Armando Villalva Hernández
Expediente 803/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Director de la Comisión Federal de Electricidad
- Armando Villalva Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte, transcurrió del dieciocho al veinticuatro del presente mes y año, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Armando Villalva Hernández, ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 2o. del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil vente a través de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Las consecuencias de la reanudación son las siguientes: Toda vez que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica la reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En caso de que sólo se encuentre pendiente la celebración de la audiencia constitucional, la reanudación del plazo a que se refiere el apartado anterior operará hasta que se notifique la nueva fecha para que tenga lugar. Exhortación a las partes Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Para ello deberán acatar lo establecido en el Acuerdo General 12/2020. De igual forma, se les invita a que proporcionen correos electrónicos o instrumentos de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. El contenido que se lleve a cabo a través de estos medios deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Atención al público Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Requerimiento Agréguese a los autos el escrito signado por Francisco Garrido Calderón, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y solicita se les requiera para tal efecto. Ahora bien, debe destacarse que los efectos del amparo precisados en dicha sentencia, constriñen a la autoridad responsable a que realice lo siguiente: "(.)que el Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, de manera inmediata cumpla íntegramente con todas y cada una de las obligaciones que derivan de la sentencia de nulidad de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la cual fue confirmada en el fallo de apelación de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, así como de la resolución de queja de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, la primera y la última dictadas en el juicio contencioso administrativo TJA-II-31804/2017, mientras que la segunda, en el toca de apelación 119403/2018. - - - Lo anterior se traduce en que la autoridad responsable realice lo siguiente: - - - Deje sin efectos el dictamen de pensión impugnado en el juicio de nulidad; y, - - - b. Emita uno nuevo, fundado y motivado, en el que determine la procedencia del otorgamiento de pensión solicitada por la parte quejosa." Por ello, y visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte la omisión de las autoridades responsables, previo imposición del apercibimiento decretado en autos, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 193, de la Ley de Amparo, se requiere a las siguientes autoridades: AUTORIDAD OBLIGADA SUPERIOR JERÁRQUICO Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Ese requerimiento es para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector y, en su caso, que ordenaron cumplir el mismo. En el entendido de que no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden al inferior jerárquico, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables, pueda formular e imponer, a fin de constreñirlo al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de lo contrario se hará acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), con rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito". Apercibidas las autoridades obligada y el superior jerárquico, que de no acatar lo ordenado: 1. Se les aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, con relación a los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo; esto es, se le impondrá multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización; 2. Se determinará por qué a juicio de este juzgado, no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, de conformidad con los artículos 193, párrafos primero, quinto, sexto; y, 195, de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades mencionadas, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por la *, por su propio derecho; contra actos del Director de la Comisión Federal de Electricidad y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 803/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Armando Villalva Hernández, ya que -como se explicara más adelante- se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que Armando Villalva Hernández reclama lo siguiente: El ajuste a la facturación y el excesivo pago de las cuotas de la tarifa final de suministro 01 (servicio doméstico), *de diecinueve de marzo de dos mil veinte, al domicilio de *. Antecedentes relevantes... Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo [interpretados en sentido contrario], que a continuación se transcriben:... Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, en el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Con base en lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamada no provenga de una autoridad, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto, pues aun cuando se aduzca una violación a derechos humanos, la eficacia horizontal de estos puede analizarse en vías ordinarias para conflictos entre particulares. Al respecto, debe decirse que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que, con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico, emitiendo actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. De ahí que una autoridad para efectos del amparo es la que -teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas-, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Sobre el particular, se tiene que el acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable en términos de los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Ley de Amparo, preceptos que consagran su procedencia contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo -decisión, ejecución o ambas-, o negativo -abstención u omisión-, que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas -ley-, que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquéllos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo necesariamente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, para establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, es necesario constatar si éste afectó directamente y de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado y si se impuso contra y sobre la voluntad de éste; adicionalmente y de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente. A partir de esas ideas, este órgano jurisdiccional estima que los actos reclamados por la parte quejosa no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la promovente acude en su carácter de usuario del servicio de suministro de energía eléctrica, a reclamar actos relacionados con ese servicio que se atribuyen a la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de empresa productiva del Estado, la cual actúa como particular en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica y por ende, sus actos se rigen conforme a la legislación mercantil. De tal manera que el presente juicio de amparo resulta improcedente, puesto que deriva de una relación de coordinación entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable. Para justificar lo anterior, se debe destacar que al resolver la contradicción de tesis 250/2017, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: "Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente:... Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." En ese sentido, actualmente subsiste el criterio de que el servicio de suministro energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad es un acto comercial que se ubica en el ámbito del derecho mercantil, ya que precisamente su contrato se ubica dentro de dicha naturaleza jurídica... Entonces, tenemos que si los actos reclamados se relacionan con la prestación de dicho servicio de suministro de energía proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la relación comercial entre la parte promovente con dicha empresa productiva del estado, dichos actos no pueden considerarse provenientes de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos relacionados o que deriven de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -como el señalado como reclamado- deben considerarse de naturaleza mercantil... En efecto, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos u omisiones con motivo de la prestación de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares; máxime que no tiene facultades para exigir coactivamente el cobro de sus tarifas por los servicios que presta. Así las cosas, toda vez que los actos señalados como reclamados no pueden ser considerados como provenientes de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, todos de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por *. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) hay pruebas documentales [copia del acto reclamado] que demuestran la naturaleza jurídica del acto reclamado; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Por tanto, este Juzgado de Distrito considera que concluir la improcedencia del juicio de amparo no se requieren mayores; máxime que existe jurisprudencia obligatoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exactamente aplicable que resuelve ese tema... Por esa razón, no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), en la que la propia Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el auto inicial de trámite no es el momento procesal oportuno para analizar si un acto es de autoridad o no. En efecto, en dicha jurisprudencia, la Segunda Sala del Máximo Tribunal señaló que para resolver si un acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, provenía de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia. No obstante lo anterior, para el dos de mayo de dos mil doce -cuando se estableció esa jurisprudencia-, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no había fijado un criterio sobre la procedencia del juicio de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, lo que justificó que estableciera el criterio de que esa situación no se podía dilucidar en el acuerdo inicial de trámite sino que se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia de fondo. Sin embargo, si con posterioridad la Segunda Sala del Alto Tribunal ya definió el problema jurídico, estableciendo sendas jurisprudencias como las 2a./J. 156/2017 y 2a./J. 30/2018, ya no subsiste la condición a la que estaba sujeta la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, toda vez que ya no se requiere el estudio exhaustivo ahí referido, pues en todo caso, ese estudio ya fue realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en la sentencia que se llegara a dictar en el fondo únicamente se aplicaría los criterios establecidos recientemente... En esas condiciones, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que el juicio de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente, ya que se reclaman actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, que actúa en una relación de coordinación con los particulares respecto de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica... Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Autorizados. Téngase por autorizado en términos amplios a *, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación a actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.
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