Armando Rubén Morales Portilla

Expediente 1140/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1140/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Armando Rubén Morales Portilla

Actuaciones

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    Petición. La autoridad responsable Junta Especial Número Uno de las de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de quien la representa, realiza lo siguiente: a.- Rinde(n) su(s) informe(s) justificado(s); y, b.- Ofrece(n) prueba(s). Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite. Se tiene por rendido el informe justificado y dese vista a las partes con el mismo y las constancias que se acompañan. Prueba(s). Se admite(n) la(s) prueba(s) ofrecida(s). Litis constitucional. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la(s) autoridad(es) responsable(s), manifiesta(n) y acredita(n) que el once de julio de dos mil veintitrés, emplazó a la parte demandada GIF Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, al juicio laboral D-1/555/2019; asimismo, con fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, fijó las doce horas del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el(los) acto(s) reclamado(s) cesó (aron) en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la(s) autoridad(es) responsable(s) han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse emplazado a la parte demandada al juicio laboral de origen. De este modo se precisa, que atento a que por auto veinte de junio de dos mil veintitrés, se fijaron las doce horas del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, es claro, que no existe omisión de la responsable de desahogar la audiencia de ley, en tanto, ya se encuentra programada para la fecha indicada, y se encuentra emplazada la parte demandada para la misma, es decir, no podría alegarse la existencia de una omisión sobre el verificativo de dicha audiencia, cuando la fecha designada para ese acto aún no ha llegado. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese; y, vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo a su destino. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Atento a lo anterior, se precisa que en el presente asunto se negó la suspensión provisional y se concedió y se negó la definitiva; por tanto: Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será CONSERVADO en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, se transferirá al depósito documental de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General de referencia. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Además, a juicio del suscrito carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo.. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro electrónico. Notifíquese.

  4. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL(LOS) ACUERDO(S) DICTADO(S) EL DIECINUEVE Y SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el siete de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin embargo, se omitió notificar de manera personal a la parte tercera interesada en el presente juicio. ..Acuerdo En razón a lo anterior, sin mayores dilaciones procesales se ordena notificar de manera personal a la parte tercera interesada el auto de siete de junio de dos mil veintitrés, a fin de que en el término de tres días manifieste lo que en derecho corresponda. Notifíquese; y como se indica a la parte tercera interesada. .. **** Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio remitido por la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por el cual en atención al proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector, y remite copia certificada de diversas constancias relativas al cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo debiendo acompañar copia autorizada y así hacerlo constar en la notificación respectiva, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que de no hacerlo, se resolverá sobre el acatamiento del fallo protector con base en las constancias de autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ..

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