Armando Rodriguez Fernandez

Expediente 1311/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1311/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
11/01/2017

Partes del expediente

  • Armando Rodriguez Fernandez
  • Juez De Control Penal Oral De Primera Instancia De De Toluca De Estado De México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    III. Toluca, Estado de México; once de enero de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, solicita se informe si el presente juicio de amparo ha concluido. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta y hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, adquirió firmeza procesal el diverso de diecisiete de noviembre del mismo año, por el que se sobreseyó el juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III. Toluca, Estado de México; catorce de diciembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, donde se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha adquirido firmeza procesal para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, mediante oficio devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado (fojas 43 y 63). En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva de un acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 4. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). 5. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    III. Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Por recibidos los oficios de cuenta, a través de los cuales el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, informa que el agraviado Armando Rodríguez Fernández exhibió la cantidad que le fuera fijada por concepto de reparación del daño en audiencia de catorce de noviembre de este año y remite copia certificada de la citada audiencia. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y tómese conocimiento de dicha circunstancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    III. Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, informa haber dejado insubsistente la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la carpeta 330/2015 y remite copia certificada de la audiencia para resolver sobre cumplimiento a ejecutoria de amparo de catorce de noviembre de este año y de un DVD. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes y respecto del DVD, manténgase por separado e identifíquese con su caratula respectiva. Ahora bien, en el presente juicio el quejoso Armando Rodríguez Fernández, reclama la audiencia de revisión de medidas cautelares de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la carpeta administrativa 330/2015; sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se advierte que el catorce de noviembre de dos mil dieciséis a las trece horas con treinta minutos, dejó insubsistente la audiencia de revisión de medidas cautelares de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la carpeta administrativa 330/2015, resolviendo lo conducente en diversa de catorce de los corrientes. A las constancias remitidas se le otorgan pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. Al respecto, debe decirse que en la especie el juicio de amparo se torna improcedente dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues han cesado los efectos del acto reclamado; el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española determina que el verbo cesar significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término efecto significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese orden de ideas, para efectos del Juicio de Amparo se estima que, los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable, y ésta emita uno nuevo que lo substituya procesalmente y que no deje huella en la esfera jurídica del gobernado; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que vino a sustituir los efectos del primero. De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deja sin efectos, deroga o revoca el acto o, sin revocarlo, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto combatido, o bien, la que hubiera surgido si se concediera la protección federal, pues se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce de la garantía estimada violada, en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo. Es decir, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad deja insubsistente el acto y constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Lo anterior significa, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, en el particular, el peticionario del amparo se duele de la audiencia de revisión de medidas cautelares de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la carpeta administrativa 330/2015. Ahora, las constancias remitidas por el Juez responsable, se advierte que el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente la audiencia de revisión de medidas cautelares de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la carpeta administrativa 330/2015, resolviendo lo conducente en diversa de catorce de los corrientes. Razón por la cual, el acto reclamado por la parte agraviada dejó de surtir efectos con motivo de que la propia responsable resolvió lo conducente en diversa de catorce de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, es inconcuso que al caso se actualiza la causal de improcedencia referida, porque el acto de autoridad por el que se acudió a la instancia constitucional ya no existe en la realidad, y en consecuencia, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del mismo, al no existir derecho fundamental que reparar. Razón por la cual, debe concluirse, que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su aplicación al caso, es de citarse la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, número de registro 193758, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa Jurisprudencia 2a./J. 9/98, consultable en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, número de registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En virtud de lo anterior, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, conforme con lo establecido en la fracción V del dispositivo 63, en relación con el numeral 61, fracción XXI, de la invocada ley. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las doce horas con quince minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

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