aportadas, en el caso, la falta de respuesta a los oficios dirigidos a las diversas autoridades que la ahora quejosa señala como responsables. Por ende, resulta incuestionable que conforme a lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, en relación con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte quejosa, debe acudir ante el Juez de Control competente e impugnar las omisiones que a su criterio han cometido los fiscales responsables, pues a dichos fiscales les corresponde la dirección e integración de la carpeta de investigación; por ello es el órgano jurisdiccional quien, de considerarlo procedente, deberá exigir la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos, lo anterior en observancia al principio de definitividad. Sin que lo anterior implique prejuzgar sobre si a la parte aquí quejosa le asiste o no el carácter de victima dentro de la indagatoria referida, sino que lo que se sostiene es que al considerarse la quejosa con tal carácter, cuenta con un medio de defensa que puede hacer valer contra las omisiones de los agentes ministeriales, incluyendo, en su caso el que se le reconozca tal carácter de víctima, de allí que dicho medio de defensa debe ser instado previamente a fin de que se diluciden tales cuestiones previo a acudir al juicio de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia número 1a./J. 27/2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Tomo I, Agosto de 2018, visible en la página 945, con número de registro 2017641, cuyo rubro y texto, dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." De igual forma, la jurisprudencia número 1a./J. 28/2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Tomo I, Agosto de 2018, visible en la página 943, con número de registro 2017640, cuyo rubro y texto, dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que intenta la quejosa, resulta notoriamente improcedente y hace clara la concurrencia de la causal de improcedencia en estudio. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la procedencia del recurso ordinario de defensa en contra de las omisiones reclamadas; es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda, concretamente del acto reclamado se aprecia que en su contra es procedente dicho medio de defensa y que no existe un supuesto de excepción. 4).- Domicilio de parte quejosa y autorizados. Se tiene por como domicilio las listas que se publican en los estrados de este Juzgado Federal, para oír y recibir notificaciones; ello en razón de que la quejosa no señaló domicilio para tal efecto. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que ropone. 5.- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. De igual forma, hágasele saber a las partes que, de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la persona que se presente a recoger los documentos indicados deberá respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubre bocas en todo momento. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 8). Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en concordancia con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 en cita. Asimismo, se le hace saber al Secretario que autoriza y da fe que, acorde al fundamento citado, es su obligación dar fe del cumplimiento de lo aquí ordenado, a fin de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
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