ARMANDO SÁNCHEZ BARBOSA y Otros.
Expediente 1132/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ARMANDO SÁNCHEZ BARBOSA y Otros.
Actuaciones
- Principal
.Escrito de demanda signado electrónicamente por ***, quien se ostenta como representante legal de ***. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. En ese sentido, regístrese y anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado como 1132/2023. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El quejoso reclama del Juez Cuarto de lo Penal de Puebla Capital: La prolongación de la prisión preventiva en la causa penal ***. Este juzgador advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que en contra del acto reclamado procede el medio de defensa consistente en la revisión de la medida cautelar, que la parte quejosa debió agotar previo a la instancia del juicio de amparo en acatamiento al principio de definitividad que lo rige. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El dispositivo trascrito contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al juicio de amparo; así, la falta de cumplimiento de esa obligación trae como consecuencia la improcedencia de dicho juicio constitucional. En efecto, el principio de definitividad en materia de amparo, estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el juicio amparo se torna improcedente. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe precisar que todo medio de defensa, como en el caso concreto lo es la revisión de la medida cautelar impuesta, debe tener una existencia legal; es decir, debe estar previsto en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen; además, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlo previamente a la interposición del juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad; es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. En este sentido, para determinar la existencia o no, de tal medio ordinario de defensa, se impone analizar el contenido de los artículos 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establecen: "Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia." "Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud." La localización de tal precepto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, evidencia que la figura jurídica de revisión de medida cautelar impera para los procedimientos seguidos acorde con el sistema de justicia penal acusatorio adversarial. En la ejecutoria que dio vida a tal criterio, se sustentó en esencia, que la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, puede solicitare y aplicarse a quienes estén sujetos a la prisión preventiva con motivo de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial; ello, en virtud de la solicitud que el inculpado o imputado realice al órgano jurisdiccional competente, precisamente para la revisión de dichas medidas. Asimismo, en tal ejecutoria se precisó que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Y en su caso, de ser procedente sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. El quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que fue aprehendido en octubre de mil novecientos noventa y seis, por lo que lleva más de veinticinco años en prisión preventiva. Aquí, es oportuno dilucidar el espacio de aplicación temporal de las reformas constitucionales de dieciocho de junio de dos mil ocho, en concreto por cuanto hace al artículo 20, que en esencia en su apartado B, fracción IX, se hizo alusión a que la prisión preventiva no podría exceder de dos años. Al respecto, en el artículo segundo transitorio de dicho decreto se determinó que el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entraría en vigor cuando lo estableciera la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de ese Decreto, de lo que se obtiene que existió una vacatio legis para que se materializara la entrada en vigor de tales preceptos constitucionales. De ahí que, en principio, debe destacarse que el beneficio contenido en el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos, per se, no constituye un derecho en favor del quejoso que deba ser revisado de oficio. Pues como se vio, con independencia de la aplicación temporal de la norma constitucional relativa a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, cierto es que el beneficio contenido en el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la carta fundamental, no es revisable en forma oficiosa, como quedó expresado en la ejecutoria que generó la Jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues quedó evidenciado que no basta con pronunciarse respecto al cese de la prisión preventiva, sino que es necesario analizar diversos aspectos entre los que está la evaluación de riesgo que representa el imputado, así como la posible aplicación de diversas medidas cautelares menos lesivas, lo que implica necesariamente el ejercicio de la parte interesada ante el Juez de Control, mediante la solicitud de la revisión de la medida cautelar prevista en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acorde con el procedimiento establecido en el diverso 162, y al que el quejoso debió acudir en forma previa a intentar esta instancia constitucional No es inadvertido para quien resuelve que el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral 61 en su fracción XVIII, describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Sin embargo, en el caso, se considera que no se actualiza alguno de tales supuestos, porque aun y cuando el reclamo versa sobre la libertad personal del quejoso, cierto es que esta no está restringida con motivo de un acto fuera de procedimiento, toda vez que se le instruye una causa penal, según lo manifestado en sus antecedentes. Debiendo reiterar que para efecto de que el Juez de origen se pronunciara respecto al cese de la prisión preventiva, debió mediar la solicitud del quejoso en tal sentido, conforme lo previsto en los artículos 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y acorde con la Jurisprudencia: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016." cuyos datos de registro han quedado previamente señalados. En consecuencia, atendiendo a lo anterior y a lo dispuesto en los invocados artículos 161 y 162, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el acto que se combate en el presente juicio de amparo es susceptible de ser modificado mediante la revisión de medida cautelar, ante lo cual resulta inconcuso que si la ley aplicable contempla un medio de defensa legal que tiene por objeto que el acto reclamado pueda ser modificado; el quejoso, previamente a intentar la acción constitucional debió haber agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXX, Materia Común, página 1406, con el rubro: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO." Asimismo, el criterio contenido en la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIV, Materia Común, página 128, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS." En consecuencia, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa del amparo, lo constituye aquél que puede ser modificado mediante el medio legal que la ley de la materia establece para ello, pues siendo parte, está obligado a que deba agotarse el medio de defensa previsto por la ley previamente a intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues no obstante que dicho acto pudiera considerarse de imposible reparación, lo cierto es que el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, señala expresamente que el amparo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Por tanto, al advertirse la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar de plano la demanda. En otro orden, toda vez que el quejoso está interno en el Centro de Reinserción Social de Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones personales en dicho lugar. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, a ********************, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aun en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
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