Armando Silva Moreno
Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Armando Silva Moreno
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, término que transcurrió del nueve al veinte de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita a partir del diez de agosto de dos mil veinte en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ..., por derecho propio, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, que hace consistir en: ". IV. ACTO RECLAMADO. - El acto que reclamo de la autoridad Responsable Ordenadora lo es la orden que giro a los integrantes del Comisariado Ejidal mediante oficio escrito para prolongar por un año más su representación en forma arbitraria, so pretexto de la pandemia del COVID 19, en perjuicio de la Comunidad referida Villa de Zacapu de Mier y contrario al contenido del artículo 39 de la Ley Agraria Vigente así mismo el acto que se reclama del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de la ciudad de Zacapu, Michoacán, lo hago consistir en el hecho de haber comprado 2 dos parcelas del Ejido Villa de Zacapu de Mier que pertenecieran a los compañeros ejidatarios JESÚS DIAZ V; Y FRANCISCO BARBOSA R; para sí o para el ayuntamiento que representa corno un acto oscuro y no aclarado ante la Asamblea General de Ejidatarios como se hará ver en perjuicio del suscrito por lo que ve a mi derecho de preferencia o del tanto como lo establece el artículo 80 de la Ley Agraria Vigente. .". Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la parte interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para la afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. En efecto, al ser el juicio de amparo de calidad extraordinaria, su procedencia se rige por reglas especiales y principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre la autoridad y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales rectoras del juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, por virtud al cual únicamente procede contra actos, respecto de los que no proceda algún recurso ordinario o medio de impugnación para ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior tiene sustento en la propia Constitución Federal, la cual restringe la procedencia del juicio de amparo, pues atribuye una calidad extraordinaria, es decir, una forma de reparación de la violación de derechos fundamentales al que de ninguna manera puede acudirse sino cuando previamente se han agotado los medios o recursos ordinarios de defensa. La regla general del principio de definitividad consiste en que antes de acudir al juicio de amparo, deben interponerse esos mecanismos por virtud de los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, de forma substancial, se relacionan, entre otros, con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la orden del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán que giró a los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido Villa de Zacapu de Mier, así como sus consecuencias. Acto reclamado frente al cual, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque previo a instar el juicio de derechos fundamentales, la parte promovente debió observar. Ello es así, ya que del artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios se advierte que el citado acto reclamado es susceptible de impugnarse mediante el juicio de nulidad agrario. El dispositivo legal invocado es del tenor literal siguiente: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. (.) IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; (.)" Esto es, la orden generada por el Delegado del Registro Agrario en el Estado de Michoacán que giró a los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido Villa de Zacapu de Mier, para prolongar por un año más su representación y las consecuencias de ahí derivadas que generaron un derecho respecto a los integrantes de dicho comisariado debe ser combatida ante los tribunales agrarios competentes por razón de territorio. Así, al no haberse hecho valer contra la orden que se reclama el juicio de nulidad ante el tribunal unitario agrario competente, es claro que no se satisfizo por la parte promovente el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula la determinación impugnada, mediante los cuales pudo ser modificada o revocada; atento a lo cual, es incuestionable que el solicitante de la protección de la justicia federal debió agotar tal medio de impugnación ordinario antes de acudir a esta instancia constitucional, pues, ante la existencia del mismo pudo haber logrado lo que aquí pretende a través del juicio de Amparo. De ahí que, quien resuelve estime que la parte promovente está obligada a agotar el aludido juicio de nulidad ante los tribunales agrarios previo a promover el presente juicio Constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar, modificar o confirmar la determinación reclamada, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, debe decirse, que de la lectura integra del libelo constitucional no se está en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; así como tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Resulta aplicable la jurisprudencia número VI.2o.C. J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 175624, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Así como, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 187016, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la casa marcada con el número 711, de la calle Paseo del Ébano, colonia Prados Verdes en esta ciudad y autorizando para tal efecto a José Virgilio Silva Solorio, Rafael Silva Solorio y Maciste Silva Solorio y Jorge Alberto Barriga, pero no gozarán de todas la facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, no se encontró dato alguno que acredite e los citados autorizados como licenciados en derecho, por ser el presente asunto de naturaleza agraria. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente harán del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se nieguen a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Así también, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ..., por derecho propio, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, que hace consistir en: ". IV. ACTO RECLAMADO. - El acto que reclamo de la autoridad Responsable Ordenadora lo es la orden que giro a los integrantes del Comisariado Ejidal mediante oficio escrito para prolongar por un año más su representación en forma arbitraria, so pretexto de la pandemia del COVID 19, en perjuicio de la Comunidad referida Villa de Zacapu de Mier y contrario al contenido del artículo 39 de la Ley Agraria Vigente así mismo el acto que se reclama del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de la ciudad de Zacapu, Michoacán, lo hago consistir en el hecho de haber comprado 2 dos parcelas del Ejido Villa de Zacapu de Mier que pertenecieran a los compañeros ejidatarios JESÚS DIAZ V; Y FRANCISCO BARBOSA R; para sí o para el ayuntamiento que representa corno un acto oscuro y no aclarado ante la Asamblea General de Ejidatarios como se hará ver en perjuicio del suscrito por lo que ve a mi derecho de preferencia o del tanto como lo establece el artículo 80 de la Ley Agraria Vigente. .". Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la parte interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para la afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. En efecto, al ser el juicio de amparo de calidad extraordinaria, su procedencia se rige por reglas especiales y principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre la autoridad y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales rectoras del juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, por virtud al cual únicamente procede contra actos, respecto de los que no proceda algún recurso ordinario o medio de impugnación para ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior tiene sustento en la propia Constitución Federal, la cual restringe la procedencia del juicio de amparo, pues atribuye una calidad extraordinaria, es decir, una forma de reparación de la violación de derechos fundamentales al que de ninguna manera puede acudirse sino cuando previamente se han agotado los medios o recursos ordinarios de defensa. La regla general del principio de definitividad consiste en que antes de acudir al juicio de amparo, deben interponerse esos mecanismos por virtud de los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, de forma substancial, se relacionan, entre otros, con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la orden del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán que giró a los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido Villa de Zacapu de Mier, así como sus consecuencias. Acto reclamado frente al cual, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque previo a instar el juicio de derechos fundamentales, la parte promovente debió observar. Ello es así, ya que del artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios se advierte que el citado acto reclamado es susceptible de impugnarse mediante el juicio de nulidad agrario. El dispositivo legal invocado es del tenor literal siguiente: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. (.) IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; (.)" Esto es, la orden generada por el Delegado del Registro Agrario en el Estado de Michoacán que giró a los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido Villa de Zacapu de Mier, para prolongar por un año más su representación y las consecuencias de ahí derivadas que generaron un derecho respecto a los integrantes de dicho comisariado debe ser combatida ante los tribunales agrarios competentes por razón de territorio. Así, al no haberse hecho valer contra la orden que se reclama el juicio de nulidad ante el tribunal unitario agrario competente, es claro que no se satisfizo por la parte promovente el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula la determinación impugnada, mediante los cuales pudo ser modificada o revocada; atento a lo cual, es incuestionable que el solicitante de la protección de la justicia federal debió agotar tal medio de impugnación ordinario antes de acudir a esta instancia constitucional, pues, ante la existencia del mismo pudo haber logrado lo que aquí pretende a través del juicio de Amparo. De ahí que, quien resuelve estime que la parte promovente está obligada a agotar el aludido juicio de nulidad ante los tribunales agrarios previo a promover el presente juicio Constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar, modificar o confirmar la determinación reclamada, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, debe decirse, que de la lectura integra del libelo constitucional no se está en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; así como tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Resulta aplicable la jurisprudencia número VI.2o.C. J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 175624, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Así como, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 187016, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la casa marcada con el número 711, de la calle Paseo del Ébano, colonia Prados Verdes en esta ciudad y autorizando para tal efecto a José Virgilio Silva Solorio, Rafael Silva Solorio y Maciste Silva Solorio y Jorge Alberto Barriga, pero no gozarán de todas la facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, no se encontró dato alguno que acredite e los citados autorizados como licenciados en derecho, por ser el presente asunto de naturaleza agraria. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente harán del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se nieguen a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Así también, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Armando Ortíz Zepeda415/2021
- Armando Ponce García151/2020
- Armando Proa González1008/2023
- Armando Proa González902/2021
- Armando Rubio Loza402/2020
- Armando Serna Cortéz o Armando Cerna Cortés1025/2023
- Armando Silva Moreno42/2012
- Armando Soto Duarte152/2022
- Armando Soto Hernández30/2020
- Armando Villegas Velázquez688/2020
- Armando Zurita Corona1299/2019
- Arno Villicaña Calzada582/2023