Armando Rivas Robles

Expediente 1124/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1124/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/05/2018

Partes del expediente

  • Armando Rivas Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el siete de mayo de dos mil dieciocho, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales ni copias certificadas exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible. Por otra parte; devuélvase a la autoridad responsable, los expedientes que remitió en apoyo a su informe justificado, agregando a los presentes autos las carátulas que los contenían. Finalmente; agréguese a sus autos para obrar como corresponda el escrito presentado por Marco Aurelio Rivas Flores, sin que haya lugar a expedir la copia certificada que solicita, toda vez que en autos del juicio de amparo en que se actúa, no tiene reconocida personalidad.

  2. Principal

    Visto; el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite los autos del juicio de amparo directo civil 1211/2017, así como testimonio de la resolución pronunciada el veinte de marzo de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, en Acapulco, Guerrero, dentro del amparo directo civil 64/2018, en que declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Armando Rivas Robles y Luis Valdez Anguiano, este último en su carácter de Notario Público número 46 en ejercicio en el Estado de Jalisco, por propio derecho; y, en cumplimiento a la misma, remitió los autos del citado juicio de amparo, así como las constancias relativas al acto reclamado, consistentes en el toca A.C. 251/2017 y el expediente 61/2011, relativo al juicio civil ordinario de nulidad de testamento; al Juzgado de Distrito en turno, del que tocó conocer a este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la referida demanda de garantías, hágase lo anterior del conocimiento del Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para su conocimiento y en acuse de recibo de su oficio 4414/2018, de tres de mayo actual. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Ello, porque la resolución de segunda instancia dictada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dentro del toca A.C. 251/2017, que revoca la de treinta de marzo de dos mil diecisiete, por la cual el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial del Teúl de González Ortega, Zacatecas, decretó la caducidad de la instancia del juicio ordinario civil, de nulidad de testamento público abierto número 61/2011, promovido por Aurelio Rivas Robles contra Ernesto y Armando, ambos de apellidos Rivas Robles y Luis Valdez Anguiano, que constituye el acto reclamado no es una determinación que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que se trata de un acto de aquéllos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues no constituye un acto de ejecución irreparable, ya que no afecta de manera directa e inmediata, los derechos sustantivos, de la parte quejosa, tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales, ello en atención a que el único efecto que produce tal auto, es, como se dijo revocar la resolución de primera instancia que decretó la caducidad de la instancia dentro del citado juicio ordinario civil, lo que no resulta ser de imposible reparación. En efecto, la afectación que dice sufrir el quejoso, con el acto reclamado, constituye un acto que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una determinación favorable en el juicio del que emana, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como es el hecho de que la responsable, revoque la resolución que decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio ordinario civil; pues resulta claro, que éste constituye una violación procesal que podría no trascender en el sentido de la resolución, pues por su naturaleza jurídica sólo produce efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable y en el supuesto de que no lo fuera, estaría la parte aquí quejosa en aptitud acudir al juicio de amparo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con la determinación reclamada, no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por por Armando Rivas Robles y Luis Valdez Anguiano, este último en su carácter de Notario Público número 46 en ejercicio en el Estado de Jalisco, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria en consulta. Téngase por autorizado al licenciado Rodrigo Álamo Gordo, únicamente para oír y recibir notificaciones, más no así para promover, toda vez que no proporciona en su escrito de demanda los datos correspondientes del documento que lo autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal y como lo dispone el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Tepozan número doscientos veinte (220) centro en la ciudad de Zacatecas.

  3. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite los autos del juicio de amparo directo civil 1211/2017, así como testimonio de la resolución pronunciada el veinte de marzo de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, en Acapulco, Guerrero, dentro del amparo directo civil 64/2018, en que declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Armando Rivas Robles y Luis Valdez Anguiano, este último en su carácter de Notario Público número 46 en ejercicio en el Estado de Jalisco, por propio derecho; y, en cumplimiento a la misma, remitió los autos del citado juicio de amparo, así como las constancias relativas al acto reclamado, consistentes en el toca A.C. 251/2017 y el expediente 61/2011, relativo al juicio civil ordinario de nulidad de testamento; al Juzgado de Distrito en turno, del que tocó conocer a este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la referida demanda de garantías, hágase lo anterior del conocimiento del Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para su conocimiento y en acuse de recibo de su oficio 4414/2018, de tres de mayo actual. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Ello, porque la resolución de segunda instancia dictada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dentro del toca A.C. 251/2017, que revoca la de treinta de marzo de dos mil diecisiete, por la cual el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial del Teúl de González Ortega, Zacatecas, decretó la caducidad de la instancia del juicio ordinario civil, de nulidad de testamento público abierto número 61/2011, promovido por Aurelio Rivas Robles contra Ernesto y Armando, ambos de apellidos Rivas Robles y Luis Valdez Anguiano, que constituye el acto reclamado no es una determinación que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que se trata de un acto de aquéllos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues no constituye un acto de ejecución irreparable, ya que no afecta de manera directa e inmediata, los derechos sustantivos, de la parte quejosa, tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales, ello en atención a que el único efecto que produce tal auto, es, como se dijo revocar la resolución de primera instancia que decretó la caducidad de la instancia dentro del citado juicio ordinario civil, lo que no resulta ser de imposible reparación. En efecto, la afectación que dice sufrir el quejoso, con el acto reclamado, constituye un acto que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una determinación favorable en el juicio del que emana, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como es el hecho de que la responsable, revoque la resolución que decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio ordinario civil; pues resulta claro, que éste constituye una violación procesal que podría no trascender en el sentido de la resolución, pues por su naturaleza jurídica sólo produce efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable y en el supuesto de que no lo fuera, estaría la parte aquí quejosa en aptitud acudir al juicio de amparo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con la determinación reclamada, no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por por Armando Rivas Robles y Luis Valdez Anguiano, este último en su carácter de Notario Público número 46 en ejercicio en el Estado de Jalisco, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria en consulta. Téngase por autorizado al licenciado Rodrigo Álamo Gordo, únicamente para oír y recibir notificaciones, más no así para promover, toda vez que no proporciona en su escrito de demanda los datos correspondientes del documento que lo autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal y como lo dispone el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Tepozan número doscientos veinte (220) centro en la ciudad de Zacatecas

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · 7,805 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano