Armando Rosalino Villanueva
Expediente 623/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 623/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Armando Rosalino Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que en proveído de dieciséis de octubre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por ********************, en su carácter de autorizado del quejoso ********************, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, registrándolo bajo el número ******************** de su índice; por lo que, atento a lo anterior y toda vez que obra en este órgano jurisdiccional el tomo de pruebas que en su oportunidad remitiera la autoridad responsable señalada como ordenadora, remítase a la Superioridad tales constancias para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase a **********, en su carácter de autorizado del quejoso **********, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintinueve de agosto último. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítanse las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes e intégrese por separado el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Asimismo, se instruye al Oficial Judicial "A" de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación de que se trata. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 623/2023-III, promovido por ********************, por derecho propio y como accionista de la moral ********************, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martín Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este período, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por el quejoso y por las autoridades responsables. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que obran en autos mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza y que deberán tomarse en consideración al momento de resolver. Sin más pruebas pendientes por desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la parte tercero interesada. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidos los alegatos de la parte tercero interesada, los que en su caso se tomarán en consideración al resolver el presente asunto; sin más alegatos vertidos por las partes, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 623/2023-III; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado el día diecinueve de mayo del año en curso a este Juzgado, ********************, por derecho propio y como accionista de la moral ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez y Actuario ambos adscritos al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. II. Por auto del veintidós de mayo de dos mil tres, se registró bajo el número 1345/2022-III; y previa aclaración en proveído del uno de junio del mismo año, se admitió la demanda de amparo; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se emplazó a parte la tercero interesada; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a un juzgados en materia civil residente dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir de la Juez y Actuario ambos adscritos al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en: La falta de emplazamiento al Juicio Ordinario Mercantil ********************promovido por ********************, en contra de ******************** y como consecuencia todo lo actuado, incluyendo la sentencia dictada en dicho juicio, en la que se declaró la nulidad del acta de asamblea del ******************** y la nulidad de los actos jurídicos que se hayan llevado a cabo por parte de las personas designadas en dicho instrumento a partir de la celebración de la asamblea en cita. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados, pues así se desprende del contenido de los informes justificados de la Juez y Actuaria, ambos adscritos al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Certeza que se corrobora con las constancias del Juicio Ordinario Mercantil ********************del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; documentales a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o. de este ordenamiento legal. CUARTO. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. En el caso, el quejoso ********************, la falta de emplazamiento, todo lo actuado, así como la sentencia dictada en el Juicio Ordinario Mercantil ********************promovido por ********************, en contra de ******************** y como consecuencia todo lo actuado, incluyendo la sentencia dictada en dicho juicio, en la que se declaró la nulidad del acta de asamblea del ******************** y los actos jurídicos que se hayan llevado a cabo por parte de las personas designadas en dicho instrumento a partir de la celebración de la asamblea en cita. Al respecto, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no acredita que el acto reclamado afecte su interés jurídico, ya que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por aquel a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así, para efectos del juicio de amparo, debe entenderse por parte agraviada todo aquel que sufra un perjuicio, entendido éste como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad. De modo que el quejoso está obligado a demostrar la existencia de un acto concreto, que le cause un perjuicio o agravio a sus derechos o intereses, a efecto de evidenciar que se encuentra legitimado para promover el juicio, en el entendido de que tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Ahora, el artículo 107 constitucional, que establece los principios rectores del juicio de amparo, contiene el principio de que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, ante la existencia de un agravio personal y directo, que puede entenderse como una afectación que, pudiendo o no ser material, debe apreciarse y demostrarse objetivamente. Es decir, la persona que acude al amparo alegando violación a sus derechos debe demostrar que esta es real y no de carácter simplemente subjetivo, es decir, que cuenta con interés jurídico para reclamar los actos que, a su consideración, vulneran sus derechos en lo particular. Entonces, el interés jurídico se liga estrechamente con la existencia del agravio personal y directo, pues, para analizar si un acto de autoridad jurisdiccional vulnera los derechos de una persona, necesariamente debe demostrarse que el gobernado cuenta con interés jurídico para reclamarlo, esto es, que efectivamente es titular de un derecho subjetivo y que la conducta de la autoridad le genera una afectación real y actual a éste; de lo contrario, no es posible que exista aquél para ejercer válidamente la acción constitucional. Es orientadora, en tanto que no se opone a la normativa de amparo vigente, la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2008, tomo XXVII, página 225, de la Novena Época, de la síntesis siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el juicio ordinario mercantil fue promovido por ********************, en contra de ********************, en el que, mediante escrito registrado con el folio ********************, ********************, se apersonó a juicio como apoderado de la enjuiciada, personalidad que acreditó en términos del instrumento notarial ********************pasado ante la fe del Corredor Público número Dieciséis del Estado de México, y reconocida por el juez de origen, por lo que, el ********************, se tuvo por contestada la demanda incoada contra su poderdante, y una vez agotadas sus etapas, el ******************** se declaró procedente la vía ordinaria mercantil y se declaró la nulidad de la asamblea general ordinaria de accionistas del ********************, así como los actos que de ella emanaron. Ahora, al respeto, el aquí quejoso aduce tener la legitimación respectiva para promover el juicio de amparo en su calidad de socio accionista de la moral; sin embargo, se debe puntualizar que ********************, no se encuentra legitimado para promover el presente juicio de garantías, ya que si bien es cierto se ostenta como socio de la empresa ********************; de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, solo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y solo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del libro primero de la propia ley denominado "capacidad y personalidad", atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de amparo y quien, a su vez, puede proseguir el juicio relativo. Así, esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción XII del artículo 61 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por tanto, aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 6, esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, entre otros). Por lo anterior, no se atendió el principio de instancia de parte, pues el ejercicio de la acción constitucional únicamente puede ejercitarse por la parte agraviada o por quien legalmente lo represente y al no cumplirse con tal condición, deviene improcedente el juicio en que se actúa. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis número I.7o.A.129 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, (septiembre de 2009), Novena Época, página 3144, cuyo texto y rubro son: "INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. SU DISTINCIÓN. En términos del artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y sólo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del libro primero de la propia ley denominado "De la capacidad y personalidad", atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de garantías y quién, a su vez, puede proseguir el juicio relativo. Así, esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción V del artículo 73 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por tanto, aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 4o., esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, etcétera)." Así pues, debe entenderse que el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su párrafo primero, establece en forma genérica que la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad. Asimismo, establece que el órgano de administración de las sociedades o la asamblea de socios, puede otorgar poderes a personas ajenas a dicho órgano sin restricción de las facultades de éste. La razón de que la ley admita que la administración tanto de una sociedad de responsabilidad limitada como de una sociedad anónima pueda confiarse a personas no socias de las personas morales, tiene la finalidad de dar elasticidad de organización y no cerrar el camino a necesidades distintas que pueden manifestarse en la imposibilidad de los socios de asumir directamente los cargos de administración, o en la conveniencia de acudir a especiales competencias y aptitudes de personas extrañas. El cometido de todo administrador es, naturalmente, el de administrar el patrimonio de la persona jurídica; es aquel a quien se confía la realización de los fines de la sociedad; comprende todos los medios que sirven para la consecución del objeto indicado en el acta constitutiva; por ello, se acumulan en él los poderes de la capacidad jurídica que son fundamentalmente de formación y de declaración de la voluntad del ente, dado que los deberes de los administradores pueden agruparse en dos grandes categorías: deberes que se reflejan en las relaciones internas, es decir, frente a los socios y a la sociedad, y deberes que se reflejen en el exterior, frente a los acreedores y frente al público en general. Lo que conlleva a que la legitimación pasiva en el proceso debe examinarse oficiosamente por el juzgador, por ser un requisito cuya falta impide el nacimiento del ejercicio del derecho de acción y que se pronuncie una sentencia válida, ya que en la especie, la defensa de los interés de la moral demandada ********************, así como de sus socios, quedaron representados en el juicio de origen por ********************, en términos del instrumento notarial del instrumento notarial ********************pasado ante la fe del Corredor Público número Dieciséis del Estado de México, y reconocida por el juez de origen, por lo que, el ********************, de conformidad con los artículos 142, 145 y 146 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que implica que, aunque lo actuado en un juicio pueda afectar a los socios de la empresa demandada, en forma más o menos directa en sus patrimonios, lo cierto es que la legalidad o ilegalidad del emplazamiento con relación a lo demandado atañe en forma principal y directa a la sociedad como persona moral, si, además, en el juicio de origen no se ordenó emplazar a cada uno de los socios integrantes de la misma. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, página 202, Octava Época, Materia Civil, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. INNECESARIO A LOS SOCIOS. Como la representación de una sociedad anónima está a cargo de la asamblea general de accionistas, del consejo de administración o del administrador único, quiénes a su vez pueden nombrar a gerentes generales, de conformidad con los artículos 142, 145 y 146 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ello implica que, aunque lo actuado en un juicio pueda afectar a los socios de la empresa demandada, en forma más o menos directa en sus patrimonios, lo cierto es que la legalidad o ilegalidad del emplazamiento atañe en forma principal y directa a la sociedad como persona moral, si, además, en el juicio de origen no se ordenó emplazar a cada uno de los socios integrantes de la misma." Por tanto, el acto que reclama el quejoso, no le causa un agravio personal y directo porque, al ser ajeno a la relación procesal establecida en el juicio de origen y, por ende, para efectos de la acción constitucional, no tiene tanto el interés jurídico como la legitimación para combatirlo, lo que se corrobora de lo informado por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, mediante oficio registrado con número de correspondencia interna 7099, en el sentido de que el quejoso en el presente asunto, no es parte en el juicio ordinario mercantil ********************de su estadística. De lo que se colige que el quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo en que se actúa, no obstante que se ostente como accionista de la moral quejosa, toda vez que ésta fue representada en el juicio ordinario mercantil ********************por su apoderado ********************. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, aplicado en sentido contrario, con relación al artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ********************, por derecho propio y ostentándose como accionista de la moral ********************. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los preceptos 61, fracción XII, 63 fracción V, 74 a 76, 124, 215, 217 y 218 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese, por vía electrónica a la parte quejosa y por lista electrónica a las demás partes; así como, por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Martín Peñaloza Contreras, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe. CERTIFICACIÓN DE ACTA DE AUDIENCIA Y SENTENCIA. Martín Peñaloza Contreras, secretario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hace constar y certifica que: la hora contenida en la evidencia criptográfica de esta acta no coincide con la hora de cierre de audiencia, derivado que hasta este momento fue posible su autorización por el Titular dadas las cargas de trabajo que existen en el órgano jurisdiccional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 26 Bis, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de julio pasado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a la tercera interesada de iniciales ***********, sociedad anónima de capital variable con los informes justificados rendido en autos; en consecuencia, toda vez que el término a que alude dicho numeral se encuentra transcurriendo, a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo y no irrogar perjuicio alguno a las partes, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese y por vía electrónica a la parte quejosa y por lista Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2241/2023, del quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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