Armida Iñiguez Valenzuela
Expediente 667/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Armida Iñiguez Valenzuela
Actuaciones
- Principal
Causa estado auto que desechó la demanda amparo en este expediente. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. III
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Vista la demanda de amparo promovida por Armida Iñiguez Valenzuela, respecto de actos reclamados de Recursos Solares PV de México IV, sociedad anónima de capital variable, y otras autoridades. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 667/2018-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Actos reclamados. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: De (1) Recursos Solares PV de México IV, sociedad anónima de capital variable: - La orden de inicio de construcción de la obra de un parque fotovoltaico dentro de un predio de su propiedad, con motivo de un contrato de usufructo. Del (2) Consorcio Engie Solar Trompezon y (3) Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes: - Apoyar en la ejecución de dicha orden. III. Causal de improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese contexto, se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia que se deduce de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que Recursos Solares PV de México IV, sociedad anónima de capital variable y Consorcio Engie Solar Trompezon, no son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. En primer término, debe puntualizarse que dichos artículos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". En concordancia con lo anterior, debe señalarse que el artículo 103, fracción I, de la Carta Magna, prevé lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del precepto transcrito, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así las cosas, de una interpretación lógica y sistemática de dicho precepto, se desprende que para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia", deriva a que se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Con la incorporación de dicha figura al juicio de control constitucional, se pretendió limitarla a los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos; es decir, a los casos en que dentro del cúmulo de funciones que les otorgue la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de emitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que implique la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, para decidir si en un juicio de amparo se debe tener como autoridad responsable a un particular, se debe verificar si el acto que se le atribuye fue emitido en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma general que lo regule. Motivo por el cual, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo, como en el caso que nos ocupa. Bajo tal tesitura, Recursos Solares PV de México IV, sociedad anónima de capital variable y Consorcio Engie Solar Trompezon, a quienes se les atribuye el inicio de la obra de construcción derivado de un contrato de usufructo, no puede considerarse como autoridades responsables para efectos del amparo, pues dichas empresas están en un plano de derecho privado con la quejosa y no en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma general que la regule. En efecto, de los anexos que se acompañaron al escrito de demanda, se encuentra la escritura pública número 28,485, tirada ante la fe de la Notaria Pública Siete del Estado, con ejercicio en esta ciudad, en la que se protocolizó el contrato de usufructo temporal celebrado entre Ema Valenzuela Medina y/o Emma Valenzuela Medina, con el carácter de propietaria del predio objeto del acuerdo de voluntades, y Recursos Solares PV de México IV, sociedad anónima de capital variable, como la usufructuaria, para la construcción de un parque fotovoltaico. De dicho contrato se advierte que en la cláusula vigésima sexta, las partes acordaron que para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento o requerimiento judicial de las obligaciones contraídas, se regirían de conformidad con el Código Civil del Estado de Aguascalientes, y que cualquier controversia que surja en virtud del mismo acuerdo de voluntades, deberían someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes en Aguascalientes, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción a la que pudieran tener derecho por razón de su domicilio presente o futuro. Pues bien, si en el caso, la solicitante del amparo esencialmente controvierte el inicio de construcción de la obra de un parque fotovoltaico dentro de un predio, que dice es de su propiedad, en virtud de que Recursos Solares PV de México IV, sociedad anónima de capital variable, no está cumpliendo con las obligaciones que contrajo en el contrato de usufructo, en particular, lo establecido en las clausulas tercera, inciso b), y séptima; entonces su pretensión es entablar una controversia con la empresa Recursos Solares PV de México IV, sociedad anónima de capital variable, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de usufructo en comento; y en consecuencia, estamos en presencia de actos derivados del derecho privado. Así las cosas, los actos que reclama la quejosa se encuentran desprovistos de los atributos que definen al acto de autoridad, debido a que quien se le atribuye aun cuando es un particular, no está desarrollando tareas equivalentes a los de autoridad, dictando, ordenando, ejecutando o tratando de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; afectando derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, todo esto, en funciones determinadas en una norma general, sino por el contrario dicho sometimiento tiene su origen en la voluntad de las partes, en ejercicio pleno de sus derechos privados. IV. Desechamiento. Bajo ese tenor, como se anticipó, en el caso concreto se considera actualizada la hipótesis de improcedencia del juicio constitucional que se deduce de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo; consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. No pasa inadvertido que en los antecedentes de su demanda de amparo a la supuesta intervención de un actuario judicial, pero es claro que éste se trató del apoderado legal de las empresas Recursos Solares PV de México IV, sociedad anónima de capital variable y Consorcio Engie Solar Trompezon; de ahí que este juzgador no pueda advertir la participación de alguna autoridad judicial en la ejecución del acto que reclama. Tampoco pasa desapercibido que la quejosa atribuye al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, cierta participación a través de sus elementos policiales; no obstante, claramente refiere que su participación deriva del acto principal que atribuye a las referidas personas morales derivado de la interpretación que, dice, ilícitamente hacen al ejecutar el contrato de usufructo. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Domicilio y autorizado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Nueva de la Paz, número ciento tres, segundo piso, colonia San Luis, en esta ciudad. Como autorizado para tal efecto a Enrique de Jesús Pliego Ruvalcaba, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener acreditado estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. VII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. III
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