Armando Rodríguez Rubio

Expediente 114/2015 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
114/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
24/03/2015

Partes del expediente

  • Armando Rodríguez Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, DESE AVISO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. ASIMISMO, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE EXPEDIENTE EL CUAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN LOS TÉRMINOS INDICADOS.

  2. Incidental

    ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA

  3. Principal

    CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO ARMANDO RODRIGUEZ RUBIO AL NO HABER ACUDIDO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL TÉRMINO DE DOS DÍAS A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA NUEVA LEY DE AMPARO, EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso reclama en su demanda: 1. La orden de detención (aprehensión). 2. La ejecución de dicho acto. Actos atribuidos al Jefe General de la Policía de Investigación del Distrito Federal; actos respecto del cual la autoridad ya rindió su informe previo que fue acordado en la interlocutoria del día de la fecha. Ahora, del informe previo que se hace alusión se advierte que no son ciertos los actos reclamados a la autoridad indicada porque ésta así lo informó; por lo que atendiendo a dicha circunstancia y dado que el juicio de amparo no puede ocuparse de actos futuros e inciertos, sino existentes y concretos, es procedente SOBRESEER fuera de audiencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en términos de lo establecido en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, ante la inexistencia de los actos reclamados no desvirtuada. Sirve de apoyo a lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 310, sustentada por el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos nueve, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como por identidad jurídica sustancial la diversa tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil tres, registro 184572, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No representa obstáculo para arribar a la presente decisión la circunstancia de que se encuentre en autos no obre el informe justificado por la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que al haber negado tal autoridad el acto que se le imputa resulta innecesario aguardar hasta la celebración de la audiencia constitucional para que se decrete el sobreseimiento relativo porque ello no cambiaría el sentido de la sentencia, ya que independientemente de la manifestación que adujeran no desvirtuaría la negativa en cuestión y sí en cambio, retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio jurisprudencial ciento cuatro, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja seiscientos veintidós, tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es el siguiente: En adición a lo ante dicho, al decretarse anticipadamente el sobreseimiento sin esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal que trascienda al resultado del fallo, porque debe tenerse presente que el informe previo que consta agregado en los autos incidentales de modo que el quejoso ya conoce su contenido, si bien no con la antelación prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sí con la oportunidad suficiente para enterarse de la postura que ha asumido la autoridad responsable; conocimiento que incluso obtuvo anticipadamente cuando se le pusó a la vista el informe previo en el incidente de suspensión que deriva del presente sumario constitucional, por lo que no puede afirmarse que desconoce su contenido y menos que se le deja en estado de indefensión, que es el espíritu que animó la creación del artículo 93 fracción IV, de la ley de la materia. En tales condiciones si desde la fecha en que se actúa puede vislumbrarse con claridad el sentido que habrá de tomar la decisión resolutoria del presente juicio, resulta contrario a los señalados principios de prontitud y expeditez en la impartición y administración de justicia que se postergue su resolución, porque de hacerlo se desconocerían tales postulados, así como el derecho humano de acceso a un recurso sencillo que tutelan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aplicado al caso no entendiéndose como un recurso ordinario -porque la institución de amparo no es un recurso sino un juicio propiamente dicho-, sino en su connotación de un instrumento de defensa expedito y sumario. Bajo esa tesitura, si la orden de detención (aprehensión) y su ejecución que se reclama constituye más bien una orden de detención porque se imputa a una autoridad administrativa diversa a las judiciales, lógicamente que la misma constituye un instrumento público que emana de una averiguación previa, y la prueba idónea de su existencia sería el propio documento, mismo que no podría ser aportado por el quejoso al juicio de amparo por derivar de una indagatoria en la que prima la figura del sigilo; de ahí que ante la negativa expresa de las autoridades responsables, no es factible que el quejoso pueda desvirtuar dicha postura, ya que ni siquiera las copias de la averiguación previa correspondiente serían conducentes para ello porque la existencia de dicho expediente no conlleva necesariamente la existencia de la orden de detención que se reclama; por lo que no existe la posibilidad de que la causa de sobreseimiento invocada desaparezca o se desvirtúe, criterio que incluso han sustentado diversos Tribunales Colegiados de este Circuito, entre los que este juzgados destaca, lo aseverado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 245/2011, relativo al juicio de amparo 1037/2011-II, promovido por en tanto precisó en una porción de su determinación: ".Debe señalarse que no pasa inadvertido a este tribunal, que el informe de la autoridad responsable en el sentido de la inexistencia del acto reclamado, no constituye por sí mismo una causa de sobreseimiento, pues en tal caso, conforme al artículo 149 de la Ley de la materia, el quejoso puede ofrecer las pruebas que estime pertinentes, con las limitaciones a que se refiere el diverso numeral 150 de la propia Ley, a fin de desvirtuarlo. Sin embargo, cuando tal inexistencia es notoria, manifiesta e indudable, pues se corrobora con elementos de valor probatorio pleno que no podrán desvirtuarse con probanza alguna, como en el caso, es obvio que resulta ocioso y contrario al artículo 17 constitucional esperar a la celebración de la audiencia constitucional para finalmente llegar a la misma determinación de declarar el sobreseimiento." Circunstancia que robustece el criterio que en este acuerdo se sostiene, pues se advierte que existe identidad de circunstancias fácticas entre lo aquí vertido y lo resuelto por el referido tribunal colegiado; sin que obste que haya interpretado los artículos 149 y 150 de la Ley de Amparo abrogada, porque en la actualidad dichos preceptos corresponden en su contenido a los numerales 117 y 119 de la vigente Ley Reglamentaria. Luego, la negativa que sostienen las autoridades responsables del acto reclamado no puede ser desvirtuada porque la función valorativa de las pruebas que pudiera rendir el quejoso van encaminadas, en principio, a que el Juez tenga o no por acreditada la existencia de los actos que se reclaman en el amparo; y si en relación a la orden de aprehensión y su ejecución, la autoridad niega que las haya librado, en el supuesto de que existiera una averiguación previa que involucrara al quejoso, la misma, no podría estimarse conducente para desvirtuar la negativa, dado que la averiguación previa no constituye los actos reclamados, y al valorarla el Juzgador no estaría en condiciones de establecer siquiera una presunción de certeza del acto reclamado, habida cuenta que, como se dijo, no necesariamente toda averiguación previa desemboca en el dictado de las órdenes de detención de que se trata; de ahí que la copia certificada de mérito, en su caso, resultaría inconducente para la prueba de ese extremo. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia número 7, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, Tomo 58, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de mil novecientos noventa y dos, registro 206151, Octava Época, de texto y rubro siguiente: "COPIA DE CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SON INCONDUCENTES PARA LA PRUEBA DE LA ORDEN DE DETENCIÓN, CUANDO LA EXISTENCIA DE ESTA HA SIDO NEGADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- Cuando el Agente del Ministerio Público en su función de investigador niega la existencia de la orden de detención que le atribuye el promovente del juicio de amparo, la copia que se le solicite de la averiguación previa resulta inconducente para la prueba de ese acto reclamado en el juicio de amparo, dado que, aun cuando tal averiguación hubiere iniciado, su contenido en todo caso serviría para establecer si a quien es sujeto de la investigación se le hubiere violado alguna garantía constitucional en el desarrollo de la indagatoria, pero no puede considerarse lo mismo respecto de la orden de detención cuya existencia negó la responsable, puesto que al no derivar necesariamente la averiguación previa en el dictado de dicha orden, ni siquiera podría establecerse a través de la documental respectiva una presunción de certeza del acto reclamado." Lo anterior sin perjuicio de que la negativa de la existencia del acto reclamado queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a quien se les imputa la violación constitucional. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada, visible en la página setecientos treinta y siete, Tomo XLIX, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación, registro 311511, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "FALSEDAD EN INFORMES JUSTIFICADOS RENDIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si la autoridad responsable, en su informe niega la existencia del acto reclamado y se comprueba aquella, incurre en el delito de falsedad en informes dados a una autoridad, previsto en el artículo 247 del Código Penal; sin que obste en contrario, la alegación de que no se demostró que la negativa hubiera sido de manera dolosa, puesto que el artículo 9o. del citado código, determine que la intención dolosa se presume, salvo prueba en contrario." En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente. Tiene aplicabilidad al caso por similitud de condiciones jurídicas, la tesis que autoriza a sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, visible en la página 1235, Tomo XII-Agosto del 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA". En este contexto, este resolutor, dado las atribuciones y facultades que le son conferidas, consciente de todas y cada una de las etapas y el procedimiento inherente a la sustanciación del juicio de amparo, atendiendo al aludido principio de prontitud que preconiza el ordinal 17 de nuestra carta magna, considera que es factible resolver en los términos precisados. En ese orden, no se desconoce que el mismo órgano colegiado sustentó diverso criterio al que en el presente acuerdo este juzgado se basa, bajo la tesis de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL POR NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. REALIZARLO POR ESTIMAR QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, DESTIENDE LAS FORMALIDADES DEL JUICIO Y LO PRIVA DE SU NATURALEZA COMO RECURSO JUDICIAL EFECTIVO", en virtud de que, aun y cuando constituye un criterio orientador, no vinculante a esta potestad judicial, no se aplica, en aras de los derechos humanos de las partes, de manera específica, a lo estatuido en los tratados internacionales en lo relativo al derecho a un recurso efectivo, que en el caso, se encuentra contemplado en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; de tal manera que las causas de improcedencia que prevé la ley de la materia no son violatorias del derecho humano de acceso efectivo a la justicia, porque encuentra su razonabilidad en la medida que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano en trato. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veinticuatro de marzo de dos mil quince. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable.

  4. Principal

    SE ADMITE LA DEMANDA Y SE FIJAN LAS DIEZ HORAS DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA QUE INFORMEN OPORTUNAMENTE CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO O HAYAN OCURRIDO CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO, APERCIBIDAS QUE DE NO HACERLO ASÍ, SE HARÁN ACREEDORAS A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. ASIMISMO, CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN, ASÍ COMO 8VO. DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL Y EL DIVERSO 8VO. DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA QUE EN TANTO NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN A QUE SE PUBLIQUE SU NOMBRE Y DATOS PERSONALES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PRESENTE ASUNTO SE TENDRÁ COMO CONSENTIDA SU PUBLICACIÓN. SE TIENEN POR AUTORIZADAS A LAS PERSONAS QUE SEÑALA Y COMO DOMICILIO EL INDICADO EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA.

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