Armin Sánchez Sánchez y Otros.

Expediente 1299/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1299/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Armin Sánchez Sánchez y Otros.
  • Armin Sánchez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diez de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado auto de desechamiento Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa ******************** hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 20, fracción II, del General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 20 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 20, párrafo tercero del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Vieyra*

  2. Principal

    A las nueve horas del siete de septiembre de dos mil veintitrés, la suscrita Karen Aguas Pérez, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, HAGO CONSTAR: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo referido al rubro. Doy fe: El treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado da cuenta al Juez, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 12665 nueve anexos y seis copias de la misma; asimismo, CERTIFICO: Que ********************si cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, no asi ********************. Conste. Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ********************por propio derecho, contra actos de la Presidencia Municipal Constitucional de Iztacuixtla de Matamoros, del Estado de Tlaxcala, a través de su titular Jesús Rolando Pérez Saavedra, en su carácter de Presidente Municipal y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1299/2023-II de quienes reclama: SIN TEXTO Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, que se establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral."(.).". El precepto transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Ello es así, pues de la interpretación conjunta y armónica de los artículos 41, 94, 99 y 105, fracción II, de la Constitución, que contienen el sistema integral de justicia en materia electoral, en relación con el artículo 103 de la propia Ley Suprema, que establece el juicio de amparo, se sigue que éste es improcedente en contra de normas, actos o resoluciones de contenido materialmente electoral; ello en tanto que la evolución del juicio de amparo ha sustraído el control del poder judicial sobre actos de naturaleza electoral, a fin de permitir que tribunales especializados en la materia resuelvan sobre la regularidad constitucional de actos que versen sobre la selección o nombramiento, a través del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han de fungir como titulares de órganos de poder representativos del pueblo, a nivel federal, estatal, municipal . Empero, no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido general sea de carácter electoral, para que resulte improcedente el juicio de garantías, sino que es necesario que el contenido de la norma tenga tal carácter, esto es, que materialmente constituya una norma electoral. Por tanto, la correcta interpretación de la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, acorde con el orden constitucional y, por tanto, con la naturaleza y objeto del juicio de amparo, determina que la improcedencia de éste surgirá cuando se reclamen normas o actos cuyo contenido material sea electoral o versen sobre derechos políticos, ya que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, pero siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan sobre el proceso electoral. Debe precisarse que tratándose de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos de su competencia, el juicio de amparo siempre resultará improcedente con independencia del contenido material de esas resoluciones, esto es, aun cuando ese contenido no verse estrictamente sobre la materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva directamente del artículo 99 de la Constitución. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 323, de la fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, Abril de 2011, materia común, Novena Época, con registro digital: 162431, cuyo rubro es: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Ahora, en el caso en estudio debe indicarse que el acto reclamado se hace consistir en la convocatoria suscrita por el Ayuntamiento del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, a efecto de llevar acabo el procedimiento de elección del comité comunitario de San Diego Xocoyucan en el Estado de Tlaxcala.Por tanto, puede decirse que el acto reclamado, se trata indudablemente de una resolución con contenido materialmente electoral, pues al margen de que está dictada por el Ayuntamiento del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, se trata de una convocatoria para participar en la elección de comité, es decir, de un cargo que está sujeto al voto de los ciudadanos de una determinada demarcación. Al respecto, el título quinto de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala refiere a las autoridades auxiliares de los ayuntamientos, estableciendo algunas particularidades sobre la elección de los comités de comunidad en su título séptimo, el cual prevé los Organismo de Participación Ciudadana y en el capítulo III, específicamente se hace referencia a la figura de los comités, ya que en el artículo 147 se indica lo siguiente: "Artículo 147. Los Comités Comunitarios se elegirán en asamblea de pueblo con representantes de los barrios o secciones y estarán integrados por: El Presidente de Comunidad, quien lo presidirá; Un representante por cada barrio, colonia o sección; y . El comisariado ejidal si hubiere. Se nombrará de entre sus miembros al secretario, tesorero y tres vocales". Así, el citado precepto legal establece que el nombramiento de comités comunitarios se elegirán en asamblea de pueblo con representantes por los ciudadanos de su localidad, reunidos en asamblea popular y a través de voto nominal y directo; de manera que, en el caso concreto, la convocatoria del veintidós de agosto del año en curso, dictada por el Ayuntamiento del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros, Tlaxcala, mediante el cual convoca a la ciudadanía de la comunidad de San Diego Xocoyucan, municipio de Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros, Tlaxcala , al procedimiento de elección de comité comunitario, es de naturaleza electoral. Resulta aplicable, la tesis P.LX/2008, emitida por el Pleno del máximo tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Septiembre de 2008, Tomo XXVIII, visible en la página 5, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables.". En consecuencia, es dable estimar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, atento a lo cual, con fundamento en el arábigo 113 de la misma legislación, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ******************** Domicilio para oír y recibir notificaciones. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; esto es, el ubicado en ********************con el apercibimiento que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, punto a), de la ley de la materia. Autorizados Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y únicamente para oir y recibir notificaciones a ********************. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe.

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