Armando Rodríguez Ramírez
Expediente 27/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 48 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 25/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Armando Rodríguez Ramírez
- Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", residente en Villa Comaltitlán, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
MESA 1-A.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se declaró que en la especie dejó de existir la materia para la ejecución del fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no medió inconformidad alguna. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, siguiendo los lineamientos contenidos el citado artículo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Hágase constar en la caratula del expediente la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia.
- Principal
MESA 1-A.-Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de numeral 2., se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual devuelve las constancias del juicio de amparo en que se actúa y testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente de inejecución de sentencia 4/2021 de su índice, dictada en sesión de dieciocho de enero de dos mil veintidós. Acúsese recibo vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase del conocimiento de las partes la recepción del mismo, así como de la ejecutoria dictada en el incidente de inejecución de sentencia 4/2021, cuyos puntos resolutivos se transcriben: "PRIMERO. Se declara sin materia el incidente de inejecución de sentencia. SEGUNDO. Se devuelven los autos del amparo indirecto 27/2021 al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, a efecto de que realice el pronunciamiento a que contrae el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo. TERCERO. La presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos precisados en el último considerando de este fallo; asimismo, se ordena glosar la constancia de captura de sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes." Por otra parte, tomando en consideración que en la ejecutoria de cuenta, se estableció que corresponde a este Juzgado hacer el pronunciamiento establecido en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. (.)." Por lo tanto, se procede a realizar el análisis de las constancias que obran en autos para determinar si la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, o si no lo está, o si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En uno de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio, en la cual se concedió el amparo en favor del quejoso ***, para los efectos siguientes: "SEXTO. Efectos de La concesión del amparo. Por tanto, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, y el Titular del Área de Servicios Médicos adscrito al referido centro penitenciario, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, deberán enviar las constancias con las que acredite que se realizó la toma de radiografía de columna lumbar AP y LAT, se le dio seguimiento a IC de revaloración con Ty O, se le suministraron los medicamentos respecto a los padecimientos señalados en la nota médica de treinta de enero de dos mil veintiuno, lo cual deberá llevarse a cabo de un plazo máximo de diez días hábiles". (Fojas 76 a 88). En auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia, y en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS" y Titular del Área de Servicios Médicos adscrito a dicho Centro Penitenciario, dieran cumplimiento inmediato al fallo protector, con el apercibimiento respectivo (fojas 108 a 110). En acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los oficios de las responsables en los cuales exhibieron las constancias con las que acreditaban que se encontraban realizando las gestiones necesarias, a fin de dar cumplimiento al fallo protector, por lo que se tuvo en vías de cumplimiento, la ejecutoria en mención (foja 130). Derivado de lo anterior, en proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, se requirió nuevamente a las autoridades responsables, para que procedieran al envío de las constancias que acreditaran el cabal cumplimiento otorgado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, realizándoles el apercibimiento de ley (fojas 138 y 139). En autos de dieciocho y veintiocho de mayo, de dos mil veintiuno, las autoridades responsables informaron respecto de las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, y nuevamente se les requirió para que dentro del plazo de tres días remitieran la totalidad de constancias con las que acreditaran el cabal cumplimiento de la sentencia (fojas 157 a 158, y 188 a 189). En acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se agregó el oficio de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS" por sí y en representación del Titular del Área de Servicios Médicos de dicho centro carcelario, en el remitió copia certificada de las radiografías de la columna lumbar tomadas al aquí quejoso, así como su interpretación; por lo que se tuvo en vía de cumplimiento la sentencia (fojas 188 a y 189). En proveídos de tres y dieciocho de junio y veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se requirió nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días dieran cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo (fojas 209 y 210, 216 a 218, 250 a 252). En acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito del quejoso ***, por el que promovió incidente de inejecución de sentencia, por lo que se ordenó su remisión al Tribunal de Alzada, asimismo, se requirió de nueva a las autoridades responsables, y a su superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, remitieran copia certificada de las constancias que acreditaran el cabal cumplimiento otorgado a la sentencia dictada en este juicio (foja a 266 a 273). En proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, por sí y en representación del Titular del Área de Servicios Médicos, de dicho centro, por el que informó que se encuentran realizando gestiones para dar cumplimiento a la sentencia, asimismo, acompañaron copia certificada del oficio del Director del Hospital General de Tapachula; del memorándum DT/5186/2021; nota y constancia médica de dos de julio del citado año, hoja de enfermería e informe médico de veintisiete de julio de dos mil veintiuno; además se tuvo como autoridad sustituta al Director del Hospital General de Tapachula, Chiapas, al que se le requirió el cumplimiento de la sentencia (fojas 287 a 290). En acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio de la autoridad sustituta Director del Hospital General de Tapachula, Chiapas, mediante el cual manifestó la imposibilidad para brindar la atención médica al quejoso en virtud de que el servicio de traumatología y ortopedia se encontraba suspendido; asimismo, se requirió al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, y al Titular del Área de Servicios Médicos adscrito al referido centro penitenciario, que realizaran las gestiones necesarias ante el Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud" de Tapachula, Chiapas, a fin de que el quejoso tenga acceso a los servicios de salud que dicho instituto ofrece, y así brindar los servicios médicos de traumatología y ortopedia que requiere (fojas 322 a 324). En proveídos de diecisiete de agosto del dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, informando respecto de la atención y tratamientos médicos diversos, llevados a cabo en favor del impetrante, sin embargo, se advirtió que el mismo no ha tenido acceso a una consulta con un médico especialista, por lo que se requirió que informaran la atención médica proporcionada al impetrante y se les apercibió con la imposición de una multa (fojas 354 y 356). En acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibido el oficio signado por la Directora de Seguridad en ausencia de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, por sí y en representación del Titular del Área de Servicios Médicos del citado centro, en el que informó que el veinte de agosto de ese año, proporcionó atención médica al quejoso ***, y remitió las constancias consistencias en nota médica y hoja de enfermería (foja 371). En proveídos de veintisiete de agosto, seis y veinticuatro de septiembre, del año próximo pasado, el Coordinador General de Centros Federales, informó acerca de los requerimientos que ha realizado a su subordinado, para dar cumplimiento al fallo protector (fojas 383 y 384, 409 y 427 a 429). En auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio de la autoridad sustituta Hospital General de Tapachula, Chiapas, por medio del cual informó la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, toda vez que la consulta externa de este nosocomio se encuentra cerrada al público; motivo por el cual, en el mismo auto se requirió y apercibió al superior jerárquico de la autoridad sustituta, esto es al Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para que informara a éste órgano jurisdiccional acerca de las gestiones que estime necesarias, a fin de dar cumplimiento al fallo protector (fojas 454 a 457). En auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, el Director del Hospital General de Tapachula, Chiapas, se tuvo la autoridad sustituta informando que le fue agendada cita médica de especialidad al quejoso, por lo que se le tuvo en vías de cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; situación que se corroboró por medio del oficio de su superior jerárquico, esto es el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud del Estado de Chiapas, mismo que fue proveído en veintiuno de octubre del año próximo pasado (foja 481). En acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad sustituta Director del Hospital General de Tapachula, Chiapas, informó de la imposibilidad temporal de proporcionar los servicios de salud al quejoso, toda vez que, teniendo agendada consulta médica de especialidad con fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, no fue posible trasladar al paciente al Hospital de referencia, debido a bloqueos carreteros, por lo que la misma fue agendada para los dieciocho días del mes de noviembre del mismo año, por lo que se tuvo a esta autoridad en vías de cumplimiento el fallo protector (fojas 520 a 521). En auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se acordó el oficio de fecha dos del citado mes y año, signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, en el que informó respecto de la imposibilidad para cumplir con el fallo protector, en virtud de que el quejoso ***, egresó de dicho centro penitenciario al haberse declarado compurgada la pena de prisión impuesta y para corroborarlo anexó copia certificada de la resolución de uno de noviembre de ese año, dictada en la carpeta de ejecución 00017/2018 y su acumulado 00020/2019 de la estadística del Juzgado de Ejecución Penal del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas con sede en Ciudad Reynosa; por lo que solicitó se declare que no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo y se ordene el archivo del expediente. Asimismo, se remitió copia certificada de los autos al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia 4/2021 de su índice promovido por el quejoso (fojas 551 a 553). Mediante escrito signado por el Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, solicitó que no se tuviera por cumplido el fallo protector y se ordenara a la responsable que se constituya el domicilio del quejoso para darle la atención médica (foja 566). Precisado lo anterior, tenemos que de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; asimismo, el artículo 214 del propio ordenamiento, exige que no se archive ningún juicio de garantías, hasta que se encuentre enteramente cumplida la sentencia que concede la protección constitucional al quejoso, salvo el caso en que aparezca que ya no existe materia para su ejecución. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 193 de ese mismo ordenamiento, cuando se efectué el análisis del cumplimiento del fallo protector, también se puede advertir la inexistencia de materia para exigir la ejecución. Lo anterior, a partir de que la ley de Amparo prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: I. La imposibilidad material o jurídica; y, II. La inexistencia de materia para su ejecución. El primer supuesto se actualiza, cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho, o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues ante la eventualidad surgida, se busca una alternativa al cumplimiento original. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, existe inejecución de sentencia, cuando la ejecutoria de amparo no es obedecida, a pesar de los requerimientos efectuados a las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos, para que le den cumplimiento, supuesto en el cual la materia del incidente de inejecución es el estudio y determinación del incumplimiento de una ejecutoria de amparo, por las autoridades responsables, cuando han sido requeridas en términos de la ley de la materia. Por su parte, el artículo 214 del propio ordenamiento, exige como se dijo, que no se archive ningún juicio de derechos fundamentales, hasta que se encuentre enteramente cumplida la sentencia que concede la protección constitucional al quejoso, salvo el caso en que aparezca que ya no existe materia para su ejecución. La hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; es decir, que no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. Así, es necesario examinar si ya se produjo el cumplimiento, lo cual ocasionaría que no existe materia para aperturar un incidente de inejecución, o bien, verificar si la responsable y su superior jerárquico (cuando lo tenga) son contumaces para acatar la ejecutoria de amparo; hipótesis esta última, que haría necesario pronunciarse en cuanto a si es, o no, fundado el citado incidente y de resultar fundado, elaborar el proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable a fin de remitir esa resolución junto con los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso en estudio, no se actualiza la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, sino que en realidad dejó de existir la materia para su ejecución, a partir de que si bien, se otorgó el amparo al quejoso *** a fin de que las autoridades responsables acreditaran que se realizó la toma de radiografía de columna lumbar AP y LAT, y se le dio seguimiento a IC de revaloración con Ty O, se le suministraron los medicamentos respecto a los padecimientos señalados en la nota médica de treinta de enero de dos mil veintiuno. Determinación ésta que, destaca en el caso, causó ejecutoria, derivado de lo cual se requirió en diversas ocasiones a las autoridades responsables su cumplimiento; a lo que las responsables informaron cómo se relató en líneas que anteceden, que se encontraban dando cumplimiento al fallo protector, sin embargo, aún faltaba que el impetrante fuera conducido al Hospital General de Tapachula, Chiapas, para su consulta médica de especialidad, la cual no se realizó debido a bloqueos carreteros, por lo que la misma fue agendada para los dieciocho días del mes de noviembre del mismo año, sin embargo, ello no se realizó debido a que la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, mediante oficio de dos de noviembre de dos mil veintiuno, señaló que el peticionario de amparo ***, egresó de dicho centro penitenciario al haberse declarado compurgada la pena de prisión impuesta. Por lo que en el caso, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, relativa a la imposibilidad jurídica o material para cumplir con la ejecutoria de amparo, sino que dejó de existir la materia para la ejecución de la sentencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de dicha ley. En efecto, en el caso no existe imposibilidad material ni jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, sino que en el asunto que nos ocupa, los efectos de la protección constitucional cesaron, en virtud del egreso del quejoso del centro de reclusión en el que se encontraba privado de su libertad, razón por la cual no es el caso de considerar que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo. Ello en razón a que en la especie, resulta palmario que desapareció el objeto que involucró la concesión del amparo, pues lo que se erigía como materia del cumplimiento de la sentencia relativa, no era otra cosa más que se les prestara atención médica al quejoso, en los términos expuestos con antelación, pero como el que pidió amparo obtuvo su libertad absoluta, por las diversas razones expuestas con anterioridad; entonces resulta evidente que desapareció la materia u objeto del fallo protector de derechos fundamentales. Por lo tanto, se declara que en la especie dejó de existir la materia para la ejecución del fallo protector, ya que como se dijo, al no existir motivo alguno para concluir que las responsables efectuaron actos evasivos o procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo; menos que su proceder durante el procedimiento de ejecución, ocasionó la inexistencia de la materia para la ejecución de la sentencia, dado que el quejoso obtuvo su libertad absoluta, en torno a lo cual no tuvieron injerencia alguna las autoridades responsables. Al respecto ilustra las consideraciones sostenidas la jurisprudencia PC.XIII.P.L. J/1 P (10a.), publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 2419, Registro digital: 2023588, Undécima Época, Materias Común, Penal, del rubro y texto: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. RESULTA INFUNDADO DEBIDO A QUE HA DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CUANDO AL QUEJOSO, PRIVADO DE SU LIBERTAD, SE LE OTORGA LA PROTECCIÓN FEDERAL PARA QUE SE LE PROPORCIONE ATENCIÓN MÉDICA Y DURANTE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO OBTIENE SU LIBERTAD ABSOLUTA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias al resolver un incidente de inejecución de sentencia de amparo cuando al quejoso, privado de su libertad, se le otorga la protección federal para que se le proporcione atención médica, pero durante la ejecución del fallo obtiene su libertad absoluta, pues mientras uno señaló que no existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento de la sentencia, sino inexistencia de materia para ello, el otro consideró que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector. Criterio jurídico: El Pleno en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito concluye que el incidente de inejecución de sentencia de amparo resulta infundado cuando al quejoso, privado de su libertad, se le otorga la protección federal para que se le proporcione atención médica y, durante el cumplimiento del fallo obtiene su libertad absoluta, debido a que ha dejado de existir la materia de la ejecución, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Justificación: El objeto del incidente de inejecución de sentencia es el estudio y determinación del incumplimiento de una ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, cuando han sido requeridas en términos de los artículos 192, 193, y demás relativos de la Ley de Amparo; mientras que el artículo 214 del propio ordenamiento exige que no se archive ningún juicio de amparo hasta que se encuentre enteramente cumplida la sentencia que concede la protección constitucional al quejoso, salvo el caso en que aparezca que ya no existe materia para su ejecución. Esta última hipótesis implica que los efectos del amparo no pueden materializarse, al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo. Luego, si a un quejoso privado de su libertad se le otorga la protección federal para que se le proporcione atención médica, pero durante la ejecución del fallo obtiene su libertad absoluta, no se actualiza una imposibilidad jurídica o material para cumplir con dicha ejecutoria, sino que en realidad los efectos de la protección constitucional cesaron, derivado del egreso respectivo, por lo que conforme a lo dispuesto por la segunda hipótesis descrita, se impone declarar que no existe materia para el incidente de inejecución de sentencia y, por ende, debe declararse infundado". Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el licenciado ***, Defensor Público y autorizado del quejoso, en base a las consideraciones vertidas en párrafos precedentes. Por último, con fundamento en el artículo 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Finalmente, se ordena la destrucción del cuaderno de antecedentes remitido por la superioridad, previo desglose de las actuaciones y constancias originales que obren en el mismo, y en fecha posterior a la remisión de las constancias al Tribunal Colegiado, las que deberán ser integradas al expediente original. Notifíquese personalmente al defensor del quejoso, vía electrónica a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Visto el oficio signado por la Directora de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en ausencia del Titular de la Unidad de su adscripción, en su carácter de representante legal del Coordinador General de Centros Federales, con sede en Ciudad de México, mediante el cual informa que esa autoridad desahogó en tiempo y forma los requerimientos que le fueron formulados como superior jerárquico del Director General y Titular de Servicios Médicos ambos del Centro Federal de Readaptación Social número quince "CPS CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, asimismo, hace del conocimiento que derivado del egreso del quejoso del centro penitenciario por haber compurgado la pena que le fue impuesta, considera que ya no existe materia para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, en virtud que en el proveído de cuatro de noviembre de esta anualidad, se tuvo a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS-Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, informado la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector y se acordó lo que en derecho procede. Asimismo, se ordenó girar oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual se encuentra conociendo del incidente de inejecución de sentencia 4/2021, de su índice.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el licenciado Antonio Méndez López, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, y habilitado al Centro de Justicia Penal Federal, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento del fallo protector. Atento a lo anterior, téngase al oficiante por realizando diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, mismas que serán tomadas en cuenta en su momento procesal oportuno.
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