Armando Salgado Vega

Expediente 1018/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1018/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Armando Salgado Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda deamparo promovida por ****, por su propio derecho, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta, signada por la Secretaria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio de la cual remite los autos del juicio de amparo 2451/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Como lo solicita el Tribunal Colegiado, acúsese el recibo de estilo correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta, signada por la Secretaria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio de la cual remite el testimonio de la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada por el tribunal de su adscripción, en los autos del conflicto competencial 13/2021, en el cual se resolvió: ÚNICO. Se declara legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******, al Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en atención a las consideraciones vertidas en el considerando tercero de este conflicto competencial. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional, asume la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto en cuestión. Como lo solicita el Tribunal Colegiado, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, en el caso se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. En ese sentido, este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . (.) XXIII. En los demás casos en los que la procedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley" Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo anterior, se desprende que será autoridad responsable para efectos del amparo -con independencia de su naturaleza formal y poniendo énfasis en su actuación material- la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto y que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, pudiendo recaer dicho carácter en los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego, en el presente asunto, el cargo que ocupa la parte quejosa en el Tribunal Superior Agrario, es de perito como ingeniero topógrafo, por tanto, su relación es de confianza, tal como lo prevé el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Agrario. Asimismo, en el mismo ordenamiento, en su artículo 8, se advierte que, son atribuciones del Tribunal Superior Agrario, entre otras, nombrar a los peritos de los tribunales agrarios, cesarlos, suspenderlos en sus funciones, aceptar sus renuncias, cambiarlos de adscripción y resolver todas las cuestiones que se relacionen con dichos nombramientos; así como concederles licencias en los términos de las disposiciones legales aplicables, previa opinión, en su caso, del magistrado a que se encuentren adscritos. Sobre esa facultad de modificar la adscripción, es conveniente saber que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -al resolver la contradicción de tesis 48/2016-, sostuvo que "trabajador de confianza" es la persona que por razón de jerarquía, vinculación, lealtad y naturaleza de la actividad que desarrolla al servicio de una empresa, patrón o entidad de gobierno, adquiere representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, las cuales lo ligan de manera íntima al destino de esa empresa, o a los intereses particulares o públicos de quien lo contrata, en forma tal que sus actos merezcan plena garantía y seguridad, y tenga su comportamiento laboral plena aceptación. De donde se colige que el trabajo de confianza no es un trabajo especial sino una relación especial entre el patrón y el trabajador, en razón de las funciones que éste desempeña; y que los trabajadores de confianza son empleados con un mayor grado de responsabilidad en atención a la tarea que realizan y de alguna manera hacen presente el interés del patrón. El artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos distingue los derechos que corresponden a los trabajadores de confianza, por exclusión de los conferidos a los de base, es decir, prevé los principios constitucionales y derechos mínimos que el legislador ordinario debe reconocer a los trabajadores de base y de confianza en las leyes reglamentarias correspondientes. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el artículo 123, apartado B, de la Carta Magna, estableció, en lo que aquí interesa, lo siguiente:  Que, de conformidad con la interpretación de la fracción XIV, en relación con la diversa IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trabajadores de confianza al servicio del Estado sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.  No fue intención del Constituyente Permanente otorgar el derecho de inamovilidad a los trabajadores de confianza al Servicio del Estado.  Los trabajadores denominados de confianza solamente disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social; esto es, se les excluye del derecho a la estabilidad en el empleo, pues esta garantía sólo está reservada para los empleados o trabajadores de base. En estas condiciones, se puede estimar que la parte quejosa, no tiene una relación con su patrón (Tribunal Superior Agrario) de supra a subordinación, sino de coordinación. En estas circunstancias, se concluye que el acto reclamado que se atribuye al patrón, consistente en el cambio de adscripción, tiene naturaleza laboral, en virtud de que la medida solicitada se encuentra orientada a tutelar el desempeño del trabajo por las necesidades que, a consideración del Tribunal Superior Agrario, amerita su cambio de adscripción. Es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio sino como sujeto dentro de una relación de trabajo. Incluso, para el caso de inconformarse debe acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como ya lo ha hecho el quejoso con el cese del que fue objeto. En virtud de lo anterior, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por *****, contra actos del Tribunal Superior Agrario, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario.

  4. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta, signada por el Actuario del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por medio de la cual comunica el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, del que se advierte se formó el expediente relativo al conflicto competencial número CCT 13/2021, el cual fue admitido a trámite. De lo anterior, se toma conocimiento de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar. .

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