Arnol Benedicto Aveiga Morán
Expediente 972/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/03/2022
Partes del expediente
- Arnol Benedicto Aveiga Morán
- ARNOL BENEDICTO AVEIGA MORÁN y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México a, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por medio del cual el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial administrativo C.C.A. 5/2022, de su índice, en sesión de cuatro de marzo de dos mil veintidós, cuyos puntos resolutivos -por unanimidad- fueron: "PRIMERO. El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente conflicto competencial. SEGUNDO. Con testimonio de esta ejecutoria, comuníquese al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que se avoque al conocimiento del asunto. TERCERO. Con testimonio de la presente resolución, comuníquese al Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para los efectos legales correspondientes.". Se acusa de recibo. En ese tenor, toda vez que los autos originales del asunto en que se actúa ya se encuentran con el juzgado declarado competente, y sin que exista nada por proveer, archívese el presente asunto como concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; así como, conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente; y, al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un CUADERNO DE ANTECEDENTES; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo que interesa, informa que tuvo por recibido el conflicto competencial interpuesto por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a efecto de determinar qué órgano jurisdicción deberá conocer del juicio 1510/2021, de su índice; asimismo, que lo admitió y registró como conflicto competencial administrativo 5/2022; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a doce de enero de dos mil veintidós. Promoción Agréguese a este expediente el comunicado de cuenta, por medio del cual el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, informa que realizó la vinculación del juicio 1510/2021, de su índice, al sumario en que se actúa; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Competencia En otro sentido, visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el juicio 1510/2021, con motivo de la competencia por razón de materia, declinada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a favor de este órgano de control constitucional, reservándose el pronunciamiento correspondiente, hasta en tanto se realizara la vinculación del sumario de mérito, lo que ya ocurrió. Así, con vista en las actuaciones digitales del expediente electrónico del juicio 1510/2021, no se acepta la competencia planteada, por razón materia; por las consideraciones siguientes. El acto reclamado se hace consistir, entre otros, en el alojamiento de los quejosos ARNOLDO BENEDICTO AVEIGA MORÁN, ROSA MARIBEL DURÁN CABRERA, WALTER FABIÁN MEJÍA LASINQUIZA, HÉCTOR WASHINTON CUYO TOAQUIZA, TANIA ODILA GAVILANES PASTUÑA, CRISTHIAN SANTIAGO TOAQUIZA VEGA, MARÍA YADIRA TENESACA TENESACA, DIANA CECILIA JETON SIGUENZA, JHOANA MARIBEL GUAMÁN DELEG, NORMA ELIZABETH AUCAY DELEG y SONIA MARISOL MANZANO CUYO, en la estación migratoria "Las Agujas"; atribuido a diversas autoridades administrativas migratorias; -sin que en el particular se advierta en forma alguna que tal alojamiento tiene fines de deportación-. Ahora bien, los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que los juzgados en materia administrativa conocerán -entre otros- de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial (con sus excepciones, como el caso a que se refiere la fracción II del artículo 50 de esa normatividad -procedimientos de extradición-); en tanto que los jueces penales, resolverán los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal, contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal y, contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es menester destacar que la finalidad de la competencia por materia consiste en que, en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo cual permite a los juzgadores un mayor discernimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir el derecho fundamental de justicia pronta, completa e imparcial tutelada en el artículo 17 constitucional. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, determinó que para fijar la competencia por materia de los jueces de Distrito en los juicios de amparo, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable; por tanto, para determinar la competencia por materia debe atenderse a esos elementos y no a los conceptos de violación expresados, pues éstos no constituyen un criterio eficaz para determinar a quién compete conocer del asunto. De la citada contradicción de tesis resultó la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.". En ese orden de ideas, conforme a los referidos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, un asunto corresponde a la materia administrativa cuando en los actos se involucran: 1) la actividad o funciones del Estado; 2) las relaciones que existan entre el Estado y los particulares; y, 3) en forma especial, las relaciones que se den entre la administración pública en cualquiera de sus esferas con los gobernados. Así, se puede apreciar que el acto reclamado ya precisado, relativo al alojamiento de los quejosos en la estación migratoria, es parte de un procedimiento administrativo migratorio que se encuentra regulado en la Ley de Migración, en lo que interesa, en los numerales siguientes: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley.". "Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las disposiciones contenidas en este Título, en el Reglamento y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes.". "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno.". (Lo destacado es nuestro) En tanto que el numeral 222 del Reglamento de la Ley de Migración, señala: "Artículo 222. En todos los casos en que una persona extranjera sea puesta a disposición de la autoridad migratoria deberá iniciarse el procedimiento administrativo migratorio. Dicho procedimiento se regirá conforme a la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Durante el procedimiento administrativo migratorio, las personas extranjeras tendrán derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español, y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas.". Como puede observarse, tal procedimiento migratorio, consiste en actuaciones administrativas, porque los emite autoridad con ese carácter, como en el caso las autoridades del Instituto Nacional de Migración, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia y, en específico, en materia de control y verificación migratoria. Lo anterior, se corrobora con el texto del artículo 2o. del Reglamento de la Ley de Migración, que dice: "La aplicación de este Reglamento corresponde a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria.". Entonces, conforme a la naturaleza del acto reclamado que nos ocupa y de las autoridades responsables a quienes se atribuye (administrativas), es incontrovertible que la competencia para conocer de tales actos se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, es así, ya que si, en un primer momento, se determinó que la parte quejosa permaneciera provisionalmente en la Estación Migratoria, es porque materialmente no puede deambular en un Estado, en el que, posiblemente, no acreditó su legal internamiento y estancia. En este contexto, si la parte quejosa en esencia reclama el alojamiento, respecto a su situación migratoria, pueden a la luz de la materia que lo rige -administrativa-, para efecto que, en su caso, la constitucionalidad de tal acto sea analizada por un juzgador especializado en esa materia. No pasa inadvertida para el suscrito la tesis aislada sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que reza: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL EN MATERIA MIGRATORIA. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUNQUE SE IMPUGNE CONJUNTAMENTE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y SUS ACTOS DE APLICACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en la tesis aislada de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUZGADOR DEBE ESTUDIARLA EN SU TOTALIDAD.", que el juzgador está obligado a estudiar la acción constitucional que le es planteada, de manera integral, toda vez que dividir la continencia de la causa es tanto como contravenir los principios básicos que estructuran el proceso y, por ende, la Ley de Amparo misma. Bajo ese contexto, si el acto reclamado afecta la libertad personal en materia migratoria -emisión y ejecución de una orden de deportación- que es del conocimiento de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, conjuntamente, se impugna la constitucionalidad de disposiciones de naturaleza administrativa, como pueden ser la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como su reglamento y diversos actos en los que se aplicaron, por ejemplo, la resolución emitida por las autoridades del Instituto Nacional de Migración que niega al quejoso la condición de refugiado o el incumplimiento de las autoridades migratorias de notificar de oficio a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados a éstos, no es posible escindir el estudio de los actos que correspondan a la materia penal, toda vez que, atento a la naturaleza de la litis constitucional planteada, debe ponderarse en su integridad el libelo, pues de acuerdo con las disposiciones constitucionales y de la Ley de Amparo, constituye la base del juicio como una verdadera unidad, y si bien no existe disposición legal que imponga al Juez como obligación estudiar conjuntamente los diversos actos reclamados, así debe hacerlo, so pena de dividir la continencia de la causa en perjuicio del quejoso y de su seguridad jurídica, y contravenir los principios básicos de la acción constitucional. Por tanto, corresponde al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal conocer del juicio promovido contra las disposiciones y actos señalados.". Sin embargo, con independencia de que tal criterio es aislado y, por lo mismo, no resulta obligatorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad a lo que establece el artículo 217 de la Ley de Amparo; lo cierto es que aborda una problemática diferente (estudio de inconstitucionalidad estrechamente vinculada a un acto penal), lo que no acontece en la especie, como ya se explicó. En mérito de lo antes expuesto, como se adelantó, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, respecto al juicio 1510/2021, de su índice, al carecer de competencia para conocer del acto reclamado. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvase los autos originales del juicio en que se actúa al juzgado declinante; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, subsiste la reserva decretada en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, hasta en tanto se conozca el resultado de lo anterior. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a este expediente el escrito de cuenta, por medio del cual Luz del Carmen Bernard Fuentes, quien se ostenta como representante de la parte quejosa, solicita acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa; ahora bien, ya que hasta el momento no se cuenta con constancia alguna que pudiese revelar el carácter con que se ostenta y, así, proveer lo conducente en cuanto a lo peticionado, resérvese acordar hasta en tanto la autoridad declinante realice la vinculación de su expediente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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