Arnaldo Ordaz Aguilar
Expediente 1189/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Arnaldo Ordaz Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; cinco de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el seis de septiembre de dos mil veintidós; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Observación. No pasa desapercibo que la promovente señaló como acto reclamado posibles actos de tortura; sin embargo, ello no da pauta a considerar que el directo quejoso fue víctima de tortura, tomando en consideración que no hizo manifestación alguna al respecto, máxime que obra en autos la razón actuarial de catorce de julio pasado (fojas 21 a 23) en la que el actuario precisó que el quejoso fue coincidente en señalar que no sufrió incomunicación, ni fue torturado, ni golpeado; de ahí, que no sea el caso de considerar lo citado en el ocurso de demanda como actos de tortura.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Sin mayor proveído. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio suscrito por el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación en su carácter de representante jurídico del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe sobre la suspensión de plano; sin que sea necesario realizar algún pronunciamiento al respecto ya que el seis de los actuales, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario. Domicilio y delegados. Por otro lado, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II, de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable antes mencionada, a los que indica en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo. Medios alternativos de comunicación. Finalmente, con apoyo en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se habilita el correo electrónico proporcionado por el oficiante únicamente para que a través de él se lleve a cabo comunicaciones no procesales, en la inteligencia que los registros de dichas comunicaciones podrán ser incorporadas a los autos en caso de estimarse necesario.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; intégrese a los autos, sin mayor pronunciamiento, la pieza postal devuelta por el servicio de mensajería oficial, relacionada con el oficio 12740/2022, dirigido al Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración, toda vez que por auto de seis de los actuales, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en contestación a los oficios 12741/2022, 12742/2022, 12743/2022, 12744/2022 y 12745/2022, rinde su informe justificado. Por otro lado, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento en relación al domicilio y delegados que señala, así como por lo que hace al nombre del quejoso y la denominación correcta de la responsable, en razón de que en proveído de diecinueve de julio del año en curso, se acordó lo conducente. Por otra parte, conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por anunciada como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en: Copias certificadas del procedimiento administrativo migratorio del quejoso Arnaldo Ordaz Aguilar. Documentales que se agregan para que obren como correspondan y que al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo. Es aplicable la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Precisado lo anterior, se advierte que respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad del quejoso con motivo de la prolongación del aseguramiento y/o alojamiento en autos del procedimiento migratorio que se sigue en su contra. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Establecido lo anterior, tal como se precisó en párrafos que anteceden, del contenido del escrito de demanda se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama la privación de la libertad con motivo del aseguramiento y/o alojamiento en autos del procedimiento migratorio que se sigue en su contra. No obsta a lo anterior, que el quejoso haya reclamado diversos actos y/o omisiones atribuidas a la responsable, empero, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino como consecuencia directa de la privación de su libertad, no se tienen como destacados. Ahora, del contenido de la documental que anexó la autoridad responsable, se colige lo siguiente: -Que por resolución de dieciséis de julio del año en curso, determinó procedente conceder el beneficio de la repatriación voluntaria del aquí quejoso Arnaldo Ordaz Aguilar, a su país de origen; por lo que, se ordenó su traslado vía aérea; determinación que le fue notificada al quejoso en esa misma data, negándose a firma la constancia respectiva. -Posteriormente, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en el presente juicio de amparo, el dieciocho de julio de la presente anualidad, se acordó la salida provisional del quejoso Arnaldo Ordaz Aguilar, sujetándolo a control de firma, los días viernes de cada semana; lo cual, le fue notificado de manera persona en esa misma fecha. - Asimismo, se tiene que por acta de hechos de evasión de control migratorio de veintiséis de agosto actual, se hizo constar que el aquí quejoso, incumplió con el control de firma a que fue sujetó, pues desde el doce de agosto del año en curso, dejó de presentarse, por lo que se le declaró evadido del control migratorio, y se dio por concluido el Procedimiento Administrativo Migratorio seguido en su contra. En consecuencia, se colige que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que de acuerdo al análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que si bien la autoridad responsable, había privado de la libertad al quejoso Arnaldo Ordaz Aguilar, con motivo del procedimiento administrativo migratorio que se seguía en su contra; lo cierto es que, en un primer momento, se le concedió el beneficio de repatriación a su país de origen, y posteriormente, con motivo de la suspensión decretada en estos autos, se dejó en libertad provisional y al haberse evadido del control migratorio, se dio por concluido el mencionado procedimiento. Así, una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de sobreseimiento aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y; por ende, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinticuatro minutos del treinta de septiembre del presente año.
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