Armín Alfaro Martínez
Expediente 674/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/12/2017
Partes del expediente
- Armín Alfaro Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de diciembre de dos mil diecisiete. Se tienen por recibidos los presentes autos y resolución, que remite el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Acúsese recibo. De la ejecutoria que anexa al oficio de cuenta, se advierte que la Superioridad CONFIRMÓ la sentencia en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por *****, contra los actos que reclamó del Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas y otras autoridades, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó para la tramitación del recurso, al resultar innecesaria su conservación, se ordena desglosar las actuaciones que se efectuaron y agregarlas para que obren como corresponda en este expediente, sin que sea necesario glosar al mismo las copias con las que se integró el citado cuaderno, de las cuales, se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyo fuera de audiencia en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos se advierte que obran la totalidad de las constancias de notificación a las partes del auto de dieciocho de julio del actual; en consecuencia, de inmediato, remítase el juicio de amparo 674/2017, así como original y copia del escrito de agravio para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos de su substanciación. En tales condiciones, al estar debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento al proveído de dieciocho de julio de dos mil diecisiete (foja 97), remítase este expediente, el escrito original y copia de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación del aludido recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 56-64), asimismo, déjese constancia de este acto en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del citado recurso. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado José Mario Mejía Ceceña Trasfí, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en oficio CCJ/ST/2889/2017, de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, asistido de la secretaria que autoriza Elda Karen Carral Chávez, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el ocurso suscrito por *****, parte quejosa, por medio del cual interpone RECURSO DE REVISIÓN contra el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de referencia. Fórmese el cuaderno de antecedentes por separado, el cual deberá ser integrado con las copias del juicio necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Oportunamente, remítanse los presentes autos y el escrito original de agravios con copias del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos de la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, en relación al domicilio que señala y al primer sujeto que hace mención, deberá estarse a lo acordado en proveído de veintidós de junio del año en curso, ahora bien, respecto a la diversa persona que indica, téngase en términos restringidos a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula no se encuentra en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. Notifíquese; personalmente a la agente del Ministerio Público adscrita; mediante oficio a las autoridades responsables.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE LOS CORRIENTES QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado del notificador ejecutor adscrito a la Delegación de Hacienda Tuxtla dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y anexos, por el que remite copia certificada de diversas constancias del expediente administrativo ****, de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, este Juzgador determina que en el presente caso, se advierte de manera oficiosa que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, ya que el requerimiento de pago, citatorio y acta de notificaciones estatales, a través de los cuales el Notificador-Ejecutor adscrito a la Delegación de Hacienda Tuxtla dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, le comunicó los requerimiento de pago de los créditos fiscales contenidos en los oficios ***** de veintisiete de abril de la presente anualidad, derivados de las multas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado por incumplimiento a lo ordenado en el juicio de controversias familiares, equivalente a 40 20 y 80 dias respectivamente, no constituyen la resolución definitiva del procedimiento administrativo instaurado en su contra. Los citados preceptos legales establecen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ".Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior se colige que el juicio de amparo promovido contra actos relacionados con la ejecución de una sentencia, sólo será procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Lo anterior se considera así, pues la finalidad primordial es el impedir la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos de ejecución de sentencias, los cuales podrán ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución definitiva recaída a tal procedimiento de ejecución. Ahora bien, es importante destacar que la Jurisprudencia ha determinado que la resolución dictada en un procedimiento administrativo de ejecución relacionada con la imposición del cumplimiento de alguna obligación, como lo sería la existencia de un crédito, su liquidación e inmediata reclamación, contiene aspectos similares a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, el juicio de amparo en el cual se reclamen actos relacionados con la ejecución de una resolución dictada en el procedimiento administrativo de ejecución, en todo caso sería improcedente, toda vez que la procedencia del mismo está condicionada a que se reclame sólo la última resolución en el procedimiento respectivo. En suma, de lo anterior se advierte que el juicio de amparo indirecto en materia administrativa es improcedente, contra cualquier acto que emane de un procedimiento administrativo de ejecución; esto es, únicamente es procedente contra la resolución definitiva que se dicte en ese procedimiento. Sobre esta hipótesis, conviene destacar que el procedimiento administrativo de ejecución es una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en la existencia de un crédito fiscal firme, susceptible de exigir su pago respectivo. Bajo ese contexto, el legislador advirtió la posibilidad de que el gobernado promoviera demandas de amparo contra los actos que conforman el procedimiento administrativo de ejecución, lo que obstaculizaría injustificadamente su secuencia ejecutiva. Por esta razón, decidió que el amparo únicamente procediera contra la resolución definitiva que lo culmine; pues es el momento idóneo para que el quejoso la ataque y, en su caso, alegue las violaciones causadas en el procedimiento y que todos estos planteamientos se analicen en un sólo juicio de amparo. No obstante, esta regla genérica admite dos excepciones, a saber: La primera consistente en que uno de los actos que provengan del procedimiento administrativo de ejecución (que no sea la resolución que lo concluya) produzca una irreparabilidad a los derechos sustantivos del agraviado. La segunda se enfoca a la calidad del quejoso en el procedimiento administrativo de ejecución; esto es, que sea tercero extraño (persona que no figuró materialmente como parte en dicho procedimiento y que sufre un perjuicio a sus derechos con motivo de la substanciación de éste o en la ejecución de su resolución sin haber gozado de la oportunidad de defensa). Pues bien, los requerimientos de pago 2614/2011, 2616/2011 y 2618/2011, de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, reclamados y acta de notificación de veinte de junio del año en curso, a través del cual el Notificador-Ejecutor adscrito a la Delegación de Hacienda Tuxtla dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, le comunicó a la parte quejosa el requerimiento de pago de los créditos fiscales contenidos en los oficios, de dieciséis de agosto de dos mil once, derivados de las multas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado por incumplimiento al juicio se controversias familiares, equivalentes a 20, 40 y 80 unidades de medida y actualización, no constituyen la resolución final de ese procedimiento, pues en términos del numeral 111 del Código dela Hacienda Pública del Estado, en el caso de que el contribuyente no efectué el pago del crédito, es entonces cuando se continuará en su contra vía procedimiento administrativo de ejecución, para obtener el pago del citado crédito. Ahora bien, sobre el tema de los actos emitidos en el procedimiento administrativo de ejecución, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 17/98, visible en la página 187, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, resolvió que tratándose de actos del procedimiento administrativo de ejecución, el juicio de amparo sólo procede hasta que se dicte en ese procedimiento la resolución definitiva con que culmina, pudiéndose reclamar tanto ésta como las violaciones cometidas en la secuela del procedimiento, ello a fin de no obstaculizar injustificadamente la resolución ejecutiva, lo que no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de la ley que rija dicho procedimiento. "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie". La anterior Jurisprudencia resulta de aplicación obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Partiendo de esta base, es importante tener en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecución como el que nos ocupa, es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa los créditos fiscales a su favor, también conocido como facultad económico-coactiva. De lo dispuesto en los artículos 111 al 168 del Código de la Hacienda Pública del Estado, se desprende que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o bien el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. También se establecen las formalidades a que debe sujetarse la diligencia de embargo, indicando cuáles son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, los bienes exceptuados de embargo, etcétera, así como que al finalizar la diligencia se levante acta pormenorizada y se entregue una copia a la persona con la que se entendió la diligencia. En los mencionados artículos se comprende también que una vez trabado el embargo se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual debe fijarse la base para su enajenación, mediante los avalúos tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo determinado. Se establece lo conducente para la convocatoria para el remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la venta fuera de subasta, la adjudicación al fisco, etcétera. Luego, fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicación del producto de los bienes rematados para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios legales. En conclusión, el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva, del crédito fiscal debido por el deudor. Es cierto que el procedimiento de ejecución es administrativo, porque tanto el órgano que lo ejecuta es la administración pública, como porque, materialmente no tiene como finalidad la resolución entre partes contendientes, por lo que no teniendo como supuesto una controversia, no puede decirse, en rigor, que se trate de actos administrativos seguidos en forma de juicio, en los términos literales del artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, pero igualmente resulta que de la interpretación relacionada de este párrafo con los incisos a) y b) de dicho precepto, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, se advierte que el juicio de amparo será procedente contra violaciones cometidas en la resolución que adjudique los bienes embargados en remate y ordene librar las escrituras correspondientes, o la entrega material del bien, salvo que se trate de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual en el caso no acontece, ya que el quejoso no se ostentó como tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución, y en el caso no se efectuó algún aseguramiento de cuentas bancarias o en su caso se designó interventor con cargo a la caja, es decir, en el caso justiciable sólo se requirió de pago al quejoso, bajo apercibimiento que de no hacerlo así se continuaría con el procedimiento administrativo de ejecución hasta hacerlo efectivo. En efecto, aún cuando en la hipótesis de los preceptos reclamados no se está en presencia de actos desarrollados en forma de juicio (como ya se indicó), sí existe una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme, (determinación de un crédito fiscal) similar en esto a una sentencia ejecutoriada. Así como la sentencia es título ejecutivo, la liquidación fiscal firme constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación, y como tal, dentro del procedimiento de ejecución por constituir un presupuesto formal de éste, debiendo precisarse que la ejecución forzosa brinda la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobación. De acuerdo con el carácter ejecutorio de las resoluciones administrativas, en el procedimiento administrativo de ejecución, se justifica que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte en él la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, de lo cual se infiere que tratándose de actos administrativos dentro de un procedimiento de ejecución fiscal, sólo procede el amparo en contra de la resolución con que culmina dicho procedimiento, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que a ese procedimiento rigen. Desde esa óptica, debe aceptarse la interpretación relacionada de la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, de la que se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio de garantías, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por identidad de razón, debe observarse, la tesis V/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 263, que dice: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.-El en artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe". Asimismo, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 91-96, Sexta Parte, página 81, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE. AMPARO IMPROCEDENTE. Si en el juicio de garantías se reclaman actos administrativos emanados de un procedimiento de ejecución, ello hace improcedente el juicio constitucional, ya que tratándose de estos actos, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso (artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo). Si en la transcripción del acto reclamado aparece que éste se hace consistir en mandamiento de ejecución, jurídicamente dicho acto sólo podrá reclamarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento administrativo de ejecución, todo lo cual conduce a estimar que el juicio de garantías es improcedente atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, y 11, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y procede decretar el sobreseimiento en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 73 del mismo ordenamiento." En ese entendido, ya que se estableció que el juicio de amparo resulta improcedente en contra del simple cobro de un crédito fiscal, en los términos expresados en párrafos que anteceden, sólo resta verificar si se ubican en los supuestos de excepción mencionados. En cuanto a la primera excepción, este juzgador considera que los requerimientos de pago y las notificaciones de veinte de junio del presente año, signadas por el Notificador-Ejecutor adscrito a la Delegación de Hacienda Tuxtla dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, constituyen el medio en que se informa al impetrante de amparo que se pretende exigir el cumplimiento de una obligación como es el pago de créditos fiscales, sin que eso implique la afectación de algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Por lo tanto, no son actos irreparables y desde esta perspectiva el amparo es improcedente. Respecto a la segunda excepción, de las constancias que obran en el sumario, se obtiene que tales actos derivan del crédito fiscal contenido en los oficios **** relativo al expediente **** , en el que, al aquí quejoso ****, se le dictó mandamiento de ejecución virtud a la multa impuesta por el Tribunal Superior de Justicia del Estado por incumplimiento a lo requerido por la autoridad en juicio de controversia del orden familiar, equivalente a 40, 20 y 80 unidades de medidas y actualización, de dieciséis de agosto de dos mil once; esto es, se enteró de ello previamente al inicio del procedimiento que ahora reclama, lo cual resulta congruente, ya que el procedimiento administrativo de ejecución es la consecuencia de un crédito fiscal por la multa impuesta por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, situación que ocasiona que no se le considere como tercero extraño al cobro de dicha multa. En efecto, por el hecho de que se hizo sabedor del procedimiento administrativo de ejecución incoado en su contra en caso del no pago del crédito fiscal determinado (ya que promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días siguientes a su notificación) y que no se ha dictado la resolución que concluya dicho procedimiento, no está en la hipótesis de que su inicio le originó un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos. En tales condiciones, el amparo es improcedente contra el requerimiento de pago del crédito fiscal multicitado, al no constituir la resolución definitiva. Asimismo, resulta evidente que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en virtud de que el acto reclamado fue dictado dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, por lo tanto, no se afecta algún derecho fundamental de la parte quejosa, en la medida que no produce una afectación que sea de imposible reparación en grado predominante o superior, toda vez, que como ya se anotó, sólo producirá efectos intraprocesales hasta que se dicte la última resolución y causará perjuicio si esa ilegalidad trascendiera al resultado de la resolución definitiva, lo cual no acontece en este momento; destacándose que se está únicamente ante actos que requieren el pago del crédito fiscal, sin que se advierta embargo o intervención en contra de la moral quejosa, que pudieran traducirse en afectación de derechos fundamentales. Además, no pasa inadvertido lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 11/2013 (10a.), visible a página 1242, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, porque el aquí quejoso, como se indicó, no se ostentó y no es tercero extraño a juicio; es aplicable la jurisprudencia del epígrafe y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente. En consecuencia, dado que la parte quejosa reclama actos llevados a cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución iniciado en su contra a fin de hacer efectivos créditos fiscales, conforme a lo antes expuesto, debe esperar hasta el dictado de la última resolución dentro del procedimiento ejecutivo; es decir, la definitiva, para combatir en amparo tanto esta resolución como las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, como no lo hizo así, debe estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del precepto 107 de la misma legislación, interpretada ésta en sentido contrario. Ello es así, toda vez que para que sea procedente la pretensión de la parte quejosa, en todo caso tendría que consistir en la última resolución que se dicte en el procedimiento administrativo de ejecución incoado en su contra, de ahí que si reclama actos intraprocesales, es claro que resulte improcedente el juicio de amparo. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 250, tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente. "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO SÓLO PROCEDE HASTA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FINCADO EL REMATE A FAVOR DE UN POSTOR. El procedimiento de remate previsto por los artículos 174 a 186 del Código Fiscal de la Federación tiene una culminación necesaria a través de una resolución, que se constituye en las atribuciones del jefe de la oficina ejecutora para calificar las posturas, dar intervención a los postores para su mejora y declarar fincado el remate a favor de la propuesta del monto superior, lo que significa que previo a este último pronunciamiento, ha hecho un análisis del procedimiento que le precedió y la declaratoria viene a constituir una resolución que aprueba el remate respectivo. Así la situación, queda patente que en el procedimiento económico-coactivo y, en particular, en el de remate, sí existe la figura requerida de resolución aprobatoria de este último, de tal manera que debe satisfacerse como requisito de procedibilidad del juicio de garantías, el previsto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, esto es, que tratándose de remates sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Es conveniente establecer que la regla a que se refiere la citada disposición de la ley reglamentaria del juicio de garantías tiene su razón de ser en evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie en el procedimiento de remate, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho remate, que en el caso se centra en aquella que lo declara fincado a favor de uno de los postores." Del mismo modo, es aplicable en lo conducente, la tesis II.3°.A.108 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1769, registro electrónico 2005983, que expresa: "MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. CONTRA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO PARA SU COBRO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SANCIONADAS. Cuando una autoridad perteneciente a la administración pública estatal o municipal del Estado de México promueve amparo indirecto contra una multa impuesta por dicho tribunal administrativo local por incumplir una sentencia ejecutoria, es improcedente el juicio contra el procedimiento administrativo seguido para su cobro por las autoridades exactoras correspondientes, en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracciones II, párrafo segundo y III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, porque cuando se reclaman actos del procedimiento administrativo de ejecución, el amparo sólo procede contra la resolución con que culmine, salvo que se actualicen las excepciones que permitan la impugnación constitucional anticipada contra actos intermedios, siendo éstas: a) cuando dentro del procedimiento respectivo se verifiquen actos cuya ejecución sea de imposible reparación para los efectos del artículo 114, fracción IV, del ordenamiento mencionado, en congruencia con las tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 133-138, Tercera Parte, página 81, y Quinta Época, Tomo XCIII, página 1502, de rubros: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO." y "PROCEDIMIENTO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.", respectivamente, y b) cuando el solicitante del amparo sea tercero extraño al procedimiento administrativo, en este caso, de ejecución; situación prevista en la última parte del segundo párrafo de la fracción II del propio artículo 114." En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción lll de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, debe destacarse que el requerimiento de pago del crédito fiscal, que es el acto reclamado, no constituye un acto de imposible reparación al no haberse llevado a cabo el embargo ni otras actuaciones que atenten contra los derechos fundamentales de la parte quejosa. Apoya a lo expuesto, en lo conducente, la tesis III.2o.A.8 A, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 4600, registro electrónico 2000152, que dice: "REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA DICHO ACTO, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN INICIADO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL, SI NO SE GARANTIZÓ ÉSTE NI SE LLEVÓ A CABO EL EMBARGO, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Conforme a los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo el juicio de garantías es improcedente contra el requerimiento de pago y embargo derivado del procedimiento administrativo de ejecución iniciado con motivo de la resolución determinante de un crédito fiscal, si no se garantizó éste ni se llevó a cabo el embargo, pues el mero requerimiento no constituye un acto de imposible reparación, máxime si la indicada resolución se impugnó mediante el juicio contencioso administrativo pues, en tal caso, está a expensas de lo que se resuelva en la vía jurisdiccional, por lo que el acto reclamado no es definitivo para efectos del amparo." En ese orden de ideas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese orden, es patente que a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa con ningún elemento de prueba podría desvirtuar lo expuesto en líneas precedentes, de ahí que en aras de no retardar injustificadamente la resolución de este asunto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Finalmente, glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito del autorizado de la parte quejosa, por medio del cual exhibe tres copias de la demanda de amparo para el trámite del incidente de suspensión, en atención a su contenido, dígase que deberá estarse a lo citado en párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente.
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