Armando Sierra Luevano
Expediente 813/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Armando Sierra Luevano
- Junta Especial numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de treinta y uno de octubre del presente año, en la que se concedió el amparo solicitado por **, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. En este sentido, se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la que la junta responsable, realice lo siguiente: Verifique que se recaben las pruebas ofertadas por las partes; a saber: ( Recabe la documental, consistente en el informe que debe peticionar al Instituto Mexicano del Seguro Social (punto 5 del escrito de la parte actora); ( Señale fecha y hora para que tenga verificativo la inspección y fe ocular ofertada por la parte actora, misma que admitió el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, atendiendo los puntos ahí precisados. ( Recabe la documental ofrecida por la parte demandada, a saber, el informe que se sirva emitir el Instituto Mexicano del Seguro Social (punto 2 del segundo escrito). En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a esta juzgadora, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe girar oficio y requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables, a fin de que obliguen a ésta a cumplir el fallo protector, aplicándoles los mismos apercibimientos que al inferior; sin embargo, en la especie, el cumplimiento está encomendado a una junta laboral, la cual para efectos del juicio de amparo no tiene superior, pues su actividad jurisdiccional es plenamente autónoma y en sus decisiones no pude haber injerencia de otra autoridad, es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 813/2023-V, promovido por A******* Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado en la misma data, A********, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO.- Lo configura la omisión de la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ESTA CIUDAD, de proveer las diligencias necesarias dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral a efecto de garantizar a las partes la prontitud en la tramitación del procedimiento laboral y por consiguiente la prontitud en la emisión de la resolución que ponga fin a ese procedimiento. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual, fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: De la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje: El retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral 1/18/1306, al no proveer lo necesario para el desahogo de la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, al rendir informe justificado, indicó que es cierto el acto que se le endilga. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó su informe, relativas al juicio laboral 1/18/1306, mismas que poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por una servidora pública, dotada de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje. Cuarto. Procedencia. Toda vez que en el presente juicio de amparo no se alegan causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. En primer lugar, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el accionante del amparo, es el trabajador en el juicio de origen del que se deduce el acto combatido. Sentado lo anterior, el quejoso reclama el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral *********** argumentando esencialmente que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, ha omitido substanciar el procedimiento en los términos legales, retardando con ello la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho concepto de violación, suplido en su deficiencia, es fundado. Ahora bien, el artículo 17 Constitucional establece que: 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1.Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Así como, la tesis visible en la página ciento noventa y uno, del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, bajo el rubro y texto que dicen: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, en los términos y plazos que fije la ley, no debiendo aplazar sus resoluciones, ni aun so pretexto de oscuridad de la ley, pues, en ese caso, deben atenerse, para fallar, a los principios generales de derecho; pues lo contrario constituye una verdadera denegación de justicia. Por su parte, los artículos 880, 883 y 884 de la Ley del Trabajo, disponen lo siguiente: 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. Del análisis de las porciones normativas que anteceden, se advierten los procedimientos que deberán observar los Tribunales del Trabajo en los juicios laborales sometidos a su potestad, relativos al ofrecimiento y desahogo de pruebas, procedimientos que los constriñe a actuar y pronunciarse de conformidad con lo establecido, y dentro de los términos señalados para tal efecto. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio natural, exhibidas por la Junta responsable, se advierte que: 1. El dos de abril de dos mil dieciocho, bajo el número de expediente ********, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, radicó la demanda presentada por A********* en contra de Servicios Ejecutivos Soriana, sociedad anónima de capital variable y/o Tiendas Soriana, sociedad anónima de capital variable. 2. Mediante escritos acordados el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo a las partes actora y demandada en el proceso de origen, ofertando las pruebas de su interés. 3. La parte actora ofertó, entre otros, la documental que resulte del informe que debe peticionarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (punto 5); además, en audiencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, ofreció la inspección y fe ocular que se realice en la fuente de trabajo, atendiendo los puntos ahí precisados. 4. La parte demandada, entre otros, ofreció la documental consistente en el informe que se sirva emitir el Instituto Mexicano del Seguro Social (punto 2 del segundo escrito). Sentado lo anterior, es pertinente enseguida citar la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias Común y Laboral, Décima Época, marzo de 2019, con número de registro 2019400, del contenido: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTIVAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Del criterio de referencia se colige, que, para establecer dilaciones presuntamente excesivas por parte de la Junta responsable, al menos deben transcurrir cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que concluyó el plazo en que debieron realizarse los actos procesales respectivos, pues ese es el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Periodo que, evidentemente, a la presentación del ocurso de amparo, de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, ha transcurrido en exceso, pues el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad ordenó el desahogo de las probanzas ya reseñadas, sin que a la fecha se hayan diligenciado en sus términos; no se soslaya que el dieciséis de marzo y trece de septiembre de dos mil veintitrés, ordenó librar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, no obra constancia de que dichos ocursos efectivamente hayan sido recibido en esa Institución ; lo que evidencia -sin lugar a dudas- una abierta dilación al procedimiento judicial, dado que al no desahogarse plenamente los medios de prueba, se han obstaculizado las subsecuentes etapas del juicio laboral. En consecuencia, al vulnerarse en perjuicio del quejoso su derecho a la pronta impartición de justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Verifique que se recaben las pruebas ofertadas por las partes; a saber: Recabe la documental, consistente en el informe que debe peticionar al Instituto Mexicano del Seguro Social (punto 5 del escrito de la parte actora); Señale fecha y hora para que tenga verificativo la inspección y fe ocular ofertada por la parte actora, misma que admitió el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, atendiendo los puntos ahí precisados. Recabe la documental ofrecida por la parte demandada, a saber, el informe que se sirva emitir el Instituto Mexicano del Seguro Social (punto 2 del segundo escrito). En otro aspecto, debe precisarse que no pasa inadvertido para esta Juzgadora, que si bien es cierto, la quejosa hace énfasis en la falta de prosecución judicial en el juicio laboral, no menos cierto es que no se debe dejar de lado, que aun tratándose de un juicio laboral del cual devienen los actos reclamados, los alcances por los que llegase a otorgarse la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. De ahí que resulte evidente que la presente concesión no se haga extensiva al dictado del laudo, pues a la fecha no ha sido cerrada la etapa de instrucción por estar pruebas pendientes de llevar a cabo su desahogo, de manera que no sería en el caso, viable conceder respecto de los actos futuros que se pudieran dar dentro del procedimiento de origen, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil trece, tomo I, página 732, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. (Es propio lo destacado.) Haciéndose notar que tal tesis abandona el criterio sostenido es la diversa 2ª./J. 45/2007, del rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES" y que la quejosa, invoca en su demanda de amparo; misma que no puede considerarse en los efectos de la concesión del fallo protector, por el abandono que de dicho criterio, realizó el Más Alto Tribunal; lo que, ineludiblemente, constituye una pauta en el actuar de esta Juzgadora, quien se encuentra obligada a acatarla, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a A**********, en contra de la autoridad que señaló en este juicio como responsable, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que refiere el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, entre la notificación a la parte quejosa del auto donde se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Numero Uno y esta fecha. Atento a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de octubre del presente año para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Presidenta de la Junta Especial Numero Uno; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe de cuenta y la documental que se atiende, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****************. Doy fe.
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