Armando Soto Prado
Expediente 374/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Armando Soto Prado
Actuaciones
- Principal
...Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la sentencia en la que este Juzgado sobreseyó el presente juicio de amparo, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el cómputo respecto de la totalidad de las partes, pues se determinó sobreseer en el juicio, por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la siguiente tesis: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. No fueron exhibidos documentos por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, aplicado en sentido contrario y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional.
- Principal
...Notifíquese personalmente al quejoso...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA SENTENCIA DICTADA EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN SÍNTESIS DICE: CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No existe la omisión de cumplir y ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral ***** que el quejoso le atribuye al Ayuntamiento de Pénjamo y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de Guanajuato, respectivamente, toda vez que, no obstante hayan aceptado tal omisión al rendir su informe con justificación, dicha presunción se desvirtúa con las constancias de dicho contradictorio. En efecto, de las copias certificadas del juicio laboral ***** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, que obran en un archivo digital en el DVD glosado en autos, se advierte que el tres de mayo de dos mil dieciocho, se dictó laudo en el que se condenó al Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato, al pago de salarios caídos desde la fecha del despido del trabajador -aquí quejoso- hasta que se le reinstalara a su lugar de trabajo. Una vez que quedó firme dicha resolución, en acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se señaló el nueve de enero de dos mil veinte para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación, la cual no se pudo llevar a cabo, por las razones expuestas en la propia diligencia. Con motivo de lo anterior y, ante la imposibilidad de que la parte demandada reinstalara al quejoso a su lugar laboral, es que éste, el trece de marzo pasado, promovió incidente de no acatamiento de laudo, con el fin de que se le indemnizara ante la negativa de reinstalársele a su lugar de trabajo. Incidente que admitió el tribunal responsable y se encuentran fijadas las trece horas con quince minutos del tres de diciembre próximo, para que tenga verificativo la audiencia incidental de pruebas y resolución correspondiente. En ese orden, como se desprende de la relación de antecedentes, ponen de manifiesto que, en el caso, no existe la omisión de cumplir y ejecutar el laudo de origen, toda vez que, en el laudo de tres de mayo de dos mil diecinueve, si bien condenó al Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato, al pago de salarios caídos desde la fecha del despido del trabajador hasta que se le reinstalara a su lugar de trabajo, lo cierto es que no existe quantum que pudiera requerírsele al municipio demandado, además está pendiente que se resuelva el incidente de no acatamiento de laudo en el que, precisamente, ante la imposibilidad de reinstalársele, se pretende indemnizar al trabajador. De ahí entonces la inexistencia del acto reclamado, pues al encontrarse en trámite el incidente de no acatamiento al laudo, al momento en que se presentó la demanda, las autoridades responsables no estaban en condiciones legales de requerir y cubrir el cumplimiento del laudo, respectivamente, en el aspecto referido, al encontrarse indefinido su monto. Sirve de apoyo, el criterio del tenor siguiente: Época: Décima Época Registro: 2009181 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a. CLXXV/2015 (10a.) Página: 392 ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario. Amparo en revisión 323/2014. Aprender Primero, A.C. y otra. 11 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz. Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora federal que mediante acuerdos de veintinueve de abril de dos mil diecinueve y veintisiete de enero de dos mil veinte, se requirió al Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato, para que cubriera doscientos treinta y un mil seiscientos pesos y doscientos sesenta y cinco mil trescientos veinte pesos, respectivamente, por concepto de salarios caídos en favor del trabajador (cantidades que incluso, el quejoso afirma en el presente amparo no le han cubierto), lo cierto es que dichas cantidades le fueron requeridas al ayuntamiento demandado atendiendo a que, aparentemente, se llevaría a cabo la reinstalación de la parte quejosa el veintiséis de mayo de dos mil diecinueve y dieciocho de febrero de dos mil veinte, lo cual no sucedió, por tanto, al buscarse se le indemnice al trabajador y estar pendiente el dictado de la resolución correspondiente, no existen las omisiones reclamadas, en razón de que, por el momento, se insiste, no existe cantidad líquida por ese concepto que se le pueda requerir a la parte demandada. Por tanto, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de las omisiones reclamadas con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio....
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