Armida Adriana Ramírrez Corral

Expediente 667/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
667/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Armida Adriana Ramírrez Corral

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, once de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, el oficio y anexo signado por la Secretaria de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que una vez transcurrido ese lapso se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA QUE DICE: VISTO para resolver el juicio de amparo número 667/2019, se determina lo siguiente. R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil diecinueve, por buzón judicial, y turnado al día siguiente dieciséis de julio del presente año, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y a su vez, remitido en esa propia fecha, a este Juzgado, por el cual, CUAUHTEMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que será indicado en el considerando segundo de esta sentencia, el cual consideró violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20, Constitucionales y que reclama de la autoridad siguiente: AUTORIDAD SENTIDO FOJA Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad Cierto 26 y 27 SEGUNDO. La aludida demanda se admitió a trámite por auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, la que se radicó bajo el número 667/2019, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la Fiscal Federal de la adscripción quien sí formuló pedimento; se ordenó emplazar a la tercero interesada; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 14 a 16), la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito y Acuerdo 15/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz y su transformación en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en la referida entidad federativa y sede, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones; y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz. SEGUNDO. Como cuestión preliminar, a fin de analizar con propiedad el tema jurídico que nos ocupa, es imperativo precisar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, para determinar lo pedido por el quejoso y resolver, analizando en su integridad la demanda constitucional, y la información que obra en el expediente en que se actúa, tal como lo establece la tesis número P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Novena Época, abril 2004, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del contenido integral de la demanda, tanto del apartado relativo al acto reclamado, los antecedentes, los conceptos de violación como fueron planteados, se advierte que éste consiste en: 1. La resolución de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el toca 283/2019-A, que confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor de Armida Adriana Ramírez Corral, como probable responsable de los delitos de violencia familiar (modalidad patrimonial) y daños, emitido en la causa penal 279/2018, cometidos en agravio del aquí quejoso (fojas 100 a 111, tomo de pruebas). TERCERO. La autoridad responsable Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 26 y 27), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las documentales remitidas por la Sala responsable consistentes en el toca penal 283/2019, conformado por un tomo de pruebas que obra por separado, y dos discos ópticos con folios C09052019 y C26852018. Documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. CUARTO. SE DEBE CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN SOLICITADO POR CUAUHTEMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, debido a que el acto reclamado no está debidamente fundado ni motivado, en razón de que la Sala responsable reasumió jurisdicción al analizar la resolución sometida a su consideración, además, de que no emprendió el estudio de los agravios formulados por el ofendido de manera congruente, motivada y exhaustiva, y al no haberlo hecho así, vulnera en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales y garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 Constitucional. En principio, este órgano jurisdiccional estima necesario dejar establecido que en el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso b), del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado deriva de un proceso penal en donde el quejoso tiene el carácter de ofendido. De modo que, para garantizar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, el estudio del asunto se realizará de manera oficiosa, sin constreñir el análisis de la determinación reclamada a los planteamientos del solicitante del amparo, pues la suplencia de la queja permite realizar un análisis integral, no obstante de la formulación incompleta o deficiente que se hubiese realizado de los argumentos respectivos. Del análisis de la resolución que constituye el acto reclamado, se advierte que no se tomaron en consideración la totalidad de los motivos de inconformidad con independencia de los que sí se examinaron, que hizo valer el ahora quejoso, que a juicio de esta potestad federal constituyen aspectos esenciales del auto de no vinculación a proceso. Lo que sin duda le genera estado de inseguridad e incertidumbre jurídica sobre el correcto sustento de la determinación reclamada y por ende se le deja en estado de indefensión, al solicitante del amparo. Se justifica la postura en el hecho que los artículos 461 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. (.). Artículo 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. (.). De la interpretación sistemática de las normas procesales citadas, se advierte que a fin de que el tribunal de alzada pueda confirmar, modificar o revocar alguna resolución dictada por el a quo, necesariamente debe analizar los agravios expuestos por el recurrente y confrontarlos con las razones sustentadas por el señalado órgano, para poder determinar si aquéllos resultan fundados para proceder a esa decisión, quedando prohibido extender el examen de la resolución recurrida a cuestiones no planteadas en los motivos de inconformidad, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Por lo cual resulta obvio que la resolución de segunda instancia debe contener el estudio completo de los motivos de disenso hechos valer por la parte apelante, pues éstos constituyen la materia de la alzada, de ahí que no es aceptable legalmente que en la misma se exprese que la resolución de primer grado debe confirmarse, sin que antes se funde y motive el sustento de su decisión. Ahora bien, una vez examinado el acto reclamado se advierte que la resolución de no vinculación a proceso dictada por la Juez de Control, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 279/2018, de acuerdo a la observación de audio y video de los discos versátiles se sustentó en las ideas que a continuación se relacionan: ? Que de los datos de prueba que aportará la Fiscalía, consideró que el elemento consistente en quien ejerza violencia patrimonial, no se actualiza, aun cuando se cuenta con la denuncia formulada por CUAUHTEMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, la entrevista de Daniel Alfredo Sigüenza Domínguez, la factura del vehículo marca Mercedes Benz, modelo 2008, color negro, placas de circulación YJV-6697 afecto; peritaje en materia de daños y avalúo practicado a dicho vehículo y quince notas periodísticas. ? Datos a los que no se otorgó valor probatorio, sumados a los demás datos de prueba, en términos de los preceptos 259, 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no resultar idóneos, ni pertinentes, mucho menos suficientes para justificar que se ejerció violencia patrimonial al agraviado. ? Debido a que la violencia patrimonial consiste: a quien realice actos que afecten los bienes comunes de la pareja. ? Que si bien existió un daño como se aprecia del dictamen pericial de avalúos de daños; que a la fecha de los hechos se encontraban legalmente casados (imputada y ofendido), lo que se corroboró con el acta de matrimonio, por lo que, todo lo que se adquiera dentro de él, le pertenecerá a ambos, lo cierto es, que no existe dato de prueba que acredite que dicho automóvil era parte de los bienes en común, únicamente que era propiedad del agraviado. ? Así, concluyó la Juez que no se puede decir que la imputada haya ejercido violencia patrimonial sobre su conyugue en ese entonces, ya que de modo alguno está justificado que ese deterioro que sufriera el vehículo, perteneciera a ambos como pareja, y que dicho daño haya provocado no satisfacer alguna de las necesidades del que se dice pasivo, ya que ese tipo de violencia se caracteriza en que dicha destrucción implique un daño a la supervivencia de la víctima. ? Por lo que, no se entró al estudio de la probable participación de la imputada en su comisión, al no actualizarse los elementos normativos del tipo penal que integran el delito de violencia familiar, en su modalidad de violencia patrimonial, previsto y sancionado en términos del artículo 154 bis del Código Penal del Estado de Veracruz. ? De la misma manera, la Juez de proceso, consideró que en cuanto al delito de daños, de los datos de prueba aportados por la Fiscalía, estimó que no se actualizó el elemento consistente en quien en perjuicio de un tercero, por cualquier medio destruya o deteriore una cosa total o parcialmente ajena. ? Lo anterior a pesar de que se cuenta con la querella de CUAUHTEMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, la entrevista de Daniel Alfredo Sigüenza Domínguez; factura del vehículo marca Mercedes Benz, modelo 2008, color negro, placas de circulación YJV-6697 afecto; peritaje en materia de daños y avalúo practicado a dicho vehículo y quince notas periodísticas. ? Datos de prueba que al valorarlos en términos de los preceptos 259, 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no acreditan el elemento en estudio, porque si bien existe un resultado material, lo que se justificó con el avalúo de daños del vehículo afecto; que el propietario de dicho vehículo es el agraviado y que los hechos acontecieron el veintidós de marzo de dos mil quince, aproximadamente a las dos horas con treinta minutos, afuera de la inmediaciones del bar denominado "Verice", ubicado en calle Zempoala esquina Murillo Vidal, Xalapa, Veracruz. ? Sin embargo, dicho agraviado no fue presencial de los hechos, pero refirió que su chofer de nombre Anastasio le comentó que Armida Adriana le acababa de pegar a su coche; pero de los datos de prueba narrados por la Fiscalía no existe dicho testimonio. ? Y si bien se cuenta con la entrevista del testigo de cargo Daniel Alfredo Sigüenza Domínguez, quien señala de manera directa a la imputada como la persona que desplegó la conducta conforme a los hechos antes narrados. ? Dijo la Juez, que de dicho dato de prueba, no se puede establecer cómo es que la imputada daño la unidad vehicular propiedad del pasivo, al no establecerse cuál era la posición del vehículo de la imputada y menos del pasivo, pues refirió que se le fue encima y luego volvió a echarse de reversa, y los daños que presentó el vehículo fueron fascia trasera, moldura y fascia con un costado izquierdo con hundimiento y desprendimiento de pintura; por lo que, no se puede establecer que concuerde con la narración de los hechos que realizara dicho testigo Daniel Alfredo Sigüenza Domínguez, además, de que no precisó las circunstancias de modo, por lo que su dicho resulta aislado. ? Que además, se dijo que la imputada le pegó a otro vehículo, y si fuera así, existiría otra querella, lo que no se evidenció de los datos probatorios aportados por la Fiscalía; máxime que no existe dato de prueba que acredite que la imputada fuera propietaria de una camioneta Durango. ? Por lo que, no se entró al estudio de la probable participación de la imputada en su comisión, al no actualizarse los elementos del delito de daños, previsto y sancionado por el artículo 226 del Código Penal del Estado de Veracruz. ? Así, se dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Armida Adriana Ramírez Corral, al no haberse acreditado los hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de daños y violencia familiar en la modalidad de patrimonial, cometidos en agravio de CUAUHTEMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ (fojas 43 a 53, tomo de pruebas). Inconforme con el contenido de esa determinación, el ofendido CUAUHTEMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, interpuso recurso de apelación a través del escrito de tres de diciembre de dos mil dieciocho, en donde expuso como agravios lo siguiente: 1. Que se viola lo dispuesto por los artículos 8, 14 y 16 de la Carta Magna, en relación con los numerales 154 bis y 226 del Código Penal del Estado de Veracruz, 316 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el a quo señala que no existen medios de prueba para acreditar el ilícito de violencia familiar en su modalidad de patrimonial. Sin embargo, el a quo pasó por alto que en el nuevo proceso la audiencia inicial que contiene la imputación-declaración del imputado-vinculación a proceso y medidas cautelares, hasta la emisión de la vinculación, es un todo. 2. En el caso, la Fiscalía hizo una exposición detallada de los medios de prueba que integran los elementos del ilícito y los indicios razonables del hecho punible, probabilidad de comisión o participación del imputado. 3. De las manifestaciones vertidas por la Fiscalía y el asesor jurídico se arribó al hecho de que el imputado con base al principio de contradicción no negó los hechos que se imputaban, es decir, nunca negó que con una camioneta tipo Durango, color negro, el veintidós de marzo de dos mil quince, sobre la calle Zempoala casi esquina con Murillo Vidal, en esta ciudad, alrededor de las dos horas con treinta minutos de la madruga, haber impactado en tres ocasiones la parte trasera del vehículo Mercedes Benz, color negro, propiedad de CUAUHTEMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, causándole daños. 4. Tampoco negó la imputada que el veintidós de marzo de dos mil quince, ya no fuera esposa de CUAUHTEMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, tampoco negó la imputada que el día de los hechos no haya visto a Daniel Alfredo Sigüenza Domínguez, testigo que hizo una imputación directa en su contra. 5. Que al no controvertir los hechos, la imputada consintió la realización de los mismos en los términos expresados por la Fiscalía y asesor jurídico, reconociendo haber impactado con una camioneta Durango negra que conducía, el vehículo propiedad de CUAUHTEMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, en más de una ocasión, ocasionado daños al mismo; y que esos daños se realizaron estando unida en matrimonio con el ofendido. 6. Con base en lo anterior, es incorrecto el criterio del a quo al señalar que no se da la violencia, cuando el numeral 154 bis del Código Penal del Estado de Veracruz, señala las hipótesis cuando existe violencia familiar. 7. La violencia señala el a quo de índole patrimonial solo recae sobre bienes que sean de ambos, lo cual no es correcto, la violencia con base al Código Penal se define como el actuar mediante el uso de a fuerza o instrumentos, acción o inacción, que define una interacción de los sujetos, directa o indirectamente entre los mismos para causa una afectación. 8. En el caso, la violencia ejercida por la imputada es una acción mediante el uso de un medio mecánico para causar un daño a un bien patrimonial del pasivo. Que el artículo 323 Quater del Código Civil de la Ciudad de México, refiere que se entiende como integrante de la familia a la persona que se encuentra unida a otra por una relación de matrimonio. 9. Que estima indebido el criterio del Juzgador de primer grado al limitar en su contexto el aspecto de violencia a la adquisición de bienes en conjunto, cuando existen codificaciones que han definido en forma detallada los elementos de una violencia de índole económica, que son menoscabo o destrucción de bienes del conyugue, no sólo los adquiridos en conjunto sino unilateralmente por cada conyugue. 10. El criterio del a quo, en donde determina que no existiría violencia familiar en aquellos conyugues que se encuentren casados bajo la separación de bienes; se estima incorrecto; porque el ilícito de violencia familiar sus elementos se encuentra satisfechos, ya que las circunstancias de tiempo, modo y lugar que narra fueron referidos como datos de prueba por la Fiscalía en la audiencia inicial al formularse imputación y ratificados, y por el asesor jurídico quien detalló dicho datos de prueba, detallando el lugar, hora y modo de ejecución del hecho punible y la participación del imputado, siendo indicios razonables para la emisión del auto de vinculación. 11. En relación al delito de daños señala el a quo que no se acreditó el modo de ejecución, sin embargo, en el momento de la imputación, se determinaron los elementos de modo de los daños efectuados, elementos que fueron reiterados por el asesor jurídico en su exposición; que en materia penal no existe una forma determinada del ofrecimiento de prueba con formalismos, por lo que, una exposición sencilla y aspectos relevantes de su contenido, son elementos necesarios mínimos para su valoración por parte del juzgador (agraviado narra los hechos). 11. El criterio del a quo de restarle valor al testimonio de Daniel Alfredo Sigüenza Domínguez, es indebido, ya que con base al principio de contradicción la imputada y su defensa en ningún momento negaron lo manifestado por el testigo, lo que le da pleno valor probatorio, pues no ofrecieron medio alguno para desvirtuar el dicho y señalamiento directo en contra de la imputada. 12. Que al restarle valor a la manifestación del testigo porque existieron dos vehículos dañados y no se cuenta con la denuncia del segundo vehículo; el delito de daños al ser querellable es un derecho del tercero presentar o no la denuncia o cobrar o no el daño ocasionado a su bien, pero el aspecto de la existencia o inexistencia de denuncia en nada debe influir en restarle valor alguno al dicho del testigo Daniel Alfredo Sigüenza Domínguez. 13. El a quo hace una valoración de los datos de prueba en forma inequitativa, ya que para los elementos de integración de la vinculación refiere que no se aportaran datos de prueba por la fiscalía y no invoca los datos de prueba ofrecidos y referidos en la imputación, pero para señalar que no debe tenerse en cuenta el dicho del testigo, el a quo sí invoca la existencia de dos vehículos dañados, y que no existe la querella de uno de ellos, cuando la existencia de dos vehículos dañados fue referida por la fiscalía en el momento de la imputación; por lo que estima incorrecta la valoración de los datos de prueba en su perjuicio. 14. El ilícito de daños se encuentra debidamente acreditado, ya que el pasivo acreditó la propiedad del vehículo dañado con la factura, el daño efectuado por la imputada, contándose para ello con el dicho del testigo Daniel Alfredo Sigüenza Domínguez, y el dictamen en materia de daños; elementos que por sí mismos contraen indicios razonables de la realización del hecho punible y su comisión por parte del imputado (fojas 57 a 60, tomo de pruebas). Al abordar el estudio de los agravios en la resolución reclamada de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dentro del toca 283/2019, la Tercera Sala responsable de manera somera los resumió y contestó de la siguiente manera: (.) Ahora bien, tocante al AGRAVIO PRIMERO formulado por el agraviado CUAUHTÉMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, consistente a que la violencia señalada por la A quo de índole patrimonial solo recae sobre bienes que sean de ambos; al respecto cabe decir que no le asiste la razón a dicho apelante, ya que para que el ejercicio de la violencia se actualice, es requisito fundamental que la misma sea de manera reiterada y no aislada, es decir, varias agresiones en contra del esposo, cónyuge, etc., pues un evento, en el caso concreto, trae como consecuencia diverso antijurídico al que aquí se ventila; de ahí la inoperancia de tal motivo de inconformidad. Por cuanto hace a los AGRAVIOS SEGUNDO Y TERCERO, correspondientes a que los elementos de modo de los DAÑOS fueron debidamente detallados y referidos, tanto por la Fiscalía y por el Asesor Jurídico, así como haberle restado valor a la expresión de Daniel Alfredo Sigüenza Domínguez; dichas inconformidades devienen inoperantes, toda vez que la Juez de Control de ninguna manera transgredió el principio rector de la valoración de la prueba, contemplado en el artículo 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado a que al dictar su resolución, asignó valor y alcances demostrativos a todos y cada uno de los datos probatorios ofrecidos en la audiencia, incluso escuchó y ponderó las manifestaciones realizadas tanto por la Fiscalía como por la Defensa en la audiencia respectiva, al grado de pronunciarse conforme a Derecho correspondía. De igual forma, la A quo se apegó a los estipulado por los numerales 316 y 317, del ordenamiento procesal penal aplicable, ya que motivó y justificó en todo momento su actuar jurisdiccional, tal y como que se aprecia en el respectivo audio-video, esto es, realizando el estudio de todos y cada uno de los datos de prueba ofertados, mismos con los que si bien indebidamente no justificó el hecho que la Ley señala como delito de DAÑOS, lo cierto y más importante lo es que no se justiprecia que la entonces imputada cometiera o participara de manera dolosa en el ilícito en mención, tan es así que se advirtieron serias inconsistencias o discrepancias en las circunstancias de modo narradas por el pasivo y el testigo de cargo, en relación con lo vertido en el dictamen de avalúo de daños practicado al vehículo automotor dañado, mismas que fueran analizadas en el apartado correspondiente. (.) (foja 110, tomo de pruebas). De las anteriores consideraciones transcritas se observa que la Sala responsable, al emitir el acto combatido, lo realizó de manera deficiente, al no dar contestación en forma fundada, motivada, congruente y exhaustiva a cada uno de los agravios referidos por el quejoso, al promover el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que con las manifestaciones que plasmó someramente, en modo alguno da respuesta a cada uno de ellos. Se explica, del contenido de la resolución reclamada se aprecia que la Sala responsable, al abordar el estudio de los agravios hechos valer por el agraviado CUAUHTÉMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, apuntó que eran parcialmente fundados, pero inoperantes. Lo anterior, al considerar que contrario a lo que sostuvo la Juez de Control, el hecho que la Ley señala como delito de daños, sí se tiene por justificado, más no la probabilidad de que la imputada lo haya cometido, de acuerdo a los datos de prueba que relató y argumentos que ahí dejó establecidos. Asimismo, la Sala responsable avaló correcto el proceder de la Juez de Control, al indicar que la totalidad de los datos probatorios ofrecidos si bien fueron suficientes y pertinentes para verificar los elementos conformadores del ilícito de violencia familiar, consistentes en: a) Dentro o fuera del domicilio familiar y, b) La calidad específica del pasivo, lo cierto es que no se colmó el ejercicio de cualquier tipo de violencia (patrimonial). Lo que estimó la Sala, al señalar que durante el desarrollo de las audiencias respectivas, se evidenció que la Fiscalía al formular la imputación fue genérica y no exaltó circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se verificaron las conductas violentas y constantes que tutela el hecho delictivo, sin que pase inadvertido que en el nuevo sistema de justicia adversarial, se establece un estándar probatorio mínimo. Sin embargo dijo, tal criterio no justifica las omisiones realizadas por el Órgano Técnico Acusador para demostrar la apariencia de hechos que la Ley señala como delitos. Pues sostuvo la Sala, que la Fiscalía perdió de vista que la violencia es el despliegue de conductas activas u omisivas de forma reiteradas que causan un daño o alteración a un tercero, lo que no acontece, pues el denunciante solo establece un evento aislado, que puede encuadrar en diverso ilícito. Además, agregó que no obra dato probatorio que dilucide que el objeto mueble -automóvil- sobre el que recayera la conducta destructiva sea parte de los bienes en común o más aún, con tal deterioro se haya provocado la insatisfacción de algunas de las necesidades del pasivo o de su propia supervivencia; y consideró innecesario entrar al estudio de la probabilidad de la imputada en su comisión. Como se ve, la Sala responsable al abordar el estudio de la resolución apelada, al asumir jurisdicción por estimar incorrecto el criterio de la Juez de Control, introdujo nuevos argumentos, por tanto, estaba obligada a dar contestación a cada uno de los agravios que hizo valer el apelante de acuerdo a las razones que sostuvo al tener por acreditados cada uno de los elementos corpóreos del hecho que la ley señala como delito de daños, no así la probabilidad de que la imputada lo cometió. Máxime que el peticionario de amparo sí expuso argumentos encaminados a rebatir esas consideraciones. Y en cuanto al delito de violencia familiar, al confirmar las razones que dio la Juez de Control, para no tener por acreditado uno de los elementos corpóreos del delito, lo cierto es, que no dio tampoco contestación a cada uno de los agravios que hizo valer el quejoso en torno a ese hecho delictivo, que si fue rebatido y no contestado de manera directa, sino que fue bajo diverso argumento como quedó transcrito líneas anteriores. Así, se tiene que al analizar las constancias remitidas por el Tribunal responsable se advierte que no fueron contestados de manera exhaustiva y en su totalidad los argumentos que como agravios hizo valer el aquí quejoso, conforme a las consideraciones que sostuvo la responsable al reasumir jurisdicción en torno a la resolución que decretó el auto de no vinculación a proceso sometida a su consideración. Lo que es a todas luces violatorio a los principios de congruencia y exhaustividad que toda determinación jurisdiccional debe contener. De ahí que se considere incorrecto que la autoridad responsable resolviera el recurso de apelación en la manera en que lo hizo, esto es, analizando lo determinado por la Juez responsable en el auto de no vinculación a proceso, reasumiendo jurisdicción, pero sin dar contestación a la totalidad de los agravios hechos valer por el quejoso, circunstancias que exige el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales al momento de emitir la resolución correspondiente al recurso de apelación. Entonces, corresponde al tribunal de segunda instancia resolver el recurso de apelación hecho valer por la ofendida, a través del análisis comparativo de la totalidad de los agravios expresados por el apelante con los fundamentos de la resolución recurrida, explicando a suficiencia las razones que justifiquen su determinación, dado que esta potestad de amparo está imposibilitada para revisar la constitucionalidad del acto, si se desconocen los motivos legales que el tribunal responsable tuvo para pronunciar su decisión. Por el principio que las rige, resultan aplicables las tesis aisladas de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, consultables en el Semanario Judicial de la Federación, volúmenes 71, 115-120 y 157-162, todas de la segunda parte, materia penal, Séptima Época, páginas 13, 34 y 15, respectivamente, de rubro: AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SU FALTA DE ESTUDIO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS Y HACE INNECESARIO RESOLVER ACERCA DE LOS DEMÁS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. FALTA DE ESTUDIO. AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS. En consecuencia, en razón a la deficiencia destacada, procede CONCEDER AL QUEJOSO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, al haberse vulnerado los derechos fundamentales y garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 Constitucional. QUINTO. Efectos de la sentencia de amparo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se determina con precisión que se concede el amparo a CUAUHTEMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, para el efecto de que los Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realicen lo siguiente: a) Dejen sin efecto la resolución de veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca 283/2019-A. b) Y pronuncie otra en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que estime procedente, pero deberá purgar los vicios y deficiencias de dicho acto, es decir, deberá resolver en forma congruente y exhaustiva, realizando el estudio comparativo entre las consideraciones en que descansa el auto de no vinculación recurrido y los argumentos que exponga al reasumir jurisdicción, con los agravios hechos valer por el disidente para atacar esa decisión, y resolver con plenitud de jurisdicción sobre el particular. Finalmente, cabe destacar, que en la presente sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, ya que en lo que en ellos se interpreta, no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. SEXTO. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SÉPTIMO. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deberá de entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a CUAUHTEMOC MAURO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, contra el acto reclamado atribuido a la autoridad señalada en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el decisorio cuarto y para los efectos precisados en el diverso quinto. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. Como está ordenado en el considerando último, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy diez de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe. JESA/MFPD/MPH

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,087 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano