Armando Romero de la Rosa
Expediente 1227/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1227/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Armando Romero de la Rosa
- Armando Romero de la Rosa y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental. (III)
- Principal
Notifíquese personalmente.(III)
- Principal
Se notifica por lista a los quejoso auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve...Vista la demanda de amparo promovida por..., contra actos del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número...- Análisis integral del escrito de demanda - En principio, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. ... Así las cosas, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama a la autoridad señalada como responsable, las invitaciones a participar en el proceso de mediación a celebrarse el lunes veintiséis de agosto de dos mil diecinueve a las trece horas, dirigida a los promoventes y firmada por el mediador A del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, fechadas el seis de agosto de dos mil diecinueve. - Desechamiento de la demanda de amparo - De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto legal transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, tomo VIII, visible en la página 198, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA"... En tal sentido, este tribunal estima que en el caso se surte la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5, fracción I, y 6, del propio ordenamiento, pues las invitaciones reclamadas no ocasionan un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, como se expondrá a continuación. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De tal precepto se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte, es decir, por quien resulte perjudicado con el acto que se reclama, esto es, el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservado a quien o quienes resientan un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, del Pacto Supremo, se establece como presupuesto procesal de la acción constitucional, que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo; interés que se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Tratándose de interés jurídico, requiere ser titular de un derecho jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que sufre una afectación directa por el acto o la ley reclamada. En tanto, de acuerdo con el interés legítimo, no se exige la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo; de tal manera que por dicho concepto, se entiende aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. A su vez, los numerales 5, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Conforme a dicho marco normativo, el juicio de amparo es improcedente cuando el motivo derive de la ley; y, para que proceda esta instancia constitucional es necesario que el acto reclamado produzca en la esfera de derechos del quejoso un agravio inminente, personal y directo. A su vez, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman, derivándose de ello el concepto de perjuicio, que es un elemento esencial para la procedencia del juicio constitucional, el cual debe entenderse como el menoscabo u ofensa a la persona física o moral, siempre que sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca la parte quejosa debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De igual manera, el agravio debe recaer en la persona que ocurre al juicio constitucional, concretarse en ésta y no ser abstracto o genérico, así como también, el mismo debe ser de realización pasada, presente o inminente; es decir, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético, dado que los actos simplemente probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquéllos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su realización futura con certeza. En esa tesitura, como presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, se requiere que el acto de autoridad jurisdiccional lesione de manera directa el derecho del que se es titular...(III)
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