Armando Roa Hernández y Otros.

Expediente 676/2013 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
676/2013
Año
2013
Actuaciones
10
Última actuación
17/08/2015

Partes del expediente

  • Armando Roa Hernández y Otros.
  • Armando Roa Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por EL autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, expídasele a su costa copia certificada de las constancias que indica, previo recibo que se deje en autos de su entrega y se autoriza para recibirlas a las personas que señala.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de treinta de julio de dos mil quince, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho. En ese sentido, con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veinticinco de abril de dos mil catorce, por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Armando Roa Hernández y a Ma. del Rosario Pantoja Meza. b) Inconforme con la determinación anterior Roberto Hernández Pérez, autorizado de los quejosos interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito con sede en Guanajuato, Guanajuato, donde se radicó con el número 91/2014 y el cinco de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio número P.C. 295, se remitió el testimonio de la ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil catorce, por el juez Sexto de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo 676/2013. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria." c) Recabadas las constancias que ordenó la superioridad el seis de noviembre de dos mil catorce, se dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el presente juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Armando Roa Hernández y a Ma. del Rosario Pantoja Meza. La concesión del amparo fue para el efecto de que: "el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, realice las gestiones correspondientes a fin de que: La presidenta del Comité de Quejas Medicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, de inmediato emita la opinión técnica que le permita dilucidar si existió retraso, error o negligencia en el diagnostico medico proporcionado a ARMANDO ROA PANTOJA, por parte del personal médico de la Clínica Hospital del ISSSTE en Irapuato, Guanajuato; y, En el supuesto de que ya obre dicha opinión y no estime necesario obtener más pruebas para la debida integración del Procedimiento de Reclamación por Responsabilidad Patrimonial del Estado, procesa el cierre de instrucción y, de inmediato emita la resolución correspondiente, con notificación personal a la parte aquí quejosa, debiendo acreditar que cumplió con dicha formalidad procesal." d) Inconforme con la determinación anterior Roberto Hernández Pérez, autorizado de los quejosos, así como el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en el Estado de Guanajuato y la Delegada del Subdirector de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, interpusieron recursos de revisión, de los cuales conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito con sede en Guanajuato, Guanajuato, en el amparo en revisión administrativo 81/2015 y el veintinueve de mayo de dos mil quince, mediante oficio número P.B. 179, remitió testimonio de la ejecutoria, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Queda firme por falta de impugnación, el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado al Delegado Estatal y al Titular de la Unidad Jurídica, ambos de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de conformidad con lo expuesto en el considerando noveno de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de los recursos, para los efectos y plazos y precisados en esta ejecutoria, se confirma la sentencia recurrida, pronunciada el seis de noviembre de dos mil catorce, por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en funciones de Juez de Distrito, en el juicio de amparo 676/2013-V, promovido por Armando Roa Hernández y Ma. del Rosario Pantoja Meza. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a los referidos quejosos respecto del acto reclamado al Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, que hizo consistir en la comisión de emitir resolución en el procedimiento administrativo RP/071/2013. CUARTO. Es improcedente la revisión adhesiva interpuesta por el Jefe de la Unidad Jurídica Estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." El efecto de la concesión del amparo por parte de la alzada, fue para que el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, dictara resolución en el procedimiento administrativo RP/071/13, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surtieran efectos la notificación de la ejecutoria. e) En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores, con residencia en México, Distrito Federal. f) Mediante oficio 600.602/01340-2015 de catorce de julio del año en curso, la Delegada del Subdirector de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores, con residencia en México, Distrito Federal, remitió copia autógrafa de la resolución dictada en el procedimiento administrativo RP/071/13, con la que adujó cumplir con la sentencia amparadora. g) Con motivo de lo anterior, el treinta de julio pasado se dio vista a las partes y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de la constancia remitida por la referida autoridad, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: El Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores dictó resolución definitiva en el procedimiento administrativo RP/071/13. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con la resolución de catorce de julio de dos mil quince, dictada en procedimiento administrativo RP/071/13, el Subdirector de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Atendiendo al punto vigésimo fracción I y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdense provisionalmente en el archivo de este juzgado. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por la Delegada del Subdirector de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de treinta de julio de dos mil quince, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho. En ese sentido, con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veinticinco de abril de dos mil catorce, por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Armando Roa Hernández y a Ma. del Rosario Pantoja Meza. b) Inconforme con la determinación anterior Roberto Hernández Pérez, autorizado de los quejosos interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito con sede en Guanajuato, Guanajuato, donde se radicó con el número 91/2014 y el cinco de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio número P.C. 295, se remitió el testimonio de la ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil catorce, por el juez Sexto de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo 676/2013. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria." c) Recabadas las constancias que ordenó la superioridad el seis de noviembre de dos mil catorce, se dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el presente juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Armando Roa Hernández y a Ma. del Rosario Pantoja Meza. La concesión del amparo fue para el efecto de que: "el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, realice las gestiones correspondientes a fin de que: La presidenta del Comité de Quejas Medicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, de inmediato emita la opinión técnica que le permita dilucidar si existió retraso, error o negligencia en el diagnostico medico proporcionado a ARMANDO ROA PANTOJA, por parte del personal médico de la Clínica Hospital del ISSSTE en Irapuato, Guanajuato; y, En el supuesto de que ya obre dicha opinión y no estime necesario obtener más pruebas para la debida integración del Procedimiento de Reclamación por Responsabilidad Patrimonial del Estado, procesa el cierre de instrucción y, de inmediato emita la resolución correspondiente, con notificación personal a la parte aquí quejosa, debiendo acreditar que cumplió con dicha formalidad procesal." d) Inconforme con la determinación anterior Roberto Hernández Pérez, autorizado de los quejosos, así como el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en el Estado de Guanajuato y la Delegada del Subdirector de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, interpusieron recursos de revisión, de los cuales conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito con sede en Guanajuato, Guanajuato, en el amparo en revisión administrativo 81/2015 y el veintinueve de mayo de dos mil quince, mediante oficio número P.B. 179, remitió testimonio de la ejecutoria, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Queda firme por falta de impugnación, el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado al Delegado Estatal y al Titular de la Unidad Jurídica, ambos de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de conformidad con lo expuesto en el considerando noveno de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de los recursos, para los efectos y plazos y precisados en esta ejecutoria, se confirma la sentencia recurrida, pronunciada el seis de noviembre de dos mil catorce, por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en funciones de Juez de Distrito, en el juicio de amparo 676/2013-V, promovido por Armando Roa Hernández y Ma. del Rosario Pantoja Meza. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a los referidos quejosos respecto del acto reclamado al Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, que hizo consistir en la comisión de emitir resolución en el procedimiento administrativo RP/071/2013. CUARTO. Es improcedente la revisión adhesiva interpuesta por el Jefe de la Unidad Jurídica Estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." El efecto de la concesión del amparo por parte de la alzada, fue para que el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, dictara resolución en el procedimiento administrativo RP/071/13, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surtieran efectos la notificación de la ejecutoria. e) En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores, con residencia en México, Distrito Federal. f) Mediante oficio 600.602/01340-2015 de catorce de julio del año en curso, la Delegada del Subdirector de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores, con residencia en México, Distrito Federal, remitió copia autógrafa de la resolución dictada en el procedimiento administrativo RP/071/13, con la que adujó cumplir con la sentencia amparadora. g) Con motivo de lo anterior, el treinta de julio pasado se dio vista a las partes y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de la constancia remitida por la referida autoridad, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: El Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores dictó resolución definitiva en el procedimiento administrativo RP/071/13. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con la resolución de catorce de julio de dos mil quince, dictada en procedimiento administrativo RP/071/13, el Subdirector de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Atendiendo al punto vigésimo fracción I y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdense provisionalmente en el archivo de este juzgado. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por la Delegada del Subdirector de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Delegada del Subdirector de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

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