Armando Vázquez Pérez
Expediente 558/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Armando Vázquez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.
- Juicio de Amparo Directo
Se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria de amparo dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercero interesado, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto, como se hizo constar por este tribunal, en el diverso proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de quince de noviembre de dos mil dieciocho, este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado, y dicte uno nuevo, en el que:- 2. Con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la pensión de cesantía en edad avanzada y prestaciones accesorias, conforme a la Ley del Seguro Social vigente." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho dejó insubsistente el laudo reclamado, y el siete de enero de dos mil diecinueve, emitió un nuevo laudo en el que se pronunció respecto de la pensión de cesantía en edad avanzada y prestaciones accesorias, conforme a la Ley del Seguro Social vigente, pues al respecto refirió: "[.] Por lo que una vez que esta analizó las objeciones realizadas por el actor a la hoja de certificación de vigencia de derechos, se concluye que la mencionada hoja de certificación de vigencia de derechos cuenta con los elementos necesarios como lo son los números de registro de cada patrón que inscribió al trabajador al régimen obligatorio de la seguridad social, sus nombres, las fechas de alta y baja, numero de semanas cotizadas; es decir, contiene todos los antecedentes laborales y de registro de afiliación, cotizaciones y datos de los patrones para los que laboró el asegurado, datos todos que conducen a esta autoridad laboral a darle pleno valor probatorio a la multicitada hoja de certificación de vigencia de derechos, de la que se desprende entre otros datos un total de 1,312 semanas cotizadas por el actor al 06 de marzo de 1998; con una vigencia de derechos hasta el 18 de junio de 2004, lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 795 y 841 de la Ley Federal del Trabajo y de la siguiente jurisprudencia:- SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS (Se cita nota al pie de página) .- Ya que dicha documental es el medio idóneo para demostrar eso extremos sin que sea necesario adjuntar o exhibir los documentos de los que obtuvo la información en el contenida, con la diversa circunstancia de que dicha prueba en sí misma sea congruente con los datos que en ésta se contienen y cumpla con las exigencias necesarias para su validez, ya que ello habría sido conveniente siempre y cuando en autos existiesen elementos de prueba que eventualmente hayan puesto en entredicho la veracidad de los datos asentados en la certificación, situación que no aconteció pues el actor no ofreció prueba tendente a desvirtuar el contenido de dicha hoja de certificación de vigencia de derecho que tuvieran un valor probatorio pleno; además esta Junta no puede pasar por alto que las solas objeciones sin pruebas no son suficientes para brindarles eficacia probatoria, debido a que la objeción por si sola es insuficiente para privarla de valor probatorio, pues para ello sería necesario que la objetante acreditara la falsedad del documento con elementos de convicción idóneos. Desprendiéndose de la misma documental que el actor cuenta con sólo 1,312 semanas cotizadas hasta la fecha de baja al régimen obligatorio de la seguridad social, encontrándose fuera de su conservación de derechos al momento de cumplir con el requisito de la edad.- Desprendiéndose de la misma documental que el actor cuenta con 1,312 semanas cotizadas hasta la fecha de baja al régimen obligatorio del seguridad social, siendo que requisito de la edad, de autos consta que para ese efecto la actora ofrece la documental pública consistente en la documental pública consistente en copia certifica (sic) de acta de nacimiento del actor suscrita por el profesor ****, Oficial 01 del Registro Civil del Municipio de ***, de fecha 21 de septiembre de 2011, misma que obra en autos a foja 08 y a la cual se le concede pleno valor probatorio por tratarse de un documento público expedido en términos de los artículos 795 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, y de la cual se colige que el actor nació el día 27 de octubre de 1949, por ende, cumplió con el requisito de la edad con fecha 27 de octubre de 2009, por lo que a la fecha en que presentó su escrito inicial de demanda (08 de marzo de 2016), cumpliendo así el accionante con el requisito de la edad, en estricto acatamiento a la ejecutoria de mérito que se cumplimenta, se aclara que lo anterior, es, sin perjuicio de que en la hoja de certificación de derechos se desprenda que el periodo de conservación de derechos feneció el 18 de junio de 2004, en virtud de que no es aplicable el artículo 150 del mismo ordenamiento legal que prevé dicho concepto, ya que éste se encuentra dentro del Capítulo V, del Seguro de Invalidez y Vida, y se refiere únicamente a pensiones en los seguros de invalidez y vida, de manera que ese precepto legal excluye lo relativo al seguro de cesantía en edad avanzada, pues sólo incluye a las pensiones de invalidez y vida, lo anterior de conformidad con la tesis jurisprudencial siguiente:- SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JULIO DE 1997, QUE PREVÉ UN PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS EN MATERIA DE PENSIONES, ES INAPLICABLE PARA OBTENER LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, RESPECTO DE QUIENES SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN DE LA LEY ANTERIOR. (Se transcribe).- Por lo que respecta al tercero de los requisitos, consistente en la privación de trabajo remunerado, resulta que de las pruebas ofrecidas por el instituto demandado y todavía de las constancias de autos del expediente laboral en que se actúa, ninguna se encuentra encaminada a demostrar lo contrario de lo aseverado por la parte actora en la parte final del hecho número 2, de su escrito inicial de demanda, cuando afirma que se encuentra privado de trabajo remunerado por encontrarse desempleado, actualizándose así la presunción legal que al respecto goza la parte actora, en el sentido de que el asegurado se encuentra privado de trabajo, teniéndose así por acreditado tal requisito, en términos de la jurisprudencia cuyo rubro es del tenor literal siguiente:- CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. EL ASEGURADO QUE DEMANDA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN RELATIVA, GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE TRABAJO REMUNERADO (Se cita nota al pie de página) .- En consecuencia, como ya establecimos, (sic) probado por el actor que sí satisface los requisitos necesarios para gozar de la pensión de cesantía en edad avanzada que solicita, conforme al artículo 154 de la Ley del Seguro Social vigente, que es a la que se acoge el actor, se condena al demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 157 de la Ley del Seguro Social vigente [.]". [Énfasis en lo resaltado]. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida totalmente sin excesos ni defectos, la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; procédase a dictar la resolución correspondiente.
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