Armando Valenzuela Morteo
Expediente 970/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Armando Valenzuela Morteo
Actuaciones
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto de treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 45 a 51), ha causado estado. ARCHIVO. Una vez recabadas las notificaciones de este acuerdo, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo signada por Armando Valenzuela Morteo, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Fórmese expediente y regístrese con el número 970/2019-VII en el Libro Uno de Juzgado. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este Órgano Federal la analizó atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo y específicamente su artículo 113. A la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el precepto legal invocado, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la parte quejosa en este juicio de amparo, dentro de su escrito de demanda señala como autoridad responsable al Juez Cuarto de Primera Instancia, domiciliado en Veracruz, Veracruz, y como acto reclamado: "a) Mi derecho a ser notificado, oído en juicio pues se afecta mi patrimonio, amén de la protección que me brinda el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento" y el embargo que tiene mi propiedad no es procedente de ningún procedimiento en mi contra, amén del acto en donde se ordena el embargo de mi propiedad, el cual el juicio 1335/2018-I del JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CON RESIDENCIA EN VERACRUZ, VER., pretende darle continuidad a esta violación en contra de mis derechos. b) Todas las violaciones que a juicio y estudio del Amparo y Protección de La Justicia Federal determinen." (sic) Como antecedentes de lo reclamado, refiere: 1. Con fecha quince de abril de mil novecientos noventa y siete, compró a Rolando Ramírez Telio y Edith Rodríguez Ramos la propiedad ubicada en lote catorce (14), manzana ochenta y seis (86), zona VI, fraccionamiento Ejido El Coyol II en Veracruz, Veracruz, el cual los vendedores declararon estar sin gravamen alguno dicha propiedad. 2. La compra-venta de la propiedad se llevó a cabo ante la Notaría Pública Treinta y Uno de Veracruz, Veracruz, el quince de abril de mil novecientos noventa y siete, bajo los requisitos que prevé ley de la materia para esos actos, entregándole el instrumento que contiene la escritura de dicho inmueble a su nombre, poniendo legalmente la propiedad en su poder para su uso, goce y disfrute en su calidad de propietario. 3. Desde que adquirió la propiedad ha pagado de manera puntual el impuesto predial en la Oficina de Catastro del Ayuntamiento donde aparece su nombre Armando Valenzuela Mortero (sic). 4. Por cuestiones personales solicitó al Registro Público de la Propiedad un certificado de libertad de gravámenes del inmueble en mención, siendo sorprendido al encontrar que su propiedad aún estaba a nombre de Rolando Ramírez Telio y que obraba una inscripción ordenada por el extinto Juzgado Segundo Menor de Veracruz, Veracruz, proveniente del juicio 1149/2012, expediente que fue archivado -de la nota marginal a que se refiere el promovente se aprecia se trata de un embargo precautorio-. El juicio fue continuado en el expediente 1209/2012 del índice de ese mismo juzgado, para luego ser reasignado al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, al desaparecer el primero de los juzgados aludidos, quedando registrado con el número 1335/2018-I. 5. Rastreó el origen del embargo y encontró que el juicio por el cual se grava su propiedad se origina en una deuda de Rolando Ramírez Telio (persona a quien le compró el inmueble desde el año de mil novecientos noventa y siete), con José Luis Cruz Castillo, desconociendo las condiciones que generan la deuda que afecta su patrimonio. Sin que manifieste expresamente la fecha en que se enteró de la existencia del acto que por esta vía combate. No obstante, se advierte la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días [.]" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." Del dispositivo 17 de la ley de la materia, se aprecia el término para promover el juicio de amparo es de quince días. Conforme al diverso 18, éste debe computarse a partir de: 1. El día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que reclama, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado; 2. El día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos o su ejecución o; 3. Al día siguiente a aquél en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. De no promoverse el juicio de amparo dentro del término señalado con antelación, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. No debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del amparista respecto del acto reclamado. Para que éste se haga sabedor de dicho acto, puede actualizarse cualquiera de los tres supuestos: la notificación, el conocimiento o la confesión. Al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, deben ser analizados para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él. La notificación es una actuación procesal que requiere formalidades, mientras que el conocimiento del acto reclamado no siempre proviene de una notificación y la confesión implica la aceptación de un hecho vertido por el propio promovente. Concretamente, de lo narrado por el promovente acude a la presente instancia como tercero extraño a juicio, reclamando, los actos que quedaron precisados, derivados la afectación a su propiedad con motivo del embargo precautorio decretado en por el extinto Juzgado Segundo Menor de Veracruz, Veracruz, en el juicio 1149/2012. Medida que continuó vigente y a la que se dio seguimiento en el juicio 1209/2012 del índice de ese mismo juzgado, para luego ser reasignado al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, al desaparecer el primero de los juzgados aludidos, quedando registrado con el número 1335/2018-I. Señala que tal afectación resulta ilegal dado que adquirió la propiedad años antes de que se decretara el referido embargo precautorio. Sin embargo, de lo narrado por el promovente, en relación con las documentales que aportó con la demanda de cuenta, se advierte, entre otras, un ocurso de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, presentado ante el Registro Público de la Propiedad el veinticinco siguiente (foja 28), en el que estableció: que el quince de abril de dos mil diecisiete, en su carácter de comprador, celebró contrato de compraventa con Rolando Ramírez Telio (como vendedor), respecto del inmueble consistente en el lote de terreno número catorce (14), manzana ochenta y seis (86), zona cuatro (4), fraccionamiento Ejido El Coyol II, municipio de Veracruz, Veracruz, inscrito bajo el número once mil quinientos cincuenta (11550), tomo doscientos ochenta y nueve (289), sección primera de mil novecientos noventa y siete, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Veracruz, Veracruz. Operación que se protocolizó mediante escritura pública ocho mil noventa y seis (8,096) de quince de abril de mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del Notario Público número Treinta y Uno de la demarcación notarial de la aludida ciudad de Veracruz, misma que quedó pendiente de inscripción debido a que cuando celebró dicha compraventa donde al vendedor no le entregaban la escritura del terreno en cita por parte del CORETT hoy INSUS y no contaba con los datos de inscripción. A su vez, adujo que el inmueble aparece ante dicha dependencia todavía a nombre de Rolando Ramírez Telio, dándose por enterado que existe un gravamen relativo a un embargo precautorio a favor de José Luis Cruz Castillo, bajo la inscripción seis mil quinientos ochenta y seis (6586), volumen trescientos treinta (330), sección segunda, de data dieciséis de agosto de dos mil doce, siendo de su interés que el Registro Público inscribiera su escritura de compraventa referida. El embargo en mención se advierte a su vez de la diversa documental exhibida por el promovente consistente en copia del instrumento público ochocientos veinticuatro, libro trece, tomo II de once de septiembre de mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe de la Notaria Pública número seis, residente en Perote, Veracruz, que señala: "Nota # 8 EMBARGO PRECAUTORIO. P.-26696 F.-14.08.12 H.-12:33 En cumplimiento al auto dictado dentro del Exp. 1149/12 Provid. Precau. de Emb., el Juez 2° Menor por su of. 873 de fecha 9-08-2012 Ordena se anote Emb. Precau. promovido por José Luis Cruz Castillo vs. Rolando Ramírez Telio por $42,000.00.- Véase #6586, Vol. 330, Secc. 2a. de fecha 16/08/2012" (foja 13 vuelta). Así, si el accionante de derechos humanos se dio por enterado del embargo de su propiedad desde el diecinueve de febrero de esta anualidad, tal como lo estableció en su escrito de diecinueve de febrero del año en curso, dirigido al Registro Público de la Propiedad (foja 28), es inconcuso que si la demanda de amparo la presentó el treinta y uno de octubre del año en curso, su promoción resulta extemporánea contra el acto que reclama al ubicarse en el tercer supuesto (día siguiente en que el quejoso se ostente sabedor del acto combatido). Dado que de la referida nota marginal se advierte con claridad el origen del gravamen reclamado. De ahí que el plazo para inconformarse inició al menos desde el veinte de febrero de dos mil diecinueve, si se toma en cuenta el momento en que tuvo conocimiento de los datos del expediente del que deriva el referido embargo. Corrobora lo anterior la jurisprudencia 438 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 467 del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Tercera Sección - Plazos y notificaciones, Novena Época, Materia Común, Registro 1002504, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Consecuentemente, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad (foja 1), su presentación deviene evidentemente extemporánea al rebasar los quince días que otorga el numeral 17 de la Ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial 1875, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, materia común, página 2121, Novena época, Registro 1003754, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En tales condiciones, tomando en consideración que en el presente asunto se actualizó de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de mérito por notoria improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 del cuerpo de leyes mencionado. DOMICILIO. Se tiene como domicilio del accionante de derechos humanos el indicado en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Como de la certificación de cuenta se desprende que Haydee Analía Amador Arzola, Ricardo Arturo González Heredia y Fernando Bautista García, tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en tales condiciones, se tienen como autorizados en términos amplios del arábigo 12 del cuerpo de leyes invocado. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1° a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En razón que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el ordinal 21, último párrafo, de la Ley reglamentaria, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En relación con la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", en la página http://www.servicioenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, con el nombre de usuario que indica: a) Se faculta a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese al promovente de la solicitud y sus delegados para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, puedan acceder vía internet a este juicio de amparo. c) De lo anterior, deberá quedar constancia en autos. Notifíquese personalmente al promovente y a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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