Armando Torres Lemus
Expediente 1102/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Armando Torres Lemus
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su ARCHIVO judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Por otra parte, toda vez que obra por cuerda separada un tomo en copias certificadas del expediente 964/2018, que remitió la Magistrada Presidente y Titular de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; en consecuencia, se ordena devolver los mismos a la mencionada autoridad, sin que se haya lugar a solicitar el acuse de recibo, en razón de que en su momento correrá agregada la constancia de notificación que se recabe para tal efecto. No se omite señalar que los documentos que exhibió la parte quejosa dentro del presente juicio, se encuentran catalogados como originales; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo de noventa días, se destruirán junto con el expediente, de conformidad con el artículo 21 de Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidente y Titular de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que obran dentro del expediente número 964/2018, manifestando que ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de once de mayo del año en curso; lo anterior, únicamente para que obre como corresponda, en razón de que mediante auto de dieciocho de mayo actual, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Apoderado del Organismo Público Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite copia de la resolución de pensión de jubilación número 024/2022, de dieciséis de mayo del año en curso, manifestando que ha dado cumplimiento a lo solicitado por el quejoso en el presente juicio; Lo anterior, únicamente para que obre como corresponda, en razón de que mediante auto de dieciocho de mayo actual, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Armando Torres Lemus; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo , téngasele remitiendo copia de la resolución de jubilación número 024/2022, de dieciséis de mayo del año en curso, emitida por la Directora General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Sin que haya necesidad de dar vista a las partes dada la determinación que se emitirá a continuación: Ahora bien, del contenido de la constancia aquí recibida, que goza de pleno valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Antecedentes. El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado, Armando Torres Lemus, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, que hizo consistir, conforme al análisis integral de la demanda de amparo, en el siguiente: Sentado lo anterior, a juicio de la suscrita, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, porque la autoridad lo deroga o lo revoca, o porque por cualquier otra circunstancia se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." . Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora bien, para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes requisitos: 1. Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional que deje insubsistente en forma permanente el que es materia del juicio de amparo; Una situación que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; o Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que en su caso llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, porque la parte quejosa señaló como actos reclamados y violatorios de sus derechos fundamentales, la omisión de dar cumplimiento a la resolución de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 964/2018, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa. Por lo que hace al siguiente elemento necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis identificada con la letra "b" del punto 2, consistente en que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, un acto de autoridad que restituya a la quejosa en sus derechos fundamentales violados y que constituye el acto reclamado. Lo anterior es así, ya que posterior a la presentación de la demanda de amparo -veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno-, la Directora General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, mediante resolución de dieciséis de mayo del año en curso, dio cumplimiento a la resolución de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 964/2018, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, siguiendo los lineamientos establecidos en la misma -materia de la presente Litis-, resolución que refiere el quejoso en su escrito de cuenta, le fue debidamente notificada en esa misma fecha. Con lo anterior, se creó una situación jurídica tal como si nunca hubiese existido el acto reclamado, de tal manera que el acto que inicialmente combatió ya no le agravia, toda vez que sus efectos quedaron insubsistentes y se restituyó a la parte quejosa en el derecho que estimó violado, razón por la que se actualiza la hipótesis normativa a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En ese contexto, al actualizarse la citada causa de improcedencia, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el juicio fuera de audiencia. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, pág. 4648, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO." SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno las diez horas con dos minutos del treinta de mayo del año en curso, a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
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