Armando Torrado Martínez

Expediente 793/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
793/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Armando Torrado Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado, por el que, se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese este expediente. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el caso se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales de los previstos por la fracción XX, del artículo 3, del Acuerdo General citado. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el antepenúltimo párrafo del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, hágase la anotación de las circunstancias anteriores en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por el actuario judicial del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el ********************, el tribunal al que se encuentra adscrito se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por considerar que el acto reclamado no se encuentra dentro de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la Ley de Amparo, puesto que no se trata de una sentencia definitiva ni una resolución que haya puesto fin al juicio, ya que el acto reclamado consiste en la resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca ********************, del índice de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que declaró esencialmente fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el quejoso y ordenó a la Juez Trigésimo Octavo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitir los autos y documentos exhibidos en el juicio ******************** a la Oficialía de Partes Común, Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas de ese tribunal, para que por su conducto, los hiciera llegar a un Juez Civil de Proceso Oral en turno, para que conociera el asunto en la vía oral mercantil, conforme al artículo 1498, del Código de Comercio, hasta su conclusión; en esa virtud, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de dicha demanda de amparo, acúsese el recibo correspondiente del ********************, el oficio de cuenta y diez copias de la demanda citada y en consecuencia se procede a acordar lo conducente respecto de la demanda aludida en los siguientes términos. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta mandatario judicial de ********************, contra actos de la Décima Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 133 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 793/2023-III, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." Por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio pueden ser reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca ********************, del índice de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que declaró esencialmente fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el quejoso y ordenó a la Juez Trigésimo Octavo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitir los autos y documentos exhibidos en el juicio ******************** a la Oficialía de Partes Común, Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas de ese tribunal, para que por su conducto, los hiciera llegar a un Juez Civil de Proceso Oral en turno, para que conociera el asunto en la vía oral mercantil, conforme al artículo 10498, del Código de Comercio. Así se tiene que la determinación reclamada de que la Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, carecía legalmente de competencia para conocer del juicio de origen, y que debe remitir los autos a la Oficialía de Partes Común, Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas de este Tribunal, para que los haga llegar al Juez de lo Civil de Proceso Oral en turno, para que conozca del mismo en la vía oral mercantil, conforme al artículo 1049, del Código de Comercio, hasta su conclusión; no le causa un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, ya que la citada resolución reclamada, únicamente trae como consecuencia que el juicio se continué en la vía oral mercantil ante un Juez de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo cual sólo podría tener como efecto la violación de derechos adjetivos, y no de imposible reparación, sin afectar o modificar derechos subjetivos porque de cualquier forma, el juicio se desarrollará en todas sus etapas y la parte quejosa está en posibilidad de obtener sentencia favorable. Lo anterior se afirma, en virtud de que la etapa en la que se encuentra el juicio de origen, es la fijación de la litis, lo cual implica que dicho juicio generador continuará su curso, ante un Juez Civil de Proceso Oral del mismo tribunal, llevándose a cabo todas las etapas procesales, quedando indudablemente el juez del conocimiento obligado a dictar la sentencia definitiva, donde la parte quejosa puede obtener una sentencia con efectos favorables a su causa, y la violación procesal que alega no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues no viola derechos fundamentales de forma directa e inmediata, ya que no la dejan sin defensa, a mayor abundamiento, las consecuencias de la posible violación que ahora alega puede extinguirse una vez que sea dictada la sentencia definitiva y que resultara favorable a su causa, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por otro lado, en caso de no resultarle favorable la sentencia definitiva a la parte quejosa, por ocasionarle perjuicio el acto reclamado, éste lo puede hacer valer al momento de impugnar dicha sentencia a través del juicio de amparo directo como lo establece el artículo 170, de la Ley de Amparo. Por tanto, al resultar claro que la resolución reclamada por sí misma, no lesiona los intereses de la parte quejosa de forma directa e inmediata, y en virtud de que dicho acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos, de aquellos considerados de ejecución imposible de reparar, conlleva a que la demanda de amparo resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del artículo 107 interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable a las consideraciones anteriores, la tesis V.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente al mes de junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107, de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113, del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones la vía electrónica. Ahora bien, en relación a las personas que autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos dígase al promovente que no ha lugar a tenerlas por autorizadas en los términos que señala, toda vez que el ocursante al ostentar el carácter de mandatario judicial del quejoso en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el juicio natural, en el presente juicio de amparo dicha figura es equiparable a la que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, que determina que las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Asimismo, y como lo solicita, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico al usuario********************"; en consecuencia, y toda vez que el ocursante proporciona el nombre del usuario en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico del Poder Judicial de la Federación, se autoriza al mismo la consulta vía internet del expediente electrónico; por lo tanto, se ordena autorizar dicha consulta, para los efectos legales a que haya lugar y de la misma forma, se autoriza para notificarse vía electrónica de aquellos autos en donde se ordene notificación personal al quejoso, ya que cuenta con clave de usuario, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y artículos 9, 55 y 58 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

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