Armando Velasco Uribe
Expediente 1427/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1427/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Armando Velasco Uribe
- Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa y la agente del Ministerio Público adscrita no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó y se negó el amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 18, fracción I, inciso b) del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias, debiendo certificarse una vez que se cuente con los medios electrónicos, hecho lo cual, transcurridos TRES AÑOS, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que este expediente es susceptible de depuración. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1427/2021 y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el quince de octubre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y remitido el veinte siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, ******, por conducto de su apoderado legal *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra acto y autoridad que precisó en su demanda de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos, se desprende que la parte quejosa reclama: a) La omisión de notificar a las partes el auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se fijó nueva fecha para el verificativo de la audiencia de ley. b) La omisión de la autoridad de tramitar el juicio laboral 01/563/20 en los plazos y términos que marca la Ley Federal del Trabajo, toda vez que, en auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, a decir de la quejosa, se fijó una fecha lejana para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (diez horas con treinta minutos del uno de febrero de dos mil veintidós). TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primero debe analizarse y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, y por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. En ese sentido, se tiene que al rendir su informe justificado la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción, aceptaron la existencia de los actos reclamados. No obstante lo anterior, debe tenerse por inexistente el acto precisado en el inciso a), consistente la omisión de notificar a las partes el auto de nueve de septiembre dos mil veintiuno, por el que se fijó nueva fecha para el verificativo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; lo que es así, pues de la copia certificada que remitió la junta responsable como complemento a su informe justificado, se advierte que, al momento de la presentación de la demanda de amparo, que fue el quince de octubre de dos mil veintiuno, no existía la omisión en comento. En efecto, de las citadas constancias se desprende que el nueve y diez de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, -quince de octubre de dos mil veintiuno- la junta responsable notificó en la propia audiencia y por medio de lista el proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno a la parte actora y demandada, respectivamente; de tal manera que la omisión combatida resulta inexistente. En consecuencia, resulta procedente decretar el sobreseimiento en esta instancia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional" CUARTO. EXISTENCIA DEL DIVERSO ACTO RECLAMADO. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, primero se analizará y determinará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiaran las causas de improcedencia aducidas o sin serlo, se actualicen, y finalmente, de ser procedente el juicio, se analizará el fondo del asunto. En ese sentido, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que al rendir su informe así lo manifestó. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Las partes no hacen valer causa de improcedencia y esta juzgadora no advierte de oficio que se actualice alguna de ellas; de modo que como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede ocuparse del fondo del asunto. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Concepto de violación fundado pero inoperante. En principio, el concepto de violación formulado por el impetrante, respecto del acto reclamado precisado en el inciso b) del segundo considerado de esta ejecutoria de amparo es fundado pero inoperante. Ahora bien, previo a entrar al estudio del presente asunto, es preciso transcribir el artículo 17 de la Constitución Federal: "Artículo 17.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De su contenido se sigue que establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso; es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deriva que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional en consulta se advierte, que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. De igual modo, cabe destacar que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Por su parte, los ordinales 771 del código obrero en cita, dispone que los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario; asimismo, la fracción VIII, del numeral 878 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa, fija que al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Expuesto lo anterior, y ya teniendo un conocimiento más exacto y amplio de la garantía de prontitud en la impartición de justicia y de la manera en que ésta se encuentra inmersa en la ley que regula el procedimiento natural, toca ahora analizar la situación del caso concreto. En ese sentido, se tiene que la responsable ha vulnerado el derecho de prontitud en la impartición de justicia dentro del juicio natural, toda vez que en el caso que nos ocupa, dejó de observar lo establecido en los mencionados preceptos legales, pues mediante auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, fijó las diez horas con treinta minutos del uno de febrero del año en curso, para el verificativo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral de origen, fecha que efectivamente se encuentra fuera del plazo establecido en el citado código obrero para tal efecto. Lo que provoca que se conculque el derecho subjetivo público de justicia pronta y expedita de la impetrante de garantías, que concede a los particulares una garantía de que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que al efecto establecen las legislaciones aplicables a cada materia, lo que permite advertir que resulta fundado el concepto de violación esgrimido sobre el particular. No obstante ello, resulta inoperante dicho motivo de inconformidad para los efectos que se persiguen, como a continuación se demostrará. La fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como acontece en el caso concreto; pues la autoridad responsable ha señalado hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley, fuera de los parámetros establecidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, aún y cuando el señalamiento de la fecha fijada, para el desahogo de la citada audiencia excede el plazo dentro del cual debió fijarse, es de resaltarse, que se estima que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, respecto del señalamiento lejano para la celebración de la citada audiencia, a través de la cual el tribunal excedió el plazo que tenía para fijarla. Ello se considera así, pues si se toma en consideración que la presente resolución se notificará a las partes el día hábil siguiente al de su dictado, que lo es el trece de diciembre del año en curso, se debe tener presente que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para inconformarse contra esta determinación, transcurriría en el orden que corresponde del catorce de diciembre de dos mil veintiuno al diez de enero de dos mil veintidós (sin contar los días del dieciocho de diciembre del año que transcurre al dos de enero de dos mil veintidós y ocho y nueve de enero próximo, por ser inhábiles y en virtud de que la responsable gozara de su segundo periodo vacacional) por lo que al día siguiente se estaría en condiciones de pronunciar el acuerdo en el que se declare ejecutoriada la presente sentencia y en ese contexto, el doce de enero próximo, se notificaría a la autoridad responsable dicha determinación a efecto de que conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, siguiente diera cumplimiento al fallo protector, estando obligada la autoridad responsable a emitir el acuerdo respectivo a más tardar el diecisiete de enero de dos mil veintidós; y en consecuencia, a partir de esta fecha se encontraría en condiciones de señalar nueva fecha para celebración de la audiencia de ley, dentro de los diez días hábiles siguientes; plazo este último que evidentemente sería similar o superaría la fecha combatida. Cómputo anterior que resulta suficiente para poner de manifiesto que ningún fin práctico tendría el hecho de que se conceda el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente la hora y fecha ya fijada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, a saber, diez horas con treinta minutos del uno de febrero del año en curso, en virtud de que para cuando se hiciera exigible el cumplimiento de la ejecutoria, el plazo que tendría para hacerlo sería similar o superaría la fecha ya señalada, situación de la que se duele la parte quejosa; de tal suerte que como ya se precisó en líneas precedentes, de concederse el amparo para tal efecto, se daría pauta a la autoridad responsable, para que fijara una nueva fecha para el verificativo de la citada audiencia, aún más lejana, lo que desde luego implicaría un detrimento constitucional en perjuicio de la parte quejosa. Por tanto, es evidente que con ello de ninguna manera se conseguirá la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, como lo establece la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo; lo cual trae como consecuencia que el concepto de violación sea inoperante para el fin que fue propuesto, pues aún y cuando se concediera el amparo a la quejosa, ello le depararía mayor perjuicio. En consecuencia, al resultar ineficaces los conceptos de violación expresados, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó Armando Velasco Uribe, ante el impedimento jurídico demostrado, únicamente respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del segundo considerando de esta ejecutoria. SÉPTIMO. PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. En mérito de lo anteriormente fundado y con apoyo además en los artículos 61, 79, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ****, en contra del acto y autoridades precisados en el inciso a) del segundo considerando de esta sentencia, por las razones y fundamentos apuntados en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, en contra del acto y autoridades precisados en el inciso b) del considerando tercero de esta sentencia, por los motivos y fundamentos plasmados en el penúltimo de los mismos. TERCERO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que por auto de siete de octubre de dos mil veintiuno se requirió al Director del Centro de Reinserción Social Morelos a efecto de que informara si cuenta con los medios tecnológicos a su alcance y las condiciones necesarias para que el quejoso pueda estar presente en la audiencia constitucional, sin que obre en autos el informe requerido empero, tampoco obra constancia de notificación del oficio en el que fue requerida la autoridad responsable. Se comisiona al actuario. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado para que de forma inmediata notifique el oficio 2935/2021 a la autoridad mencionada. Asimismo, en el referido proveído se ordenó dar vista a la citada asesora jurídica con las manifestaciones que realizó la parte quejosa, en el sentido de que únicamente ha tenido una entrevista con su asesora jurídica designada, sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, dese vista a la citada asesora jurídica con las manifestaciones que realiza la parte quejosa, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el centro de reclusión en que se encuentra, así como a la asesora jurídica ***********, estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de la autorizada con facultades amplias de la parte quejosa, mediante el cual, desahoga la vista concedida en autos, realizando diversas manifestaciones sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; las que de ser procedentes, serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.
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