Armando Villar Tavera
Expediente 1252/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1252/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Armando Villar Tavera
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informa que aceptó la competencia del asunto. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. Como lo dispone el artículo 19 del ordenamiento mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible dentro del plazo de seis meses, pues es un cuaderno de antecedentes. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la demanda que promueve *****; contra actos del Juez Trigésimo Segundo Civil de la Ciudad de México y Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 1252/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: I. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario se ostenta como tercero extraño al expediente ... del índice del Juzgado Trigésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, y refiere no haber sido llamado a dicho procedimiento. Además reclama la ejecución de la orden de lanzamiento respecto del inmueble identificado como ..., Estado de México. Si bien en una parte señala que no se emplazó a ..., de la lectura integral del ocurso constitucional se advierte que únicamente lo refiere como contexto del reclamo, mas no como una intención de defender derechos de dicha persona, pues incluso señala que promueve por propio derecho. El acto se precisa en estos términos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." II. El suscrito carece de competencia por cuestión de territorio, para conocer del asunto por los motivos que a continuación se exponen: El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Tal precepto prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, se actualiza el primer supuesto de los citados; esto es, el que fija la competencia al Juez de Distrito del lugar en que deba y vaya a ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior es así, pues el quejoso señala como acto reclamado destacado la falta de emplazamiento al expediente ... del índice del Juzgado Trigésimo Segundo Civil de la Ciudad de México; crea en el suscrito el convencimiento de que la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, puesto que el lugar donde debería llevarse el emplazamiento, sería en el domicilio del quejoso, que se dice está en ..., Estado de México. En efecto, la omisión de ser llamado o la falta de emplazamiento no constituye una simple omisión, pues para los efectos del juicio de amparo, es un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber constitucional de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como al derecho de impartición de justicia pronta; máxime si se considera que en el caso, lo que alega el quejoso es la existencia de un litisconsorcio, lo que para integrarse requiere indefectiblemente de ser llamado. *Ante tal escenario, como ya lo definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento. Sirve de apoyo, se cita la tesis 2a./J. 17/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, en Materias(s): Civil, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." Luego, si en la especie, según lo narrado por el quejoso, su domicilio está fuera de esta ciudad, esto es, en el Estado de México; es claro que el emplazamiento tendría que realizarse en dicha entidad, en caso de probar los extremos que pretende, es decir, colmar la acreditación del litisconsorcio. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 19/2013 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Civil, que dispone: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTA QUE ALGUNA DE LAS PARTES NO FUE LLAMADA AL JUICIO NATURAL, OFICIOSAMENTE DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO. El litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser llamados a juicio todos los litisconsortes quienes, al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso, deben ser afectados por una sola sentencia. En ese sentido, cuando se interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada advierte que en el juicio hubo litisconsortes que no fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento debe mandar reponerlo de oficio, para que el juez de primera instancia los oiga y dicte una sentencia apegada a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, sobre la base de que debe protegerse en todo momento el derecho humano de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que el litisconsorcio constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede dictarse una sentencia válida, ya que involucra la protección de un derecho humano y la correlativa obligación de los jueces como autoridades a protegerlo, por lo que la carga procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional." Por lo expuesto, conforme a las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se está en presencia de que el acto reclamado debe materializarse en un distrito judicial distinto a éste. Entonces, para efectos del proceso constitucional biinstancial, rige el primer supuesto previsto por el artículo 37 Ley de Amparo, y por tal motivo, siguiendo la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; conforme al numeral invocado y en términos del acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe conocer de la demanda, un JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN TURNO. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 132, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VI, página 84, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra indica: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material." Asimismo, por analogía la jurisprudencia número 91 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el apéndice de 1985, parte VIII, página 142, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTICULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el numero VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase de inmediato la demanda con sus anexos al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN TURNO; a quien se requiere se sirva comunicar a este juzgado, en su oportunidad, si acepta o no la competencia planteada y, en su caso, acuse de recibo. Sin que haya lugar a decretar la suspensión, dado que por la naturaleza y origen del reclamo, no se actualiza el supuesto a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Amparo, que se refiere predominantemente a los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias necesarias. Se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, el quejoso refiere su intención de obtener notificaciones electrónicas; en ese sentido, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente y obtener notificaciones a través de la vía electrónica. El correo electrónico que refiere el peticionario quejosa únicamente será considerado para entablar comunicaciones no procesales, pues así lo dispone el artículo 22 del Acuerdo General citado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito declara CARECER DE COMPETENCIA para conocer de la demanda de amparo promovida por *******; contra actos del Juez Trigésimo Segundo Civil de la Ciudad de México y Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México. SEGUNDO. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada del escrito inicial de demanda y de la papeleta de recepción respectiva; y sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, remítase de inmediato al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN TURNO; para que de considerarlo ajustado a derecho, tenga a bien avocarse a su conocimiento. NOTIFÍQUESE.
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