Armando Vázquez Ordaz
Expediente 2012/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2012/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/04/2016
Partes del expediente
- Armando Vázquez Ordaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto de veintisiete de enero del presente año, mediante la cual sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Armando Vázquez Ordaz; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Por último, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado adjuntó un legajo de copias certificadas del expediente 1239/2013; en tal virtud, considerando de qué se trata de un asunto totalmente concluido, devuélvanse las constancias referidas a dicha autoridad responsable, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial, a través de la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado, manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa Armando Vázquez Ordaz, el auto de veintisiete de enero y dos de marzo, ambos del presente año, por los motivos que en ella expone. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa los autos referidos, así como los subsecuentes por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio del Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 5441, mediante el cual se le devolvieron diversos anexos, asimismo, informa las gestiones que se encuentra realizando para efecto de dar cumplimiento al fallo protector, asimismo, solicita una prórroga para estar en aptitud de dar cabal cumplimiento al mismo, en razón de los motivos que expone en la misiva que se provee. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le otorga una prórroga, por un plazo de veinte días, contados legalmente a partir de que la autoridad oficiante reciba comunicación del presente proveído, para el efecto de que dé cabal cumplimiento a la sentencia amparadora emitida en el presente juicio de amparo indirecto e informe al respecto, asimismo, se hace de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, hasta en tanto el fallo protector sea cumplido en su totalidad. Lo anterior es así, debido a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé que la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. Ahora, para el caso que nos ocupa, resulta aplicable la primera excepción, en lo relativo a la complejidad del asunto, es decir, los efectos para lo cual fue concedido el fallo protector en el presente asunto, resultan complejos. En razón de lo anteriormente dicho, en el momento procesal en que se encuentra el presente asunto, se debe esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es de la literalidad siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." (S.J.F. y su Gaceta de Gobierno, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, materia común, Pag. 19) No obstante a lo anterior, se le hace del conocimiento al homólogo federal que si al término del plazo concedido aún se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento al fallo protector, podrá hacerlo del conocimiento a este órgano de control constitucional para efecto de que se provea lo que en derecho corresponda.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Presidenta de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, por medio del cual rinde informe justificado; con él y con su contenido íntegro, dése vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales conducentes. En ese orden, con fundamento en los artículos 119 y 120 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada dada su propia naturaleza, la probanza ofrecida y exhibida. Ahora, del análisis de dicha documental y de las constancias que integran el sumario en que se actúa, se colige evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, mismo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical de dicho artículo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia, consistente al no dictar el auto a efecto de señalar día y hora para la apertura del periodo de alegatos a pesar de habérselo solicitado a través de su ocurso de tres de noviembre de dos mil quince presentado ante la responsable el seis de noviembre del año pasado, fue acordado y ordenado por la responsable el doce de enero de dos mil dieciséis, sobreviniendo una cesación por revocación, pues la responsable, el doce de enero del año en curso, señaló fecha para ambas partes tal y como fue solicitada por la parte actora mismo que notificó a las partes el tres de noviembre de la anualidad pasada, quedando de esta forma sin efectos el acto reclamado. De lo expuesto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, como en éste caso fue la violación al artículo 8° Constitucional. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio constitucional con apoyo en la fracción III, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sin que sea óbice a lo anterior que no se haya dado vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia aludida, como lo dispone el segundo párrafo del artículo 64 de la ley de la materia, pues dicha obligación sólo impera para los Tribunales revisores; es decir, cuando se agoten los recursos que procedan contra las determinaciones emitidas en esta instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 24, cuyo rubro es del contenido siguiente. "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para el verificativo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
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