Arnoldo Hernández Torres
Expediente 1011/2018 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/05/2019
Partes del expediente
- Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial. Valle Hermoso, Tamaulipas.
- Arnoldo Hernández Torres
- Arnoldo Hernández Torres y Otros.
- Irma Delgado Chagoya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran impugnado la sentencia terminada de engrosar el nueve de abril de dos mil diecinueve, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal y se dictó el sobreseimiento; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo definitivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, de dicho acuerdo, pues se negó la protección constitucional solicitada y se dictó el sobreseimiento, que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia respectiva, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio de amparo 1011/2018-IV, promovido por el licenciado José Luis Arévalo Hernández en su calidad de apoderado de Arnoldo Hernández Torres e Irma Delgado Chagoya, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado ante este Juzgado de Distrito el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, José Luis Arévalo Hernández en su calidad de apoderado de Arnoldo Hernández Torres e Irma Delgado Chagoya promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridades responsables y acto reclamado señaló: Autoridad Responsable: Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuatro Distrito Judicial en el Estado. 2. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado. Ambos con residencia en Valle Hermoso, Tamaulipas. Acto reclamado: "Auto de radicación de demanda con emplazamiento, sin apego a derecho." El promovente narró los antecedentes del caso, señaló como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16, y 17 constitucionales asimismo, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. En razón de existir diversas inconsistencias en el capítulo de actos reclamados, así como en los antecedentes de la demanda, previo a su admisión, por auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se previno a la parte quejosa para que aclarara si era su deseo reclamar el emplazamiento, si compareció a juicio, y si interpuso algún medio ordinario de defensa en contra del auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo de origen. TERCERO. Por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito tuvo a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención realizada, pues al efecto manifestó que sí era su deseo señalar como acto reclamado la ilegalidad de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 140/2017; que los agraviados no habían comparecido al mismo, y que tampoco habían interpuesto algún medio ordinario de defensa. CUARTO. En el citado proveído también se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual previamente fue radicada bajo el número 1011/2018-IV; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, una vez integrado este asunto, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, ya que los actos reclamados consisten en el auto de exequendo y la ilegalidad del emplazamiento, relativos a un juicio ejecutivo mercantil tramitado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Valle Hermoso, Tamaulipas, lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 75 de la Ley de Amparo vigente. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, una vez interpretado el escrito inicial de demanda en su integridad, así como el escrito aclaratorio de la misma, se desprende que los actos atribuidos a las responsables consisten lo siguiente: El proveído de seis de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 140/2017, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas. La ilegalidad del emplazamiento realizado por edictos en el expediente en mención. TERCERO. Sobreseimiento respecto de los actos atribuidos al secretario de acuerdos. En el escrito inicial de demanda, el quejoso atribuye los actos reclamados al secretario de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas, por lo que, con independencia de que éstos sean ciertos o no, el juicio de amparo deviene improcedente al no revestirle a dicho fedatario el carácter de autoridad responsable para efectos de este juicio. En efecto, el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en Valle Hermoso, no tiene la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, toda vez que está limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por el juez de dicho tribunal y solo es un fedatario, sin imperio de facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar resoluciones, pues dicha función está reservada para el titular del órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia III. 2º. C. J/21, Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2292, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Octubre de 2004, novena época, materia común, que dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." En ese orden de ideas, si el secretario de acuerdos responsable no es autoridad para efectos del juicio de amparo, es evidente que tampoco puede tener la calidad de parte en el mismo, de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, la fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ante lo cual, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la legislación especial en cita, se sobresee en el juicio. CUARTO. Inexistencia de emplazamiento en el juicio de origen. En lo tocante al indebido emplazamiento por edictos que José Luis Arévalo Hernández en su calidad de apoderado de Arnoldo Hernández Torres e Irma Delgado Chagoya reclama de inconstitucional, se precisa lo siguiente: a. Ramón García Salinas, en representación de Soluciones Financieras Internacionales, sociedad anónima de capital variable SOFOM E.N.R., mediante escrito presentado ante el juez responsable el tres de octubre de dos mil diecisiete, demandó en la vía ejecutiva a Arnoldo Hernández Torres e Irma Delgado Chagoya, el pago de diversas prestaciones. b. El seis de octubre de dos mil diecisiete, el juez de primera instancia dictó auto de radicación, en el cual registró el juicio bajo el cronológico 140/2017, ordenó requerir a los demandados el pago de la suerte principal y de las prestaciones accesorias reclamadas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería al embargo de bienes de su propiedad; asimismo, ordenó que, una vez realizado lo anterior, fueran emplazados a juicio. c. A petición de la parte actora, por auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, el juez de primera instancia ordenó emplazar a Arnoldo Hernández Torres e Irma Delgado Chagoya al través de edictos que se publicarían por tres veces consecutivas en un periódico de amplia cobertura a nivel nacional y en un periódico local del estado; asimismo, ordenó que un edicto se publicara en la puerta del juzgado; del mismo modo, ordenó también que en dichas comunicaciones se informara a los destinatarios la presentación de la demanda, que contaban con un término de sesenta días a partir de la última publicación para producir su contestación, y que las copias de traslado quedarían a su disposición en la Secretaría del Juzgado. d. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas, la parte actora informó que los días diez, once y doce de septiembre de esa anualidad, publicó los edictos correspondientes en el periódico "El Bravo", sección Valle Hermoso, lo que se tuvo por recibido mediante acuerdo de dieciséis siguiente. Lo anterior, se obtiene de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 140/2017 que el juez responsable allegó a su informe justificado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en cuanto a su existencia y contenido, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, los antecedentes expuestos revelan que el acto reclamado era inexistente al momento de presentarse la demanda, pues si bien es cierto que existía la orden del Juez Mixto de Primera Instancia, relativa a emplazar a los demandados mediante edictos, también es cierto que el llamamiento a juicio debió realizarse mediante publicaciones de edictos, tanto en un periódico local, como en uno de circulación nacional, asimismo, un ejemplar también debería estar fijado en la puerta del juzgado. Siendo que en el caso, al momento de la presentación de la demanda de amparo, solamente se habían publicado los edictos por tres veces consecutivas en un periódico local, mas no existe constancia de la publicación en un diario de circulación nacional, ni de su fijación en la puerta del juzgado de origen, además, tampoco existía pronunciamiento por parte del juez de primera instancia en lo tocante a la realización del emplazamiento, y ello obedece a que éste aún no se concretaba. Por lo anterior, si a la fecha en que se presentó la demanda de derechos fundamentales, los quejosos aún no habían sido emplazados por edictos, es inconcuso que los actos reclamados deben tenerse como inexistentes, y por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio por lo que a dichos actos se refiere. Aunado a lo expuesto, y como mayor abundamiento, se precisa en el expediente de origen solo se cuenta con la orden de emplazar a los quejosos, esto es, no ha sido resuelto en definitiva, por lo que, en su caso. Arnoldo Hernández Torres e Irma Delgado Chagoya pueden comparecer ante el juzgador de primera instancia para hacer valer sus derechos. Así se contempla en la tesis con los siguientes datos: Novena Época, registro electrónico 199901, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Materia(s): Común, Tesis: II.1o.C.T.44 K, Página: 396, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI EL QUEJOSO PUEDE SER OÍDO EN EL JUICIO. El acto consistente en el emplazamiento ilegal, no es un acto de imposible reparación, pues el mismo no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, mismos que pueden ser impugnados dentro del juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia de primera instancia." La anterior tesis, es acorde al criterio de la Décima Época, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 1/2012 (10a.), página: 5 , que dice: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." Así se considera, pues el acto consistente en el emplazamiento ilegal, puede ser impugnado dentro del juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones; de ahí que, si en el ejecutivo mercantil de origen aún no se ha dictado el fallo definitivo, es inconcuso que, en el supuesto de haberse materializado el emplazamiento, de todos modos el presente juicio sería improcedente. QUINTO. Certeza del acto reclamado consistente en el auto de exequendo. El Juez Mixto de Primera Instancia, al rendir su informe justificado, refirió que era cierto el acto reclamado, pues el seis de octubre de dos mil diecisiete dictó auto de radicación con mandamiento de ejecución, dentro del juicio ejecutivo mercantil 140/2017 de su orden cronológico. Además, como sustento de su informe, remitió copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 140/2017, promovido por Ramón García Salinas, en representación de Soluciones Financieras Internacionales, sociedad anónima de capital variable SOFOM E.N.R. en contra de los quejosos Arnoldo Hernández Torres e Irma Delgado Chagoya, advirtiéndose del mismo la existencia del proveído por esta vía reclamado; documental a la que se le otorga valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo, y conforme a la cual se constata la existencia del acto reclamado, mismo que se tiene por cierto para efectos de este juicio. SEXTO. Análisis del acto reclamado. Las partes omitieron invocar causas de improcedencia, ni este juzgado la advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que se procede analizar los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea necesaria su trascripción, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Es infundado el concepto violación expresado por José Luis Arévalo Hernández en su calidad de apoderado de Arnoldo Hernández Torres e Irma Delgado Chagoya, sin que exista deficiencia de la queja por suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor, pues en el presente asunto, en lo tocante a dicho auto de exequendo, opera el principio de estricto derecho. Como ya quedó establecido, los impetrantes del amparo reclaman de la autoridad responsable el auto de radicación del juicio ejecutivo mercantil, ante el cual, por contener mandato de ejecución, procede el amparo indirecto. Sin embargo, del escrito inicial de demanda se advierte que el único motivo de inconformidad enderezado en contra del proveído en cita, consiste en que la autoridad responsable lo emitió el seis de octubre de dos mil dieciocho, mismo que, en opinión de la parte quejosa, corresponde a un día inhábil y debe declararse nulo. Es cierto que el seis de octubre de dos mil dieciocho correspondió a sábado, día en que no laboró el tribunal encargado de tramitar el procedimiento de origen, y que la consecuencia de fechar un auto ese día, en términos del artículo 1064 del Código de Comercio, es su nulidad, pero, contrario a lo que se expresa por la parte quejosa, el proveído reclamado de inconstitucional fue dictado el viernes seis de octubre de dos mil diecisiete, por lo que no se está en el supuesto antes mencionado. En ese orden de ideas, es infundado el concepto de violación en análisis, pues en contraposición a lo expuesto, analizadas las copias certificadas del expediente de origen, se llega a la conclusión de que el acto reclamado sí se dictó en día hábil. En los siguientes motivos de inconformidad, la parte quejosa aduce, en síntesis, que el edicto incumple con los requisitos que al efecto establece el artículo 1070 del Código de Comercio; que en el mismo se omitió transcribir el auto de radicación; y que también se aparta de la hipótesis contenida en el diverso 1391 de la codificación en cita, ya que no refiere que el auto a notificar tenga aparejada ejecución. Los anteriores conceptos de violación devienen inoperantes, pues están encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de un acto que se declaró inexistente; esto es, son ajenos al auto de exequendo. Además, en atención a que lo alegado en esos motivos de disenso descansa sustancialmente en la inconstitucionalidad de un acto inexistente, ello hace que resulten inoperantes, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dichos conceptos se aduce. Consecuentemente, ante lo ineficaz de los conceptos de violación se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por José Luis Arévalo Hernández en su calidad de apoderado de Arnoldo Hernández Torres e Irma Delgado Chagoya, respecto del acto reclamado del Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas, consistente en el auto de radicación con mandamiento de ejecución, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 140/2017, promovido por Ramón García Salinas, en representación de Soluciones Financieras Internacionales, sociedad anónima de capital variable SOFOM E.N.R. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. En términos del considerando tercero de esta sentencia, se sobresee en el juicio respecto de los actos atribuidos al Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas. SEGUNDO. En términos del considerando cuarto, se sobresee en el juicio por lo que hace a la ilegalidad del emplazamiento por edictos relativo al juicio ejecutivo mercantil 140/2017 del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Valle Hermoso, Tamaulipas. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arnoldo Hernández Torres e Irma Delgado Chagoya, en contra del acto que reclamaron del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas, consistente en el proveído de seis de octubre de dos mil diecisiete, relativo al juicio ejecutivo mercantil 140/2017 de su orden cronológico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, el día de hoy nueve de abril de dos mil diecinueve en que terminó su engrose, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar a la persona moral tercero interesada Soluciones Financieras Internacionales S. A de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple entidad no regulada, por conducto de su representante general para pleitos y cobranzas Ramón García Salinas, la resolución con engrose de nueve de abril de dos mil diecinueve, por medio de lista, por no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
IV... Expídanse a su costa las copias fotostáticas...
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