Armando Villalobos Reyes
Expediente 2926/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2926/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/05/2022
Partes del expediente
- Armando Villalobos Reyes
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de mayo de dos mil veintidós Vista el acta de entrega de cuenta suscrita por el actuario judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual, en cumplimiento al Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remite la demanda de amparo registrada con el número de juicio 8670/2021, de su índice, sin integrar, con motivo del oficio 11972/2021, del índice Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, al que se agrega el expediente 399/2021-VIII, de su índice, promovida por ************, por propio derecho, contra actos atribuidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades Ahora bien, visto el oficio 11972/2021, del índice Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, por el cual comunica el auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se declaró incompetente para conocer el presente juicio de amparo promovida por *********** y remitió los autos al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, y este, a su vez, lo remitió a este órgano jurisdiccional mediante acta de entrega de conformidad al Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Acúsese de recibo correspondiente vía interconexión, Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez AVOCAMIENTO DEL ASUNTO Y REGISTRO Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones 1 y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de amparo y en términos del Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, por lo cual, se ordena registrar el asunto con el número de expediente 2926/2022 Fórmese el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos le corresponda el presente asunto, que deberá dar fe en lo sucesivo de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad DETERMINACIÓN DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO De una interpretación integral de la demanda de amparo, se concluye que la parte quejosa señaló como acto reclamado, lo siguiente: La discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación, refrendo, publicación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil PANAUT, respecto de los artículos señalados en el escrito de demanda, así como la inminente aplicación Al respecto, a consideración del suscrito, debe desecharse el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de amparo, ante la falta de afectación a su interés jurídico, por los motivos que se exponen a continuación El artículo que establece la causa de improcedencia en cuestión prevé lo siguiente: "61 El juicio de amparo es improcedente: XII Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Del precepto reproducido se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causen perjuicio a la quejosa, es decir, que no le generen una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa interés jurídico o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico interés legítimo Aunado a lo expuesto, es conveniente precisar que, tratándose de normas de carácter general, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la distinción de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas se establece en términos del concepto de individualización condicionada o incondicionada, es decir, la característica que puede tener una norma jurídica, de cobrar aplicación en la esfera jurídica de su destinatario desde el momento de su entrada en vigor individualización incondicionada, o bien, hasta que se produzca un acto necesario para que el ordenamiento jurídico adquiera su individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal individualización condicionada En ese sentido, una ley se considerará autoaplicativa cuando las obligaciones que de ella deriven nacen desde la entrada en vigor de ésta, independientemente de que no se actualice condición alguna, y en tal virtud, el juicio de amparo podrá ser promovido desde tal instante, pues se trata de disposiciones que, acorde al imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento inmediato, en razón de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho Por otra parte, cuando la aplicación jurídica o material de una norma está sometida a la realización de un hecho futuro incierto, ésta tendrá el carácter de heteroaplicativa, ya que las obligaciones de hacer o no hacer no surgen de manera inmediata por la entrada en vigor de tal disposición, sino que requieren un acto diverso que condicione su aplicación y, en consecuencia, será hasta este momento en que la esfera jurídica de la quejosa se vea afectada Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P/J 55/97 9ª y la tesis aislada 2a XIX/96 9ª registros 198200 y 200627, cuyos rubros son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA" "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA" Ahora bien, de la revisión a la red de información y comunicaciones del Poder Judicial de la Federación, concretamente en la página electrónica accesible vía intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, la Ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández se pronunció sobre la afectación que pudiera generar el decreto aquí impugnado con motivo de su entrada en vigor, en los términos siguientes: Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno Sin embargo, aun partiendo de dicha interpretación, en el caso no se satisfacen los supuestos excepcionales para conceder la suspensión, porque el posible daño a los derechos humanos invocados por los accionantes, como lo son, entre otros, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales relacionados con la identidad de las personas, a la presunción de inocencia y al uso de las tecnologías de la información, no se actualiza a partir de la vigencia de la norma En efecto, de acuerdo con el régimen transitorio del decreto impugnado, si bien esas normas entraron en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de abril del presente año sic, lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta, primero, a la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto artículo transitorio tercero, párrafo primero el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todas y todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea y los datos biométricos Y segundo, al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos artículo transitorio cuatro, párrafo primero; y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil artículo transitorio quinto En este sentido, y toda vez que los promoventes hacen depender el otorgamiento de la suspensión de la afectación a los derechos humanos precisados y esta afectación no se resentirá de manera inmediata a partir de la expedición del decreto cuya invalidez se solicita, dado que éste se produciría, en su caso, a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados, en consecuencia, no se actualizan los supuestos excepcionales precisados por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conceder la suspensión solicitada en este medio de control constitucional Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que varíen las circunstancias valoradas en este auto para negar la suspensión, dicha medida cautelar pueda ser nuevamente analizada De la transcripción que antecede se advierte lo siguiente: El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no es susceptible de causar perjuicio con motivo de su sola vigencia Lo anterior, ya que si bien, conforme a su régimen transitorio, dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta: 1 A la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto artículo tercero transitorio, párrafo primero el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población CURP del titular de la línea y los datos biométricos 2 Al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto impugnado para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos artículo cuarto transitorio, párrafo primero; y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el mencionado decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil artículo quinto transitorio Derivado de lo anterior, la posible afectación que pudiera generar el decreto impugnado a sus destinatarios no es susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados En el caso, se reitera que la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo en contra del Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, -con motivo de la sola entrada en vigor-, de ahí que se estime que dicha norma de carácter general no genere perjuicio con su sola expedición Cabe destacar, que conforme a lo expuesto en la demanda de amparo, la pa0rte quejosa reclama de forma precisa, entre otros, el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el que se establece, en esencia, lo siguiente: 1 Se obliga a todos los titulares de las líneas telefónicas móviles "celulares" a registrar sus datos biométricos, bajo pena de cancelar la línea y no acceder a los beneficios de la misma 2 Se faculta a las compañías telefónicas privadas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para recabar, obtener e ingresar los datos personales biométricos al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada con antelación, ya que el decreto controvertido no genera perjuicio a la parte quejosa, con motivo de su entrada en vigor Así se afirma, ya que la posible afectación que pudiera generar el acto reclamado a la parte quejosa no es susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino en el momento en que se esté en aptitud de proporcionar la información establecida en el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados en los artículos tercero y cuarto transitorio del mencionado decreto, los cuales disponen lo siguiente: Tercero El Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del presente Decreto, deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente Decreto La no emisión de las disposiciones de carácter general en el plazo referido en el párrafo anterior, dará motivo a responsabilidad administrativa para los integrantes del órgano de gobierno del Instituto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas Cuarto En el caso del registro de líneas telefónicas móviles, en cualquiera de sus modalidades, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, contarán con un plazo de dos años a partir de su publicación para cumplir con las obligaciones de registro a que se refiere el presente Decreto El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, durante el plazo de dos años a que hace referencia el párrafo anterior, deberán realizar una campaña de información dirigida a sus clientes, con la anticipación que les permita cumplir con su obligación de registrar y actualizar sus datos Para tal efecto los usuarios deberán presentar ante el concesionario o autorizado de que se trate la tarjeta SIM, así como la documentación fehaciente a que hace referencia el artículo 180 Ter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión o a través de los medios tecnológicos que faciliten a los usuarios el registro También deberán ser informados de que, en caso de no realizar dicho trámite dentro del plazo señalado, se les cancelará la prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil de que se trate, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna Transcurrido el plazo señalado para el registro de titulares o propietarios de las líneas telefónicas móviles, el Instituto solicitará a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes Aunado a lo anterior, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que de la página oficial electrónica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a saber http://wwwiftorgmx/, a la presente data, no se han emitido las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno Lo anterior sucede así, con motivo de la suspensión concedida en la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, emitida en la controversia constitucional 71/2021, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT, determinación que fue confirmada mediante diversa resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de reclamación 61/2021-CA, del índice de dicha Sala, dichas determinaciones resultan un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por disposición expresa de su artículo 2 Esto es, con motivo de la suspensión concedida en dicha controversia constitucional, se determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT no debe emitir las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido, lo anterior, hasta en tanto se verifique la constitucionalidad de dicha porción normativa, de ahí que al día de hoy, aún no se hayan emitido las disposiciones de carácter general en comento En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que, a la fecha de presentación de la demanda veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el decreto reclamado no es susceptible de causar perjuicio a la parte quejosa, al no haberse satisfecho las condiciones y plazos previstos en los artículos tercero y cuatro transitorios citados De igual forma se precisa, que el suscrito no desconoce el criterio establecido en la jurisprudencia 1a/J 32/2005, de rubro: AMPARO CONTRA LEYES NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA"; sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable en el caso, ya que para definir si los preceptos reclamados generan perjuicio a la parte quejosa con su sola entrada en vigor, no resultó necesario realizar una interpretación o análisis profundo de su texto, lo cual es propio de la sentencia de amparo, sino únicamente imponerse del contenido de las normas transitorias que integran el decreto controvertido La presente determinación, también tiene como sustento lo resuelto en las sentencias siguientes: La dictada en el recurso de queja QA 366/2021, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno La dictada en el recurso de queja QA 431/2021, por el Primer Tribunal Colegiado de circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de uno de julio de dos mil veintiuno Sin que pase inadvertido que la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte para acreditar la aplicación de la normatividad que reclama las siguientes: *************** Las anteriores documentales, merecen valor probatorio en términos de los artículos 133, 197, 203 y 210-A; y demás que resulten aplicables en materia probatoria del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2 y artículo 3, fracción V del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, con la que se acredita, que la quejosa es usuario de los números telefónicos que refiere más no así que con la sola expedición de la norma se realizó una afectación a su interés jurídico Esta situación corrobora la inexistencia de una afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa con la sola entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil PANAUT, respecto de los artículos señalados en el escrito de demanda, porque su sola vigencia, como se explicó, no trasciende de modo inmediato sobre la esfera jurídica de los sujetos de derecho a se encuentran dirigidos, sino que es menester esperar a que se actualice la condición en ellos establecida para entender materializado así el perjuicio que permite la procedencia del amparo contra leyes Resulta aplicable, por analogía de razón, la jurisprudencia VII2oC J/20, de rubro: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNAN COMO AUTOAPLICATIVOS LOS ARTÍCULOS 25 BIS, 98 TER Y 113 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA" En consecuencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa en el escrito de demanda, se desecha el presente juicio de amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Atento a la certificación de cuenta de la que se advierte que la clave de usuario a que se hace referencia en el escrito inicial de demanda, se encuentra debidamente registrada; por tanto con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35 y 55 de los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Armando Villalobos Reyes, registrado con la clave de usuario "************" la consulta vía electrónica de las constancias que integran el expediente en que se actúa, asimismo, se ordena que las notificaciones a la parte quejosa se le practiquen vía electrónica En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE 20, a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló domicilio particular para oír y recibir notificaciones; sin embargo, a su vez, también solicitó que las notificaciones derivadas de este asunto se realizaran vía electrónica y para ello señalo los siguientes usuarios ""********** Atento a ello, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, indique a este órgano jurisdiccional, cuál es la vía que solicita para que se le practiquen las notificaciones en este juicio de amparo, ya sea la forma tradicional para oír y recibir notificaciones en el domicilio señalado o la vía electrónica; apercibido que de no precisar tal circunstancia, se continuarán realizando las notificaciones de manera electrónica, aun las de carácter personal, en el entendido que la presente notificación por las condiciones de la contingencia de salud que prevalece en el país con motivo del virus COVID-19, se realizará de manera electrónica Lo anterior, resulta en mayor beneficio para la parte quejosa, dado que de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y con el capítulo III, del Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la tramitación electrónica se erige como eje rector de los expedientes que se sustancian en los órganos jurisdiccionales Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I1oP35 K 10a, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo III, Materia Común, página 2366, registro: 2017925, de rubro: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE QUEJOSO O TERCERO INTERESADO INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR" Lo anterior se justifica, dado que el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de privilegiar la solución del conflicto por sobre los formalismos procesales, con miras a lograr la tutela judicial efectiva; debiendo considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1 la buena fe de las partes durante el proceso; 2 la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3 la seguridad jurídica en el sentido de predictibilidad, de ahí que el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas Además de que, en el mencionado precepto 17 de la Constitución General de la República, puntualiza que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales Por tanto, en estricto acatamiento al artículo citado, en los juicios o en los procedimientos relativos, todas las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, con la única limitante de que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos Apoya lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia I14oT J/3 10a, del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, febrero de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Común, página 2478, registro: 2019394, de rubro y texto: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES Asimismo, apoya lo anterior, en la parte conducente, la tesis IV Región 2o13 K 10a, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, Materia Constitucional, Común, página 1524, registro: 2016171, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO FRENTE A FORMALISMOS PROCEDIMENTALES Y SOLUCIONES DE FONDO DE LOS CONFLICTOSÉSTAS DEBEN PRIVILEGIARSE FRENTE A AQUÉLLOS, SIEMPRE QUE NO SE AFECTE LA IGUALDAD DE LAS PARTES, EL DEBIDO PROCESO U OTROS DERECHOS" UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De igual forma, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo TRANSPARENCIA OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 57 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, podrán oponerse a la publicación de sus datos informando tal circunstancia a esta potestad judicial para que se acuerde lo conducente JURISPRUDENCIA La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a/J 10/2016 10ª, de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA" DOMICILIO DEL JUZGADO Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que las subsecuentes promociones deberán estar dirigidas y ser presentadas en este órgano jurisdiccional auxiliar, o en su caso, en la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, cuyo domicilio se encuentra dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960 SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Ahora bien, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente FIREL y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil APP para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "wwwfirelpjfgobmx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral INE Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,142 expedientes
- Armando Romero Reyes2987/2019
- Armando Salvador Ferreti Zarate2379/2022
- Armando Sánchez Chavarria7/2022
- Armando Torres Herrera4124/2022
- Armando Vargas Ortiz2058/2017
- Armando Verdugo Valdez8564/2015
- Armida Fregoso Baltazar8695/2015
- Armida Virgen Avalos2134/2023
- Arminta Presno Juárez o Arminda Presno Juárez2916/2019
- Arnoldo Cuevas Valencia131/2023
- Arnoldo Quintero Ramirez631/2017
- Arnulfo Bonilla Campero y otros4496/2022