Armando Villareal Navarro

Expediente 426/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
426/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Armando Villareal Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de julio de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia de fecha quince de junio de dos mil veintitrés; sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el antepenúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, remítase a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 22 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana. Pruebas. Respecto a las pruebas documentales que ofrece la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo y las remitidas por la junta responsable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual motiva decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, en razón de que la parte quejosa reclamaba de la responsable la omisión de acordar la admisión del incidente de liquidación, mismo que fue promovido el veinte de octubre de dos mil veintidós, pero de las referidas constancias se aprecia que cesaron los efectos del acto reclamado, en razón de que el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, emitió un auto en donde admitió a trámite el incidente y citó a las partes a la audiencia incidental, determinación que fue notificada al peticionario del amparo el tres de mayo de dos mil veintitrés; asimismo agrega copia de la referida audiencia, de la que se advierte que compareció el apoderado legal de la parte actora, aquí quejosa. Improcedencia del juicio de amparo. Como cuestión previa y en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción XXI. El precepto invocado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción del arábigo citado, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la omisión de acordar la admisión del incidente de liquidación, mismo que fue promovido el veinte de octubre de dos mil veintidós, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Es así, ya que del informe justificado enviado por la responsable, así como de las constancias allegadas en apoyo al mismo, se advierte que el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, emitió un auto en donde admitió a trámite el incidente y citó a las partes a la audiencia incidental, determinación que fue notificada al peticionario del amparo el tres de mayo de dos mil veintitrés; incluso la referida audiencia ya fue celebrada con la comparecencia del apoderado legal de la parte actora, aquí quejosa. En tales condiciones, al haber acordado lo relativo a la admisión del incidente de liquidación, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues con aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, se actualiza la referida causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con fundamento en la fracción V, del precepto 63 de la legislación invocada, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio por el acto antes reclamado. Sin que sea obstáculo a lo anterior que la parte quejosa también señale como acto destacado el que la autoridad responsable cumpla con todos y cada uno de los plazos y términos subsecuentes al acto reclamado, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, para cada una de las etapas del juicio laboral, hasta dar cumplimiento al laudo; sin embargo, ello no puede ser materia de análisis en el presente juicio de amparo, dado que las violaciones procesales de esta naturaleza (omisiones que paralizan el procedimiento) se deben analizar en la etapa en que se encuentra. Es aplicable al caso la tesis 2a. CV/2013 (10a.), que literalmente dispone: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y una vez que quede firme la presente determinación, archívese como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa ni sus abogados autorizados, compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la determinación de quince de junio de dos mil veintitrés, dictado en el Juicio de Amparo 426/2023-IV, del índice de este Juzgado. "...Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana. Pruebas. Respecto a las pruebas documentales que ofrece la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo y las remitidas por la junta responsable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual motiva decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, en razón de que la parte quejosa reclamaba de la responsable la omisión de acordar la admisión del incidente de liquidación, mismo que fue promovido el veinte de octubre de dos mil veintidós, pero de las referidas constancias se aprecia que cesaron los efectos del acto reclamado, en razón de que el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, emitió un auto en donde admitió a trámite el incidente y citó a las partes a la audiencia incidental, determinación que fue notificada al peticionario del amparo el tres de mayo de dos mil veintitrés; asimismo agrega copia de la referida audiencia, de la que se advierte que compareció el apoderado legal de la parte actora, aquí quejosa. Improcedencia del juicio de amparo. Como cuestión previa y en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción XXI. El precepto invocado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción del arábigo citado, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la omisión de acordar la admisión del incidente de liquidación, mismo que fue promovido el veinte de octubre de dos mil veintidós, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Es así, ya que del informe justificado enviado por la responsable, así como de las constancias allegadas en apoyo al mismo, se advierte que el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, emitió un auto en donde admitió a trámite el incidente y citó a las partes a la audiencia incidental, determinación que fue notificada al peticionario del amparo el tres de mayo de dos mil veintitrés; incluso la referida audiencia ya fue celebrada con la comparecencia del apoderado legal de la parte actora, aquí quejosa. En tales condiciones, al haber acordado lo relativo a la admisión del incidente de liquidación, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues con aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, se actualiza la referida causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con fundamento en la fracción V, del precepto 63 de la legislación invocada, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio por el acto antes reclamado. Sin que sea obstáculo a lo anterior que la parte quejosa también señale como acto destacado el que la autoridad responsable cumpla con todos y cada uno de los plazos y términos subsecuentes al acto reclamado, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, para cada una de las etapas del juicio laboral, hasta dar cumplimiento al laudo; sin embargo, ello no puede ser materia de análisis en el presente juicio de amparo, dado que las violaciones procesales de esta naturaleza (omisiones que paralizan el procedimiento) se deben analizar en la etapa en que se encuentra. Es aplicable al caso la tesis 2a. CV/2013 (10a.), que literalmente dispone: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y una vez que quede firme la presente determinación, archívese como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, once de mayo de dos mil veintitrés. Se remite recurso de revisión. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que la totalidad de las partes se encuentran debidamente notificadas del proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, al estar debidamente integrado el presente expediente, se ordena remitir el escrito original de expresión de agravios y los cuatro discos compactos que obran a resguardo, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, en Mexicali, Baja California, para la sustanciación de dicho medio de impugnación y una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional al que le corresponda conocer del mismo, se procederá la autorización respectiva a que refiere el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para la consulta del expediente electrónico por parte de la superioridad. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la constancia secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano