Armando Rodriguez Garcia

Expediente 1385/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1385/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Armando Rodriguez Garcia
  • Juez Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual devuelve este expediente, dos tomos y remite la resolución en la que tuvo por desistido del medio de impugnación al recurrente y declaró firme la sentencia que sobreseyó el juicio. Acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se sobreseyó el asunto. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente los tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexp%20edientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia; remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito original de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la contraria. *Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL 31 DE MARZO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON ENGROSE DE 28 DE MARZO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1385/2022, promovido por...; contra actos del Juez Quinto Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. La demanda se admitió en este órgano [desechándose parcialmente por lo que hace al Secretario del órgano responsable], dándose intervención a la representación social de la adscripción, se requirió a la autoridad su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un asunto del orden mercantil seguido ante un Juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. De la lectura de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama el auto de quince de noviembre de dos mil veintidós dictado en la fase de ejecución de sentencia dentro del juicio ejecutivo mercantil..., del índice del Juzgado Quinto de Proceso Escrito en esta ciudad, por el que desestimó la petición del quejoso de levantar el embargo sobre un inmueble. Asimismo, reclama la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revocación, por el que se confirmó dicho acuerdo. TERCERO. Existencia. El juez responsable reconoció la existencia del acto reclamado, certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. El uno de octubre de dos mil veinte se admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil de origen, planteado contra el hoy quejoso. II. Por diligencia practicada por exhorto ejecutado en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el diez de septiembre de dos mil veintiuno, se aseguró ".el bien inmueble ubicado en el..., Estado de México." III. El quince de diciembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva condenando al quejoso al pago de: $..., m.n.) a favor de la parte actora; e intereses ordinarios y moratorios. IV. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, el demandado y aquí quejoso presentó un billete depósito por la cantidad de $..., m.n.), a lo que recayó el acuerdo de cinco siguiente en el que se decretó: "A sus autos el escrito del demandado, a quien se le tiene exhibiendo billete de depósito número ..., por la cantidad de $..., MN., y vistas sus manifestaciones, por el momento no ha lugar a proveer de conformidad, atendiendo a que el juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro del juicio número ..., le otorgó la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de que: "...sin paralizar el procedimiento, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es que no se realice ningún acto encaminado a ejecutar en contra el quejoso la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, ni se realice el trance y remate de lo embargado, conforme al artículo 151 de la Ley de Amparo.", y de liberarse el bien inmueble, como se pide, se estaría modificando la situación jurídica del mismo. Esto es así, máxime que el embargo trabado sobre el inmueble de su propiedad, garantiza el cumplimiento de las cantidades ha que ha sido condenado, tanto en la sentencia definitiva, como en la interlocutoria impugnada a través del juicio de amparo ya citado." V. El once de noviembre de dos mil veintidós, el quejoso pidió que ante el pago que había realizado, se obsequiara el levantamiento del embargo, girándose el exhorto correspondiente; recayendo a tal solicitud el acuerdo de quince de ese mes y año, en que se desestimara; remitiéndolo al diverso auto de cinco de octubre de ese año. VI. Inconforme, el ejecutado promovió recurso de revocación, que sustanciado, se resolvió el seis de diciembre de dos mil veintidós, declarándolo improcedente sic, y confirmando el auto mencionado. Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la legislación en cita. El juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción IV, del dispositivo 107, ambos de la Ley de Amparo. De los preceptos mencionados, se observa que contra actos que se reclamen derivados de un proceso judicial, el juicio de amparo biinstancial procede contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en caso de remates la que indistintamente ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación o la entrega del bien. En el particular, se reclama la determinación que hace prevalecer el acuerdo en que se desestima la petición del quejoso de levantar el embargo, remitiéndolo al acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, en el que entre otras cuestiones se enfatizó que el aseguramiento de inmueble garantiza el cumplimiento a la condena. Como se ve, tal determinación fue emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y tiende a su aseguramiento, por lo que a criterio de este órgano el juicio de amparo es improcedente, ya que el reclamo no constituye la última resolución dictada en esa fase del procedimiento y no resulta ajena a la ejecución. Esto es, el reclamo no se traduce en un acto que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para ello, sino que son actos que hacen prevalecer a aquellos tendentes a cumplir con el pago de lo condenado en el fallo final; por lo que, no pueden considerarse que se trate de aquella determinación con la que culmina la fase de ejecución para que sea procedente el juicio de amparo indirecto en su contra, si precisamente se emitió para atender lo sentenciado. Sin que sea impedimento que se trate de un embargo, pues tal circunstancia no es por sí misma una excepción al principio de distintividad en etapa de ejecución, por lo cual, los aspectos de legalidad en torno a los aseguramientos decretados y las posibles irregularidades, deben hacerse valer, como ya se ha dicho, al combatir la última resolución en el proceso. En efecto, un aseguramiento para hacer efectiva la condena, aun cuando sea un acto de imposible reparación, no configura una excepción al principio de definitividad en la etapa de ejecución, pues la ratio legis de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es evitar que se obstaculice la impartición de justicia (en su fase de efectividad de las resoluciones) con la promoción de procesos constitucionales. Al respecto, se invoca, por las consideraciones que la sustentan, la tesis de jurisprudencia I.13o.T. J/10 (10a.) de la Época: Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 1941, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." También se invoca por analogía, el criterio III.4o.(III Región) 8 C (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, en Materia(s): Común, Civil, Página: 1647, que establece: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor. Lo anterior se explicó en la sentencia dictada en la Queja Civil ... del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal, al ser un fallo que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y que cobra relevancia al presente caso, por ser aplicable por analogía, al configurarse en ambos asuntos, reclamos contra actos de ejecución consistentes en embargos, para asegurar la prestación condenada por la autoridad. Al efecto, se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, en Materia(s): Común, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En ese precedente, el Tribunal Federal sostuvo lo siguiente en cuanto a los alcances del embargo dentro o fuera de la etapa de ejecución: "En el caso concreto, los derechos sustantivos que pudieran verse afectados con el acto reclamado, no son ajenos a la cosa juzgada. El embargo trasciende de manera directa e inmediata a derechos sustantivos del propietario del respectivo bien, en tanto le priva de la facultad de disponer plenamente de los bienes embargados. Sin embargo, cobra relevancia el establecer si la afectación a derechos sustantivos acontece durante el juicio o en la etapa de ejecución de sentencia. En el primer caso, procede en su contra el juicio constitucional conforme al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, caso en el cual es indispensable restituir al quejoso, de manera inmediata, en el derecho infringido. Pero cuando el acto que afecta derechos sustantivos se emite en la etapa de ejecución de sentencia, éste podrá ser materia del juicio de amparo única y exclusivamente si esos derechos sustantivos son ajenos a la cosa juzgada, hipótesis que no se surte en la especie. (.) Dicho de otro modo, ya quedó establecido, en una resolución con autoridad de cosa juzgada, que el actor debe pagar alimentos retroactivos a su hijo menor de edad, y que esa prestación es equivalente a mil pesos por cada mes transcurrido desde el nacimiento del acreedor, y la ejecución del embargo es el medio previsto en la ley para lograr el cumplimiento de ese fallo que contiene la verdad legal. Así las cosas, el derecho de disposición de bienes que pudiera verse afectado por el mandamiento en forma reclamado en la demanda de amparo, ya no es ajeno a la cosa juzgada y, por ende, no procede en su contra el juicio constitucional. Debe tenerse presente que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Es por ello que tratándose de actos emitidos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, pues de ese modo se impide el abuso del juicio constitucional y se evita que se obstruya el curso del procedimiento dirigido a cumplimentar una decisión de fondo que constituye cosa juzgada. Si como acontece, el acto reclamado fue emitido para obtener el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, entonces no es susceptible de ser revisado a través del juicio de amparo, pues ello entorpecería la ejecución de la sentencia definitiva emitida en el contradictorio. Por tanto, será hasta el momento en que el juez responsable dicte una resolución en la que reconozca el cumplimiento de la sentencia definitiva o la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, cuando se pueda interponer el juicio de garantías, en el cual se aleguen las infracciones cometidas en el auto señalado por el quejoso." En estas condiciones, al tratarse de un aseguramiento que pretende hacerse para ejecutar en forma efectiva y directa lo reconocido en sentencia definitiva y liquidado en ejecución, es claro que el acto reclamado no constituye la última resolución en el proceso y por ende, opera la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia. Sin que sea impedimento para resolver en estos términos que el quejoso invoque la existencia de otro juicio de amparo [...] en que obtuvo una suspensión, ya que el alcance de ésta no implicaba que pudiera liberar el embargo, ya que la medida se acotó a no ejecutar la sentencia de liquidación de intereses y que no se hiciera trance y remate del bien asegurado; pues lo cierto es que éste tiende al aseguramiento general del cumplimiento de la sentencia definitiva; de lo que se sigue que es un acto tendiente a actualizar el derecho fundamental de la ejecutante a hacer efectiva la decisión judicial, después de cursado todo el proceso principal en el que el quejoso fue oído y vencido. Al respecto, se cita la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Constitucional, que dispone: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos ... y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena ... Vs. Ecuador, ... y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos." Consecuentemente, al no constituir el acto que reclama la parte quejosa, la última resolución dictada en ejecución de sentencia, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa IV del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 1385/2022, promovido por ...; contra actos del Juez Quinto Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  4. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 3 DE ABRIL DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA CON LA SENTENCIA CON ENGROSE DE 28 DE MARZO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1385/2022, promovido por...; contra actos del Juez Quinto Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. La demanda se admitió en este órgano [desechándose parcialmente por lo que hace al Secretario del órgano responsable], dándose intervención a la representación social de la adscripción, se requirió a la autoridad su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un asunto del orden mercantil seguido ante un Juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. De la lectura de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama el auto de quince de noviembre de dos mil veintidós dictado en la fase de ejecución de sentencia dentro del juicio ejecutivo mercantil..., del índice del Juzgado Quinto de Proceso Escrito en esta ciudad, por el que desestimó la petición del quejoso de levantar el embargo sobre un inmueble. Asimismo, reclama la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revocación, por el que se confirmó dicho acuerdo. TERCERO. Existencia. El juez responsable reconoció la existencia del acto reclamado, certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. El uno de octubre de dos mil veinte se admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil de origen, planteado contra el hoy quejoso. II. Por diligencia practicada por exhorto ejecutado en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el diez de septiembre de dos mil veintiuno, se aseguró ".el bien inmueble ubicado en el..., Estado de México." III. El quince de diciembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva condenando al quejoso al pago de: $..., m.n.) a favor de la parte actora; e intereses ordinarios y moratorios. IV. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, el demandado y aquí quejoso presentó un billete depósito por la cantidad de $..., m.n.), a lo que recayó el acuerdo de cinco siguiente en el que se decretó: "A sus autos el escrito del demandado, a quien se le tiene exhibiendo billete de depósito número ..., por la cantidad de $..., MN., y vistas sus manifestaciones, por el momento no ha lugar a proveer de conformidad, atendiendo a que el juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro del juicio número ..., le otorgó la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de que: "...sin paralizar el procedimiento, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es que no se realice ningún acto encaminado a ejecutar en contra el quejoso la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, ni se realice el trance y remate de lo embargado, conforme al artículo 151 de la Ley de Amparo.", y de liberarse el bien inmueble, como se pide, se estaría modificando la situación jurídica del mismo. Esto es así, máxime que el embargo trabado sobre el inmueble de su propiedad, garantiza el cumplimiento de las cantidades ha que ha sido condenado, tanto en la sentencia definitiva, como en la interlocutoria impugnada a través del juicio de amparo ya citado." V. El once de noviembre de dos mil veintidós, el quejoso pidió que ante el pago que había realizado, se obsequiara el levantamiento del embargo, girándose el exhorto correspondiente; recayendo a tal solicitud el acuerdo de quince de ese mes y año, en que se desestimara; remitiéndolo al diverso auto de cinco de octubre de ese año. VI. Inconforme, el ejecutado promovió recurso de revocación, que sustanciado, se resolvió el seis de diciembre de dos mil veintidós, declarándolo improcedente sic, y confirmando el auto mencionado. Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la legislación en cita. El juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción IV, del dispositivo 107, ambos de la Ley de Amparo. De los preceptos mencionados, se observa que contra actos que se reclamen derivados de un proceso judicial, el juicio de amparo biinstancial procede contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en caso de remates la que indistintamente ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación o la entrega del bien. En el particular, se reclama la determinación que hace prevalecer el acuerdo en que se desestima la petición del quejoso de levantar el embargo, remitiéndolo al acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, en el que entre otras cuestiones se enfatizó que el aseguramiento de inmueble garantiza el cumplimiento a la condena. Como se ve, tal determinación fue emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y tiende a su aseguramiento, por lo que a criterio de este órgano el juicio de amparo es improcedente, ya que el reclamo no constituye la última resolución dictada en esa fase del procedimiento y no resulta ajena a la ejecución. Esto es, el reclamo no se traduce en un acto que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para ello, sino que son actos que hacen prevalecer a aquellos tendentes a cumplir con el pago de lo condenado en el fallo final; por lo que, no pueden considerarse que se trate de aquella determinación con la que culmina la fase de ejecución para que sea procedente el juicio de amparo indirecto en su contra, si precisamente se emitió para atender lo sentenciado. Sin que sea impedimento que se trate de un embargo, pues tal circunstancia no es por sí misma una excepción al principio de distintividad en etapa de ejecución, por lo cual, los aspectos de legalidad en torno a los aseguramientos decretados y las posibles irregularidades, deben hacerse valer, como ya se ha dicho, al combatir la última resolución en el proceso. En efecto, un aseguramiento para hacer efectiva la condena, aun cuando sea un acto de imposible reparación, no configura una excepción al principio de definitividad en la etapa de ejecución, pues la ratio legis de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es evitar que se obstaculice la impartición de justicia (en su fase de efectividad de las resoluciones) con la promoción de procesos constitucionales. Al respecto, se invoca, por las consideraciones que la sustentan, la tesis de jurisprudencia I.13o.T. J/10 (10a.) de la Época: Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 1941, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." También se invoca por analogía, el criterio III.4o.(III Región) 8 C (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, en Materia(s): Común, Civil, Página: 1647, que establece: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor. Lo anterior se explicó en la sentencia dictada en la Queja Civil ... del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal, al ser un fallo que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y que cobra relevancia al presente caso, por ser aplicable por analogía, al configurarse en ambos asuntos, reclamos contra actos de ejecución consistentes en embargos, para asegurar la prestación condenada por la autoridad. Al efecto, se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, en Materia(s): Común, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En ese precedente, el Tribunal Federal sostuvo lo siguiente en cuanto a los alcances del embargo dentro o fuera de la etapa de ejecución: "En el caso concreto, los derechos sustantivos que pudieran verse afectados con el acto reclamado, no son ajenos a la cosa juzgada. El embargo trasciende de manera directa e inmediata a derechos sustantivos del propietario del respectivo bien, en tanto le priva de la facultad de disponer plenamente de los bienes embargados. Sin embargo, cobra relevancia el establecer si la afectación a derechos sustantivos acontece durante el juicio o en la etapa de ejecución de sentencia. En el primer caso, procede en su contra el juicio constitucional conforme al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, caso en el cual es indispensable restituir al quejoso, de manera inmediata, en el derecho infringido. Pero cuando el acto que afecta derechos sustantivos se emite en la etapa de ejecución de sentencia, éste podrá ser materia del juicio de amparo única y exclusivamente si esos derechos sustantivos son ajenos a la cosa juzgada, hipótesis que no se surte en la especie. (.) Dicho de otro modo, ya quedó establecido, en una resolución con autoridad de cosa juzgada, que el actor debe pagar alimentos retroactivos a su hijo menor de edad, y que esa prestación es equivalente a mil pesos por cada mes transcurrido desde el nacimiento del acreedor, y la ejecución del embargo es el medio previsto en la ley para lograr el cumplimiento de ese fallo que contiene la verdad legal. Así las cosas, el derecho de disposición de bienes que pudiera verse afectado por el mandamiento en forma reclamado en la demanda de amparo, ya no es ajeno a la cosa juzgada y, por ende, no procede en su contra el juicio constitucional. Debe tenerse presente que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Es por ello que tratándose de actos emitidos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, pues de ese modo se impide el abuso del juicio constitucional y se evita que se obstruya el curso del procedimiento dirigido a cumplimentar una decisión de fondo que constituye cosa juzgada. Si como acontece, el acto reclamado fue emitido para obtener el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, entonces no es susceptible de ser revisado a través del juicio de amparo, pues ello entorpecería la ejecución de la sentencia definitiva emitida en el contradictorio. Por tanto, será hasta el momento en que el juez responsable dicte una resolución en la que reconozca el cumplimiento de la sentencia definitiva o la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, cuando se pueda interponer el juicio de garantías, en el cual se aleguen las infracciones cometidas en el auto señalado por el quejoso." En estas condiciones, al tratarse de un aseguramiento que pretende hacerse para ejecutar en forma efectiva y directa lo reconocido en sentencia definitiva y liquidado en ejecución, es claro que el acto reclamado no constituye la última resolución en el proceso y por ende, opera la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia. Sin que sea impedimento para resolver en estos términos que el quejoso invoque la existencia de otro juicio de amparo [...] en que obtuvo una suspensión, ya que el alcance de ésta no implicaba que pudiera liberar el embargo, ya que la medida se acotó a no ejecutar la sentencia de liquidación de intereses y que no se hiciera trance y remate del bien asegurado; pues lo cierto es que éste tiende al aseguramiento general del cumplimiento de la sentencia definitiva; de lo que se sigue que es un acto tendiente a actualizar el derecho fundamental de la ejecutante a hacer efectiva la decisión judicial, después de cursado todo el proceso principal en el que el quejoso fue oído y vencido. Al respecto, se cita la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Constitucional, que dispone: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos ... y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena ... Vs. Ecuador, ... y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos." Consecuentemente, al no constituir el acto que reclama la parte quejosa, la última resolución dictada en ejecución de sentencia, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa IV del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 1385/2022, promovido por ...; contra actos del Juez Quinto Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

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