Armando Salazar González

Expediente 916/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
916/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Armando Salazar González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, inciso b), del artículo 18, Capitulo Séptimo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; por lo que en su momento sólo quedarán para su conservación los documentos precisados en el penúltimo párrafo del citado numeral y, se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del Capítulo Octavo y 35, del Capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales correspondientes, practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista, la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los que se desprende que entre la vista concedida en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, para que las partes manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a la fecha de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, no han transcurrido íntegramente el plazo de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas que rigen el procedimiento, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se ordeno remitir el juicio de amparo 96/2020, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto; sin embargo, se omitió remitir el tomo de pruebas que anexó la autoridad responsable al rendir su informe con justificación. Ahora, como de autos se aprecia, que el recurso de revisión le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el número de recurso en revisión 170/2021, remítase en vía de alcance el tomo de pruebas consistente en el original del toca civil 615-C-1C01/2019, al referido Tribunal Colegiado.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la siguiente autoridad: Secretario de Acuerdos del Juzgado en Funciones de Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado de referencia. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, la documental que anexa a su misiva la autoridad responsable consistente en copia certificada de auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. Con el contenido del informe y constancias de que se trata, dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, como la autoridad responsable únicamente anexó copias certificadas del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno; en tal virtud, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copias certificadas de las actuaciones realizadas en el expediente 3250/2020, a partir del laudo dictado en dicho expediente laboral, toda vez que las mismas resultan necesarias para resolver la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama. Apercibiendo a la autoridad responsable que de no hacerlo dentro del término concedido, o de no manifestar el impedimento legal que tuviera para tal efecto se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional) por unidad, que asciende a la cantidad de $ $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), para el caso de no dar cumplimiento en los términos precisados. Cobra aplicación a lo acordado la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, febrero de 1997, tomo V, clave P./j. 17/97, página 108, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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