Armida Azuena Cano Parra
Expediente 1549/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1549/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Armida Azuena Cano Parra
- Representante del Gobierno del Estado, Ethel Araceli Alemán Aponte. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1549/2022-I, promovido por Armida Azucena Cano Parra, por propio derecho, contra actos de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y otras autoridades responsables; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito, Cristina Castro Aguirre, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifican. AUTORIDADES RESPONSABLES PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO. MIRIAM CORTES CISNEROS. CIUDAD. (AUTORIDAD RESPONSABLE) REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ETHEL ARACELI ALEMÁN APONTE. CIUDAD. (AUTORIDAD RESPONSABLE) REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ESTEBAN HERNÁNDEZ ARELLANO. CIUDAD. (AUTORIDAD RESPONSABLE) SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, MARÍA NATIVIDAD BAUTISTA LINARES. CIUDAD. (AUTORIDAD RESPONSABLE) SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, ENCARGADA DE EMITIR LOS ACUERDOS DE LOS EXPEDIENTES CON TERMINACIÓN 8, NATIVIDAD HERNÁNDEZ LÓPEZ. CIUDAD. (AUTORIDAD RESPONSABLE) ACTO RECLAMADO "La reiteradas violaciones a mi derecho de acceso a la justicia en la modalidad de DILACIÓN PROCESAL en la que incurren las autoridades responsables al OMITIR DICTAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, a efecto de que se CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HASTA EL PAGO TOTAL DEL LAUDO." SEGUNDO. En el escrito de demanda la parte quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expuso los antecedentes y los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. Por auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se registró tanto en el libro físico de gobierno, como en el electrónico, el escrito inicial de demanda bajo el número 1549/2022 y se admitió a trámite el presente juicio, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a autoridades que se encuentran dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo y del escrito de desahogo de la misma, se advierte que el acto reclamado por la quejosa es el siguiente: La DILACIÓN PROCESAL en la que incurren las autoridades responsables al OMITIR DICTAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, a efecto de que se CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HASTA EL PAGO TOTAL DEL LAUDO, en el expediente laboral de origen. TERCERO. Las autoridades responsables Presidenta, Representante de los Trabajadores al Servicio del Estado; Representante del Gobierno; Secretaria General y Secretaria de Acuerdos, todos del Tribunal de Conciliación y arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados; no obstante, tal afirmación se desvirtúa con base en las manifestaciones contenidas en el informe en comento, pues de éstas se advierte que dicha autoridad aceptó que, efectivamente, ante ésta se encuentra radicado el expediente laboral número 178/2006, y que el veintiocho de octubre de dos mil veintidós se emitió el acuerdo correspondiente en relación con los escritos presentados por la ahora quejosa y que dicho proveído fue dictado conforme a derecho. De ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados, lo cual es acorde con el criterio consignado en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Cabe mencionar, además, que la certeza de dichos actos se corroboró con las copias certificadas de diversas actuaciones del juicio laboral número 178/2006, remitidas por las autoridades responsables como complemento de su informe justificado, cuyo valor probatorio es pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de documentos públicos, al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Previo al análisis de las cuestiones de fondo planteadas en el presente juicio de amparo indirecto, lo aleguen las partes o no, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a pronunciarse de oficio sobre si en el caso opera alguna causa de improcedencia del juicio, por tratarse de una cuestión de orden público, a la luz de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 222780, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En ese sentido, una vez analizadas las constancias del presente juicio de amparo indirecto, este Juzgado de Distrito auxiliar advierte de oficio que, en la especie, este juicio es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6º, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Para realizar una exposición clara de las razones por las cuales se llegó a la anterior conclusión, en principio, cabe citar el contenido de los referidos numerales, siendo como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." El artículo transcrito en segundo término, consagra el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, el cual consiste en que solamente puede instar la acción constitucional la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5°, de la citada ley; lo cual podrá realizar por sí, por conducto de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los términos en que la ley lo prevé, y en tratándose de actos emanados de un procedimiento penal, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la misma lo permita. De esa manera, es evidente que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por quien resulte ser el directamente agraviado con el acto de autoridad que en él se reclame, ya sea por sí o por conducto de la personas que autoriza el referido artículo 6º de la Ley de la materia. Al respecto, es importante precisar que la firma constituye una forma de expresión de la voluntad de las personas, y en el caso de las promociones judiciales, se traduce en la voluntad de acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar ejerza sus facultades y resuelva en consecuencia. Por tanto, la ausencia de ésta o su falsedad conducen a tener por no ejercitada válidamente la pretensión planteada, pues la certeza en cuanto a la válida instauración de la acción de amparo con la suscripción del escrito respectivo, constituye un requisito esencial que debe satisfacerse de manera plena, según se colige de la interpretación sistemática de los artículos 3°, primer párrafo, en relación con el 6°, ambos de la Ley de la Materia. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, Volumen 181-186, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, registro 242775, misma que es del tenor siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio.". Caso concreto Ahora bien, en el caso, se tiene que la tercero interesada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por conducto de su Síndica Procuradora, al apersonarse al juicio de amparo objetó de falsa la firma del escrito inicial de demanda presentado por la quejosa Armida Azucena Cano Parra. Con motivo de lo anterior, previa vista a las partes, mediante acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el citado incidente de falsedad de firma de la demanda de amparo, por diverso de veinte de febrero del año en curso, se tuvo por ofrecidas las documentales que se anexaron, así como la prueba pericial en materias de caligrafía y grafoscopía, y en preparación de ésta última, en proveído de dieciséis de marzo siguiente, se señaló hora y fecha para que la quejosa compareciera a la diligencia de ejercicios caligráficos, con el apercibimiento para el caso de no comparecer, se tendría como falsa la firma que calza el escrito inicial de demanda. Así, al celebrarse la audiencia constitucional en esta fecha se hizo efectivo el mencionado apercibimiento decretado mediante proveído de dieciséis de marzo de esta anualidad, y por ende, se determinó que se tenía como falsa la firma que calza el escrito inicial de demanda promovida por la quejosa Armida Azucena Cano Parra. Con lo anterior, se advierte la actualización de la causa de improcedencia en mención, pues como se vio, el Juzgado de Distrito auxiliado determinó en la referida audiencia la falsedad de la firma que calza el libelo constitucional de Armida Azucena Cano Parra, lo que pone de relieve que esta última no exteriorizó su voluntad de instar el presente juicio, y por tanto, no se cumplió con el principio de instancia de parte agraviada desarrollado precedentemente. Ello es así, habida cuenta que la consecuencia inmediata de la declaración de falsedad de la firma del escrito mediante el cual la quejosa promovió la demanda de amparo, es que dicho ocurso se considere carente del signo gráfico de su autor que permita tener por expresada su voluntad de accionar al órgano jurisdiccional para la tutela de sus intereses, al carecer precisamente de la certeza jurídica de que efectivamente fue el impetrante quien realmente suscribió ese documento. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/5 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la página 1594, del Libro X, Tomo 3, Julio de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2001096, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo.". Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 70, Tomo 133-138, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, registro 251376, que es del rubro y texto siguiente: "FIRMA. DEMANDA DE AMPARO QUE CARECE DE SUSCRIPTOR. Si de la demanda de amparo que dio origen al juicio de garantías, aparece que el apoderado general de la empresa quejosa no firmó dicha demanda, es decir, que ésta carece de suscriptor (artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 2o. de la Ley de Amparo); como además, la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con esa disposición, el artículo 4o. de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su defensor, tratándose de causa criminal, por algún pariente o persona extraña en los casos permitidos por la misma Ley de Amparo; por tanto, y tomando en cuenta que la firma es lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales, el juicio de garantías que originó dicha demanda carente de suscriptor, es improcedente y debe sobreseerse, con fundamento en los preceptos constitucional y legales mencionados, así como en los artículo 73, fracción XVIII, y 74 fracción III, de la citada Ley de Amparo.". En este orden de ideas, se concluye que al no manifestarse la voluntad de quien promovió el juicio, se tiene por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, de acuerdo con lo establecido en el precepto 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. QUINTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se hizo de su conocimiento lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de estrados el quince del mes y año citado con antelación, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63 fracción IV, y 73 y 74 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Armida Azucena Cano Parra, por propio derecho, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el punto considerativo cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que mediante proveído de dos de enero del año en curso, se tuvo a la tercera interesada, promoviendo incidente de objeción de falsedad de firma y por diverso de veinte de febrero de esta anualidad, se admitió la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, ofrecida por la tercera interesada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y mediante comparecencia de seis de marzo de la presente data, la perito oficial Guadalupe Esparza Tafoya, aceptó y protestó el cargo conferido. En consecuencia, es necesario fijar fecha para que la quejosa Armida Azucena Cano Parra, comparezca ante este juzgado federal, debidamente identificada con credencial vigente, a efecto de que estampe las firmas necesarias para tenerlas como base de estudio, lo anterior con el fin de que el experto esté en condiciones de realizar y emitir el dictamenpericial en materia de caligrafía y grafoscopía; por tanto, se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, a fin de que la antes mencionada estampe las firmas aludidas. Con el apercibimiento que de no presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la prueba pericial citada, sin causa justificada, se tendrá como falsa la firma que calza el escrito inicial de demanda de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, signado por Armida Azucena Cano Parra. En tal virtud, gírese oficio a fin de hacerle del conocimiento a la perito Guadalupe Esparza Tafoya, por conducto del Coordinador General de los Servicios Periciales de la Vicefiscalía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a efecto de que se presente en la fecha y hora antes señalada. Se apercibe al señalado Coordinador de Servicios Periciales, que en caso de que no realice la notificación a la experta en comento, así también a la perito que de no acudir ante este juzgado en la hora y fecha que se le cita, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero de esta anualidad.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Coordinador Regional de los Servicios Periciales de la Zona Centro de la Vicefiscalía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veinte de febrero de la anualidad que transcurre, e informa que fue designada como perito oficial en materia de caligrafía y grafoscopía Guadalupe Esparza Tafoya, quien se encuentra adscrita a dicha Coordinación General de lo anterior, queda enterado el suscrito Juzgador, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, informa que la perito Guadalupe Esparza Tafoya, comparecerá a este Juzgado Federal a las doce horas del seis del mes y año en curso, para aceptar y protestar el cargo conferido, por tanto, se está en espera de que comparezca dicha perito.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la tercera interesada desahogando el requerimiento que se le formuló en proveído de siete del mismo mes y año, reservándose acordar lo conducente. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de objeción de falsedad de firma, respecto al escrito inicial de demanda, por consiguiente, con la copia simple del escrito de interposición de dicho incidente, dese vista a las demás partes para que dentro del plazo de tres días, a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se tendrá por perdido su derecho. Asimismo, una vez precluido el plazo precisado anteriormente, se proveerá en relación a las pruebas anunciadas por el tercero interesado, hágase del conocimiento de las partes que en términos del artículo 66 de la Ley de la materia, se reserva la resolución del presente incidente para resolverlo en la sentencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.
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