Arnold Ibarra Díaz

Expediente 502/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
502/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Arnold Ibarra Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, según su arábigo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Desde otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en los capítulos cuarto y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente, en sus artículos 12, 14 y 21, el juicio de amparo carece de relevancia documental; por tanto, éste y los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción en los plazos siguientes: El duplicado del incidente de suspensión, transcurridos más de seis meses contados a partir de que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente. El expediente principal y el original del incidente de suspensión, una vez que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos. Antes de proceder a la destrucción de dichos expedientes, se deberán generar los siguientes documentos por duplicado: * Acta y relación de expedientes judiciales, depurados o destruidos firmada por el titular de este tribunal y el secretario designado para dar fe de la desintegración material que al efecto se designe. Lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, posteriormente, deberá remitirse el original del acta de depuración y de los listados de los expedientes respectivos al Centro de Documentación y Análisis y del expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las once horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de María Hernández Villegas, secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. (...) TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previo a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este tribunal se actualicen para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se entre al análisis del fondo de la cuestión debatida. Esta situación es así, entre otras razones, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica, en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de amparo sea procedente, pudiendo citarse alrespecto la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril 1994, página 68, de rubro: "ACTOS "RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese orden, no es cierto el acto reclamado del Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, quien rindió informe justificado, por sí y en nombre de Josefin Estrada Martínez, Titular de la Representación de dicho Instituto, Delegación Guerrero (fojas 79 a 82), sin que la parte quejosa exhibiera prueba alguna jurídicamente idónea para desvirtuar tal negativa, aunado a que del acuse de recibo del ocurso que adjuntó a la demanda constitucional, se obtiene que éste lo dirigió a una autoridad diversa, esto es, al representante legal de dicho instituto. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 310, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Ante ello y como la parte quejosa no desvirtuó esa negativa con alguno de los medios de convicción autorizados por la ley, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que a las responsables se les atribuye. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. La ley de la materia, según indica una interpretación sistemática de sus artículos 63, fracción IV, y 117, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: - la primera es, desde luego, la prueba directa; - la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y, - la última, aunque más usual, se actualiza a través del reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. Al respecto, es de citarse la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que con el número 553, aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1995, tomo VI, Segunda Parte, página 368, que a la letra dispone: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO.- (...)." Así, en el caso, resulta cierto el acto reclamado al Jefe del Departamento Contencioso del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su denominación correcta, consistente en la omisión de proveer la solicitud del hoy impetrante del amparo, de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, pues además de que así lo reconoció dicha autoridad responsable al rendir su informe, aun cuando refirió que era parcialmente cierto el acto reclamado pues realizó manifestaciones que evidencian su existencia, dicha situación se patentiza del original del acuse de recibo que el solicitante del amparo adjuntó a su libelo inicial, del que se desprende, fehacientemente, la existencia de la petición de mérito, misma que a la fecha de la presentación de este líbelo constitucional (treinta de octubre de dos mil veinte), no había sido proveída; documento que, dada su naturaleza y carácter, adquiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 153, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- (...)." QUINTO. Apartado relativo a las causas de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien ahora resuelve se encuentra compelido a analizar las causales de improcedencia que puedan actualizarse en el presente juicio constitucional, con independencia de que las partes viertan o no manifestación al respecto. En el caso, las autoridades responsables en sus denominaciones correctas Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, Titular de la Representación de la Delegación Guerrero y Jefe del Departamento Contencioso del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, aducen que en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXI, de la ley de amparo, en virtud de que al haberse dado respuesta a la petición realizada por el quejoso, cesaron los efectos del acto reclamado. La causal de improcedencia propuesta es fundada y el precepto legal de mérito establece: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Ahora bien, del análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Asimismo, la doctrina ha establecido que de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga; y para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de su derecho violado. En consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente; aunado a lo anterior, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Como se puede ver, es un supuesto de causa de improcedencia del juicio de amparo cuando la autoridad responsable deroga, revoca, extingue o deja insubsistente el acto reclamado, de manera que sus efectos quedan destruidos de forma permanente, absoluta, completa e incondicional, y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Para que se actualice dicha causa de improcedencia se requiere: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional y que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo, y d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Tiene aplicación, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. (...)." Asimismo, orienta lo expuesto la jurisprudencia 9/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, consultable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- (...)." En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Ahora bien, en el caso, como ya se apuntó, el quejoso reclama la omisión de las autoridades responsables, de dar contestación a la solicitud que formuló, mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre del año en curso. Luego, con su informe justificado el Jefe del Departamento Contencioso del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, adjuntó copia certificada del oficio 1290001410100/JA/617/2000, de dos de octubre de la anualidad que transcurre, con el cual le dio contestación a su escrito, circunstancia con la que se dio vista al disconforme, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda inicial, e incluir la contestación aludida, sin que lo hubiere hecho, pese a estar debidamente enterado de ello, tal y como se advierte del sumario. Por tanto, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado, pues ha dejado de existir el acto reclamado y, por ende, a ningún fin práctico conduciría el otorgamiento de la protección constitucional, en términos del artículo 77 del propio ordenamiento legal; en razón de que, el acto central del reproche, consistente, en la omisión de dar contestación a su solicitud, ha desaparecido en su totalidad de la esfera jurídica de la parte quejosa, que acontecía en agravio de sus derechos fundamentales. Orienta la consideración que precede, la Jurisprudencia número 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (...)." Asimismo, la Tesis número P. CL/97, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. (...)." Máxime que, como se precisó con antelación, el disconforme no amplió su escrito inicial de demanda, en el plazo otorgado para ese efecto; momento procesal oportuno para que alegara los vicios de fondo y forma que eventualmente pudieran desprenderse de la aludida contestación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 283/2014, y dar paso a la Jurisprudencia 2a./J. 28/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, página 1599, Décima Época, con número de registro 2009127, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. (...)." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de dicha normatividad. En ese orden, es improcedente ocuparse del análisis de una diversa causal de improcedencia o sobreseimiento. Igualmente, no resulta viable el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la Jurisprudencia 1027, visible en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. (...)." (...) En mérito de lo descrito, por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, por su propio derecho, contra el acto que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, precisados aquél y ésta, en el resultando primero de esta ejecutoria.

  3. Principal

    Vista, la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de quince días previsto por el artículo 17, párrafo primero de la Ley de Amparo, que se concedió a la parte quejosa en acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciocho, a fin de que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda de amparo y señalar como nuevo acto reclamado el oficio 129001410100/JA/617/2020 de dos de octubre de dos mil veinte, signado por el Jefe del Departamento Contencioso del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en esta ciudad, sin que lo haya hecho en sus términos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en tal proveído y, se seguirá el trámite del asunto en los términos señalados en la demanda que dio origen al presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, a la parte quejosa, en el presente juicio de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar.

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