Armando Rodríguez Tapia

Expediente 456/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
456/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Armando Rodríguez Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cumplimiento de ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos; consecuentemente, al no haber hecho uso de tal derecho, este juzgado federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio procede a determinar si se cumplió o no. En tal virtud, cabe destacar que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a ********************, el amparo y protección de la justicia federal, para que la autoridad responsable juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Acámbaro: Señale fecha y hora para el desahogo de una nueva audiencia en la cual únicamente deberá determinar el lugar de reclusión del promovente del amparo con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta. Determinación que causó ejecutoria el veintiuno de octubre de la presente anualidad, por lo que se requirió su cumplimiento. En consecuencia, el encargado de Sala del mencionado Juzgado, mediante oficio recibido en auto de cuatro de noviembre actual, registrado con el número 9323, remitió copia certificada en disco versátil digital, de la audiencia jurisdiccional celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal ********************, en la que el juez de control determinó que el aquí quejoso ******************** cumplirá la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se le impuso en audiencia inicial de dieciocho de junio del año en curso, en el Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato. En tal virtud, como se desprende de la certificación de cuenta, las partes no emitieron pronunciamiento alguno; además la protección federal se otorgó para ese preciso efecto; por tanto, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en pleno goce de su garantía violada en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, incisos a) y b), del aludido acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se otorgó la protección constitucional en el cuaderno principal y por lo que hace a la suspensión provisional y definitiva en el cuaderno incidental, se concedió en ambas ocasiones. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Documentos. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el encargado de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, mediante el cual informa que el veintiséis de octubre pasado se celebró la audiencia jurisdiccional en la causa penal ***, y remite copia certificada de dicha diligencia en disco versátil digital, con lo que dice dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. En consecuencia, requiérase a la juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Acámbaro, para que dé cumplimiento, en los siguientes términos: Señale fecha y hora para el desahogo de una nueva audiencia, en la cual, únicamente, deberá determinar el lugar de reclusión del promovente del amparo con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta. Por lo que se le otorga un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien veces, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. En el entendido que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.

  4. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 456/2021, promovido por ********************, por propio derecho, en contra de actos del juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Acámbaro, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la primera demanda. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día siguiente a este Juzgado, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Acámbaro, y del director del Centro Estatal de Reinserción Social de esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- El auto de vinculación a proceso que se ha dictado en mi contra por el Juez de Control de Oralidad Penal señalado en el párrafo anterior, dentro de la causa penal ********************, resolución en donde se determina: ".siendo las 15 horas con 48 minutos del 18 de junio del 2021 se dicta en contra de usted auto de vinculación a proceso por los delitos de violación espuria y de corrupción de menores en perjuicio de la menor de iniciales ******************** representada por su progenitora ****************, señalando la Juez de Control: ".ahora bien dado que estos delitos son de esos que se contienen en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución General, en el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales como aquellos que forman parte del catálogo de delitos graves en términos del artículo 11 del Código Penal vigente en el estado de Guanajuato, son de los que traen aparejados la imposición de la medida cautelar personal tan gravosa necesariamente de prisión preventiva de manera oficiosa es la que se le impone a usted ****************** por el de la causa sin que de manera alguna pueda rebasar el término de lo que se contiene en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales a menos de que fuera para el ejercicio de la adecuada defensa, para razón de ellos, Auxiliar de Sala, líbrese el oficio a la autoridad correspondiente y este se ejecutará en lugar diverso y separado a aquellos sitios que ya están destinados para aquellas personas que ya cargan a sus cuestas una sentencia de condena." (Fojas 2 y 3 del cuaderno de amparo). En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del primer juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 456/2021; además, requirió al promovente para que precisara qué acto en concreta reclama de cada una de las responsables; proporcionara, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado; y, señalara expresamente si era su deseo que se tramitara la suspensión del acto reclamado. Una vez desahogado el requerimiento anterior, por auto de trece de julio de dos mil veintiuno, admitió la demanda; solicitó los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Se tuvo como terceros interesados a los siguientes: ********************, en representación de la menor de iniciales ********************, quien fue emplazado al presente juicio el dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agente del Ministerio Público, ********************, quien fue emplazada al presente juicio el dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tiene ejecución en Acámbaro, Guanajuato, en donde ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados los constituyen: a. El auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal número ********************, en contra del quejoso, por los hechos que la ley señala como delitos de violación espuria y corrupción de menores, cometido en agravio de la menor de iniciales ******************** b. La medida de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta. Las autoridades señaladas como responsables son: 1. Jueza de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Acámbaro. 2. Director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La jueza de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Acámbaro, y el director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se reclaman en esta instancia. Lo que además se corrobora con las constancias que remitió la jueza responsable, consistentes en los discos versátiles digitales, con archivos en formato .PDF y videograbaciones, encriptados electrónicamente, derivados de la causa penal ********************; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida en los discos versátiles digitales tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este juzgador. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. En audiencia celebrada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público formuló imputación en contra del quejoso, por su participación en la comisión de los hechos que la ley considera como los delitos de violación espuria y corrupción de menores, cometidos en agravio de la menor de iniciales ********************, previstos y sancionados por los artículos 181, 237 en relación con los numerales 9, 13 y 20, párrafo primero, primer supuesto, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato. 2. En esa misma fecha, dentro de la causa penal número ******************** del índice del juzgado responsable, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, ahora quejoso, por los aludidos hechos que la ley señala como los delitos de violación espuria y corrupción de menores. Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Consideraciones previas. Cabe acotar que en el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal ******************** del índice del juzgado responsable, donde se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado. Sin embargo, en la especie se advierte que no existe violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por la jueza responsable se encuentra ajustada a derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que, si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que, si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla, en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el caso, solo se estudiará el auto de vinculación a proceso reclamado a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, se advierte que el acto reclamado no viola algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resulta innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que se advierte que no existe violación a derechos humanos del quejoso en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. En la especie, el quejoso formula un concepto de violación, dentro del cual combate diversos temas, por lo que para su análisis y mejor comprensión se realizaran varios apartados. I. En el primer concepto de violación el peticionario alega que la resolución reclamada vulnera sus derechos fundamentales por lo siguiente: Que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, debido a que no se analizaron adecuadamente los elementos de los delitos que se le imputan ni los datos pruebas que hasta ese momento se rindieron. Que esta siendo molestado en su persona por un mandamiento que no se encuentra fundado y motivado, esto debido a que se le vincula a proceso sin tomar en cuenta la propia narrativa de la víctima y su madre, aunado a que era necesario que se especificara porque el proceso se sigue forzosamente por los hechos señalados. Que en la audiencia inicial se enteró de la orden de aprehensión y la carpeta de investigación en su contra, en las cuales se tomó en consideración el dicho de la menor y de la madre, las que al efecto sintetiza. De igual forma, realiza una breve reseña de la revisión de la médico legista, del examen psicológico, de la formulación de imputación y de los argumentos del auto de vinculación reclamado. Que no apareció ninguno de los videos de los que habló la menor. Que no existe un solo dato de prueba que demuestre que haya corrompido a la menor. Que es contrario a lo que establece el artículo 19 constitucional y el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de los datos de prueba por la agente del Ministerio Público no se puede establecer que corrompió a la menor. Que todos los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación son elementos constitutivos para el delito de violación, por lo que debió observarse el artículo 10 del Código Penal del estado de Guanajuato, por lo que no hay dos delitos. Cita en apoyo a su dicho la tesis aislada de rubro "DELITO DE VIOLACIÓN. LA AMENAZA DEL ACTIVO DE PUBLICAR MATERIAL GRÁFICO EXPLÍCITO DE LA OFENDIDA, PUEDE VÁLIDAMENTE CONSIDERARSE CONFIGURATIVA DEL ELEMENTO DE VIOLENCIA MORAL Y EFICAZ PARA LA IMPOSICIÓN DE LA CÓPULA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)". Que no existe dato de prueba alguno con el que se demuestre que cometió el delito de corrupción de menores. El motivo de disenso sintetizado es infundado, por las consideraciones siguientes: Ahora, a efecto de contar con un marco referencial que sirva para la solución del presente caso, es necesario destacar el contenido del primer párrafo del artículo 19 constitucional, el cual dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Este precepto constitucional establece cuáles son los requisitos para el dictado de un auto de vinculación a proceso, los cuales consisten en que se exprese: El delito que se impute al acusado; El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y, Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Como se ve, el citado código nacional establece que el juez de Control para emitir un auto de vinculación a proceso debe cumplir con estos requisitos: I. Se haya formulado imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Sobre dichos requisitos es necesario destacar que para dictar un auto de vinculación a proceso es innecesario acreditar el delito y la responsabilidad penal, puesto que tales circunstancias son exclusivas de la sentencia; por ende, es dable concluir que para la emisión de este se exige un estándar probatorio mínimo, puesto que solamente se necesitan datos que establezcan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión en grado de suposición. En ese sentido, no es factible someter un dato de prueba a un estándar elevado porque se desnaturalizaría el nuevo sistema de justicia penal; sin embargo, sí deben existir indicios razonables que permitan suponer que se cometió un hecho tipificado como delito, y que es probable que el imputado lo haya realizado o participado en su comisión; por tanto, se presume la existencia de un hecho ilícito como la probabilidad de que el imputado participó, siempre y cuando el órgano técnico acusador aporte datos de prueba que sometidos a contradicción de la defensa y a un examen de razonamiento lógico que no deje dudas en el juzgador sobre su posible actualización, pues de lo contrario se deberá dictar auto de no vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Ahora bien, respecto a la valoración de los datos de prueba, los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación." "Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios." De este marco legal deriva que el dato de prueba es la referencia al contenido de un medio de convicción idóneo y pertinente (que no ha sido desahogado) para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, para lo cual el órgano jurisdiccional deberá realizar una valoración razonable de los datos de prueba relatados ante su presencia, considerando en favor del imputado la presunción de inocencia, por lo que cualquier insuficiencia o duda deberá dar a lugar a la no vinculación a proceso. Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor." En la especie, la resolución reclamada se sustentó en las siguientes consideraciones: Que dicha juzgadora es competente para resolver la petición de la agente del Ministerio Público, acorde con los artículos 1, 2, 3 y 6 del Código Penal del estado de Guanajuato, 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, debido a que los hechos acontecieron en el municipio de Acámbaro donde ejerce su jurisdicción. Que el artículo 19 constitucional y el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales señalan cuales son los requisitos para emitir un auto de vinculación a proceso, es decir, 1) La formulación de imputación, la cual aconteció el inicio de la audiencia; 2) Que haya tenido oportunidad de declarar, en el caso, fue deseo del imputado no hacerlo; 3) Que haya datos de prueba que sirvan para acreditar la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probable participación del imputado; y, 4) Que no se actualice alguna excluyente del delito o una causa extintiva de la acción penal. Que la agente del Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso al imputado por los delitos de violación espuria y corrupción de menores. Que acorde a los datos de prueba, valorados como lo establece el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, de forma individual, armónica, integral, atento a las reglas de la lógica y a la máxima de la experiencia, se puede afirmar que se actualizan esos dos eventos atípicos. Que se cumple con el estándar probatorio que se requiere para acreditar la probable responsabilidad del imputado, así como esas conductas atípicas. Que la menor de edad de iniciales ******************** tiene como fecha de nacimiento el ********************; que es hija de ******************** y ********************; que viven en ********************. Que estos tenían una relación estrecha de amistad con el imputado, ya que este último era vecino del padre de ******************** y lo auxiliaba ante el problema de salud que tuvo, por lo que tenían comunicación continúa. Que era tal la confianza que había, que invitaron al imputado como padrino de la menor de iniciales ********************, para cuando esta terminara su educación primaria, a lo cual aceptó y la apadrinó en junio de dos mil diecinueve. El imputado siempre se mostró cariñoso con la menor ******************** y para ella no era extraño, debido a que era su padrino. El diecinueve de marzo de dos mil veinte, el imputado se aprovechó de que la menor ******************** iba por la calle con su hermana pequeña y una prima, ya que su madre le pidió a dicha menor que llevara a su hermana a la iglesia de la comunidad. Que dejaron a la hermana menor en la iglesia y el imputado las invitó -a la menor ofendida y a su prima- a su domicilio. En determinado momento llega el novio de la prima de la menor de iniciales ******************** y se retiran de lugar -la prima y su novio- para lo cual se quedaron solos el imputado y la menor de iniciales ******************** Que, al interior de ese domicilio, el imputado le ofreció bebidas embriagantes, las cuales se tomaron, a tal grado que la ofendida se sintió mareada y el ahora quejoso se aprovechó de ello, pues ejecutó actos de contenido sexual y tocamientos indebidos, aunado a que le dijo que eso era un secreto entre ellos. Posteriormente, el imputado le pidió a la menor que se tomara videos cuando estuviera desnuda, a lo que accedió y se los envió. Ello, motivo que el imputado la amenazara con el hecho de que, si no accedía a sus pretensiones, les enviaría el video a los padres de la menor ********************, así como a su novio, el menor a quien se identica como ********************. La menor ********************, ante ese temor fundado, accedió y continúo enviando una cantidad considerable de videos, donde ella se exhibe desnuda. El imputado provocó que la menor se grabara y, además, el ahora quejoso le mandó fotos a dicha menor, donde se veía su pene erecto y le decía que ella -la menor- provocaba que se pusiera así y que quería tener relaciones sexuales con ella. Que iba a hacer su primera vez de ella. Que el nueve de noviembre de dos mil veinte, alrededor de las cinco de la tarde, el imputado aprovechó que la menor iba por la calle, la llevó a su casa, en particular a una recamara, la acostó en la cama, se le subió encima y la penetró. Que en esa ocasión hubo copula vaginal y bucal. Que hay una circunstancia particular, antes del evento del nueve de noviembre, el treinta de octubre de dos mil veinte, los padres le hicieron una fiesta de cumpleaños a la menor ********************, a la cual invitaron al imputado, debido a que este, también cumple años el treinta de octubre. En dicha celebración la menor ******************** acudió con su novio ******************** y el imputado se mostró celoso de este y se manejo de forme inadecuada con ambos. Luego se dio el evento del nueve de noviembre, donde el imputado impuso copula vaginal y bucal a la menor ********************, aunado a que el ahora quejoso grabó todo en su teléfono celular. Que después de eyacular en la niña le dijo que iba a quedar embarazada, pero que no se preocupara, porque al día siguiente le daría una pastilla de las conocidas como del día siguiente, la cual proporcionó. Que el imputado continuamente abrazaba y besaba a la menor ******************** Que hubo otra ocasión en noviembre de dos mil veinte, en la que el imputado aprovechó la ausencia de los progenitores de la menor e ingresó al domicilio de estos y le impuso copula vaginal a la menor. Que el imputado violó a la menor ******************** en varias ocasiones dentro del lapso de noviembre y diciembre de dos mil veinte, la última ocasión fue precisamente el veinticuatro de diciembre de ese año. Que desde marzo de dos mil veinte, probablemente participó en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de corrupción de menores. Que la menor ******************** tenía doce años a la comisión de los hechos, con lo que se satisface el requisito legal de que sea menor a catorce años para la violación espuria y menor a doce para la corrupción de menores. Que el ahora quejoso tiene la calidad de sujeto activo, es decir, de aquella persona que realizó las conductas. Que lo anterior, se acredita lo anterior con el dicho de la menor, ya que, al ser un delito sexual, la declaración de la víctima adquiere mayor relevancia, pues estos delitos, generalmente, son de realización oculta. El dicho de la menor adquiere mayor relevancia y, además, se encuentra robustecido con otros medios de prueba circunstanciales, debido a la naturaleza de los hechos. Que de los datos de prueba se desprende que la menor ******************** tiene doce años, es una persona púber, tiene una edad clínica de mayor de doce y menor de catorce años, que esta reportó afectación emocional, la cual tiene franca correspondencia con los hechos denunciados, es decir, tiene la sintomatología de una menor violentada. El imputado ostento un poderío sobre la menor ofendida. El imputado introdujo y mantuvo a la menor en corrupción mediante actos lascivos o sexuales, con la ingesta de bebidas alcohólicas, con la realización de conductas sexuales, le pidió fotos y videos, y también se los enviaba de su pene erecto, lo que se traduce en corrupción de menores. Que las conductas realizadas vulneran los bienes jurídicamente tutelados por la ley, libertad sexual de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. Que se advierte el nexo causal a que hace referencia el artículo 9 del Código Penal del estado de Guanajuato. Que las conductas fueron realizadas con dolo directo. Que se considera al imputado como autor material en términos del artículo 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal del estado de Guanajuato, ya que ha sido de manera directa quien ha violentado a la menor. Que se acreditan los elementos de la comisión de los hechos que la ley señala como delitos con los datos de prueba ofertados, así como la probable participación y que estos son acordes al estándar probatorio que se requiere y que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que no existe alguna causa excluyente del delito y tampoco alguna extintiva de la acción penal Que arribó a esa conclusión después de analizar los siguientes datos pruebas: Entrevistas de ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************. Acta de nacimiento de la menor ******************** Dictamen médico pericial de lesiones, de edad clínica, ginecológico y proctológico, de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, realizado por la médico legista ********************, doctora adscrita la Fiscalía General de Justicia de estado de Guanajuato, Región "C". Formato de descripción de dos lugares de hechos, correspondientes a los domicilios del imputado y de la menor ********************, realizados por la Agente de Investigación Criminal ********************. Acta de nacimiento del imputado. Informe ******************** de diecinueve de abril de dos mil veintiuno emitido por ********************, analista de información, respecto del teléfono celular de la menor ******************** Ampliación de entrevista de ********************. Dos dictámenes, uno preliminar y otro concluyente, ambos con números ******************** emitidos por la psicóloga ********************, adscrita a la Unidad de Atención a la Mujer. Por todo lo anterior, dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********************. Ahora, conforme al estándar probatorio antes referido, la jueza responsable concluyó que los hechos atribuidos al imputado ******************** -aquí quejoso- que acontecieron en el lapso comprendido entre marzo y diciembre ambos de dos mil veinte, sí encuadran en las conductas sancionadas por la ley penal, específicamente en los artículos 181 y 237, en correlación con los artículos 9, 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, todos de la ley sustantiva penal, que literalmente disponen: "Artículo 181. A quien tenga cópula con menor de catorce años de edad o con persona que por cualquier causa no esté en posibilidad de conducirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá de diez a diecisiete años de prisión y de cien a ciento setenta días multa." "Artículo 237. A quien procure, facilite o mantenga en la corrupción a un menor de dieciocho años de edad o a un incapaz, mediante actos lascivos o sexuales, o lo induzca a la mendicidad, ebriedad, a realizar una conducta sexual, al uso de substancias de cualquier naturaleza dañosa a la salud, a formar parte de una asociación delictuosa o a cometer cualquier delito, se le aplicará prisión de tres a ocho años y de cincuenta a doscientos días multa. Si el agente ejerce violencia sobre el pasivo la sanción se aumentará hasta una tercera parte." "Artículo 9o. Ninguna persona podrá ser sancionada por un delito si la existencia del mismo no es consecuencia de la propia conducta. En los delitos de resultado material, también será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si de acuerdo a las circunstancias podía hacerlo y además tenía el deber jurídico de evitarlo, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente." "Artículo 13. Obra dolosamente quien quiere la realización del hecho legalmente tipificado o lo acepta, previéndolo al menos como posible." "Artículo 20. Es autor del delito quien lo realiza por sí, por medio de otro que actúa sin incurrir en delito o con varios en común." Así, la jueza responsable sostuvo que los datos de prueba existentes en la carpeta son pertinentes e idóneos para comprobar el cuadro fáctico siguiente: Que el imputado tenía una relación estrecha con la familia de la menor ofendida ********************; debido a ello, los padres de la menor lo eligieron como su padrino, para cuando finalizara su educación primaria. El diecinueve de marzo de dos mil veinte, la menor ******************** iba por la calle con su hermana pequeña y su prima, ya que su madre le pidió que la llevara a la iglesia de la comunidad. Que dejan a su hermana en la iglesia y el imputado se aprovecha de esto y las invita a su domicilio. En determinado momento llegó el novio de la prima de la menor de iniciales ******************** y se retiran de lugar -la prima y su novio- motivo por el cual se quedaron solos el imputado y la menor de iniciales ******************** Que, al interior de ese domicilio, el imputado le ofreció bebidas embriagantes, las cuales se tomaron, a tal grado que la ofendida se sintió mareada y se aprovechó de ello, pues ejecutó actos de contenido sexual y tocamientos indebidos, aunado a que le dijo que eso era un secreto entre ellos. Posteriormente, el imputado le pidió a la menor que se tomara videos cuando estuviera desnuda, a lo que accedió y se los envió. Ello, motivó que el imputado la amenazara con el hecho de que, si no accedía a sus pretensiones, les enviaría el video a los padres de la menor ********************, así como a su novio, el menor identificado como ********************. La menor ********************, ante ese temor fundado, accedió y continúo enviando una cantidad considerable de videos, donde ella se exhibe desnuda. El imputado provocó que la menor se grabara y, además, el ahora quejoso le mandó fotos a dicha menor, donde se veía su pene erecto y donde le decía que ella -la menor- provocaba que se pusiera así y que quería tener relaciones sexuales con ella. Que iba a hacer su primera vez de ella. Que el nueve de noviembre de dos mil veinte, alrededor de las cinco de la tarde, el imputado aprovechó que la menor iba por la calle, la llevó a su casa, en particular a una recamara, la acostó en la cama, se le subió encima y la penetró. Que hay una circunstancia particular, antes del evento del nueve de noviembre, el treinta de octubre de dos mil veinte, los padres de la menor le hicieron una fiesta de cumpleaños, a la cual invitaron al imputado, debido a que este, también cumple años el treinta de octubre. En dicha celebración la menor ******************** acudió con su novio ******************** y el imputado se mostró celoso de este y se manejo de forme inadecuada con ambos. Luego se dio el evento del nueve de noviembre, donde el imputado impuso copula vaginal y bucal a la menor ********************, aunado a que el ahora quejoso grabó todo en su teléfono celular. Que después de eyacular en la niña le dijo que iba a quedar embarazada, pero que no se preocupara, porque al día siguiente le daría una pastilla de las conocidas como del día siguiente, la cual proporcionó. Que el imputado continuamente abrazaba y besaba a la menor ******************** Que hubo otra ocasión en noviembre de dos mil veinte, en la que el imputado aprovechó la ausencia de los progenitores de la menor e ingresó al domicilio de estos y le impuso copula vaginal a la menor. Que el imputado violó a la menor ******************** en varias ocasiones dentro del lapso de noviembre y diciembre de dos mil veinte, la última ocasión fue precisamente en diciembre de ese año. En tal virtud, quien resuelve estima legalmente correcto lo sostenido en la resolución reclamada, en el sentido de que los datos de prueba recabados son útiles para comprobar el cuadro fáctico ahí descrito, y cuyos hechos encuadran en las conducta prevista por las normas penales como los delitos de violación espuria y corrupción de menores, por ser idóneos, pertinentes y por ahora suficientes. Se explica. El delito de violación espuria se comprueba con la acción de ejercer copula por el activo sobre el pasivo, siendo este menor de catorce años de edad, o bien, no tenga la posibilidad de conducirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa. Entonces, a partir de los componentes descritos en el artículo 181 del Código Penal de la Entidad, la calidad de sujeto activo la adquiere la persona que impone la cópula a otra, aprovechándose de la particular minoría de edad del sujeto pasivo, con independencia de la mecánica en que ocurra, esto es, que el activo introduzca su pene en el cuerpo de la víctima o se haga penetrar el pene del pasivo, por alguna de sus cavidades, esto quiere decir, que la violación puede ejecutarse mediante la introducción vía vaginal, anal o bucal. La Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 118/2017, titulada "VIOLACIÓN. LA CALIDAD DE SUJETO ACTIVO DEL DELITO LA ADQUIERE LA PERSONA QUE REALIZA CÓPULA CON UN MENOR DE EDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MECÁNICA EN QUE OCURRA (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y DISTRITO FEDERAL)" sostuvo que la definición del elemento normativo "cópula" no debe interpretarse de manera limitativa. De ahí que, al margen de la mecánica en que acontezca la cópula, la conducta típica desplegada vulnera la libertad sexual de la víctima, dado que se le priva a la víctima del derecho de decidir libremente, con quién, cuándo y cómo desarrollar su actividad sexual; así como la seguridad sexual, en el supuesto de violación especial o espuria, al ejecutarse la cópula con una persona que, por su particular minoría de edad, no tiene la capacidad para decidir sobre el acto de copular. En la especie, como legalmente se sostuvo en la resolución reclamada, los datos de prueba, por el momento, son aptos y suficientes para estimar, bajo un margen de lógica razonabilidad, que el hecho tipificado por la ley como violación espuria probablemente se cometió en agravio de la menor de edad ********************, ya que la entrevista que rindió dicha menor es creíble dado el contexto de los hechos, aunado a que esta se encuentra corroborada con otros datos de pruebas. Lo anterior, de acuerdo con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CLXXXIV/2017, titulado: "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO", de la que se desprende que frente a delitos de índole sexual los juzgadores deben tener en cuenta al menos, los siguientes elementos: a. Se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la ofendida no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b. Se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c. Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d. Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e. Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Sobre la base anterior, quien aquí resuelve estima que fue legalmente correcto que la jueza responsable otorgara preponderancia al dicho de la menor de edad ofendida, el cual, como se precisó en la resolución reclamada, se encuentra corroborado en varios aspectos por diversos datos de prueba. Tales como son las entrevistas de los padres de la menor ofendida, de su prima, del medio hermano de la progenitora de la menor; de las actas de nacimiento; de los dictámenes psicológicos, de lesiones, de edad clínica, ginecológico y proctológico; de los formatos de descripción de hechos; y, del informe del celular de la menor. En tal virtud, en la especie resulta irrelevante el hecho de que hasta al momento no se hayan encontrado los videos, tal y como refiere el promovente del amparo, pues como se refiere la acreditación de los hechos y de la probable participación en su comisión por parte del imputado se encuentra corroborada con la entrevista de la menor y con el resto de los datos de pruebas, pues, se insiste, las declaraciones de una víctima de delitos sexuales son preponderantes en estos casos. Máxime, que la declaración de la menor ******************** se encuentra robustecida o corroborada con otros datos de prueba. En ese sentido, contrario a lo que sostiene el promovente del amparo en el concepto de violación en estudio, lo que importa en esta etapa procesal es la existencia de elementos mínimos que arrojen, con cierto grado de probabilidad y razonabilidad, que el hecho que la ley califica como el delito de violación espuria se cometió en agravio de la menor de edad, para justificar de esta manera la continuación de la investigación complementaria, con la cual sea posible obtener mayor información y, en la especie, es claro que los datos de prueba señalan la existencia de un acto sexual, consistente en la introducción del pene del sujeto activo, por lo menos, en la vagina y en la boca de una niña de doce años de edad. En ese sentido, quien resuelve estima que fue correcta la valoración de los datos de prueba que realizó la jueza responsable, sin que se hubiere violentado ningún derecho en perjuicio del ahora promovente del amparo, lo que hace que los conceptos de violación esgrimidos en cuanto a este tema resulten infundados. De igual forma, también se estima correcto que la jueza responsable considerara que los datos de prueba existentes en el sumario eran suficientes e idóneos para comprobar el hecho que la ley señala como el delito de corrupción de menores previsto en el numeral 237 del Código Penal del Estado. Respecto del cual, la parte quejosa aduce que no hay datos de prueba que permitan comprobar que pretendió corromper a la menor y que el hecho de que haya pedido los videos y la amenazara con mostrarlos solo son suficientes para comprobar el delito de violación espuria, no así el de corrupción de menores. Dicha apreciación es incorrecta, por las razones que enseguida se exponen. Al respecto, la jueza responsable precisó que el imputado introdujo y mantuvo a la menor en corrupción por lo siguiente: Con la comisión de actos lesivos y sexuales en su contra; Con la ingesta de bebidas alcohólicas; Con la realización de actos de índole sexual; Con el hecho de pedirle fotos y videos de contenido sexual. Con el hecho de que le enviara fotos de su miembro viril erecto. En ese sentido, contrario a lo que sostiene el promovente del amparo, la acreditación del hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores no se realizó únicamente con las amenazas que refiere, sino que fue además con los puntos antes descritos, los cuales fueron narrados por la menor de edad al momento de rendir su declaración y corroborado con los diversos datos de pruebas, lo que permite establecer un grado de credibilidad en su declaración. Aunado a lo anterior, debe destacarse que esa lista de causas que sirvieron de sustentó para la acreditación del hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores no fue controvertida por el promovente del amparo, pues se limitó a señalar que no hay pruebas para ello y el argumento relativo a las amenazas, el cual se analizará en los párrafos subsecuentes. Por lo anterior, es que se estima correcto que la juzgadora responsable tuviera por comprobado, bajo un margen de razonabilidad objetiva, que probablemente se cometió el hecho que la ley califica como el delito de corrupción de menores, pues hasta este momento procesal no hay datos de prueba que evidencien lo contrario. Además, debe decirse que, en la especie, se considera inaplicable la tesis aislada que transcribe el quejoso en su concepto de violación. Ello es así, pues ese criterio se refiere a las amenazas que realiza el sujeto activo sobre publicar el material gráfico que tiene de la ofendida. Sin embargo, se insiste, las amenazas no fue el único motivo por el cual se sostuvo en la resolución reclamada que el imputado probablemente participó en la comisión del hecho que la ley señala como corrupción de menores. En efecto, la jueza responsable precisó que el delito de violación y el de corrupción de menores tienen bienes jurídicos tutelados diversos y que el imputado introdujo y mantuvo a la menor en corrupción con la comisión de actos lesivos y sexuales en su contra; con la ingesta de bebidas alcohólicas; con la realización de actos de índole sexual; con el hecho de pedirle fotos y videos de contenido sexual; y, con el hecho de que le enviara fotos de su miembro viril erecto. De ahí que, es inaplicable en la especie ese criterio. En tal virtud, en la especie, la acreditación del hecho que la ley considera como corrupción de menores no solo se realizó con las amenazas -a las cuales se refiere el criterio- si por el hecho de incitar o promover el aprendizaje o realización de conductas socialmente reprobadas. Se citan en apoyo a lo anterior las tesis aisladas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: "CORRUPCIÓN DE MENORES Y VIOLACIÓN. Si está demostrado en autos que el quejoso, además de imponer la cópula contra natura a la ofendida, por medio de la violencia moral, la indujo a prácticas lúbricas francamente lujuriosas, como son la práctica del coito bucal y posar desnuda para fotografiarla, lo que debe tenerse, en efecto, como conductas eróticas anormales o depravadas, dada la edad y condición social de la pasivo, en el caso es evidente la coexistencia de ambas figuras que tutelan valores jurídicos diferentes, pues mientras la violación atenta contra la libertad sexual, la corrupción de menores trata de evitar la perversión o depravación sexual de éstos, por lo que en la especie resultan infundados los conceptos de violación aducidos en contrario. "VIOLACIÓN Y CORRUPCIÓN DE MENORES, COEXISTENCIA DE LOS DELITOS DE. Son perfectamente compatibles los delitos de violación y de corrupción de menores, pues el primero consiste fundamentalmente en imponer por medio de la fuerza física o moral la cópula, en tanto que el segundo radica en procurar la depravación sexual del menor, para lo cual sale sobrando el consentimiento del pasivo, lo que patentemente ocurre si se le impulsa a conductas eróticas anormales y excesivas dada su edad y condición social." "VIOLACION Y CORRUPCION DE MENORES, COEXISTENCIA DE LOS DELITOS DE. Son perfectamente compatibles los delitos de violación y de corrupción de menores, pues el primero consiste fundamentalmente en imponer por medio de la fuerza física o moral la cópula, en tanto que el segundo radica en procurar la depravación sexual del menor, para lo cual sale sobrando el consentimiento del pasivo, lo que patentemente ocurre si se le impulsa a conductas eróticas anormales y excesivas dada su edad y condición social." En tal virtud, se considera que el auto de vinculación a proceso emitido en contra del aquí quejoso no es violatorio de sus derechos fundamentales, debido a que, con los datos de prueba existentes, es posible establecer bajo un juicio de razonabilidad, que se han cometido los hechos que la ley señala como delitos de violación espuria y corrupción de menores, y que probablemente el ahora solicitante del amparo participó en su comisión, a título de autor material. Es orientadora la tesis aislada V.1o.P.A.2 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de contenido siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA VINCULAR A PROCESO AL IMPUTADO, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO LA CARGA DE ESTABLECER EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y LA PROBABILIDAD DE QUE AQUÉL LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN, AUN CUANDO SU RELATO DEFENSIVO SEA IMPERFECTO Y CAREZCA DE RESPALDO PROBATORIO PLENO. Conforme a los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio, según lo prevé el artículo 402, párrafo tercero, del código procesal citado. Sin embargo, ello no revierte la carga probatoria que corresponde a la parte acusadora, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal, aun cuando el relato defensivo del imputado sea imperfecto y carezca de respaldo probatorio pleno; esto es, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, corresponde al Ministerio Público la carga de establecer, a título de probable al solicitar la vinculación a proceso, o de demostrar a título pleno al formular la acusación, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de la persona implicada en su comisión. Mientras que si el imputado decide ejercer su derecho constitucional a declarar, no tiene por qué probar a plenitud aspecto alguno. Exigir lo contrario, esto es, que el imputado al declarar emita un relato perfecto, que demuestre a plenitud su inocencia, implicaría tanto como soslayar el principio de presunción de inocencia, tutelado en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional y revertir ilegalmente la carga de la prueba que, se reitera, corresponde al representante social." De ahí que, es infundado el concepto de violación en estudio. II. En el segundo concepto de violación, el quejoso alega que, la resolución reclamada, en lo que respecta al cumplimiento de la prisión preventiva, es violatoria de sus derechos fundamentales, ya que sí compete a la jueza de Control determinar el lugar en el que debe estar recluido. Además, refiere que solo observó el contenido del artículo 18 constitucional, sin vincularlo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el sentido de que debe cumplir la prisión preventiva oficiosa en el centro penitenciario más cercano al lugar donde se esta llevando el proceso. También, alega que además de violentar sus derechos, vulnera los de sus familiares, ya que no supieron donde iba a estar recluido y ello les ocasiona gastos de traslado, que no tienen por que sufragar. Argumento que es fundado. Se explica. En primer lugar, es necesario precisar que, en la resolución reclamada, en lo que interesa, se sostuvo lo siguiente: Que esos delitos -violación espuria y corrupción de menores- encuadran en los supuestos que establecen los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que se impone al imputado la medida de prisión preventiva oficiosa por el término que dure la causa, sin que pueda exceder el plazo previsto en el numeral 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ordenó girar el oficio a la autoridad penitenciaria correspondiente, con la aclaración que el imputado debería estar en un lugar diverso a las personas recluidas que ya cumplen una condena. Que no le corresponde determinar el lugar de reclusión, pues ello dependerá del centro penitenciario, pero no al juzgado. Argumento que se estima incorrecto, pues, contrario a ello, sí corresponde a las autoridades judiciales determinar el lugar en el que debe estar recluido el promovente del amparo. Se considera de esa forma, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la designación del lugar en el que se deberá compurgar la pena, en este caso el lugar donde deberá estar recluido el quejoso, constituye un acto que es competencia exclusiva del Poder Judicial. Lo anterior, porque la posibilidad de que el ahora quejoso sea recluido en el centro penitenciario más cercano a su domicilio constituye un derecho humano que no puede dejar de observarse en ninguna circunstancia. De ahí que, concluyó la Primera Sala, esta determinación sea un acto susceptible de vulnerar los derechos humanos del quejoso, por lo que acorde con el enfoque de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, resulta idóneo que sea el Poder Judicial, en su papel de garante, el que se pronuncie sobre tal aspecto, a efecto de evitar actuaciones arbitrarias por parte de la autoridad. Es orientadora al respecto, por las consideraciones que la conforman, la jurisprudencia 1a./J. 59/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. LA DESIGNACIÓN DEL LUGAR EN EL QUE HABRÁ DE COMPURGARSE, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE FORMA PARTE DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y, POR LO TANTO, SU DEFINICIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL. La designación del lugar en el que el sentenciado deberá compurgar la pena privativa de libertad que se le ha impuesto, constituye un acto que forma parte de la ejecución de las penas y, en consecuencia, de conformidad con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), (1) su definición es competencia exclusiva del Poder Judicial. Lo anterior, porque la posibilidad del sentenciado de compurgar su pena en el centro de reclusión más cercano a su domicilio constituye un derecho humano que se encamina a propiciar su reintegración a la comunidad; de ahí que esta determinación sea un acto susceptible de vulnerar los derechos humanos del sentenciado, por lo que acorde con el enfoque proteccionista expuesto por el Constituyente Permanente en la reforma de 18 de junio de 2008, resulta idóneo que sea el Poder Judicial, en su papel de garante, el que se pronuncie sobre tal aspecto, a efecto de evitar actuaciones arbitrarias por parte de la autoridad. Esta conclusión resulta armónica con la distribución de competencias establecida por el Constituyente en relación con el sistema penitenciario, pues debe decirse que esta designación resulta ajena a las facultades de administración reservadas al Poder Ejecutivo, toda vez que dicho acto no se encamina a la organización interna de los centros penitenciarios, sino que atañe a la esfera de derechos de los condenados a compurgar una pena privativa de libertad, de ahí que deba considerarse dentro de las facultades exclusivas de la autoridad judicial." De igual forma, se cita la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas." En ese orden, la jueza responsable debió determinar el lugar de reclusión del promovente del amparo, por lo que, al no haberlo hecho así, transgredió las garantías de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio del quejoso. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en análisis, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal, a fin de que la jueza responsable señale fecha y hora para el desahogo de una nueva audiencia, en la cual, únicamente, deberá determinar el lugar de reclusión del promovente del amparo con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta. Concesión del amparo que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución atribuidos al director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, ya que únicamente se reclaman en vía de consecuencia, y no por vicios propios. Robustece lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal ampara y protege a *****************, en contra de los actos que reclamó de la jueza de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Acámbaro, y del director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia.

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