Armando Rosales Torres
Expediente 1340/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1340/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Armando Rosales Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
...agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través del cual, atiende el requerimiento formulado en proveído de treinta de enero de la presente anualidad, por lo que acusa recibo de los documentos registrados con el número de guarda 117/2018, remitidos por este órgano jurisdiccional mediante oficio "7600/2019". Por tanto, se tiene a la autoridad oficiante desahogando lo requerido en el citado acuerdo, dejando sin efecto el apercibimiento decretado.
- Principal
(172) Remítase la copia al perito señalado.
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ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a...
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NOTIFIQUESE POR LISTA, a la parte quejosa el auto de fecha 13/diciembre/2018, al no haber comparecido al Juzgado a efecto de notifcarse del mismo, no obstante el AVISO que le fue dejado en su domicilio. Auto cuyo contenido es: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director General de Cumplimiento y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el que rinde el informe justificado solicitado, designa delegados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y ofrece pruebas. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes justificados, y con el contenido del oficio de mérito, así como el anexo exhibido, dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Asimismo, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se autoriza como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el ocurso de mérito. Ahora, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que adjunta a su informe justificado, mismas que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno y sin perjuicio de que los mismos sean relacionados nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, en atención a las manifestaciones vertidas por el oficiante, en el sentido que la información contenida en el sobre exhibido con el oficio de cuenta es confidencial, y a fin de estar en la posibilidad de determinar si contienen información clasificada con tal carácter, las cuales deben, o no, darse a conocer a la partes, resulta orientador el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2015 (10ª) publicada en el Semanario Judicial de la Federación el once de septiembre de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, a saber: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Consecuentemente, considerando la naturaleza del acto reclamado y la especificidad del caso concreto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a una adecuada defensa, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se permite a las partes el acceso a las constancias exhibidas, únicamente para su consulta; sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior no implica que la suscrita realice una desclasificación, sino que, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa es que se hace de su conocimiento, para que haga valer lo que a su derecho convenga, sin que por ese motivo la información de mérito se esté haciendo pública, pues únicamente se puso a la vista de las partes que intervienen en este juicio, no el público en general (terceros); máxime que al momento de verificar su contenido se advierte que dicha documentación es materia de la litis. Sirve de apoyo a la consideración anterior la tesis P./J. 45/2007, visible en la página 991, del tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen "INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN. En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada. No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva". Así como la tesis 1ª.XXXVII/2006, visible en la página 650, del tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 2o., 7o., 13, 14, 18, 19 Y 43 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTES EN 2004, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Los citados preceptos, al establecer la facultad de los particulares titulares de la información que obra en poder de las autoridades para delimitar o determinar la parte que puede ser de conocimiento público, con el objeto de no poner en riesgo información relativa a secretos industriales o aspectos técnicos, entre otros y evitar con ello que se les perjudique en el desarrollo de su actividad y fin, no violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, dada la función y objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de transparentar y publicitar todos los actos de las autoridades federales, así como garantizar el derecho a la información contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, dicho ordenamiento debe buscar un equilibrio entre los principios contenidos en este precepto y aquellos que prevé el citado numeral 16, pues estimar lo contrario -que la información en la que tienen injerencia particulares y que obra en resguardo de las autoridades federales no puede ser proporcionada para consulta de otros gobernados- equivaldría a hacer nugatorio el derecho a la información y contravenir el propio fin para el cual fue creada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es por ello que en forma sui géneris se establecen los mecanismos para lograr el propósito de la indicada Ley y, a su vez, se garantiza a los particulares titulares de información en que interviene el Gobierno Federal, que no se trastoquen sus derechos públicos subjetivos". Ahora, a fin de asegurar la citadas documentales, guárdese en el seguro de este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México quedando registradas con el número de guarda 117/2018, del índice del Libro de Control y Custodia de Documentos Diversos, que se lleva para tal efecto. En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo, lo que deberá hacerse del conocimiento oportuno de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número 54/2000, cuyo rubro y texto son: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, (".el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,."), sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." La determinación que antecede se considera justificada y suficiente para diferir la celebración de la audiencia, puesto que va dirigida a lograr la debida integración del juicio de amparo en que se actúa y resulta necesaria para evitar la dilación en la tramitación y resolución del mismo, ante una posible reposición del procedimiento, que habría de incidir en una afectación en perjuicio de las partes de la garantía de impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias remitidas al informe justificado de cuenta, y toda vez que mediante proveído de dieciséis de noviembre del año en curso (folio 15) este órgano jurisdiccional determinó proveer en relación con el tercero interesado hasta en tanto se contara con las constancias relacionadas con el acto reclamado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, únicamente se tiene con el carácter de tercero interesado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Unidad de Transparencia; a quien deberá emplazarse al presente juicio de garantías en el domicilio en: calle Zamora número 107, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06140, en esta Ciudad de México, en términos del artículo 26, fracción I, inciso b, del de la ley de la materia, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la misma ley, haciendo de su conocimiento la fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volúmenes 181-186 Primera Parte, materia común, administrativa, visible en la página 211, del tenor literal siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARACTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO. En el juicio de garantías en materia administrativa es tercero perjudicado, de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que se reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no gestionó en su propio beneficio el acto combatido, intervino como contraparte del agraviado en el procedimiento que antecedió el acto que se impugnó, siempre que dicho procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad responsable, con arreglo al precepto que se cita en su inciso a). Por otra parte, admitiendo que, dados los términos del artículo 14 constitucional, los anteriores supuestos no agotan todos los caso en que debe reconocérsele a una persona la calidad de tercero perjudicado, cabe establecer que para tal reconocimiento se requeriría indispensablemente que la misma persona fuera titular de un derecho protegido por la ley, del cual resulta privada o que se viera afectado o menoscabado por virtud de la insubsistencia del acto reclamado que traiga consigo la concesión del amparo, sin que baste, por tanto, que quien se dice tercero sufra, con ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en sus intereses económicos." Ahora, para el caso de que las autoridades responsables a quien se dirijan los oficios con los cuales deban notificarse el presente proveído, se encuentren en período vacacional, se comisiona a la sección de actuaría para que resguarde y entregue dichos oficios una vez que las referidas autoridades reanuden sus labores. Finalmente, y a fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo.
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